La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una nueva solicitud para declarar la Alerta por Violencia de Género en el estado (AVGM) que ya fue recibida en el gobierno federal; pone la mirada en los feminicidios, pero le suma otra crisis: la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en el territorio guanajuatense.

Esto ocurre ocho años después del último intento hecho por organizaciones de la sociedad civil para contar con medidas extraordinarias para frenar toda la violencia contra las mujeres en Guanajuato.

Corresponderá a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Conavim, estudiar y resolver esta petición, que es admitida a una semana de que en todo el país se realice la consulta sobre revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (el próximo 10 de abril). El dictamen estaría listo a más tardar en 15 días.

Guanajuato se había mantenido prácticamente como una excepción para la Alerta de Género en el país, que en 2009, 2013 y 2014 fue solicitada; la primera vez por el Centro Las Libres en Educación Sexual y Reproductiva y el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, y las dos siguientes por Las Libres.

La directora de esta última organización, Verónica Cruz, lamenta la escasa probabilidad de que la declaratoria de la AVGM resulte en prevenir y erradicar las distintas violencias contra las mujeres en el estado, pues asegura que es un mecanismo que ha demostrado que no funciona: a pesar de que casi todos los estados del país tienen una declaratoria similar, esto “no ha marcado un antes y un después” para garantizar a las mujeres mexicanas una vida libre de violencia.

En las tres ocasiones fue rechazada por votación mayoritaria de un sistema conformado por las representaciones de los 32 estados, en los sexenios del panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña Nieto, y siendo gobernadores los panistas Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez Márquez.

El documento de la solicitud está fechado el 15 de marzo, es firmado por Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH y dirigido a Fabiola Alanís Sámano, comisionada de la Conavim, así como a Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.

La solicitud menciona específicamente a los municipios de Celaya, Cortazar, Guanajuato, Irapuato, León y Valle de Santiago (gobernados por el PAN), así como a Silao y Salamanca, ambos actualmente gobernados por alcaldes de Morena, pero extiende la necesidad de aplicar medidas en todo el territorio guanajuatense.

Estos serían los propósitos a alcanzar con la AVGM:

“Se garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en especial a no ser víctimas de feminicidio, desaparición o trata; se atienda de manera integral con perspectiva de género y alineado a los más altos estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, a las mujeres víctimas de violencia; se garantice el derecho de las mujeres a la libertad de expresión y su derecho a defender derechos de las activistas y colectivas del estado de Guanajuato, con énfasis especial a las colectivas que colaboraron en esta solicitud, y que se implementen acciones coordinadas en los tres niveles y órdenes de gobierno para generar políticas públicas que prevengan, atiendan, sancionen y erradiquen la violencia contra las mujeres en Guanajuato”.

Para respaldar esta solicitud, la CNDH presentó un panorama sobre la violencia contra las mujeres guanajuatenses en el ámbito familiar; por feminicidios; por asesinatos dolosos y por desaparición.

El organismo se sirvió de estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Incidencia Delictiva estatal entre 2015 y 2022; de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) del 2016; de los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; del Centro de Investigación y Estudios Mexicanos en Migración, entre otras fuentes institucionales, oficiales o académicas.

Pero también recurrió a informes de colectivos de búsqueda en Guanajuato, como el recientemente presentado por el colectivo “Hasta Encontrarte”.

Y además, la CNDH recabó la opinión e información proporcionada por integrantes de organizaciones de la sociedad civil y colectivas, así como de personas identificadas como activistas o defensoras de derechos humanos y de una buscadora, según el registro referido en el documento hecho público, mismo que tiene POPLab.

Igualmente, adjuntó como parte del sustento documental de esta petición, copias de carpetas de investigación de varias mujeres que fueron víctimas de desaparición en los años recientes en distintos municipios de Guanajuato.

Una crisis imparable

De 2015 a 2012, en Guanajuato fueron asesinadas 1,895 mujeres, cifra que representa el 8.de los asesinatos de mujeres en el país en ese lapso; 140 de estos fueron clasificados como feminicidios, cita la solicitud de la CNDH.

De enero a diciembre de 2021, en Guanajuato según las Cifras de incidencia delictiva estatal, se reportaron los asesinatos dolosos de 344 mujeres y 34 feminicidios.

Guanajuato se encuentra en la primera posición en homicidios dolosos de mujeres, durante 2021, seguido de Baja California, Chihuahua, Michoacán, Estado de México u Jalisco, entidades que cuentan todas con declaratorias por Alerta de Género.

Mientras que en feminicidios la entidad se ubica en el sitio 12, antecedida por Sinaloa y Puebla y seguida por Michoacán y Quintana Roo. Los cuatro estados cuentan con declaratoria por AVGM.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del 2016 arrojó que el 63.3 por ciento de las mujeres consultadas en el estado dijeron haber vivido algún tipo de violencia (física, psicológica, económica, escolar, laboral).

En cuanto a la desaparición de niñas y mujeres, de acuerdo con Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre el 1 de enero del 2000 y el 26 de enero de 2022 fueron registradas como desaparecidas, no localizadas y localizadas 2,646 personas, de las cuales 73.1 por ciento fueron mujeres.

Del 2018 al 2020, el 93 por ciento de las mujeres reportadas como desaparecidas no habían regresado a sus hogares.

Al abordar otros fenómenos de la macro criminalidad que tienen que ver con la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, la CNDH citó datos del Centro de Investigación y Estudios Mexicanos en Migración que señalan que Guanajuato está identificado dentro de las principales seis regiones del país con mayor incidencia del delito de trata de personas.

“Se tiene conocimiento de que el estado es una zona de origen, tránsito y destino para las redes de trata de personas, en primer lugar con fines de explotación sexual, y en segundo, con fines de explotación laboral, dado que el estado concentra un amplio porcentaje del campo agrícola y el sector industrial”.

Al respecto, la Fiscalía estatal reportó 80 investigaciones por trata de personas entre el 1 de enero de 2012 y el 9 de diciembre de 2020, en su mayoría con fines de explotación sexual o trabajo forzado, en León, Irapuato y Celaya.

En un análisis al contexto socio económico en el estado, se le resalta como un de los cinturones de actividad industrial más importantes del país.

“No obstante, las periferias no garantizan calidad de vida a quienes las habitan”, y aquí se adjudica a la desprotección por parte del Estado mexicano y del gobierno del estado que se haya propiciado un ambiente para que distintas organizaciones delictivas ejerzan el control del territorio en la zona, creando un clima de ingobernabilidad y la incapacidad institucional para actuar contra la violencia de género”, dice el análisis.

A la ola de violencia en el estado “como parte de la falta de estrategia en la militarización de la seguridad pública dentro del contexto federal de la guerra contra el narco” se sumó a partir del 2020 la emergencia sanitaria por Covid 19 que “complicó aún más el escenario”.

“Las llamadas al 911 se incrementaron en un 80 por ciento y el presupuesto a INMUJERES se redujo en un 75 por ciento”, aunque en este punto parecería que la solicitud está haciendo referencia al contexto nacional que está vigente en el actual gobierno, así como al organismo federal de atención a las mujeres.

Imagen: Juan José Plascencia

La CNDH citó también la documentación presentada en 2014 por el grupo de trabajo para atender la segunda solicitud de AVGM hecha por Las Libres. Con base en esa información, menciona que los municipios que han presentado los más altos índices de violencia feminicida en el estado en los últimos 8 años son: San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Guanajuato, León, Silao, San Francisco del Rincón, Irapuato, Abasolo, Pénjamo, Valle de Santiago, Salamanca, Juventino Rosas Celaya, Cortazar, Salvatierra, Acámbaro, Jerécuaro, Tierra Blanca y Villagrán.

Pero además de esos municipios, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala en su reporte de incidencia delictiva que Celaya y Silao se encuentran en los lugares 34 y 35 de los 67 municipios con incidencia de presuntos delitos de feminicidio.

A este crítico panorama se suma el que abonan las propias instituciones encargadas de atender a las mujeres en situaciones de violencia y desaparición, cuyo desempeño ha sido cuestionado en numerosos casos denunciados públicamente:

“Se encontró una notable falta de sensibilidad, capacitación adecuada y formación en materia de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género de las autoridades encargadas de la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, llevando a las víctimas directas e indirectas a una constante revictimización, maltrato y desinformación dificultando la localización de sus familiares y el acceso al derecho a la justa reparación del daño causado por la inoperancia del estado”.

Apuntando a la actuación de la Fiscalía General del Estado, la CNDH cita el informe del Colectivo “Hasta Encontrarte”, en el que se refiere que en 25 carpetas de investigación de familias carecen de hipótesis o línea de investigación clara para indagar sobre la comisión de los delitos o desaparición de los particulares, con el fin de conocer su paradero.

Además, en la revisión de casos y los testimonios recabados, el organismo logró asentar omisiones e inacciones del Estado (la FGE) para garantizar el acceso de las familias a la información, la verdad y los avances de las investigaciones y “se espera que sean las familias las que aporten mayoritariamente datos de prueba”.

También incluyó los primeros reportes obtenidos de la visita de integrantes del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense de la ONU-DH a varios estados, entre ellos Guanajuato, donde éstos conocieron que quienes asumen las tareas de denuncia, cohesión social, búsqueda y defensa de los casos son las familias, en su mayoría las madres, de las víctimas, “llevándolas a un doble proceso de violencia tanto por las represalias por su calidad de víctimas indirectas y denunciantes, en suma a su ejercicio de labor como defensoras de derechos humanos”.

Y en este punto, aunque la CNDH subraya que no es el objetivo de la solicitud, sí resalta la necesidad de reforzar la atención a las familias víctimas indirectas de desaparición, defensoras y activistas. Cita como ejemplo de los riesgos que viven el caso de Rosario Zavala, madre de un adolescente víctima de desaparición, quien fue asesinada en octubre de 2020 en León, mientras buscaba a su hijo.

“Las conductas y los delitos cometidos nos hablan de una situación reiterada acerca de las condiciones en las que las niñas y mujeres de Guanajuato viven distintas violencias”, concluye la CNDH.

Violencia exacerbada, con o sin AVGM: Las Libres

En entrevista, la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, recordó que el Mecanismo de Alerta de Género está vigente desde el 2008 y fue esta organización la que, junto con el Centro Victoria Díez, presentó una solicitud de Alerta, a la que sucedió una segunda en 2013 y una tercera en 2014, con un nuevo reglamento, aunque todas rechazadas.

“En esos dos contextos había una total cerrazón del gobierno del estado a atender la situación de las mujeres, no solamente en el tema de violencia, sino en casi todos los ámbitos. Las Libres ha documentado desde el 2000 la violencia contra las mujeres y particularmente los asesinatos. En 2014 nos preocupó sobremanera, las mujeres denunciaban la violencia intrafamiliar que no era atendida y el resultado eran los asesinatos de las mujeres”, mencionó.

En el trámite de la AVGM del 2014, señala, “había poca idea de lo que se tenía que hacer, poca experiencia, no había metodología; entró un nuevo actor que fue la academia, que nos quedó a deber porque tenía poca investigación, muy poca experiencia, metodología para una investigación más científica. Esta solicitud fue marcando la forma en que la Conavim, el gobierno federal fue atendiendo estas solicitudes”.

De este proceso resultaron 13 recomendaciones, pero que fueron generales, “recomendaciones que todos los gobiernos tendrían que estar haciendo para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres”, aclaró.

Con estos antecedentes, Cruz Sánchez considera que el Mecanismo de Alerta por Violencia de Género “no está dando una respuesta” y es claro al revisar el mapa nacional.

Verónica Cruz directora del Centro Las Libres

“Lo vemos, no hay un antes ni un después en todos los estados donde está declarada una alerta de género; (casi) todo el país está en Alerta de género, y ni el gobierno federal, ni un solo gobierno de los estados ni un solo gobierno municipal está atendiendo lo más básico, que es la prevención, atención y sanción a la violencia contra las mujeres de manera efectiva”.

También alertó por el hecho de que, con Mecanismo de AVGM o sin él, la violencia contra las mujeres se ha exacerbado, “está en la impunidad y no hemos empezado a arrastrar el lápiz de la prevención efectiva”.

“En resumen, este mecanismo no sirve, no ha funcionado, está harto evaluado y no presenta ninguna solución par lo que fue creado. Es un mecanismo muerto, con mucho dinero tirado a la basura, pero que políticamente se utiliza dependiendo de quién está en el poder”.

Y aquí la directora de Las Libres hizo esta aseveración:

“Desde mi perspectiva, que la CNDH se haya atrevido tiene una marca, Morena, para los fines políticos que importan. Quiero ver como el gobierno federal ahora sí hace algo, y ahora sí el gobierno del estado, se ponen todos a trabajar, en un mecanismo de Alerta de Género temporal, territorialmente y focalizado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de manera efectiva”.

Aunque enseguida dijo creer que esto no sucederá. “Unos y otros le siguen abonando a la simulación, porque les importa muy poco la vida de las mujeres, al gobierno federal y a los gobiernos estatales y municipales, la vida de las mujeres les importa muy poco”.

En el caso de Guanajuato, expresó, hay un gran problema de violencia contra las mujeres, de mujeres desaparecidas, de trata y muchos otros. “Y no sólo no se ha resuelto la violencia familiar, sino que hoy tenemos una violencia mayoritariamente en el espacio público para la mayoría de las mujeres”.

Esto no se resolverá con el Mecanismo de AVGM, auguró, sino cuando la federación, los estados y los municipios logren integrar una política transversal y una coordinación para caminar a una erradicación de esas violencias.

“Eso desafortunadamente no lo veremos muy pronto, porque primero están sus intereses políticos y al final, las mujeres”.

Testimonios para una Alerta

Otras voces fueron recabadas por la CNDH para sustentar la solicitud de AVGM para Guanajuato.

En la parte documental, el organismo anexó copias de las carpetas de investigación por la desaparición de cinco mujeres: Verónica Margarita Rodríguez Ponce (22713/2020) desaparecida el 26 de febrero de 2020; Blanca Estela Cervantes Flores (carpeta 8954/2020), desaparecida el 23 de enero del 2020; Sara Fernanda Mendoza López (carpeta 7206/2020); Dulce Alejandra Marmolejo López (carpeta 65435/2020) y María Guadalupe Mares Flores, carpeta 82718/2020.

María Guadalupe Mares desapareció el 6 de septiembre de 2020, cuando fue sustraída violentamente de su casa en una colonia de Irapuato. El mismo día, su familia presentó una denuncia en la Fiscalía general del estado. Sin embargo, el Protocolo Alba de alerta para su búsqueda se activó hasta 3 días después.

Su familia recibió llamadas en las que los presuntos responsables le dijeron que la habían privado de su libertad porque no encontraron a su pareja, que era al que en realidad querían.

Guadalupe fue encontrada asesinada junto con otras dos personas en una vialidad de Irapuato en marzo del 2021, pero hasta el 29 de noviembre su familia fue informada por la Fiscalía general del estado que se le había encontrado. Nueve meses después de que había sido encontrada por la FGE.

Una serie de entrevistas y cuestionarios tuvieron la participación de organizaciones como la Colectiva Tletl Atl Tlazolteotl y la Lesbobtkda Feminista Radical.

Asimismo, fueron entrevistadas: Mayo Meza Trejo, del Centro de Desarrollo Indígena Loyola, A.C., colectiva “Mujeres contra las violencias machistas”; Nayeli López, de la misma colectiva; Yazmín López, Red de acompañantes León (para aborto); Marcela Villalobos Andrade, a nombre del colectivo Hasta encontrarte y Una promesa por cumplir y de Amnistía Internacional México; María Alcántara, de la Red de Acompañantas de Aborto Guanajuato, colectiva “Producciones clandestinas” (contenido audiovisual feminista) y Sandra Estrada, como acompañante.

Se les preguntó hace cuánto tiempo hacen seguimiento a la desaparición de niñas y mujeres y en qué municipios; si realizan búsqueda de personas en vida o ya fallecidas; si como organización llevan algún registro de mujeres y niñas reportadas como no localizadas o desaparecidas; del seguimiento, cuántas han sido localizadas con vida y sin vida; desde su conocimiento en el tema y seguimiento de casos, por qué desaparecen las mujeres y niñas, así como sobre la actuación de las autoridades y el trato a las víctimas y familias como víctimas indirectas.

En coincidencia, estas activistas, defensoras y buscadoras señalaron la falta de voluntad del gobierno del estado para reconocer la crisis por estas violencias y cómo más bien minimizan el problema e incluso buscan ocultarlo, con el discurso de que se puede afectar la imagen de crecimiento económico de Guanajuato frente a las inversiones extranjeras.

Tampoco hay un interés de fortalecer a las instituciones para atender la violencia de género y, por el contrario, se responde a la denuncia o a las protestas con campañas de criminalización.