Niños y niñas alcanzados por una criminalidad que se mueve y solaza en la ausencia de coordinación y de políticas de autoridades para frenarla; jóvenes que se suman a las filas de los victimarios para cometer las atrocidades que Guanajuato encabeza en el mapa nacional y una impunidad que permite el libre desplazamiento de los grupos del crimen organizado y hace desertar a policías de las corporaciones, es el panorama poselectoral en el estado que “pinta para empeorar; se tiene que actuar ya”.

Es una violencia no sólo inclemente “sino escalofriante” por la saña que ha alcanzado, según un análisis que dos investigadoras y una organización civil especializadas en seguridad hicieron para POPLab.

No había pasado una semana de la jornada electoral cuando se reavivaba el fuego en distintas regiones del estado, de la zona Laja-Bajío a León, de Moroleón a Valle de Santiago.

Una serie de masacres marcaron el fin de semana posterior a las votaciones, hasta llegar a media semana, este miércoles 16, con el asesinato de un ex presidente municipal en una carretera entre Apaseo el Alto y Tarimoro.

Una niña de cinco años asesinada en su casa en Salvatierra. Cuatro hombres que disfrutaban de una fiesta caen sin vida a balazos en una vivienda en Celaya. Mujeres de una familia reciben mensajes mortales de encapuchados que truenan su puerta con un marro, en un pequeño poblado de Pueblo Nuevo. Un cortejo fúnebre suma otro duelo cuando uno de sus integrantes pierde la vida en un ataque en Moroleón. Seis vidas fueron cegadas en un solo día en León.

Sólo el fin de semana, el registro federal de homicidios reportaba 33 en Guanajuato. Pero el miércoles se sumó otro crimen de índole político, luego de una breve pausa electoral marcada por el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Alma Rosa Barragán, acribillada a menos de dos semanas de las votaciones.

El expresidente municipal de Apaseo el Alto en el trienio 2009-2012, el priista David Malagón, quien fue alcanzado en la mañana del miércoles 16 en su camioneta sobre la carretera Apaseo el Alto-Tarimoro y murió de al menos seis disparos a mansalva.

En su análisis, las expertas ven en todos estos factores que, a la par de que la violencia ha crecido en números y ha engrosado las estadísticas nacionales con los peores delitos cometidos en Guanajuato, la calidad de esa violencia también alcanza el extremo de crueldad.

Diseños: Juan José Plascencia

La organización Causa en Común presentó su informe enero-mayo sobre las atrocidades -delitos con violencia extrema- que se cometieron en el país en ese lapso, de acuerdo con un seguimiento del registro hemerográfico.

Guanajuato ha aparecido en el primer lugar en varios de los peores tipos de atrocidades desde el año 2020, cuando la organización comenzó a elaborar estos informes para contrarrestar el discurso oficial de que “en México ya no hay tanta violencia”.

Una de las más graves categorías es el asesinato de niñas, niños y adolescentes, en la que el estado aparece con el número más alto entre todos los estados del país: criminales han dado muerte a 28 menores de edad con lujo de violencia entre enero y mayo de este año.

“En Guanajuato se está ejerciendo un gran nivel de violencia, al mismo tiempo por un gran nivel de impunidad. El estado se convirtió en un lugar de altísimo riesgo hasta para las corporaciones de seguridad. Hasta ahora ninguna autoridad haya atinado o parezca recurrir a una política efectiva para ponerle un alto y hacer la prevención necesaria”, dice Pilar Déziga, investigadora de Causa en Común.

Mientras que la doctora Jéssica Vega Zayas, profesora investigadora de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato, habla de una violencia no resuelta que crece numéricamente “y por ende, crece cualitativamente siempre”.

“En la medida en que el problema de delincuencia quede impune, el problema de violencia va creciendo. Entre otros factores tiene que ver con la pelea de los grupos del crimen organizado. Y no hay una estrategia clara para combatir esto en el caso de Guanajuato, sino que se ha permitido que los grupos actúen de manera autónoma y con absoluta impunidad”.

2021: cinco meses de atrocidades y contando

En el informe de Causa en común de enero-mayo de este año titulado “Galería del horror: atrocidades registradas en medios periodísticos”, se incluyeron 2 mil 712 hechos de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades, en todo el país.

Pero Guanajuato aparece a la cabeza de cuatro tipos: descuartizamiento o destrucción de cadáveres (73 de los 343 casos encontrados en el país); calcinamiento de cuerpos (29 del total de 248); masacres (37 de 239) y asesinato de niñas, niños y adolescentes, con 28 de 213 víctimas.

En general, el estado tuvo el mayor número de noticias publicadas sobre atrocidades entre enero y mayo fue Guanajuato (194) y fue también el estado con más víctimas en esta clasificación (358).

A Guanajuato le siguen Jalisco, Veracruz, Guerrero, Chihuahua y Sonora en estas formas de violencia delictiva. A lo largo de estos meses, además, fueron en aumento los reportes de tortura, fosas clandestinas localizadas y los asesinatos de mujeres con crueldad extrema.

“Ante la postura del gobierno federal de minimizar los niveles de violencia, se hizo el primer estudio (sobre atrocidades) el año pasado. Decidimos hacer visible que esto no es verdad; que la violencia no es menos, ni de cerca. A nivel nacional, en México matan entre 97 y cien personas, hombres y mujeres, al día. Pero ese número, que es alto, ni dice mucho sobre la violencia que se vive”, dijo a POPLab la investigadora de Causa en Común Pilar Déziga.

“Se dice que ya no hay masacres, que ya no hay violencia, y se deja velado en número de asesinatos al día. Por eso decidimos hacer este estudio, para que nosotros como ciudadanos nos lo preguntemos y veamos qué tan violento es el país”, añadió.

También les pareció importante hacer la diferenciación de la violencia según las regiones del país. “No es lo mismo el asesinato de indígenas en Chiapas o en Guanajuato con el asesinato de niñas, niños y adolescentes. Guanajuato encabeza estos últimos con 28 casos; en otros estados no parece ser la misma situación”.

Tanto Pilar Déziga como la doctora Jéssica Vega coinciden en que, además de las políticas de prevención y combate del crimen y la inseguridad, se necesita estudiar y analizar desde las instancias oficiales las distintas formas de la violencia, “no meras estadísticas policiacas y policiales sobre lo que sucede”.

Incluso, para profundizar en la revisión de cuáles son los tipos de realidades y las patologías en los estados, para que esos estudios sirvan de base en los planes de prevención de las violencias.

En el caso de Guanajuato, la investigadora de Causa en Común, “es donde identificamos la problemática más grave, encabezó la lista el año pasado y con más víctimas, enfrenta diferentes tipos. Es evidente que esto no ha disminuido y no vemos un punto de inflexión en el estado para que estas cifras se reduzcan”.

La situación refleja “que hay una gran necesidad de una política de prevención de la violencia muy enfocada”, particularmente en niñas, niños y adolescentes, pues éstos están pasando con suma facilidad de víctimas a victimarios.

“(Guanajuato) es de los que tienen más casos de asesinatos de niñas, niños y adolescentes; ¿qué se está haciendo para disminuir esta violencia? porque muchas veces son niños y adolescentes quienes los matan. No hacemos registro de victimarios, pero al revisar las notas sí vemos un número importante de niñas, niños y adolescentes que están cometiendo delitos. No tendría por qué seguir pasando”, plantea Pilar Déziga.

Otro factor que es evidente para la investigadora es que los cuerpos policiacos y los ministerios públicos en Guanajuato están rebasados, “no hay capacidades suficientes para investigar o judicializar”.

Todo esto ha llevado a que Guanajuato se encuentre “en una condición de inseguridad sumamente frágil”, dice.

Algo que llama la atención de la organización es que la avanzada criminal “no se detenga de ninguna manera”, que no haya una respuesta desde el gobierno con una política de prevención y que tampoco se estén fortaleciendo las capacidades de reacción de la Policía estatal. Por el contrario, “es la número uno en asesinatos de sus elementos”.

Estado, familia y religión, incapaces frente a menores víctimas y victimarios

Como Pilar Déziga, la doctora Jéssica Vega destaca como el asesinato de menores, así como la participación de este mismo grupo de edad en los eventos violentos como lo más grave y preocupante de esta realidad en Guanajuato.

Por ejemplo, Pilar señala que si en el estado se asesinó con crueldad a 28 menores de enero a mayo, en Jalisco y Baja California -el segundo lugar de la lista en este tipo de atrocidad de su informe- fueron 15 cada uno. “Casi duplica el número.

Considera que “el paso de víctima a victimario es muy fácil de dar en México donde no hay un sistema de reparación del daño hacia las víctimas. No se investiga, no se castiga, pero tampoco se repara el daño a las víctimas. No hay presupuestos en las comisiones de atención a víctimas. Es un círculo vicioso”.

Para la investigadora de Causa en común, el informe “Galería del horror” deja en la superficie “unos rasgos súper oscuros y patológicos que la sociedad no debe ignorar. Necesitamos rescatar esa capacidad de conmovernos y de inconformarnos por estos horrores. No solamente se matan personas en México; se inflige un nivel de violencia muy alto”.

La profesora de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato Jéssica Vega Zayas, explica que los grupos delictivos que se desplazan impunemente por el territorio del estado han tocado y se han infiltrado en familias completas.

La competencia entre los grupos, el aumento de la impunidad y la falta de contención por las autoridades han llevado a que también el nivel de violencia se convierta en una herramienta de control por estos grupos, junto con la droga, junto con la familia, junto con la competencia por los escasos recursos, afirma.

Esto explicaría las decenas de ataques que en los últimos años han cobrado la vida de familias enteras en sus propios domicilios, en sus propias recámaras, durante una fiesta familiar, en un velorio…

“Tienen que ver con este concepto de que la familia es lo más importante en Guanajuato. Hay personas que se integran a la delincuencia organizada muy jóvenes, (además de que) Guanajuato tiene muy bajos niveles educativos. Cuando estos chavos se incorporan, no miden todas las consecuencias de involucrarse en esta actividad del crimen organizado, y no miden que va la familia de por medio”.

También explica que, en una sociedad como la guanajuatense marcada por el conservadurismo religioso, “se planteaba como elementos contenedores que los hijos podían ser controlados por las familias, por el modelo de familia que se defiende”, porque se tenía la idea de que así se mantenía el prestigio de esa familia.

Sin embargo, “en la medida en que esto no fue suficiente, cuando ni la familia ni la religión puede ser ya estos controladores que tenían antes los jóvenes porque ahora se mezcló el crimen organizado, esta problemática desborda al joven y se convierte en un problema de la familia”.

-¿Qué implicaciones tiene entonces que se ataque a las familias?-

“Ahora un elemento clave de los grupos de la delincuencia es que saben que las madres son un punto muy delicado para estos jóvenes. Por eso terminan matando a las madres, porque saben que a partir de ahí los jóvenes van a sentirse desolados”.

Un factor de control o de inducción de los jóvenes por parte de los grupos criminales ha sido el uso de drogas, particularmente la piedra (cristal), altamente adictiva.

La doctora Vega lo ejemplifica con el caso de León.

“León tiene un tema tradicional de tratamiento de pieles. Se había detectado que los jóvenes comienzan usando agua de celaste, un químico que venden en cualquier lugar. El problema es que lo adquirían muy fácilmente y lo utilizaban como inhalador, muy común entre los jóvenes que se registraban con un problema de adicción”.

Esto se modificó cuando los grupos de la delincuencia entraron de lleno:

“Hay pandillas antiquísimas, parte de una tradición en León; estos jóvenes se unían en estos grupos no necesariamente para actividades delictivas, sino por pertenecer o identificarse en las zonas más populares. Pero el crimen organizado se fue filtrando, las drogas se fueron modificando y por ende las adicciones, la piedra fue entrando y causando una adicción muy fuerte y a más temprana edad”.

A ello suma el incremento de adicción también entre niñas y adolescentes; el embarazo en menores, los bajos niveles de escolaridad, todas características “de una sociedad muy conservadora” y por las que estos jóvenes se encuentran en una situación de enorme vulnerabilidad.

Mientras tanto, desglosa la investigadora de la UG, en Guanajuato se da la pelea entre los cárteles ya conocidos (Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación) en convivencia con otros grupos, como la Unión en León y reminiscencias de la Familia Michoacana y los Templarios.

Los efectos se extienden a los altos niveles de desaparición de personas; a los delitos políticos en tiempos electorales, como el de la candidata en Moroleón, y a asesinatos como el de Javier Barajas, activista y funcionario de la Comisión estatal de búsqueda de personas y hermano de la maestra Lupita, desaparecida y finalmente localizada sin vida en el sitio de inhumaciones clandestinas en Salvatierra.

“Eso es un muy mal mensaje, un mensaje muy preocupante -señala-. Aquellos que son los más vulnerables entre los vulnerables están enfrentando una situación de desamparo por parte de la autoridad. Necesitamos que esos grupos reciban en primer lugar el apoyo de las autoridades, porque son los que están enfrentando de manera más evidente las repercusiones del crimen organizado, no pueden estar desamparados y no pueden estar en esta situación de exposición ante estas acciones tan agresivas de los grupos del crimen organizado”.

La académica pide que se ponga especial atención a estos grupos. “Son los más desamparados, ¿cuál es la esperanza para estas personas que están expuestas y se saben expuestas, si empiezan a asesinarlos?”

Las fallas son muchas.

“Si no tenemos estrategias de larga data, que trasciendan a los periodos de gobierno, no tendremos éxito (en prevenir y frenar la violencia y la delincuencia). En Guanajuato tenemos un gobierno que ha sido panista por una larga data, (pero) no tenemos unas alianzas con el nivel federal”.

Y por otro lado, el crimen organizado va más allá de Guanajuato. “Tiene que ver con Jalisco, Michoacán, Estado de México; son conflictos regionales, interestatales, se construyen regiones del crimen organizado que van más allá de los estados, que tienen como objetivo ocupar territorios estratégicos. Y nosotros no tenemos alianzas interestatales, por asuntos políticos. Lo mismo que sucede con el gobierno federal”.

-¿Qué expectativas hay con los nuevos gobiernos y la posible infiltración de los grupos del crimen organizado?-

“Estos grupos empiezan ya a hacer presión para definir quién es el que se queda o no en determinados territorios a apoyarlos; o al menos, para no amenazarlos. Es un análisis que tenemos que empezar a hacer. Quienes quedan en territorios ocupados por el crimen, sabe que están en una condición en la cual no tiene recursos para enfrentarlos, y si los quiere enfrentar sabe que en medio va su vida y hasta la de los suyos. Sabemos que, si no son sus aliados, sí recibieron el mensaje de que no se metan con ellos”.