Frente a la crisis de derechos humanos por la que atraviesa Guanajuato y que se ha acentuado con la incesante violencia, es indispensable que la persona que llegue a la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos (PEDHG) sea impulsada desde la sociedad civil, que este fuera del aparato gubernamental, sin vínculos partidistas y con amplia experiencia en el acompañamiento de víctimas, coincidieron especialistas y activistas.

Desde la convocatoria que diseñó el Congreso del Estado, los diputados decidieron que el papel de las organizaciones se limitará a postular candidatas y candidatos, para así dar cumplimiento con la "amplia consulta" a la sociedad civil organizada que mandata el artículo 12 de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos.

Frenando la participación y el involucramiento de las personas defensoras de derechos humanos durante la revisión y evaluación de perfiles, será las diputadas y diputados de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables los que tendrán que presentar ante el Pleno una terna para que se designe a la persona que estará al frente de la PEDHG.

Con las críticas y descalificación por el mal desempeño que arrastra, Raúl Montero de Alba envió un documento dirigido a Jesús Oviedo Herrera, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en el que informó que no era su deseo ser ratificado por un segundo periodo como procurador estatal de Derechos Humanos.

Tras el desistimiento que, de manera oficial, hizo Montero de Alba, la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria para designar a la persona que quedará como ombudsperson por los próximos cuatro años.

Ilustración Pinche Einnar

Autonomía, la clave para recuperar la PEDHG

Resultado de la lucha de movimientos sociales para que todos los estados contaran con organismos protectores de derechos, en octubre de 1992 el Congreso local aprobó la creación de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos; sin embargo, sus titulares han estado estrechamente vinculados a los gobiernos estatales, dejando solo en letra la autonomía de la institución, señalaron activistas que acompañan a víctimas en la entidad.

Luego de considerar que Raúl Montero de Alba es el peor ombudsman que ha tenido Guanajuato con evidente ausencia en acontecimientos que revictimizan y criminalizan a víctimas, además de tardías resoluciones, representantes de organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa de los derechos humanos se pronunciaron por un cambio real en el organismo.

La directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, recordó que durante los casi 30 años de la PEDHG la institución se ha distinguido por la estrecha relación que tienen sus titulares con los gobiernos en turno.

“Para que la Procuraduría Estatal realmente este del lado del pueblo tendría que ser una persona totalmente independiente, de preferencia profesionalizada, pero sobre todo que sepa y conozca de la promoción, defensa y gestión de los derechos humanos en la vida real”.

Cruz Sánchez mencionó que desde la gestión de Gustavo Rodríguez Junquera el organismo ha sido “gris”, alejado de la realidad que se vive en Guanajuato, por lo que es indispensable que la persona que llegue a convertirse en mbudsperson surja de la sociedad civil.

“No hay de otra, tiene que ser impulsada por las personas defensoras de derechos humanos que en este momento tienen mayor actuación en el campo público, en que cesen las graves violaciones, como son los colectivos de familiares de personas desaparecidas, los movimientos feministas, los periodistas, que son los tres actores que hoy en este estado están teniendo una presencia importante en lo social”.

La activista por los derechos de las mujeres consideró que por el bien de la institución la persona designada por los diputados locales no debe salir de la misma Procuraduría Estatal de Derechos Humanos. “Sobre todo por la salud mental de la población y de los gobiernos, no pueden seguir en esta esquizofrenia de querer ser juez y parte de todos los procesos de la población”.

La decadencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos no inició hace cuatro años con Montero, sino que es un problema de años, señaló Marcela Villalobos, activista y presidenta de Amnistía Internacional México.

En entrevista, apuntó que no solo la violencia ha aumentado en el estado, sino las violaciones a los derechos humanos, los abusos se han agravado, mientras el organismo responsable de velar por los derechos de todas las personas se dedica a levantar quejas, sin que salgan resoluciones de manera oportuna; además de que no existen mecanismos que garanticen la no repetición de las agresiones que protagonizan autoridades estatales y municipales.

Para Marcela Villalobos las limitantes que establecen la Ley con requisitos como la edad que debe tener la persona al frente de la institución o el grado académico pueden ser discriminatorias.

Además, se pronunció porque la persona designada por los diputados locales aplique no solo conocimientos en derechos humanos, sino que conozcan del contexto que se vive en Guanajuato y apliquen la perspectiva de género.

“Hay características objetivas que se podrían considerar como el acompañamiento con víctimas. Al menos que haya conocimiento del contexto, que haya independencia del Ejecutivo, de los demás Poderes, que no sirva a los intereses de unos cuantos”.

El consultor internacional en derechos humanos y activista, José Manuel Ramos Robles, señaló que, si bien la crisis en la Procuraduría de Guanajuato no es nueva, en los últimos cuatro años el organismo tiene la peor calificación.

“El procurador Raúl Montero de Alba se ha convertido en un actor secundario, terciario, un cero a la izquierda. Vemos la crisis fuerte de derechos humanos, violencia contra las mujeres, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, personas desaparecidas y no aparece nunca como alternativa creíble, accesible”.

Ramos, quien ha trabajado como consultor e investigador para diversos sistemas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expuso que el perfil de la persona que llegue a la Procuraduría debe gozar de prestigio y trayectoria probada en el tema, además de que trabaje de la mano con organizaciones de la sociedad civil organizada de la entidad.

“Necesitamos no alguien que venga a aprender, sino a utilizar la experiencia, con prestigio, que tenga un reconocimiento de la comunidad, un reconocimiento de las organizaciones sociales, academia, de organismos internacionales”.

Dijo que también es necesario que el organismo este dirigido por una persona que atienda a las víctimas.

“Que pueda dialogar abiertamente ante los medios de comunicación, estar presente y activo, que ante las crisis no se que se vaya a esconder detrás de un escritorio”.

Incluso, consideró que es urgente que desde la Procuraduría de Derechos Humanos se implementen programas para evaluar las políticas públicas de los tres Poderes y de instituciones autónomas como la Fiscalía General del Estado, constantemente denunciada por la revictimización.

Asegura Montero que deja una PEDHG “independiente y cercana a las personas”

La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato inició labores mayo de 1993, desde esa fecha han pasado por el organismo seis titulares: Rafael Hernández Ortiz, Miguel Valadez Reyes, Salvador Oyanguren Espinoza, Manuel Vidaurri Aréchiga, Gustavo Rodríguez Junquera y Raúl Montero de Alba.

Sin embargo, ha sido Montero de Alba el único en llegar al cargo sin consenso, sin el aval de las diferentes fuerzas políticas en el Congreso. En noviembre de 2016 recibió el voto de 21 de los 36 legisladores locales, en medio de los señalamientos públicos por la imposición del Ejecutivo estatal, con la intervención de su antecesor: Gustavo Rodríguez Junquera.

Las coincidentes críticas desde la sociedad civil a su desempeño como procurador de Derechos Humanos no mermaron el ánimo de Raúl Montero de Alba para afirmar a los diputados que cumplió con las metas y retos que se planteó en 2016.

En el escrito que mandó al Congreso del Estado donde anunció que no era de su interés ocupar por cuatro años más el cargo, el todavía ombudsman guanajuatense aseguró que logró “consolidar una institución independiente y cercana a las personas”.

Raúl Montero de Alba fue consultado por el Congreso si quería continuar al frente de la Procuraduría por otros cuatro años, y solo un día después respondió que no porque había cumplido “un ciclo profesional y personal que me llenan de satisfacción”.

Una vez que el escrito dirigido a Jesús Oviedo Herrera, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, se hizo del conocimiento del resto de los integrantes del órgano de gobierno se emitió la convocatoria para encontrar a la persona que ocupará el cargo.

Convocatoria

Apenas cinco días antes de que terminara el periodo de Raúl Montero de Alba, los diputados locales dieron inicio con el proceso de designación que se proyecta concluir antes del 18 de diciembre. A partir de la próxima semana estará a cargo de la oficina el actual secretario general del organismo, Alberto Estrella.

Los diputados responsables de llevar el proceso esperaron hasta que el actual titular definiera si quería ocupar el cargo por otros cuatro años, aunque esto significa que durante un mes el organismo se quede solo con un encargado de despacho, mientras la realidad del estado refleja miles de víctimas a las que se violentan sus derechos.

El Congreso del Estado pretende terminar el proceso de designación de la persona que quedará al frente de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos en poco menos de cuatro semanas.

A partir de este viernes inició el plazo de ocho días hábiles para recibir los expedientes de las personas interesadas en ser aspirantes al cargo de ombudsperson en Guanajuato.

La recepción de aspirantes será ante la Secretaría General del Congreso hasta el 30 de noviembre, para que el jueves 3 de diciembre se turnen los expedientes a la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, donde se revisará si aspirantes cumplen con los requisitos y programar entrevistas con diputadas y diputados los días 7 y 8 de diciembre.

La Comisión tendrá menos de una semana para elaborar un dictamen que incluya los nombres de hasta tres personas, para luego enviar su propuesta al Pleno que tendrá que designar a la persona titular antes del 18 de diciembre.

En la convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política no se incluyó como parte de la consulta amplia a organizaciones de la sociedad civil que establece el artículo 12 de la Ley Para la Protección de los Derechos Humanos que activistas, colegios o asociaciones puedan participar durante el proceso de revisión de perfiles que haga la Comisión legislativa.

La consulta establecida en Ley se limitó a poner como requisito que cada aspirante acompañe la postulación de la carta donde una organización social representativa en el tema avala su perfil.

También la convocatoria pide que la organización postulante entregue al Congreso acta constitutiva certificada, que contenga el objeto social y representante legal.

El punto anterior fue cuestionado por el activista Raymundo Sandoval, representante de la organización Plataforma por la Paz y la Justicia, quien expuso que es restrictivo, al existir colectivos o movimientos que no podrán promover a un perfil por no tener acta constitutiva.

“Hay una mala comprensión en el Congreso de lo que es sociedad civil. Para el Congreso sociedad civil, participación, todo lo que tenga que ver más allá de sus límites estrictos de lo legalmente permitido se sale de sus cánones, es un Congreso de muy bajo estándar sobre el Parlamento Abierto y la participación de las familias y movimiento de derechos humanos”.

Marcela Villalobos de Amnistía Internacional México expuso que hace un año participó con aportaciones en el proceso que hizo el Senado de la República para la designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Como referencia, la activista apuntó que fue un proceso transparente con la participación de la sociedad civil.

Sin embargo, las diferencias entre la convocatoria del Senado de 2019 y la de Guanajuato son significativas, principalmente cuando se aborda el involucramiento de activistas y organizaciones de la sociedad civil.

En el Senado se convocó a las organizaciones a consulta después de que se publicó el listado de aspirantes que cumplieron con los requisitos, se dieron cinco días naturales para que cualquier persona interesada pudiera aportar elementos para que legisladores evaluaran a los aspirantes.

Además, a la sociedad civil también se le permitió enviar por correo electrónico preguntas para aspirantes que tuvieron que responder durante las entrevistas que realizaron en el Senado.

En el caso de Guanajuato no se plantearon más consultas o momentos para que durante el proceso de análisis de la Comisión de Derechos Humanos pudieran hacer aportaciones.

Diputados justifican retraso

Utilizando como principal argumento que esperaban que Raúl Montero de Alba les notificara si quería ser ratificado, diputados de la Junta de Gobierno y Coordinación Política justificaron que la convocatoria saliera a menos de una semana de que terminara el periodo de cuatro años del procurador en turno.

La coordinadora del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero, aceptó que la tardanza podría verse como una omisión a las responsabilidades que tiene el Legislativo, aunque sostuvo, la ley tampoco establece con cuánto tiempo de anticipación deben iniciar el proceso para el relevo en la Procuraduría de los Derechos Humanos.

“Al final no se expide con tiempo suficiente para estarlo sustituyendo en cuanto termine el periodo (de Montero de Alba), no obstante, en la ley no hay un plazo marcado como tal, no nos dice cuáles son los plazos que hay que cumplir”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno, el panista Jesús Oviedo Herrera, confirmó que esperaban la definición de Raúl Montero, lo que provocó el retraso de la convocatoria.

Al cuestionar sobre el trabajo que hizo el procurador a Jesús Oviedo, quien en 2016 le dio uno de los 21 votos, se limitó a decir que “actúo como establece la ley, tuvimos comunicación permanente, fue un trabajo dentro de lo que cabe y establece la ley”.

En tanto, Magdalena Rosales Cruz, coordinadora del grupo parlamentario de Morena, hizo críticas por la falta de resultados del procurador que llevó a la crisis de derechos humanos que se vive actualmente en la entidad.

“Sabemos la crisis que atraviesa Guanajuato en el tema de derechos humanos, son muchísimas las fallas que ha tenido la Procuraduría para defender a las personas violentadas por la autoridad. Yo misma puse mi queja en Derechos Humanos por haber sido golpeada por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado dentro de las instalaciones del Congreso, y no procede nada, no hay atención”.

El que se dijo sorprendido de que no se promoviera la ratificación de Raúl Montero por otros cuatro años fue el coordinador priista, Héctor Hugo Varela Flores, luego de considerar que hizo un “extraordinario papel”.

“Es un joven que vale mucho la pena impulsar, yo hubiera estado por su ratificación, pero no se le puede obligar a tomar decisiones que él no está de acuerdo”.

Incluso, se pronunció porque la persona que llegue al cargo tenga el mismo perfil de Raúl Montero de Alba.

“Una gente joven, que busque cómo sacar adelante la Procuraduría de los Derechos Humanos en este momento tan difícil que está atravesando el estado de Guanajuato, porque es fundamental que haya una persona confiable en esa Procuraduría para que las víctimas sientan la garantía para acudir con él”.

Insistió en que hubo un retraso en la convocatoria porque estaba confiado en que Montero sería ratificado.

De los legisladores que accedieron a entrevista con POPLab, el priista Hugo Varela fue el único que halagó el trabajo de Raúl Montero, ni el panista Oviedo que votó por él hace cuatro años hizo algún reconocimiento por los resultados del procurador.