Lejos de brindar seguridad a la población, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato asignados al municipio de Cuerámaro han ocupado su tiempo en extorsionar y acosar a la población, incluso a políticos de oposición “solo por reunirse”, ahondando así la tensión social que no se ha solucionado con la libertad condicionada de los 17 “presuntos terroristas”, delito por el que fueron señalados por policías estatales y encarcelados; para dejar la prisión se vieron obligados a pagar una multa de casi 50 mil pesos.

Por las irregulares en su caso, estas personas señaladas por terrorismo estarían analizando presentar una queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, buscando reparación del daño.

Mientras eso sucede, siguen esperando justicia las familias de cuatro víctimas del asesinato: Juana Michel de 16 años, su hermana Rosa Isela de 13 y sus amigas Zicry y María Teresa, ambas de 13 años, el presunto responsable es Juan de Dios “N”, quien las atropelló cuando iban a bordo de una motocicleta y arrastró ese vehículo con su camioneta por varios metros el 24 de noviembre del 2019. El caso podría tratarse de feminicidio, porque el joven, también menor de edad, acosaba a una de las víctimas.

Tres días después, el 27 de noviembre, más de 500 personas participaron en una marcha exigiendo justicia, se registraron algunos disturbios. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública al servicio del estado detuvieron a 23 hombres y mujeres de los cuales a 6 liberaron, pero 15 hombres y 2 mujeres fueron recluidos más de 80 días al ser señalados por los agentes estatales y acusados por la Fiscalía General del Estado de Carlos Zamarripa Aguirre por el delito de “terrorismo”, muchos de ellos aseguraron no haber participado en la marcha ni en los actos vandálicos.

83 días después, 16 fueron liberados bajo condiciones de no reincidir y firmar cada mes, el detenido número 17, también quedó libre al solicitar el juicio abreviado; entre todos pagaron una multa de alrededor de 50 mil pesos.

El día de la liberación, las familias esperaron por horas a sus muchachos.

Envían a policías estatales, ¿a extorsionar?

Tres agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), dos hombres y una mujer quedaron exhibidos mientras extorsionaban a un joven motociclista presuntamente por no usar el casco de seguridad que traía colgado del manubrio, la acción fue evidenciada por un civil que grabó un video al momento.

Un minuto con 3 segundos fueron suficientes para evidenciar la acción del policía que a pesar de que trató de cubrirse con la patrulla al momento de recibir el dinero y en acuerdo con dos agentes estatales, incluso cerrando el trato con un apretón de manos del oficial estatal con el civil.

Estos son los policías que integran la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la que tanto su titular, Alvar Cabeza de Vaca Appendini como el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo han asegurado “sería la mejor corporación de seguridad en el país”, cuyos elementos tienen la encomienda de “cuidar y proteger la seguridad de los guanajuatenses”.

Aunque el hecho sucedió el pasado sábado 22 de febrero, hasta el lunes por la tarde, Alvar Cabeza de Vaca Appendini informó que dieron de baja definitiva a los elementos, “en base a la investigación interna (...) y no permitir conductas que se alejan de la alta responsabilidad de construir mejores condiciones para la seguridad“.

Captura de pantalla del video

Seguridad estatal acosa a la población y a políticos

Después del resultado de la marcha para exigir justicia, la cual se sigue esperando, la SSPE envió a más de una veintena de policías estatales “para coadyuvar en la seguridad de Cuerámaro”, pero a decir de algunos habitantes, varios agentes fueron asignados a cuidar la casa -vandalizada- de los padres de la alcaldesa Ana Rosa Bueno Macías, otros agentes estatales fueron asignados como escoltas de la hermana de la alcaldesa y presidenta de DIF Municipal, Claudia Gabriela, confirmaron empleados del municipio.

Algunos ciudadanos no vieron mal la llegada de los estatales para reforzar la seguridad, sin embargo, son pocos resultados los que han visto, sin embargo, el acoso policial hacia los familiares de los 17 detenidos ha sido una constante, cada que se reunían en la calle para ver qué acciones realizarán, los policías municipales y estatales realizaban “rondines como en ningún otro día”, ello a pesar que el estado a través de la Secretaría de Gobierno, se comprometió a que el hostigamiento terminaría después que hicieron el convenio para liberarlos.

Dicho acoso lo vivió en carne propia la senadora por Morena Malú Micher, el pasado lunes 24 de febrero al estar reunida con familiares de los 17 liberados y de las cuatro menores asesinadas en un salón de fiestas ubicado en la calle Miguel Hidalgo; la reunión comenzó a las 9 de la mañana. Primero habló Carlos Caballero, del equipo de la senadora, 30 minutos después la senadora terminó de dar su mensaje y escuchar a los que habían sido detenidos, cuando tres policías estatales sin pedir permiso ingresaron a la reunión privada.

“Entran las fuerzas de seguridad estatal”, denunció la senadora, ”ya venían tres elementos, me retiro de estar platicando con la gente, me voy detrás de ellos (los policías) me presento y les pido su nombre, ¿quién les dio permiso para entrar a una reunión privada? y me dicen pues tenemos instrucciones, ¿de quién?, se dan la vuelta, me dejan hablando sola, se suben a la camioneta y se van”.

Previo a ello ya había pasado por la calle la policía municipal, entre 8 o 10 ocasiones , “la primera normal, la segunda normal, ¿pero 10?”, al final, la legisladora morenista denunció: “Ahora le creo a la gente de Cuerámaro que se está quejando de acoso, se quejan que van por la calle, los 'levantan', les están quitando el dinero, los acusan de una serie de delitos que no cometieron, por estar en una esquina los levantan y se los llevan, es decir tierra de nadie en Cuerámaro y probablemente el estado”.

Ante ello, pidió al gobernador Diego Sinhue Rodríguez, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la presidenta municipal que cese el acoso. “Así no se hace justicia en este estado, no se trata así a la gente, tenemos derecho de asociación, el derecho de exigir justicia, ojalá que hayan respondido a una mala instrucción dada y mal entendimiento de lo que es la autoridad”.

Por estos hechos, Álvar Cabeza de Vaca Appendini negó "la intromisión" de los agentes estatales" y la vulneración de los derechos de estas personas; según sus policías atendían un reporte de un hombre drogandose en vía pública y al pasar "la senadora les marcó el alto" y los comenzó a grabar.

Víctimas buscarían que les resarzan el daño

Las familias de las cuatro víctimas del atropellamiento y los ahora liberados expusieron en la reunión con Malú Micher lo que han vivido dentro y fuera de la cárcel, entre ellos resalta el testimonio de la hermana de María Teresa, una de las menores asesinadas, que junto con su esposo fueron obligados a dejar a su hijo de brazos al cuidado de la abuela materna porque el estado los acusó de terrorismo, además de una madre soltera que dejó a su hijo al cuidado de la familia porque la detuvieron.

Todas las víctimas realizarán una relatoría de hechos y buscarán ingresarlos a la Procuraduría estatal de Derechos Humanos para que les resarzan el daño ocasionado por el estado.

Feminicidio, el múltiple asesinato: Malú Micher

En el caso de las menores asesinadas, la senadora Malú Micher expuso que se debe reparar el daño. “Las niñas tenían 17 años, el nivel de vida es de 75 deben reparar el daño, tienen que pagarle los años que no vivieron… Al Poder Judicial (le pido) que corrija el rumbo del juicio, porque una de las chicas asesinadas era acosada por el muchacho (detenido), molestaba a la chica y (ella) no quería hacerle caso, les guste o no les guste, es feminicidio”.

En el caso de las 17 víctimas detenidas por el estado, “(se) tiene que reparar el daño de una pareja que eran los únicos cuidadores de una niña y eso no fue suficiente para que el juez tomara en cuenta que eran los únicos cuidadores, hay un muchacho que se deprimió, que quiso quitarse la vida, hay que repararle el daño, hubo gente que perdió su empleo y acusada de terrorista, han cometido demasiados errores”.

Políticos locales coinciden en represión policial contra ciudadanos

Milagros Soto Gómez, priista y excandidata a la alcaldía por Cuerámaro, coincidió que hay otros municipios con mayor índice delictivo que requieren la protección de los elementos de seguridad pública del estado y no deben de usarlos para represión política.

Aseguró que en seguridad lo que se ve es una patrulla municipal o estatal “resguardando la casa de la alcaldesa en lugar de estar cuidándonos y protegiéndonos” (al resto de los ciudadanos).

“Es un maquillaje (de la autoridad local) al decir trajeron las fuerzas estatales y gracias a ellos tenemos una ola de seguridad fenomenal” cuando no bajan los robos a casa habitación o el robo de autos, que son los delitos comunes en el municipio. “Esta administración (del PAN) se ha caracterizado por el recelo político, 'yo ahora gobierno, yo estoy al frente de la administración, no puedo dejar que ningún otro partido sobresalga'”.

Mientras que para José Badillo, expresidente del Comité Municipal del Morena, con la policía local es suficiente para la seguridad del municipio, “otra cosa es que falten elementos”, pero “con el respaldo de la policía estatal con los municipios sentimos que es para represión y coacción”.

Confirmó que hay quejas de los ciudadanos, de que los policías estatales los hostigan, incluso recordó que han “sentido una especie de cacería de brujas” porque la noche de la manifestación “cuando detuvieron a la gente, vinieron a mi domicilio dos policías para detenerme”, pero no se encontraba, “me moví”, luego de forma extraoficial le informaron que “estaban preparando una orden de aprehensión” en su contra.

El municipio de Cuerámaro tiene un área de 260 kilómetros cuadrados, colinda con los municipios de Romita, Pénjamo, Abasolo y Manuel Doblado, cuenta con más de 30 mil habitantes, actualmente es gobernado por Acción Nacional a cargo de Ana Rosa Bueno Macías, pero en los últimos 15 años ha habido alternancia, del 2003-2006 PAN, 2006-2009 PRI, 2009-2012 PAN, 2012-2015 PRD y desde la administración 2015-2018 a la fecha gobiernan los panistas, partido que tiene el poder en el estado, y que, sin embargo, no ha podido resolver este conflicto social.