El caso de Raúl Julio Escobar Poblete, el chileno que en San Miguel de Allende se hizo conocer como Ramón Alberto Guerra Valencia y a quien en la organización de corte guerrillero “Frente Patriótico Manuel Rodríguez” le llamaron “Comandante Emilio” tiene tantas aristas y facetas como nombres y apelativos se han presentado aquí de este personaje.

No se trata de un caso cerrado, por más que las autoridades de procuración e impartición de justicia en Guanajuato y el propio gobernador Diego Sinhue Rodríguez lo han querido presentar o por más que se han esforzado en ello.

Para las autoridades locales, su captura como presunto involucrado en el secuestro de una ciudadana franco-estadunidense cometido entre marzo y mayo de 2017 significó posteriormente la posibilidad de mostrar que algo, por fin, se había conseguido para develar los misterios de la serie de secuestros de alto impacto que en las últimas décadas mantuvieron en vilo a empresarios, familias y algunos políticos prominentes de la región y del centro del país, a partir de una primera víctima conocida públicamente, el empresario Eduardo García Valseca.

El modus operandi establecido fue harto conocido: secuestros por largos periodos de tiempo -varios meses-; el encierro de las víctimas en pequeños cajones donde apenas y podían moverse, aislados del exterior pero con el permanente sonido de música a alto volumen; alimentación precaria, deterioro físico exhibido en las pruebas de vida o mensajes enviados a las familias…

Pero además, como se sabe, la historia de la captura del hombre idóneo para ser responsable de estos secuestros dio un giro de alcances internacionales cuando se conoció la verdadera identidad de Ramón Alberto Guerra Valencia, el hombre detenido en circunstancias que ya de inicio generaron dudas y confusión, pues aparentemente seguía a un taxista al que le habían encargado entregar un paquete que no era más que una prueba de vida para familiares de la mujer que permanecía secuestrada.

Guerra Valencia resultó ser el ex guerrillero chileno Raúl Julio Escobar Poblete, integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, uno de los movimientos que confrontaron a la dictadura encabezada por el general Augusto Pinochet. Pero además, protagonista de un episodio insólito, la operación “Vuelo de justicia” en la que Escobar encabezó desde un helicóptero la liberación de cuatro de sus compañeros del frente que estaban presos en una cárcel de alta seguridad en Chile.

En México adoptó la identidad de Ramón Alberto Guerra Valencia y tuvo una vida apacible por 20 años. Foto: archivo

Acusado en su país -por los gobiernos derechistas- de atentado terrorista con resultado de muerte y secuestro, parecía una obviedad que Raúl Julio Escobar fuera en automático extraditado a Chile para enfrentar esos cargos y quedar preso.

Así ocurrió con su ex compañera Marcela Mardones, quien se había ocultado en San Miguel de Allende junto con Escobar y otros dos integrantes del Frente, uno de ellos Ricardo Palma, uno de los ‘rescatados’ que lograron evadir la prisión chilena con ayuda del comandante Emilio.

Al ser descubiertas sus verdaderas identidades a raíz de la captura de Escobar, Ricardo Palma logró salir de México y llegar a Francia, donde pasaron pocos días para que el gobierno le otorgara el asilo político y hasta donde no pudieron llegar la Procuraduría y actual Fiscalía del estado ni la general de la República.

Ambas instancias lo señalaron como cómplice de Escobar e integrante de la presunta banda internacional a la que adjudicaron todos los secuestros de alto impacto cometidos en la zona, incluyendo el del panista Diego Fernández de Cevallos, quien permaneció privado de su libertad entre mayo y diciembre de 2010.

Una tercera persona acusada formalmente por la actual Fiscalía de Guanajuato -con el mismo titular de entonces y ahora, Carlos Zamarripa Aguirre- como implicada o cómplice fue Isabel Mazarro, actual esposa de Raúl Julio Escobar, quien había logrado salir de México y asentarse en España, su país natal.

A la Fiscalía guanajuatense tampoco le alcanzó el brazo hasta allá; se negó la extradición y hace un par de meses fue de plano exonerada de cualquier cargo.

Es importante referir todo el contexto anterior para entender que, de todos los acusados como supuestos integrantes de “La” banda de secuestradores, las autoridades guanajuatenses sólo han podido tener en sus manos a Raúl Julio Escobar. Y no lo soltaron.

Es al único que pudieron llevar con la acusación ante una juez penal, que lo sentenció culpable y lo condenó a 60 años de prisión. Ante una apelación, en el Poder Judicial del estado se ratificó la sentencia.

Aquí es caso cerrado y una condena que Escobar Poblete purga en el Cefereso de Ocampo. Pero la historia podría cambiar.

Cabos sueltos, diplomacia internacional, una conjura surgida desde la derecha en Chile que encontró generoso eco en el panismo guanajuatense… o dos juicios de amparo serían llevados hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrían provocar el giro del caso.

Ilustración: Pinche Einnar.

A la par de una campaña iniciada desde las redes sociales a través de una página de Facebook llamada “Compa Emilio: los vuelos por la libertad”, amistades y ex compañeros del chileno en su país se aferran a poner en duda que Escobar sea ése, el secuestrador cabecilla de una banda.

Y no sólo eso, sino que despliegan una defensa amplia que no sólo pretende echar por tierra la sentencia local, sino también la extradición que al final del sexenio de Enrique Peña Nieto se otorgó con inusitada rapidez.

En ambos caminos el juicio de amparo podría llevar la historia de Escobar hasta la Suprema Corte de Justicia.

Su abogado en el tema de la extradición, Ángel Maximiliano Santiago, ha anunciado que “el caso de la extradición del comandante Emilio o Raúl Escobar Poblete por fin ha llegado hasta las últimas instancias y se encuentra ya en la antesala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México”, cuyo ministro presidente de la Primera sala ha pedido con sorprendente prontitud los informes del caso para determinar si lo atrae la máxima instancia judicial en el país.

La misma ruta se estaría tomando en la defensa del chileno para impugnar la sentencia por secuestro, ahora en manos del Centro de derechos humanos “Zeferino Ladrillero”, para el que Escobar no solamente contó con una defensa deficiente en el juicio en primera instancia, sino que además -en su hipótesis como defensa, la que pretende demostrar en los próximos meses- habría sido víctima de una persecución feroz desde la derecha en su país, que se pudo haber consumado con la intervención de la derecha en México, en Guanajuato.

Por ahora, se puede dar por hecho que se trata de un proceso abierto, una historia no concluida, una más de las sombras sobre la administración de justicia en el estado.

Se puede dar por hecho que en las instancias de Guanajuato fue encontrado culpable y sentenciado, pero el camino de este proceso no termina aquí.

Y se puede dar por hecho que en esta realidad en la que los “generadores de violencia” siguen generando violencia después de ser capturados; en la que los restos de personas desaparecidas que son buscados en los cerros permanecieron por años en un Semefo, o en la que una estrategia gubernamental en un estado donde no hay un día sin homicidios violentos se anuncia como “Guanajuato seguro” cualquier cosa es posible.