Texto y fotos: Edith Domínguez

“Existe el riesgo de que (Jorge Romero) pueda tener protección por el puesto como diputado federal. Tengo miedo que por esto no se me haga justicia por el delito (de violación) que denuncié”, fueron las palabras de Regina dirigidas a la jueza Yolanda Frausto en la audiencia efectuada el jueves 16 en Irapuato, solicitada por ella para que se incrementaran las medidas medidas cautelares a Jorge Romero Vázquez, diputado federal electo del PAN e imputado como presunto responsable de agredirla sexualmente.

La joven planteó que Romero no está imposibilitado a tomar protesta al cargo al haber sido elegido por el voto ciudadano como diputado federal por el distrito 09. Pero la petición fue negada.

Jorge Romero.

En contraparte, la defensa de Jorge Romero aprovechó esta misma audiencia para solicitar la suspensión condicional del proceso y el sobreseimiento, al proponer una reparación del daño por 33 mil 600 pesos, con los que se pagarían 48 sesiones psicológicas. Esto fue rechazado por la víctima, por sus abogados y finalmente por la jueza.

Regina espera el resultado del juicio de garantías que se interpuso ante un juez federal luego de que la Fiscalía reclasificó el delito de violación a abuso sexual, lo que benefició a Jorge Romero para seguir su proceso en libertad.

Representante de la Fiscalía estatal da la espalda a víctima otra vez

Durante la audiencia, estas fueron las medidas cautelares que solicitaron las abogadas de Regina:

1. Se le prohíba ejercer su función como diputado electo “porque no habría una garantía de que pueda estar en todo el proceso”.
2. Se le prohíba a Jorge Romero acercarse al Congreso Federal o a cualquier otro Congreso.
3. Que firme cada semana y no cada mes como se había impuesto.

Las representantes de Regina pidieron que estas medidas se sumaran a las ya existentes: no salir del país sin autorización, no acercarse a la víctima, a familiares y testigos, pues argumentaron que las medidas cautelares ya impuestas “no son suficientes para impedir que el ahora acusado pueda tener protección con el fuero”. Incluso expusieron que diputadas del Partido del Trabajo (PT) tomaron la tribuna para denunciar que había la intención de Jorge Romero de tomar posesión al cargo, “es un hecho notorio que no tendría que ser probado porque fue público”.

Sin embargo, señalaron, “al día de hoy no hay postura de la Mesa directiva (de la Cámara federal) para que no se constituya como diputado” por lo que si toma protesta no podría ser procesado.

Regina, la primera denunciante contra Jorge Romero.

Pero Gloria Patricia Crespo, Ministerio Público que acudió por parte de la Fiscalía como representante de Regina, no solamente no apoyó lo expuesto por las asesoras de la víctima, sino que afirmó ante la jueza que Romero “ha cumplido” con las medidas impuestas; incluso informó que el 1 de diciembre Romero Vázquez pasó a firmar (la siguiente fecha sería el 1 de enero), además de que no ha salido del país, porque así lo expone con la presentación del pasaporte.

Los abogados del imputado consideraron inadecuado e ilegal lo que solicitaron las asesoras, sostuvieron que “es su derecho de tomar protesta ante la cámara de diputados” aunque en reiteradas ocasiones también dijeron que no había sido el deseo de Jorge Romero hacerlo, a pesar de que “ya había sido elegido por los irapuatenses”. Los defensores refutaron el “hecho notorio” (de lo ocurrido en la Cámara federal) expuesto por las abogadas de la víctima pues señalaron que las notas periodísticas no pueden tomarse como un hecho probatorio.

Después, se sumaron a lo argumentado por la representante de la Fiscalía (en los hechos su contraparte en el proceso judicial): “la Fiscalía dijo que han sido cumplidas por Jorge Romero” las medidas, resaltaron.

En ese momento de la audiencia celebrada en una sala del Poder Judicial de Irapuato, Regina tomó la palabra y dijo a la jueza: “existe el riesgo que pueda tener protección por el puesto como diputado, tengo miedo que por esto no se me haga justicia por el delito (de violación) que denuncié”.

Jorge Romero solo escuchó, no quiso añadir nada a lo ya expuesto por sus abogados.

La jueza Yolanda Frausto decretó que se mantenían las medidas cautelares impuestas, sin cambios.

Intenta ‘madruguete’ la defensa de Romero

En la misma audiencia, los abogados de Jorge Romero solicitaron la suspensión condicional del proceso y su sobreseimiento, al ofrecer a Regina una reparación del daño psicológico traducida en el pago de 33 mil 600 pesos, que ampara 48 sesiones psicológicas. Además ofrecieron que no se acercara a la víctima ni a sus familiares.

La joven tuvo una crisis que obligó a la jueza a declarar un receso por un lapso indefinido. Al regreso a la sala, la fiscal Gloria Patricia Crespo -agente del Ministerio Público- esta vez respaldó los señalamientos de las asesoras de Regina: el motivo de la audiencia fue la revisión de las medidas cautelares.

Las abogadas defensoras de la víctima solicitaron a la jueza que desechara la propuesta de los abogados de Romero.

Laura Diana Orozco Marín, asesora de Regina, explicó al salir de la audiencia que la reparación del daño debe incluir varios conceptos. “México ha sido sujeto a varias sentencias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se les ha reiterado que tienen que considerar muchos conceptos hacia la víctima para reparar el daño; sin embargo, la Fiscalía (de Guanajuato) solamente advierte que un tratamiento psicológico es una reparación del daño, siendo que las leyes tanto constitucionales y nacionales hablan de que se tienen que establecer otros conceptos, lo procedente, proyecto de vida, daño moral, y algunas otras cuestiones que están en tratados internacionales y que se está obligada a verificar por la misma autoridad”.

Por ello, dijo, el ofrecimiento de los abogados del inculpado “no cubre los conceptos que la Ley marca; el artículo 64 de la Ley General de Víctimas es muy claro y ahí vienen los conceptos, no se trata de un tratamiento psicológico, esta situación no solo se da en el caso de Regina, sino en conductas reiteradas por parte de la Fiscalía”.

Las asesoras de Regina también informaron en la audiencia que ya presentaron una demanda de amparo con la que buscan justicia y van a esperar ese resultado; en el juicio demandan que se eche abajo la acción de la Fiscalía General de Guanajuato a través del Ministerio Público, al reclasificar el delito de violación a abuso sexual.

“Pretendemos obtener la justicia constitucional para que un juez federal verifique que es totalmente inconstitucional y contra todos los derechos humanos de Regina la variación de los hechos que ha realizado el ministerio público en el escrito de acusación”, explicó María Márquez, también asesora, al término de la audiencia.

Karla Janet Castañeda, otra asesora de Regina, fundamentó la negativa a la propuesta de la contraparte: “no ha aceptado los hechos por los que fue imputado”.

Además, expuso que presentarán un peritaje psicológico y a dos peritos en la materia.

Laura Diana Orozco Marín solicitó la justicia con perspectiva de género, una reparación del daño integral y no ir en contra de los derechos de las víctimas.

Al final, la jueza negó la suspensión provisional del proceso. “No voy a conceder la suspensión” pues se deberá esperar la respuesta del amparo presentado por la reclasificación del delito y desahogarse las pruebas para determinar la reparación del daño.

Abogado de Jorge Romero.

Al término de la audiencia, las abogadas y Regina explicaron que hasta este momento la Fiscalía General de Guanajuato no les ha informado por ninguna vía por qué reclasificó el delito del que se señala a Romero como presunto responsable, el de violación.

“Es un proceso muy cansado, muy desgastante, frustrante; tuve una pequeña crisis en parte de la audiencia pero me recuperé -explicó Regina al término de la audiencia-. Esta decisión me ha dado fuerza para seguir adelante por mí y por muchas más que no están o que no pueden hablar por alguna situación y creo que es una batalla (en la) que no voy a soltar la toalla y no me voy a quedar callada”.

También explicó que aunque el Fiscal General de Guanajuato ofreció que se reuniría con las víctimas, no ha sido contactada por él o sus asesores.

Para Regina, en estos meses después de que presentó su denuncia el actuar del ministerio público ha sido pobre. “Hasta el momento ni siquiera he recibido ninguna llamada, únicamente una notificación para verificar lo de las medidas cautelares, pero en cuanto a otro tema no he recibido ningún comunicado por parte de ellos”.

Por esto, dijo sentirse “en un estado de indefensión por parte del Centro de Justicia para las Mujeres” aunque ahora, comentó, están haciendo buen equipo con las abogadas que la representan.

Después que el miércoles en una conferencia de prensa desde el Senado anunciaron la intervención internacional de un equipo jurídico de Chile, la abogada Laura Diana Orozco Marín explicó que ese proceso ya se está trabajando. “Es un litigio internacional donde ellos han concedido a través de la CEDAW que haya intervenido (en Perú) en un tema de esterilización y en Argentina respecto a feminicidios y estamos esperando que se pueda pronunciar respecto a eso también con México, respecto a las violaciones de los derechos humanos de Regina”.

Por su parte, Jorge Romero y sus abogados se negaron a hablar “por respeto al proceso legal”.