Con información de Melissa Esquivias y Martha Silva

Imágenes: Juan José Plascencia

Familias afectadas por el desalojo de sus predios y viviendas en Jardines de Capellanía, en el municipio de León, una cincuentena de personas realizaron un nuevo acto de protesta: este martes por la tarde marcharon desde el Arco de la Calzada rumbo a Presidencia Municipal, vía el bulevar López Mateos, interrumpiendo brevemente el tráfico con sus consignas y denuncias de lo que calificaron como un despojo ilegal de su patrimonio en un acto de corrupción validado por jueces y cometido, aseguraron, con abusos por parte de policías de varias corporaciones.

Al respecto, de la actuación de agentes municipales, estatales, ministeriales y de la Guardia Nacional durante el desalojo del terreno, que ocurrió la mañana del 17 de noviembre, se informó que la Secretaría Técnica de Honor y Justicia abrió un expediente de investigación por posibles actos irregulares. Incluso, durante esa jornada el fotoreportero Ian Martínez fue detenido mientras cubría los hechos. Fue liberado poco después.

Y aunque el regidor de oposición Antonio Cabrera buscará asesorar a los quejosos, ninguna otra autoridad se ha acercado para brindarles algún apoyo, ni siquiera emergente, pese a que entre los afectados hay adultos mayores que se quedaron sin casa.

Por esta urgencia de diálogo y apoyos fue que los participantes de la manifestación decidieron "tomar" uno de los carriles del importante bulevar López Mateos, en el sentido Oriente Poniente, y a la altura del Malecón del Río de los Gómez, avanzaron rumbo al centro de la ciudad, mientras mostraban sus pancartas a automovilistas, transeúntes y usuarios del transporte público, para informarles lo que pasó con Jardines de Capellanía y buscando su solidaridad.

"No somos paracaidistas", "Compré mi terreno con mucho sacrificio", eran las consignas.

La protesta se realizó sin incidentes mayores, solo un intento subido de tono y sin éxito, por parte de un funcionario municipal identificado como Enrique López Oviedo, de desviar la manifestación que ya avanzaba por López Mateos, presuntamente, por la propia seguridad de los manifestantes.

Esto, pese a que desde antes de partir del Arco de la Calzada, los organizadores habían informado que tomarían esa ruta, es decir: se les permitió avanzar por la calle Congreso aunque sin vigilancia de Tránsito Municipal y solo estando ya sobre López Mateos, se les pedía retirarse de ahí.

Los inconformes no cedieron y avanzaron por varias cuadras hasta llegar a la calle Hidalgo, que recorrieron para llegar a la explanada frente al edificio municipal, que a pesar de que tenía las puertas abiertas, no los recibió ninguna autoridad.

Desde ahí eran observados por varios funcionarios de la Secretaría de Ayuntamiento, entre ellos, la persona que encaró a los organizadores al intentar desviar la manifestación.

El acto terminó en un mitin donde los inconformes reafirmaron las denuncias de excesos contra la comunidad de Jardines de Capellanía, cometidos bajo el amparo de supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias.

Amargo despertar

La mañana del pasado miércoles, día del desalojo, el sol apenas despuntaba cuando contingentes de agentes de varias corporaciones marcaron un radio de 500 metros alrededor de la comunidad Jardines de Capellanía, ubicada al sureste de la ciudad de León, cerca de la Ex Hacienda Capellanía de Loera, aproximadamente a 5 kilómetros del Puente del Milenio.

Comenzaron impidiendo el acceso y limpiando los terrenos que estaban en las 24 hectáreas. Según los testimonios recogidos, ni el actuario ni la juez que encabezaron el desalojo presentaron la orden, afirmando que el juicio por la posesión de estos predios se habría resuelto a favor de la empresa Agros Unidos, propiedad de José Luis Díaz del Castillo y varios de sus familiares, en un conflicto que tiene años, pero que en abril de 2020 sufrió su primer intento de desalojo.

En un texto de julio de ese año, POPLab reseñaba el caso:

"Víctimas de la compraventa ilegal de predios, las familias de Jardines de Capellanía buscan defender las propiedades que adquirieron con el esfuerzo de muchos años. Acechados por la fuerza pública, con una nueva orden ilegal de desocupación forzada en proceso, las familias celebran asambleas, hacen trabajos comunitarios donde se involucran niñas, niños, personas mayores, jóvenes y adultos; protegen al medio ambiente local y dan inicio a un trabajo político con por lo menos sesenta familias, y sumando".

De ese trabajo solo queda la experiencia. Este 17 de noviembre, el desalojo finalmente se consumó: con maquinaria pesada arrasaron incluso con la zona verde, mezquites, huizaches, nopales, que la comunidad preservaba con muchos cuidados, sin presentarse documentos de Impacto ambiental de la SMAOT, por ser especies protegidas. Arrasaron con las casitas construidas con muchos sacrificios. Arrasaron con el sueño de una comunidad sostenible que utilizaría energías limpias para abastecerse, con una zona natural protegida, con talleres y otros proyectos educativos para la comunidad.

Los agentes detuvieron con violencia a tres personas, bajo la acusación de interrumpir el actuar de la fuerza pública, pero a las pocas horas fueron liberadas, previo pago de fianza.

Para los más afectados, aquellos que perdieron su patrimonio, la misma comunidad les buscó hogares provisionales. Y aunque pudieron recuperar algunas pertenencias, otras fueron mal dispuestas y quedaron inservibles. De unas más, no quedó rastro: presuntamente los mismos policías las habrían robado, una televisión y herramientas, según testimonios:

Conferencia de prensa

El lunes, en jornada previa a la marcha, los afectados del desalojo en Jardines de Capellanía realizaron un mítin frente a Presidencia Municipal al filo del mediodía, donde denunciaron los hechos del 17 de noviembre, en los que según relataron, participaron fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno: “fue un despojo ilegal, se violaron las garantías individuales y los derechos fundamentales sin presentar una orden de desalojo”.

Roboan Rodríguez, vocero comunitario, declaró ante el micrófono que en el desalojo fueron destruídas con maquinaria tres hectáreas de áreas protegidas por los habitantes de Capellanía.

“No somos paracaidistas”, lanzaron algunos de los afectados en el micrófono, y recordaron que reiteradamente sus solicitudes de audiencia han sido ignoradas por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, el exalcalde Héctor López Santillana y la actual alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos.

Durante el mítin, los afectados hicieron de conocimiento público que el caso será tomado por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT).

Este miércoles 24 el subprocurador Aarón Rodríguez Cervantes recibirá a un grupo para analizar el despojo con enfoque ambiental.

“Recibimos una llamada del subprocurador, empezando por el lado ambiental, este conflicto tiene muchos ángulos. Nos quiere atender el próximo miércoles por todo el daño ambiental que se causó (...) El Municipio no se ha acercado para nada”, informó Roboan Rodríguez.

Roboán Rodríguez, en el arranque de la marcha de este martes.

Regidor buscaría conciliación

El regidor Antonio Cabrera Morón (Morena), presidente de la comisión de derechos humanos del Ayuntamiento de León, fue la única autoridad que reconoció haber recibido a afectados de Jardines de Capellanía; al respecto, comentó que puesto que fue avisado del desalojo cuando este ya se había consumado, se comprometió a revisar cómo se dio el juicio, comprobar que se haya realizado de manera correcta, para "buscar conciliar" a ambas partes procesales del juicio, pues dijo que la zona de predios en disputa "es un pedacito", y ver "qué se puede rescatar".

Algo importante de esa zona es que está muy cerca del parque industrial, PILBA, donde está una empresa trasnacional, Michelín, dijo el edil morenista, quien reconoció que le falta información, "para que los intereses trasnacionales no se vean involucrados en limitar el acceso a un derecho humano como es la vivienda digna".

Investigarán a policías por irregularidades durante desalojo

Por medio de un comunicado, la Secretaría Técnica de Honor y Justicia, perteneciente a la Secretaría de Ayuntamiento, informó que inició un expediente de investigación por posibles actos irregulares cometidos por elementos de policía en medio de lo que llamó "un desalojo ordenado por un juez en Jardines de Capellanía".

"Si bien, la intervención de los elementos tuvo lugar por instrucciones del Poder Judicial en medio de la ejecución de la sentencia de un juicio entre particulares, el personal de la Dirección General de Gobierno ha mantenido constante comunicación con las personas quejosas con la finalidad de conocer sus necesidades e inquietudes".

El expediente iniciado por la Secretaría es el número 290/21- POL.