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Crisis de corrupción y complicidad criminal disminuye a clase política de Guanajuato
La justicia en el estado llevó a una exalcaldesa del PRI a pasar 36 horas en prisión por 1.5 millones de pesos, mientras que a 12 años del caso Traesa, ningún panista ha pisado el Cereso y sigue el proceso para recuperar 2.5 millones
Con información de Carmen Pizano y Edith Domínguez
En Guanajuato aumentan las dificultades para gestionar los problemas de municipios y estado, pero en lugar de esmerarse, la imagen de su clase política se deteriora. En parte la responsabilidad es por señalamientos de corrupción, de los cuales algunos han terminado en procesos penales y administrativos; sin embargo, en fechas recientes también han aparecido nexos de políticos con grupos del crimen organizado.
Mientras la delincuencia ha crecido de forma exponencial y la economía se ve amenazada por un desplome del turismo, producto de la misma violencia y de la caída a nivel nacional, así como de la inversión extranjera afectada por las guerras comerciales a nivel mundial, en Guanajuato los alcaldes, los integrantes de consejos ciudadanos y funcionarios estatales enfrentan acusaciones de corrupción, investigaciones de los órganos de control y, a últimas fechas, investigaciones por nexos criminales.
Políticos que han llegado a cargos públicos por el voto ciudadano se han convertido en escándalo cuando salen a la luz pública los presuntos nexos con organizaciones criminales que los han llevado a ser observados por la ley.
Entre los alcaldes que han sido investigados por sus supuestos vínculos con la delincuencia organizada están Juan Lara, presidente municipal de Villagrán, el único municipio que ganó Nueva Alianza, además de Genaro Martín Zúñiga, alcalde de San José Iturbide, emanado de Morena. Ambos son investigados por su presunta participación con la organización criminal Santa Rosa de Lima, tras difundirse el audio de una conversación en el que son mencionados.
El audio es protagonizado por un exalcalde que también es investigado por la Fiscalía General del Estado no solo por presuntos nexos criminales, sino por irregularidades durante su gestión como presidente municipal en Cortazar, se trata del experredista Hugo Estefanía Monroy.
El actual alcalde de Manuel Doblado, el priista Adolfo Alfaro también ha concentrado la atención de la ciudadanía luego de que se diera a conocer la detención de su director de Seguridad Pública, Alejandro Alanís Muñoz, por privación de la libertad y portación de armas de fuego sin permiso.
Solo persiguen a opositores
Aunque no solo políticos opositores al PAN han sido señalados por corrupción, los procesos que van en contra de quienes no han representado al partido en el poder en los cargos públicos avanzan a mayor velocidad.
Tal es el caso de la exalcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, quien estuvo retenida en el Cereso durante 36 horas por el delito de peculado, al contratar durante su administración empresas fantasma por 1.5 millones de pesos; en tanto, los panistas involucrados en el caso Traesa, en Irapuato, mantienen cargos públicos a 12 años de las irregularidades en el manejo de recursos públicos que superarían los 4 millones de pesos.
El fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, reveló identidades de políticos investigados, aunque todos ellos son militantes de partidos ajenos al PAN.
A la fecha se desconoce si ya existe una investigación abierta por las presuntas irregularidades en el manejo de 40 millones de pesos de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en el municipio de Silao, durante la gestión del panista Juan Antonio Morales Maciel.
La Fiscalía General del Estado tampoco ha confirmado procesos abiertos en contra de Antonio Arredondo Muñoz, exalcalde de Salamanca y ahora subsecretario de Planeación y Operación para la Organización de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, pese a los señalamientos que ha hecho la entrante administración de Beatriz Hernández Cruz, luego de detectar una serie de irregularidades durante la gestión de su antecesor en el gobierno salmantino.
La tardía actuación de los entes fiscalizadores y de quienes están a cargo de investigar las presuntas irregularidades ha llevado a que panistas salgan librados de los señalamientos por corrupción porque los delitos prescriben, tal es el caso del uso de recursos públicos durante el sexenio de Juan Manuel Oliva Ramírez.
A pesar de que han transcurrido nueve meses del cambio en la administración estatal, a la fecha tampoco se ha tenido resultados de investigaciones por presuntas irregularidades durante el gobierno de Miguel Márquez Márquez, pese a señalamientos de corrupción en áreas como salud, finanzas, educación. Tampoco se ha investigado al llamativo enriquecimiento del compadre del exgobernador, el empresario irapuatense Rafael “El Gallo” Barba.
Ex alcaldes panistas bajo investigación
Los casos de corrupción por parte de panistas no son nuevos, pero se han ido aplazando los resultados y sanciones durante años, como el polémico caso Traesa de Irapuato, cuando la administración municipal de Mario Turrent contrató a un particular para el servicio de limpia. El municipio pagó y el particular no cumplió, pero ahora los principales responsables siguen en cargos públicos, como el caso de la actual diputada local, Lorena Alfaro García, quien fungió como tesorera en la administración de Turrent.
A doce años del caso Traesa, donde hubo un daño y perjuicio a la hacienda y patrimonio público del municipio de Irapuato de 2 millones 570 mil pesos al entregar el cheque al representante legal de la empresa, José Gerardo Zimbrón Carranza, sin tener el cheque cruzado, que finalmente la empresa no cumplió el contrato.
Una denuncia más reciente contra un militante blanquiazul ha sido la interpuesta contra Antonio Arredondo, actual funcionario en el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, por la contratación de constructoras que incumplieron con obras.
Desde el arranque de la administración de Beatriz Hernández, a su vez, ex militante panista que llegó al gobierno bajo auspicio de Morena, ha señalado constantes irregularidades durante la gestión de Arrendondo, aunque fue hasta hace una semana que anunció la presentación de tres denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Todos contra Turrent
Por el caso Traesa, el único que oficialmente deberá pagar es el exalcalde y expanista Mario Leopoldo Turrent Antón, a quien ya se le embargó la mitad de la Hacienda la Caja, que de no reparar el daño se remataría. El pasado mes de mayo se dio a conocer públicamente que el municipio de Irapuato embargó la Hacienda la Caja, única propiedad que resultó a nombre de Turrent Antón, para reparar el daño por el caso Tratamientos Especializados S.A de. C.V (Traesa), luego que el Supremo Tribunal de Justicia condenó al pago al exalcalde y a Traesa.
El remate sólo podrá darse por la mitad del inmueble, debido a que Mario Turrent Antón y de su esposa Lorenia Olivares, ambos posean la propiedad en un 50 por ciento cada uno.
José María González, director jurídico del municipio, informó que se hizo el requerimiento, se ejecutó y se embargó. Al monto de 2.5 millones por el caso Traesa se tiene que sumar los gasos legales.
“Si no se paga procederemos al remate del bien embargado. Nada más el inmueble está embargado… Son aproximadamente de 2.5 millones más, alrededor de anexidades legales de un poco más de 1.5 millones; es decir arriba de los 4 millones”.
Turrent Antón tiene como fecha para liquidar la deuda hasta antes del remate, que éste podría llegar entre 4 y 5 meses después del embargo.
“Es lo que se puede llevar (de) tiempo los procedimientos de evaluación del bien que es la designación del perito de ambas partes, si hay discrepancia en los valores entra un tercero, en ese inter puede haber solicitudes de los peritos de la ampliación si es completo el trabajo… El municipio no tiene la disposición física del inmueble, se embargó, se realizaron los trámites para la inscripción del embargo del registro”.
Los panistas que lograron evadir la responsabilidad son: Lorena Alfaro, extesorera municipal en la administración 2007 y hoy diputada local por el PAN; el panista Julio Rubio, ex director general de Servicios Públicos; el ex secretario del Ayuntamiento Fernando Fernández; así como los entonces regidores integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Arrendamiento, así como la directora de la Coordinación Jurídica.
Culpa de Romero Hicks, señala ex contralor
A 12 años del caso, el ex contralor municipal Agapito Vázquez denunció que no se aplica la justicia por igual en el estado, al comparar el caso Traesa de Irapuato, donde hay panistas inmiscuidos, con el de la priista Bárbara Botello de León. El delito es el mismo: peculado, aunque en el caso del PAN el monto es mayor.
Incluso, responzabilizó al actual coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, de encubrir a su yerno Fernando Fernández para salir libre del caso.
“En Guanajuato no se ha juzgado con el mismo racero, ni se aplica la justicia pareja como mucho lo ha presumido el gobernador Diego Sinhue. Son parciales y sesgados porque un asunto como de Bárbara Botello, de un monto de 1.5 millones de pesos tiene 2, 3 años, y un asunto como Traesa no se ha tocado nada, no obstante que el monto es superior y la causa del peculado es la misma”, explicó.
Caso Arredondo
La administración municipal de la morenista Beatriz Hernández Cruz en Salamanca va contra el panista Antonio Arredondo Muñoz e integrantes de la pasada administración, al presentar tres denuncias penales en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, por presuntas irregularidades en la asignación y uso de los recursos públicos en tres obras asignadas a dos empresas constructoras.
Las denuncias se presentaron el pasado 28 de mayo contra el exalcalde y actual subsecretario de Sedeshu, Antonio Arredondo Muñoz; el ex alcalde interino y actual presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, José Miguel Fuentes Serrato; el ex director de Obra Pública, Emmanuel Herrera Ruiz; Héctor Alfaro Montoya, ex tesorero municipal; Paul Herrera Ruiz exsubtesorero municipal; Guillermo Maldonado Hernández ex secretario de ayuntamiento; Vanessa Ochoa Juárez, ex síndico del ayuntamiento.
También van en contra de María de Jesús Aguirre Contreras, Yuliana López Martínez, Jesús Alejandro Durán Hernández, Sandro Humberto Peña Almaza, María del Rosario Belman Quintanilla.
Además, fue denunciado Jorge Martínez Gallegos, representante legal de las empresas constructoras Gurta S.A. de C.V. y Razo Logística of Bulding S.A. de C.V. y contra quien resulte responsable.
Karla Escárcega Robledo, secretaria del ayuntamiento, informó de las tres denuncias penales y explicó las tres obras en las que detectaron supuestos sobreprecios, la utilización de material de mala calidad y un pésimo trabajo de supervisión de obra porque éstas no están terminadas y en algunas hay daños estructurales.
El 26 de octubre de 2017 el municipio de Salamanca contrató a la empresa Gurta S.A de. C.V para la construcción de una planta tratadora de agua con su red eléctrica, alumbrado exterior y la colocación de una red de drenaje en la comunidad de Santa Rita, por el monto de 11 millones 312 mil 438 pesos, misma que terminaría en un plazo de 120 días naturales. El municipio entregó el 50 por ciento de anticipo.
Sin embargo, el 2 de enero de 2018 celebraron un convenio modificatorio, en donde acordaron incrementar el monto original con la cantidad de 949 mil 422 pesos, entregándole el contratista 7 millones 518 mil 964 pesos, elevándose así el costo de la obra a 12 millones 261 mil 860 pesos.
“Por trabajos no ejecutados, pagos en exceso por concepto de volúmenes no contemplados en el catálogo de conceptos, así como trabajos no contratados ni autorizados por deficiente calidad de materiales y asentamientos de estructura de concreto de la planta tratadora, que ocasionó al ejecutar una maniobra con grúa que no estaba contemplada ni autorizada, la maniobra ocasionó fracturas en la estructura que a la fecha no ha reparado el contratista”.
Aunado a que se utilizaron “materiales de mala calidad”, no se cuenta con evidencia fotográfica y no aplicaron penas convencionales por el retraso por ello, “se presume que desde el servicio público por parte de las áreas encargadas en supervisión no se aplicaron los esquemas correspondientes para garantizar el cumplimiento del convenio”.
A pesar del incumplimiento, , el municipio contrató a la misma empresa Gurta S.A. de. C. V. para la construcción de la segunda etapa de red de drenaje de la comunidad de Santa Rita, firmando un convenio por 4 millones 887 mil 653 pesos. La obra debía iniciar el 26 de mayo de 2018 y concluir el 22 de octubre de ese mismo año.
En los registro contables de la Tesorería Municipal la administración pasada dio un pago de 852 mil 446 pesos por “un incremento en el costo de la obra” pero no se cuenta con algún convenio modificatorio que explique la razón del incremento.
Aunado a que el municipio no recibió ninguna garantía, que es un trámite indispensable para celebrar un convenio en el que se realiza un pago anticipado. La obra a la fecha no se ha terminado.
La tercera obra por la que demandan es la red de agua potable en la comunidad de Santa Rita, que el municipio le entregó a la empresa constructora Razo Logística of Bulding S.A. de C. V., donde Jorge Martínez Gallegos es el mismo representante legal de la empresa que en el caso de Gurta.
El monto total de la obra es de 3 millones 369 mil 991 pesos, el compromiso de ejecución de 90 días naturales, la tesorería municipal entregó 556 mil 476 pesos por un supuesto incremento en la obra, pero no existe evidencia física de un convenio modificatorio y el contratista no entregó ninguna garantía. Hasta la fecha la obra no ha sido concluida.
La clase política en líos
Entre otros políticos que han sido señalados por incurrir en actos de corrupción se encuentra el extesorero del municipio de León durante la administración de Botello, Roberto Pesquera, quien se encuentra prófugo de la justicia.
Otros dos priistas que arrastran procesos por corrupción son los exalcaldes de Guanajuato Luis Gutiérrez Márquez y Edgar Castro Cerrillo, ante la omisión de cobrar el derecho de uso de la vía pública a la cablera Telecom SA de CV.
Ambos quedaron evidenciados de la falta de cobro por la colocación de cableado a la empresa que transmite la señal del canal TV Guanajuato, propiedad de Jorge Antonio Rodríguez, quien también ya fue señalado por el incumplimiento de contratos con el municipio y el Simapag por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (Aseg).
Un panista que siguió activo en los cargos públicos y que solo suspendió durante los dos años que le duró la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, es el panista Miguel Ángel Salim Alle, actual diputado del PAN.
La inhabilitación le fue impuesta por la Secretaría en el año 2013, siendo director del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (Isseg) por las pérdidas económicas que se generaron cuando colocó en el mercado 55 franquicias de farmacia.
El cargo en Isseg lo obtuvo luego de perder la elección por la alcaldía de León frente a la priista Bárbara Botello.
En 2015, dos años después de la inhabilitación, fue postulado por el PAN como candidato a diputado federal, luego vino para él la diputación local.
Consejeros ciudadanos señalados por corrupción
La representación de ciudadanos en consejos también sufre una crisis por las irregularidades en las que han incurrido algunos presidentes de organismos.
El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) se convirtió en un espacio perfecto para que sus representante hagan negocios. El expresidente del Consejo, Pedro González García, fue sancionado por incurrir en conflictos de interés, al beneficiarse con obras hidráulicas el fraccionamiento campestre Los Jacales, que es de su propiedad.
Tras la destitución de González García llegó a la presidencia del Consejo del organismo operador del agua, Jorge Ramírez Hernández, quien también ya fue denunciado por entregar una obra a la empresa Construcción y Servicios del Bajío, propiedad de su cuñado.
Apenas dos meses después de llegar al cargo de presidente del Consejo de Sapal, Ramírez Hernández ya enfrenta una investigación en la Contraloría por el contrato de más de 47 millones de pesos para su cuñado Enrique Aranda Flores.
Otro presidente de un organismo operador del agua señalado por corrupción es Juan Sebastián Ávila Victoria. El consejero del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado fue investigado por los contratos que entregó a la familia del empresario televisivo Jorge Antonio Rodríguez Medrano.
Recientemente, una investigación realizada por el activista Roberto Saucedo Pimentel evidenció las mentiras en las que cayó Ávila Victoria en un intento por justificar la comida con cargo al erario en el municipio de San Miguel de Allende un día domingo.
El caso más reciente de corrupción con un presidente ciudadano es por las presuntas irregularidades por más de 6 millones de pesos en el ZooLeón, durante la gestión al frente del patronato de Francisco Muñoz.
El contralor del municipio de León, Leopoldo Edgardo Jiménez, anunció que se abrió una investigación por la adquisición fuera de norma de dos trenes para el zoológico.
20 de junio de 2019, 15:09
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