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Denuncia de ecologistas sobre vertido de tóxicos a cuencas desata guerra entre SAPAL y ECOSYS
Concesionaria de la planta de tratamiento responsabiliza a la paramunicipal por la nula vigilancia de las descargas industriales, mientras SAPAL adelanta la no renovación de la concesión y una inversión multimillonaria para atender el problema
ECOSYS III, la concesionaria de la planta municipal de tratamiento de aguas más importante en León, rompió finalmente el silencio después de semanas de señalamientos por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) con relación a la responsabilidad directa de la empresa en la contaminación del río Turbio y el deterioro de la Planta Municipal de Tratamiento de Aguas Residuales y su Módulo de Desbaste.
Dos días después del comunicado de ECOSYS III, SAPAL reafirmó con un boletín el proyecto de reconversión de la planta mediante una inversión multimillonaria que no tiene justificación desde una perspectiva técnica señalada por organizaciones ecologistas en Guanajuato.
Hace quince días la organización Acción Colectiva Socioambiental A.C. dio a conocer los resultados de una investigación en la que se revelaba que, tras veinte años desde la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y diez desde que inició operaciones el Módulo de Desbaste (MD), SAPAL sigue sin tratar aguas altamente tóxicas de la industria curtidora, pese a que cobra a la ciudadanía por dicho servicio.

La investigación acumula evidencia sobre cómo SAPAL y la Industria Curtidora son los principales contaminadores de la Cuenca del río Turbio. Por un lado, SAPAL al solapar el vertido de agua industrial directamente a ríos y arroyos, y, por otro, al no sanear la totalidad del agua que llega a su planta municipal, desviándola por un canal de demasías que deja correr libremente sustancias contaminantes que terminan en aguas nacionales.
La contaminación del río Turbio, por los tóxicos que el sistema de tratamiento de agua municipal no alcanza a eliminar, se extiende hasta el río Lerma —sobre el cual afluye— y llega, finalmente, al lago de Chapala en Jalisco. En este sentido, el mal funcionamiento de la PTAR y el MD a cargo de SAPAL agudiza el conflicto por el agua entre los estados de Guanajuato y Jalisco, con megaproyectos hídricos pendientes como El Zapotillo.

Durante la sesión de instalación del Consejo Estatal del Agua (COAGUA) el pasado 13 de agosto, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), María Isabel Ortiz Mantilla, recordó frente al presidente del Consejo de SAPAL, Jorge Ramírez Hernández, y al director general del organismo, Enrique de Haro, que en Guanajuato existen nueve ríos con graves problemas de contaminación y que uno de los conflictos en el estado es la polución constante de cuerpos y corrientes de agua.
Guanajuato está dentro de las principales entidades con mayor riesgo de llegar al "Día Cero", debido a que agotará sus fuentes de agua en muy pocos años. Entre los ríos más contaminados de Guanajuato está el río Turbio, cuyo ecocidio es consecuencia directa de la mala gestión del agua por parte del sistema municipal de tratamiento de aguas de León y la industria curtidora que ha cobijado por decenios.
De acuerdo con la herramienta Acueduct Beta del Atlas de Riesgo de Agua (Water Risk Atlas) del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, siglas en inglés), Guanajuato se encuentra en una región con un riesgo extremadamente alto de agotamiento físico de sus cantidades de agua. Y, por otro lado, según el ranking nacional de la misma organización, es el 2° estado con mayor estrés hídrico en México, por encima de la CDMX.

ECOSYS III se deslinda de contaminación y deterioro de la PTAR-MD
El viernes 14 de agosto, ECOSYS III, la concesionaria de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y el Módulo de Desbaste dijo mediante su comunicado que SAPAL ha sido omiso con relación al "cumplimiento de sus obligaciones de vigilancia de las descargas industriales" que provienen de la industria curtidora. Según ECOSYS III "la falta de corrección de la calidad del efluente ha afectado gravemente el servicio público de saneamiento, provocando, en consecuencia, daños a terceros y al ambiente".
La concesionaria de la planta señala que desde 2014 la PTAR y el MD han presentado graves problemas con relación a la recepción del "agua cruda" que llega a la planta para su saneamiento. Dice ECOSYS III que SAPAL ha incumplido con "la fiscalización y el control de contaminantes industriales ha afectado" a su maquinaria y tecnología debido a los altos niveles de componentes químicos tóxicos, así como de residuos sólidos que no son retenidos por la industria y tampoco son supervisados por SAPAL.
"La entrega por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) de aguas residuales de calidades diferentes a las acordadas, integrándose en éstas, arenas, basura, recortes de cuero, sales, sulfuros, amoniaco, cromo, cal, pelambres y grasas, que han perjudicado el equipo mecánico, eléctrico y de proceso de la infraestructura de tratamiento, incluyéndose al propio colector que conduce las aguas residuales", reza el comunicado.

ECOSYS dice que la problemática fue señalada a SAPAL con anterioridad, existiendo de respaldo numerosos comunicados y avisos sobre los daños causados a las plantas. "Se han entregado al Comité Técnico para la Vigilancia y Evaluación de los Trabajos y Servicios de SAPAL, habiendo existido, hasta la fecha, una falta de atención de los mismos", dice la empresa.
La concesionaria subraya que aunque SAPAL no ha hecho caso de los llamamientos sobre el deterioro de la tecnología de saneamiento, esta "ha realizado —según dice— las acciones necesarias dentro de sus posibilidades para continuar con la operación de la PTAR y el MD".
Ya en 2016 el organismo operador había obtenido un dictamen de parte de la multinacional española Aguas y Estructuras, S.A. (AYESA) que concluía que las plantas "sufrían un deterioro acelerado debido a la calidad del agua cruda recibida, toda vez que los volúmenes procesados eran distintos a las capacidades de diseño en ambas plantas".
Concuerda el comunicado de la empresa con la información presentada por Acción Colectiva, cuando ECOSYS apunta que un año después de aquel dictamen, en 2017, SAPAL canceló la licitación pública de un proyecto llamado "Obras de Protección" cuya finalidad era mejorar el agua cruda que viene de la industria y que ingresa a la planta. Desde entonces, ninguna obra de mejoría de parte de SAPAL se ha realizado para prolongar la vida de la PTAR y el MD.
Finalmente la empresa concesionara se deslinda de toda afectación a las plantas y a los ríos y arroyos de León, asegurando que su actividad empresarial "ha sido siempre responsable en el cumplimiento de las obligaciones contractuales para la prestación de los servicios de saneamiento, así como para la protección del medio ambiente". Responsabiliza a SAPAL enfatizando en que de no regular a la industria curtidora esta "afectará a cualquier otra tecnología que se pretenda integrar para el tratamiento de aguas residuales que no sean debidamente reguladas y controladas".

SAPAL insiste: habrá inversión millonaria como solución
Dos días después, la noche del domingo 16 de agosto, SAPAL publicó un boletín en el que señala reiteradamente que "ante la conclusión de la concesión el próximo 22 de septiembre, SAPAL se prepara para operar la Planta Municipal de Tratamiento de Aguas Residuales y su Módulo de Desbaste" abriendo camino a la inversión más importante del organismo para el 2020. Esta consistirá en inyectar más de mil 500 millones de pesos para la "reconversión" la PTAR y el MD y así, entonces, "mitigar el estrés hídrico por el que atraviesa la ciudad".
En conferencia de prensa el 04 de agosto Acción Colectiva hizo notar que hace menos de dos años, el 04 de septiembre de 2018, SAPAL le informó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la infraestructura del Módulo de Desbaste se encontraba en buenas condiciones para seguir operando.
Diferentes opiniones técnicas que ha recibido la organización señalan que una planta como la PTAR o el MD tienen una vida útil de hasta 35 años, por lo que no existe una justificación clara por parte del organismo operador de agua en León para una inversión multimillonaria de esa naturaleza.
Ante los señalamientos de ECOSYS III y de organizaciones como Agua Para Todos y la misma Acción Colectiva, SAPAL se ha limitado a decir que "se han manifestado diferentes posturas y opiniones, de las que SAPAL es y seguirá siendo respetuoso. Como en todo proceso de finalización de una concesión, SAPAL se apega a disposiciones legales". El organismo gestor del agua, sin embargo, se ha mostrado inadvertido con respecto a señalamientos muy puntuales que las organizaciones y la concesionaria están realizando sobre su administración.

El boletín de SAPAL hace énfasis en que una red de plantas de tratamiento "han servido como pilotos para la implementación de nuevas tecnologías que serán la base del plan integral de saneamiento, a fin de garantizar la sustentabilidad del municipio". Indica que, tras la reconversión de la planta, el agua tratada será utilizada "para el riego de áreas verdes y otros usos entre los sectores agrícolas, industriales, comerciales y de servicios".
Dice SAPAL, al final del documento, que "industriales se están sumando" a su Programa de Regulación Ecológica como parte de campañas de concientización que promueve con la sociedad y cierra —como es costumbre en el organismo operador— reafirmándose "ejemplo y pionero" en la gestión del agua a nivel nacional.
No obstante, si la industria curtidora y su sistema de drenaje de aguas residuales permanece intocable, los ríos y arroyos de Guanajuato, y el agua que este comparte con Jalisco, seguirá siendo contaminada. SAPAL no ha mencionado hasta el momento cómo específicamente regulará a la industria, junto con la que comparte la responsabilidad de haber vertido por dos décadas tóxicos con graves efectos sobre la salud humana y ambiental.
Las organizaciones ecologistas han preguntado por qué SAPAL no rescindió el contrato de concesión si sabía de las afectaciones a las plantas de tratamiento y de la incapacidad de ECOSYS III para sanear aguas severamente contaminadas. SAPAL no contesta, pero promete soluciones mediante una inversión que, gracias a las cuotas mensuales de las y los ciudadanos, ya debería haber realizado.
17 de agosto de 2020, 16:26
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