Mónica Oliva, una madre de familia leonesa, enfrenta sus horas más oscuras: una jueza de lo familiar otorgó este lunes la guardia y custodia de sus dos hijos a su expareja, a quien ella denuncia los ha violentado, tanto a ella y a los niños, en un juicio que afirma ha estado lleno de irregularidades.

En las primeras etapas del juicio civil ni siquiera pudo conseguir un abogado, porque ni licenciados ni defensores de oficio querían tomar su caso, por la peligrosidad que implicaba para ellos, pues su expareja, un empresario de origen extranjero, se ha visto involucrado en enfrentamientos con armas, según él mismo le ha dicho, tiene contactos con el crimen organizado de su país.

Mónica cuenta con 10 días para presentar y conseguir un amparo para evitar que sus hijos, de 4 y 5 años, se vayan a vivir con la persona a quien ella ha denunciado por violencia física, sexual, psicológica, emocional y económica.

Fotos: Martha Silva.

A pesar de habérsele concedido medidas de restricción contra él por amenazas y lo que resulte y de haberse iniciado otra queja, por probable abuso sexual, violación, corrupción de menores y/o lo que resulte, la Fiscalía General del Estado ha archivado las denuncias con el argumento que hay falta de elementos y de la segunda afirman que ni siquiera hay delito. Ella ha impugnado en ambos casos.

Su pesadilla inició mucho antes de julio de 2020, cuando "el papá de mis hijos me corrió por última vez de la casa donde vivíamos", previamente hubo maltrato de todo tipo, incluso cuando estaba embarazada.

Después de que se concretó la separación y de que ella tuvo que ceder en un ventajoso acuerdo inicial para compartir la custodia, tuvo indicios de que él expuso a sus hijos a presuntos actos de pornografía y corrupción en el que habrían intervenido incluso terceras personas. En la revisión médica una doctora descartó violación pero sugirió que pudo haber abusos de otro tipo; en la FGE concluyeron que lo que les ocurría era un "estilo de vida".

Antes de la audiencia del lunes, Mónica Oliva lanzó su grito de ayuda vía redes sociales advirtiendo el riesgo de que pudieran retirarle la custodia de sus dos hijos: denunció que desde que inició este proceso todas las autoridades le han fallado, en protegerla a ella y a sus hijos, desde la Fiscalía estatal, PEPNNA, y hasta los integrantes del Poder Judicial de Oralidad Familiar.

Los niños, por otra parte, han presentado falta de apetito, infecciones de piel y caída intensa de cabello, al grado de perder mechones y muestran ansiedad cuando su madre se les separa por periodos largos: como a través de ellos su padre le envía amenazas de muerte, estos temen que cualquier día se materialicen.

También han sido testigos de la persecución de su padre hacia ella, no solo en calles sino incluso en las propias oficinas de la Fiscalía, pues él acudía en las mismas fechas y horas que Mónica, a pesar de la orden de restricción.

Ella comenta que durante un año recibió demandas casi cada mes, una incluso menciona su peso corporal y la forma en cómo se viste.

Mónica es víctima de violencia vicaria, es decir, cuando un hombre violenta a una mujer utilizando como medio a los hijos producto de la relación de pareja para herir, manipular y controlar a la madre generando un daño psicoemocional a ella y a sus hijos. Esta modalidad de violencia suele venir acompañada de violencia institucional, representada en actos de corrupción y omisiones por parte de magistrados, jueces, abogados, funcionarios públicos, etc.

En México hay al menos 600 mujeres en situación de violencia vicaria, registradas en el Frente Nacional Contra Violencia Vicaria, con representación en Guanajuato. Y un estudio de 2015 de la asociación “Niños, Niñas y Adolescentes con Ma-Pa” exponía que al menos cien mil menores eran rehenes de los juicios de divorcio o separación de sus padres.

El día de la audiencia hubo una manifestación de apoyo a Mónica y sus hijos afuera de los juzgados.

Conjunto de violencias

La única institución que ha apoyado a Mónica y sus hijos es el Instituto Municipal de las Mujeres en León. A ella, con terapias, acompañamiento y la gestión para que vayan al refugio; a sus hijos, a falta de especialistas en Inmujeres y con un DIF saturado, es Caivac, el Centro de Atención Integral a las Violencias León, donde se les atiende; son sus psicólogas las que han realizado varios diagnósticos donde se presentan los indicios de abuso sexual que se han presentado ante las autoridades y han sido rechazados, lo mismo que sus testimonios.

Han acudido en tres ocasiones a refugios para mujeres y sus hijos en situación de riesgo, el último de ellos gestionado por el IMUG, el Instituto de la Mujer Guanajuatense, que tras su salida, de momento solo vigila el estado de los niños y de la casa, pero no le brinda ningún otro acompañamiento.

Pero ese encierro precautorio también la perjudicó, puesto que en esos días y los meses posteriores, marzo y abril, no acudió a llevar a los pequeños a convivencia con el padre, para protegerlos, además de que cuenta con una orden de restricción que queda sin efectos los fines de semana. Ahora las autoridades la están penalizando, al concederle la custodia al padre en primera instancia.

En dichas convivencias previas, los niños le contaron a Mónica que su padre les ha mostrado armas de fuego y armas blancas (machetes), con las que amenaza que va a matar a su madre y a toda aquella persona que la ayude: los padres de ella, su abogado y hasta las psicólogas que atienden a los niños.

También el padre les ha dicho a los pequeños que "le pueden pegar a ella porque no vale" y estos le han dicho que a veces los deja sin comer y los ha golpeado físicamente.

Incluso, la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA) ya solicitó que sean supervisadas las convivencias que la propia Mónica vaya a realizar con sus pequeños y la señala como un riesgo para ellos, por no llevarlos a la convivencia con el padre, bajo el concepto de “síndrome de la madre maliciosa”, un antecedente de la Alineación Parental, pero que se suele utilizar para anular la representación de las madres de víctimas de abuso sexual.

Desde la Fiscalía, la psicóloga de la Unidad de Atención Integral de la Mujer, Sandra Navarrete, afirma que las carpetas que Mónica ha iniciado -la de amenazas y lo que resulte, bajo el número de 71538/2021 y otra por probable abuso sexual, violación, corrupción de menores y/o lo que resulte, con número 69744/2021-, sólo proceden del enojo y los celos que tiene contra su expareja y también le mencionó el riesgo “de que se le voltearan las cosas” con la Alineación Parental.

Por su parte, el psicólogo Juan Carlos Vázquez Pérez, a quien comisionó la Jueza Diana Agripina Raya para el peritaje, consideró que Mónica tiene varias enfermedades mentales, sin embargo, cuando el Inmujeres la manda al Psiquiátrico para una valoración y contrastar el diagnóstico de este médico, la conclusión en el Psiquiátrico es que ella padece ansiedad y depresión.

Otra cosa que la jueza tampoco ha considerado es que la anterior esposa de esta persona y la hija producto de esa relación están desaparecidas.

Irregularidades

Aunque durante el proceso ella ha escuchado mencionar varias veces que se busca velar por el interés superior del menor, varios incidentes la hacen dudar de que se actúe con ese objetivo, porque aunque ha llevado constancias de las psicólogas infantiles de Caivac, donde atienden a sus hijos, las autoridades no las toman en cuenta.

De inicio, en la UNAIM le tomaron su declaración con la advertencia de que si estaba segura de presentar la denuncia, que porque luego "todas" terminaban abandonandola.

También, la jueza ha otorgado beneficios al papá, como que Mónica lleve a los niños para la convivencia a la casa de él, a las 8 de la noche y los recoja a las 7 de la mañana.

"...en junio de 2021 otra jueza convoca a una audiencia de escucha de menores en la cual le fue permitido al señor ingresar con los niños, previo a ello presenté una constancia del lugar donde mis hijos reciben su atención psicológica, en la cual las especialistas que atienden a mis hijos sugieren que no es recomendable que mis niños convivan con su papá pues había sospechas de un probable abuso sexual, aún así la jueza autoriza las convivencias sin supervición y con la "VALORACIÓN" de una psicóloga de adscrita al Poder Judicial de León, Guanajuato, la cual realiza dicha valoración en 20 minutos y no encontró daño alguno en los niños, la jueza durante todo este proceso se ha justificado diciendo que la psicóloga Maricruz Landeros dijo que los niños no corrían ningún peligro con su papá, por lo cual nos dejan la orden de restricción de lunes a viernes pero sin efectos el fin de semana" escribió Mónica en su publicación de redes sociales.

Otras irregularidades fue que la juez dio vista al refugio, de que para seguirle concediéndole el beneficio, Mónica tenía que llevar a los niños a la convivencia el fin de semana, cuando no aplica la orden de restricción, y regresar el lunes al refugio.

Un incidente, el 12 de diciembre pasado, el padre de los niños tenía que entregárselos, sin embargo, cuando las autoridades "se lo iban a llevar por estar entorpeciendo esta entrega y con tal de que no se lo llevaran, toma a mis niños como sus rehenes, golpea a los policías, empieza a jalonear a la oficial, iba una pareja de policías, se va contra la mujer policía, y no se tomó en cuenta" este antecedente, contó Mónica. No hubo sanciones para él.

Además, cubría "a cuentagotas" la pensión para los alimentos y "congeló las cuentas bancarias, la jueza lo supo, ahorita lo reiteré, pero ella solo dice que en su momento lo reconsiderará", dijo ella, al salir de la audiencia.

La realidad, añadió, es que el perito que realizó la prueba sobre el que se basó la decisión de la jueza no tiene experiencia comprobable en violencia, en terapia infantil, abuso sexual, por lo que la defensa de Mónica solicitó se descarte ese peritaje.

Mientras tanto, el tiempo avanza. La entrega de los niños se realizaría ante actuarios y elementos de la fuerza pública. La demanda contra ella también incluye el pago de alimentos.

La lucha en México para prevenir y castigar la violencia vicaria

En el país se han dado los primeros pasos para que tipificar este tipo de violencia contra las mujeres en la Ley y sus reglamentaciones en el Código Civil y Código Penal. La reforma integral la está promoviendo el Frente Nacional Contra Violencia Vicaria, organización civil que inició hace un par de años con cuatro mujeres y actualmente cuenta con 600 integrantes.

Hay representación en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Aguascalientes, Chiapas, Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Querétaro y Guanajuato; de estos dos últimos estados, el nombre de la representante no es público.

En una de sus actividades más recientes, en diciembre pasado, la organización montó afuera de los juzgados familiares de la Ciudad de México un Árbol de Navidad y colocó en una esfera el nombre de un hijo o hija que han sido sustraídos por sus padres y quienes su madre no ha podido recuperar.

Ahí participaron no solo las madres sino la familia extendida, incluso primos y primas de los niños sustraídos.

El FNCVV ha identificado un patrón, en que, tras violentar a la mujer y pedir esta el divorcio, el hombre la denuncia por cargos falsos que incluso puede ser de violentadora, lo que lleva a cada Fiscalía a terminar entregándoles la custodia de los hijos e hijas a los verdaderos violentadores.

La violencia vicaria es la penúltima de las violencias, porque lo que sigue es el feminicidio o inclusive el infanticidio, todo por lastimar a la mujer.

Desde 2019 existe en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas al Código Penal Federal para imponer de cinco a diez años de prisión y de quinientos a mil días multa, al cónyuge que sustraiga, retenga u oculte a un menor fuera de la entidad federativa donde reside.

Y Zacatecas se convirtió en el primer estado del país que aprueba la tipificación de la violencia vicaria en su Ley estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en sus códigos locales familiar y penal; la iniciativa aprobada por el Congreso local el pasado 30 de marzo espera su publicación como decreto oficial por parte del gobierno del estado.

Otros estados que ya cuentan con iniciativas formales son Estado de México, Tabasco y Puebla, mientras que Guanajuato, Tamaulipas y Jalisco estarían buscando replicar la propuesta. Ahí también tendrán que hacer modificaciones en los códigos civiles y penales para aplicar sanciones.

VIOLENCIA VICARIA, UN TÉRMINO POCO CONOCIDO

"La violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos. El padre ejerce una violencia extrema contra sus criaturas. El ánimo de causar daño a su pareja o expareja a toda costa supera cualquier afecto que pueda sentir por ellas/os", explican especialistas de la Universidad Complutense de Madrid: "Se prefiere escuchar al varón y apoyar al hombre que juega a ser víctima, que a esas mujeres que, desesperadas, intentan hacer oír su voz para evitar que el padre haga daño a sus hijas o hijos".

"Cuando un hombre amenaza a una mujer con quitarle a sus hijas o hijos está dando signos claros de violencia vicaria. Las amenazas a las mujeres con sus hijas o hijos deben hacer saltar todas las alarmas. La protección a las víctimas de violencia de género es esencial, reconociendo que un maltratador nunca puede ser un buen padre".