Campesinos y ex prestadores de servicios exigieron a las autoridades municipales y estatales que Banterra y Artha Capitalcumplan con los adeudos de tierras, escrituras y honorarios que tienen con ellos desde que se construyó el complejo industrial en 2008, de lo contrario “cerramos el parque de manera permanente", aseguraron.

"Les dimos las tierras de buena voluntad, porque estábamos de acuerdo en la construcción del parque para la gente que está fregada y resulta que no nos han cumplido nadita", dijo Pedro Preciado a los medios de comunicación a las afueras del Parque Industrial León-Bajío (PILBA) este jueves .

Dentro de las promesas de Banterra fue que se les daría empleo y se detonaría el desarrollo de la zona, pero la apertura de PILBA ha puesto en jaque la vida de las localidades.

Fotos: Alonso Merino Lubetzky

Sería el segundo cierre al parque industrial, luego de queen diciembre de 2020, tras una movilización similar representantes de las empresas gestoras del parque, como José Alanís, se comprometieron a entregar las escrituras de las permutas convenidas y los pagos de las tierras que les fueron compradas a pequeños propietarios y ejidatarios de los alrededores. Cuatro meses fue el lapso de tiempo en el que aseguraron saldarían sus deudas, pero a la fecha siguen sin cumplir.

Los inconformes señalaron a los responsables directos: "Aquí están solapando Jesús Aguilar Portugal, representante de Banterra, junto con Jesús Gallardo, las gentes del fideicomiso, la Notaría Pública 98 representada por Juan Manuel Toriello, que cuando vamos a pedir información hasta se molestan", dijo Librado Escalante, otro de los afectados por PILBA.

Con la llegada del desarrollo se les prometió a todas las comunidades que el proyecto de industrialización detonaría el bienestar a diez kilómetros a la redonda. Se les garantizó trabajo, pavimentación, servicios, pequeños negocios y hasta un centro de capacitación del Instituto Estatal de Capacitación (IECA) que formaría a prospectos para trabajar en las empresas. Nada de eso ha ocurrido.

El posicionamiento que entregaron las y los afectados señala que dentro de las promesas hechas por los gobiernos estatales de Miguel Márquez Márquez y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo fue que "se promovería el desarrollo urbano, económico, social, educativo y cultural de cada una de las localidades en las que se estableció el parque industrial con mejores servicios públicos, así como de comunidades cercanas o vinculadas con las empresas establecidas".

"Puras mentiras, oiga. Puras mentiras nos traen. Ya estamos hasta la chingada, con perdón de ustedes. Ahora sí en la plantada que nos demos, los cabrones nos sacan muertos, pero no nos sacan de aquí", declaró Pedro Preciado, lechero local.

Cerrarán parque si persiste incumplimiento

Pedro llega en su camioneta y se estaciona en el acceso al parque industrial. Un guardia de seguridad lo detiene y le pide quitar su automóvil para liberar el carril que obstruyó. Molesto por el fraude de Banterra y Artha Capital, Pedro no está dispuesto a esperar ni un día más.

"Me hablaron y me dijeron que segurito el miércoles, que fue ayer. Nos íbamos a reunir. ¿Cuándo vinieron? ¡Por eso está uno cansado, oiga!", exclamó. "Hay que actuar ya. Nos vamos a traer hasta estiércol con todo y vacas. Y los niños y mujeres y todo. A ver si nos quitan". Señala a los gobiernos panistas estatales y municipales como responsables. Dijo que en más de una ocasión se les notificó de los problemas.

A pesar de que los gobiernos Márquez Márquez, Rodríguez Vallejo y el municipal de Héctor López Santillana fueron los promotores del parque. "Ahora están desconociendo y diciendo que es un asunto entre particulares. Eso es lo que a nosotros nos molesta. En su momento sí sacaron raja del proyecto y ahora prácticamente se están deslindando", señaló Josefina Nicasio, promotora inmobiliaria a quien le deben sus honorarios.

"Las empresas dicen que no es su problema, porque ya le cedieron los derechos a Artha". Y ahora la empresa de German Ahumada que a través de una filial, Terreno Turístico de México S.A. de C.V., recibió el fideicomiso ante notario dice que no puede reconocer obligaciones que no adquirió. "Y nosotros estamos en el limbo".

"Vamos a hacer uso de nuestro derecho de libertad de expresión y si es necesario que volvamos a cerrar el parque de manera permanente, lo vamos a hacer y nos vamos a quedar el tiempo que sea necesario. Queremos que nos escuchen porque es un derecho nuestro. No estamos pidiendo nada que no hayamos ganado".

A Pedro Preciado le permutaron una tierra. La original está dentro del parque y la que le intercambiaron "me la dieron con conflictos", dice. Ha tenido que pagar abogados para resolver los problemas y señala que ahora él fue demandado."Yo no tengo dinero para hacer tanta demanda Para demandar yo a Michelín, a Banterra, a PILBA necesito unos cien abogados", expresó.

Amenazas de Artha Capital y gobierno del Estado

Josefina Nicasio y Librado Escalante, quienes negociaron con los propietarios contratados por Banterra, también se manifestaron junto con los campesinos. A ellos les deben los servicios profesionales prestados y se sienten engañados, pues fueron puestos por delante en la gestión de las tierras de PILBA para diluir las responsabilidades del fraude.

"Yo trabajé para la empresa Banterra en ese momento y como ya lo manifestó mi compañero fue un proyecto impulsado por gobierno del Estado", dice Josefina. Además de la falta de honorarios, "hemos recibido amenazas. Incluso ayer en la noche nos dijeron que se nos podía abrir una carpeta de investigación por extorsión". La llamada fue de personal de Artha Capital Holdings de México, empresa de Germán Ahumada a la que le fueron cedidos los derechos del fideicomiso firmado con los propietarios por Banterra.

"Es meramente para asustarnos, para amedrentarnos". Dice Josefina que no van a parar de exigir sus derechos y van a seguir manifestándose hasta que se resuelvan los problemas de adeudos. "Es un derecho que tenemos, es nuestro trabajo y no nos vamos a dar por vencidos nada más porque sí", expuso.

A Librado Escalante, excomisario ejidal de Santa Ana del Conde, lo han amenazado desde diciembre. "La vez anterior que nos manifestamos llegó una camioneta con tres personas se acercaron y dijeron que si no nos retirábamos abrirían una carpeta de investigación contra él, contra el comisario ejidal y contra una servidora", expone Josefina. "Nosotros suponemos que es de Gobierno del Estado".

Librado Escalante dijo que las llamadas que ha recibido son de parte de "gestores de Gestión social del gobierno del Estado". Además han intentado convencerlo con dinero de dejar de exigir sus derechos y los de los propietarios afectados. "«¿Cuánto quieres para que se retire la gente?» Yo a la gente no la puedo mover, a la gente también la tienen amenazada que si no se esperan, menos les van a cumplir", dijo.

Agregó que su exigencia no es una amenaza, "sino de que cumplan con su compromiso. En primer lugar que cumplan con la gente que accedió a que ese proyecto estuviera".

Deudas al ejido de Santa Ana

Librado añadió que derivado de la construcción de la carretera de Santa Ana del Conde a la comunidad de Los Ramírez "hubo un fraude y estuvieron involucrados gente del gobierno del Estado, federales de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde les prometieron 8 millones al Ejido de Santa Ana y nunca llegó un centavo".

El Ejido hizo el cambio de destino de uso de suelo para un tramo de la carretera, se liberó el trámite y "no han movido ni una piedra". En los últimos años el movimiento de mercancías y personas ha incrementado en la zona debido a la industrialización, congestionado las vías de acceso con transporte de carga y de personal en el acceso principal a localidades dedicadas a la agricultura en pequeña escala y la ganadería local.

Señala problemas con el puente que cruza la autopista León- Salamanca, con el paso de la vía del tren y el incumplimiento de la construcción de una carretera al Ejido Capellanía de Loera desde el Puente del Milenio. "Una serie de problemas que se nos aparecen cada vez más porque están llegando empresas y los problemas se siguen haciendo añejos".

Señaló también como responsables a Luis Quiroz (director del Puerto Interior), Arturo Navarro (ex subsecretario de gobierno) y Ramón Alfaro (ex director de Economía de León, hoy Subsecretario de Empleo de la SDES), quienes habrían participado en las negociaciones de Banterra con las comunidades. "¿Cómo dicen que no pueden intervenir si dentro de las negociaciones sí intervinieron?", dijo.

Desabasto de agua

Graciela Horta junto con otras cuatro mujeres de Rancho Abajo El Cuije asistieron a la rueda de prensa para señalar la escasez de agua que experimentan derivada de la construcción de PILBA. Su pozo comunitario, construido a su coste, quedó dentro de las instalaciones del parque. Desde entonces han tenido problemas de desabasto e incremento de los costos de electricidad para la extracción de agua, pues se afectó la red de distribución.

Su pozo fue saqueado en tres ocasiones. "Acudimos al gobierno municipal y al gobierno del estado para pedir un apoyo de seguridad y para volver a comprar las cosas que habían saqueado. No obtuvimos respuesta. Los habitantes de la comunidad de El Cuije tuvimos que sacar de nuestra bolsa, hacer una operación, para comprar lo que habían robado", dijo.

Durante tres años se quedaron sin agua y hasta hace cuatro meses les fue reconectado el servicio luego de la manifestación en diciembre. "Pero nos dijeron que es nada más por un plazo de siete u ocho meses. Después de ese tiempo ya no nos van a dejar acceder y nos vamos a quedar sin agua".

Ahora pretenden conectarles el servicio del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), lo cual elevará los costos de consumo y mermará aún más la actividad ganadera, que es la principal fuente de sustento de la localidad. No están dispuestos a perder el derecho a su pozo y a entregar el suministro a SAPAL.

"Lo que solicitamos al gobierno municipal, al gobierno del estado, a la CONAGUA, a quién sea responsable, es que nos reubiquen el pozo para que esté cercano, poderle dar mantenimiento y cuidarlo", finalizó.

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Posicionamiento de afectados y afectadas por PILBA