Contratar empresas fantasma o sospechosas de actividades inexistentes en el gobierno estatal no es un problema que haga pensar en corrupción a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Mientras que la exalcaldesa de León está sujeta a proceso y fue encarcelada durante 36 horas por pagar un millón y medio a una empresa de este tipo, los funcionarios del área de comunicación social de Miguel Márquez, Enrique Avilés y Angélica Aguilar, firmaron contratos que tan solo en 2017 superaron los 4.6 millones de pesos, la ASEG consideró que no hay motivo para cuantificar daño, de acuerdo a la auditoría aprobada la semana apsada por el pleno del Congreso.

Angélica Aguilar, firmante de todos los contratos, es hoy la directora de Comunicación Social de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Enrique Avilés ofrece servicios de manejo de redes sociales, incluyendo "bots y troles" a partidos políticos, funcionarios y empresas. Al mismo tiempo sigue asistiendo eventualmente en tareas de comunicación a Miguel Márquez.

Endilga daño al erario a chivos expiatorios

Los contratos que el gobierno de Miguel Márquez Márquez entregó a FBM Comercializadora para triangular publicidad con los diarios de la Organización Editorial Mexicana (OEM), no fueron observados con daño al erario por la Auditoría Superior del Estado (ASEG) en la revisión que hizo a la Coordinación de Comunicación Social.

Si bien en el informe de resultados se observa que los servicios de publicidad los ofreció la OEM y no FBM, ésta última fue señalada como presunta empresa fantasma y que el domicilio fiscal presentado en los contratos no corresponde a la empresa, la ASEG no calculó que se hubiera incurrido en un presunto daño al erario.

De la auditoría específica de situación excepcional se desprenden observaciones que sí implica el señalamiento de recursos públicos que no fueron bien utilizados por áreas de comunicación social de dependencias como la Secretaría de Turismo; sin embargo, la ASEG también determina que en los supuestos donde hubo daño al erario no existió intervención de la Coordinación de Comunicación Social dirigida por Enrique Avilés Pérez y Angélica Aguilar, entonces directora administrativa y actual titular de la Coordinación en el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

En la auditoría se cuantifica las presuntas irregularidades en 30 millones 413 mil pesos por el pago que recibieron las empresas: International News Media, Red Pi Publicidad y Heelix Diseños. Las tres empresas cobraron por servicios que aparentemente habrían dado a la Secretaría de Turismo pero que no pudieron comprobar.

Para deslindarse de responsabilidades por los contratos a las empresas antes mencionadas, desde la Coordinación de Comunicación Social se argumentó que quienes contrataron en la Secretaría de Turismo no contaron con el aval del entonces coordinador, Enrique Avilés, y de la directora administrativa, Angélica Aguilar.

Su justificación se basó en los lineamientos emitidos desde 2013, cuando se emitieron unos Criterios en Materia de Gastos de Difusión, para que funja como mecanismo revisor de las erogaciones relacionadas con gastos de difusión. Así, los responsables de firmar los contratos en Sectur tendrían que responder por el daño al erario.

Desde las dependencias observadas por la asignación de contratos sin garantías de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, respondieron que no existía normativa que los obligara a respetar esos principios.

Sin daño al erario contratación de empresa fantasma

Aunque desde el 3 de mayo 2017 se integró al listado que emite la Secretaría de Hacienda de empresas que emitieron comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar servicios, en octubre de ese mismo año el gobierno de Márquez volvió a pagar una factura por 358 mil pesos a FBM.

Sin embargo, el argumento con el que justificó la coordinadora administrativa, citada así en el informe de resultados, es que los contratos se otorgaron a FBM antes de conocer que desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se presumía que era una empresa fantasma. Fue por una campaña para el Instituto Estatal de la Cultura que se pagaron los últimos 358 mil pesos a FBM en octubre 2017, después de haber sido incorporada al listado de empresas con operaciones inexistentes.

Entre las observaciones por el caso FBM, que fue uno de los factores que motivaron la solicitud para la auditoría especifica, se comprobó que el plan de negocios fue para triangular publicidad con los diarios de la OEM, pues el pago se hacía a FBM pero la transmisión de contenidos era a través de diarios como El Sol de Irapuato, El Sol de León y el Sol del Bajío. Aunque existió la triangulación no se observa daño al erario porque a la ASEG entregaron los testigos de la publicidad por la que se pagó a FBM.

Otra de las observaciones que hicieron fue el listado de Hacienda en el que se incluía a FBM como empresa con operaciones inexistentes; la respuesta de la Coordinación de Comunicación fue que los contratos observados se firmaron antes de que se boletinara a la empresa.

La ASEG acudió el pasado 17 de diciembre 2018 a la calle Estocolmo 412-A colonia Andrade en el municipio de León, dirección que presentó FBM como domicilio fiscal, pero al llegar el personal de la Auditoría se les informó que era un despacho contable y no la citada empresa. Por este tema, la Coordinación de Comunicación respondió que no tienen la capacidad para revisar los domicilios fiscales de los proveedores, además de que la empresa cumplió con los contratos.

Finalmente, como observación, la ASEG señaló que cuatro de los socios de FBM Comercializadora aparecen dados de alta en el IMSS como trabajadores: Fernando Gilberto Balboa D`Argence, Michelle Mollinedo Chávez, Úrsula Candelaria Maldonado y Viviana Victoria Torres.

Irregularidades en Sectur

Los más de 30 millones de pesos que se cuantificaron como presunto daño al erario fueron por contratos en la Secretaría de Turismo, durante el tiempo que estuvo al frente Fernando Olivera Rocha, dependencia por la que también pasó Enrique Avilés Pérez hasta antes de asumir la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

En la revisión se detectó que en tres contratos con International News Media, empresa que vendió difusión en medios de Estados Unidos, se erogaron 22 millones 613 mil pesos pero no se acreditó la prestación del servicio.

La Secretaría de Turismo no pudo entregar copia de todas las revistas estadunidenses en las que habría aparecido la publicidad de Guanajuato durante los años 2014, 2015 y 2016; además, como parte de la revisión que hizo la ASEG compró revistas a través de Amazon para verificar si existió dicha publicidad y se toparon con que en los ejemplares comprados por internet no venía la publicidad que mostraba Sectur en los entregables, a pesar de tratarse de la misma revista con la misma fecha de publicación.

La ASEG tampoco encontró los espectaculares que venían establecidos en el contrato, y otra de las irregularidades fue la subcontratación que hizo International News Media con las empresas Mini Targeted Media y Clear Channel Out Door.

Los 7 millones 800 mil pesos restantes que se cuantificaron como daño al erario corresponden a contratos entregados a Red Pi Publicidad y Heelix Diseños, quienes para intentar justificar la prestación de servicios por publicidad en medios digitales entregaron a la ASEG testigos fuera de margen en las páginas web, que aparenta que editaron las imágenes.

También se detectó que en la búsqueda de testigos a través de históricos no se encontraron las difusiones, se crearon sitios web para alojar entregables y existen dudas sobre los domicilios fiscales declarados en el contrato.

En el caso de Heelix Diseños tiene su domicilio fiscal en una vecindad, mientras que Red Pi lo mantiene en un edificio donde se puede leer el letrero “Confederación Obrera Autónoma”, ambos en la Ciudad de México.

También las empresas ofrecieron un domicilio en León como sucursal, pero la ASEG no encontró respuesta al llegar al lugar, tampoco había letreros que confirmaran que se trataba de una sucursal.

Otras observaciones

En la revisión, la ASEG detectó que desde la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, además de la Secretaría de Turismo se realizaron pagos a 13 prestadores de servicios sin formalizar un contrato.

Además el proveedor Jeshom Publicidad Mercadotecnia no entregó los servicios conforme a lo establecido en el contrato, pues pasaron spots en fecha posterior al pago de los servicios.

La empresa ha sido incluida como una intermediaria con TV Azteca dedicada a promover la imagen de políticos de varios estados no solo Guanajuato. En una investigación realizada por Proceso se enumeran los servicios que ha ofrecido la empresa de Ricardo Salinas Pliego a los políticos de entidades como Nuevo León, Veracruz, Morelos, Coahuila, entre otros.

La ASEG también había observado la contratación de la empresa Comunicación y Medios para Publicidad Exterior por el cobro de 84 mil pesos para la difusión de las actividades de la Secretaría de Gobierno en redes sociales, mientras el trabajo lo realizó un servidor público de la dependencia.

También se reportaron erogaciones en contrataciones que hizo Cofoce, IEC y el Fórum Cultural sin la validación de la Coordinación de Comunicación Social.

Se escudan en la falta de ley para derroche

Desde la Coordinación de Comunicación Social hasta las direcciones de Comunicación de las diferentes dependencias se escudaron en la ausencia de una norma que regule los convenios publicitarios para justificar el derroche de recursos sin verificar las condiciones de los contratos, cuando los hay, y para defenderse cuando no hay de por medio un documento que establezca las condiciones, el monto a pagar y los plazos para el cumplimiento de los servicios.

En todos los documentos enviados por responsables de la firma de contratos a la ASEG el argumento para justificar que no se hayan buscado las mejores condiciones en materia de difusión y comunicación es que la Ley de Contrataciones en el artículo 7 de la fracción IX exceptúa a los servicios de comunicación de cuidar el gasto público.

Sin embargo, la ASEG determina que en el artículo 134 de la Constitución Política habla de que los recursos públicos deben ejercerse con transparencia, honradez, eficacia, eficiencia.

La respuesta de los sujetos fiscalizados fue que no existe una norma secundaria que regule el gasto en comunicación.

Para la ASEG la falta de normas secundarias no justifica que desde las áreas de comunicación social se dejen de observar conceptos como la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

En sentido, una de las recomendaciones que emitió la Auditoría como ente fiscalizador al Gobierno del Estado fue que desde la Coordinación de Comunicación Social se emitan lineamientos que regulen el gasto en materia de comunicación.

El 8 de mayo 2019 la directora administrativa de la Coordinación informó a la ASEG que ya se analizan los lineamientos. Se realizó una reunión con la Coordinación Jurídica para expresar la necesidad de los lineamientos que sean vinculantes para las dependencias y entidades. Se acordó también invitar a las mesas de trabajo a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Una vez que la auditoría fue aprobada por el Congreso local, la ASEG enterará de los hallazgos por las irregularidades a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, por el tema de los presuntos incumplimientos fiscales.