Autores:
En Silao la obra pública queda en familia: Sapas y municipio contratan a cónyuges de funcionarios
De las 22 obras que ha contratado el municipio durante los últimos 10 meses, se ha tomado como regla lo que debe ser la excepción al adjudicar de manera directa 14 contratos
Alejados de los principios de transparencia y oportunidad, contratos de obra pública en Silao durante el gobierno del panista Antonio Trejo Valdepeña se han destinado a cónyuges de funcionarios de la administración, beneficiados no solo por la dirección de Obra Pública, sino por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Silao (Sapas).
Las administraciones panistas de Guanajuato en estado y municipios han mantenido una denuncia consistente de la falta de apoyo federal para las obras de infraestructura a partir de este año. Sin embargo, como muestra el caso de Silao, persisten vicios que denotan favoritismo y podrían prestarse a corrupción tolerada.
Entre las constructoras beneficiadas se encuentran Urbanizadora y Constructora Leplog SA de CV y Caminos y Urbanizaciones Vaferger SA de CV, la primera es propiedad de José Luis González Courrech, esposo de la directora del DIF municipal, Selene Ruiz. En el caso de Caminos y Urbanizaciones es una constructora propiedad de Flor Adriana Rodríguez Hernández y Juan Rubén Ramírez Sánchez, esposa y hermano del director de Obra Pública Municipal, Alberto Ramírez Sánchez.
La empresa propiedad de González Courrech ha recibido dos contratos por más de 3 millones 976 mil pesos en los primeros 10 meses del gobierno panista, uno de la administración municipal por 1 millón 884 mil pesos, y otro más por el organismo operador del agua por 2 millones 92 mil pesos, en ambos casos sin haber pasado por un proceso público para la adjudicación de las obras.
En el caso de la constructora Veferger SA de CV, propiedad de la esposa y hermano del director de Obra Pública, el Sistema de Agua Potable le concedió una ampliación de contrato en febrero pasado por la obra “línea de conducción de agua potable de tubería de 200 mm de diámetro RD-32.5 de pozo 14 y pozo 22 a tanque elevado de la colonia Independencia”, por poco más de 250 mil pesos. La obra fue contratada el 12 de septiembre de 2018, es decir, un mes antes de que llegara Ramírez Sánchez como director, pero ya con Trejo como alcalde electo; sin embargo, el pago por la ampliación del convenio se dio en febrero de 2019.
Opacos, hacen de la excepción la regla
Las obras contratadas han sido discrecionales, lo que contraviene lo que establece el artículo 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y Municipios de Guanajuato.
En Silao para la realización de obras no se convoca a licitaciones públicas, sino que optan por las adjudicaciones directas o la licitación simplificada.
Los contratos de obra pública y los de servicios relacionados con la misma, se adjudicarán a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.
En los procedimientos de contratación los entes públicos optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del estado de Guanajuato y por la utilización de bienes o servicios de procedencia estatal y los propios de la región.
Del 10 de octubre 2018 al 23 de agosto 2019 el gobierno municipal de Silao ha contratado 22 obras por alrededor de 45 millones de pesos, 14 por adjudicación directa, seis por licitación simplificada y solo dos fueron a través de licitación pública.
El primer contrato de obra de la administración de Antonio Trejo Valdepeña fue por licitación simplificada, es decir, cuando solo pueden participar las empresas que han sido invitadas por la autoridad, y se otorgó a Leplog, la constructora de Luis González Courrech. La empresa propiedad del esposo de la directora del DIF ha recibido en menos de un año contratos por casi 4 millones de pesos.
En cuanto a la constructora de la esposa y hermano del director de Obra Pública, recibió un convenio de ampliación por más de 250 mil pesos entregados apenas en febrero pasado por parte del organismo operador del agua.
Para justificar la opacidad en la entrega de contratos, Alberto Ramírez Sánchez, director de Obra Pública, argumentó que la legislación le obliga a hacer la adjudicación y licitación simplificada por los montos, aunque la norma estatal lo establece como una opción.
“No es que nosotros tomemos un criterio, esto es en base (sic) al presupuesto de la obra. Por Ley estamos obligados a ciertos montos, hay un monto para hacer adjudicación, otro para licitación simplificada y otro monto para hacer licitación pública nacional”.
Los entes públicos sujetándose a los rangos de adjudicación establecidos por el Congreso del Estado, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, pudiendo celebrar contratos a través de los procedimientos de: I. Licitación simplificada; y
II. Adjudicación directa.
Para efecto de la aplicación de este precepto, cada obra o etapa programada, deberá ser considerada en forma individual, a fin de determinar si quedan comprendidas dentro de los montos máximos o rangos de contratación correspondientes, absteniéndose de fraccionar el importe total de la obra o etapa de que se trate.
Los diputados locales repartieron los 46 municipios en tres bloques, para que cada grupo tenga un monto distinto de tope para las adjudicaciones y licitaciones simplificadas, dependiendo del número de habitantes.
Con 189 mil 567 pobladores, Silao forma parte del grupo C, que aglutina a los municipios con la posibilidad de adjudicar obras a monto más elevado.
Para adjudicar de manera directa, las obras pueden ir de cero hasta 2 millones 600 mil pesos. En el caso de las licitaciones simplificadas van de los 2 millones 600 mil hasta 4 millones 680 mil pesos.
Ignorando lo que establece a la letra la norma, Ramírez Sánchez insistió en que están obligados a la adjudicación directa y a las licitaciones simplificadas.
“Nunca dice (la ley) que está bajo criterio. Nosotros lo que hacemos es hacer las invitaciones a los constructores para la adjudicación…”
Constructoras favoritas
La primera obra contratada por el gobierno de Trejo Valdepeña fue para Leplog, la empresa de Jorge Luis González, esposo de Selene Ruiz la directora del DIF.
A través de respuestas de Acceso a la Información Pública a POPLab, se constató que el millón 884 mil 959 pesos convenidos con Leplog fue para la construcción de un tanque elevado de 50 metros cúbicos, línea de conducción, alimentación y red de distribución en una primera etapa.
El contrato se firmó el 10 de diciembre 2018, es decir, apenas dos meses después de que inició la administración de Trejo Valdepeña con Selene Ruiz como directora del DIF municipal.
Sapas también otorgó un contrato a la empresa de González Courrech por poco más de 2 millones de pesos que incluye cinco obras.
El organismo operador del agua entregó la ampliación de convenio a la empresa propiedad de la esposa del director de Obra Pública el 8 de febrero 2019, elevándose la obra del tanque elevado para la colonia Independencia de 1 millón 276 mil pesos a 1 millón 528 mil pesos.
En entrevista, Alberto Ramírez Sánchez negó que exista corrupción, pues la obra fue asignada por Sapas en el trienio anterior, cuando todavía no llegaba como director de Obra Pública. Como apoderado legal de Caminos y Urbanizaciones Vaferger firmaba los contratos de la empresa en la que su esposa aparece como propietaria en el acta constitutiva.
“Yo como ingeniero he estado viendo las cosas ahí con ella, pero ella está al frente… No estamos trabajando en este trienio en el municipio, estamos trabajando ahorita una obra con el estado que se ganó en una licitación pública nacional”.
Respecto a la ampliación de convenio que se entregó cuando él ya era director de Obra Pública, Ramírez Sánchez aseguró no conocer los detalles.
“No hemos caído en ningún conflicto de interés, en ninguno. Todas las licitaciones que la empresa ha obtenido han sido licitaciones que se han entregado la documentación adecuada”.
También alcanza presidente del Colegio de Ingenieros
Otra de las empresas favoritas del gobierno de Trejo Valdepeña es LYMSA Construcciones SA de CV, que de acuerdo con el acta constitutiva obtenida a través Registro Público de Comercio, es copropietario Octavio Manuel Moreno Alba, actual presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Silao.
Alberto Ramírez Sánchez llegó a la Dirección de Obra Pública postulado por el colegio que preside el representante de LYMSA, la constructora que ha obtenido tres de los 22 contratos que ha otorgado el gobierno de Antonio Trejo, dos de los convenios fueron por adjudicación directa.
El propio director de Obra Pública reconoció que el cargo lo tiene luego de haber formado parte de una terna enviada por el Colegio.
“Si ustedes saben, o están bien enterados de las cosas, este puesto fue porque el actual presidente (Antonio Trejo) pidió el consenso al Colegio de Ingenieros Civiles para que entregaran una terna, ahí iba yo”, dijo Alberto Ramírez.
En los primeros 10 meses de la administración del panista, el presidente del Colegio de Ingenieros ha recibido del gobierno municipal tres contratos que suman 7 millones 672 mil. También el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Silao entregó a ** LYMSA** el contrato SAPAS/OP/RP/AD/2019-005.
‘Desconozco a los propietarios porque son sociedades anónimas’: Sapas
Tras asegurar que desde el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Silao (Sapas) se entregan los contratos a las constructoras sin revisar a los propietarios, pues se trata de “sociedades anónimas”, el presidente del organismo operador del agua, Víctor Hugo Ramírez Nieto dijo que lo único que toman en cuenta es que cumplan con los requisitos legales con las mejores ofertas.
Para deslindarse de los contratos por más de 2 millones de pesos al esposo de la directora del DIF, Ramírez Nieto manifestó que desconocía que el parentesco del propietario de la empresa Leplog con la directora, pues no investigan a los socios de las empresas.
Incluso, aseguró que no conoce a los socios de las constructoras a las que Sapas otorga obras o ampliaciones de contrato, como en el caso de Vaferger, porque las empresas se constituyen como sociedades anónimas.
“Lo desconozco, yo desconozco quiénes son los propietarios de las empresas. Las empresas generalmente son sociedades anónimas, las que participan con nosotros”.
Sin embargo, basta con ingresar al Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía para conocer las actas constitutivas de las empresas, donde se detallan los socios.
17 de septiembre de 2019, 14:53
Explora más contenido de este autor
Descubre más artículos y perspectivas únicas