Texto y fotos: Edith Domínguez

Frente a la movilización de ambientalistas contra la invasión al Parque Irekua para la construcción de una torre médica en un área de mil metros cuadrados de este pulmón de Irapuato, surgieron amenazas e intimidación que obligaron a los activistas a pedir la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que ponga la mirada en lo que denuncian como una criminalización sistemática del gobierno municipal saliente de Ricardo Ortiz, al que se sumó el gobierno estatal, señalan.

Por lo pronto, gracias al juicio de amparo 695/2021 interpuesto por los ambientalistas ante el Juzgado Noveno de Distrito, las autoridades están obligadas a entregar un informe justificado de por qué los 1 mil 46 metros cuadrados del parque Irekua ubicados en la esquina de Reverte Mexicano y Avenida Guerrero -que se conoce como “Viveros Revolución”- son la única alternativa para la construcción de una torre de hospitales de 4 niveles que costará 123 millones 979 mil pesos, así como para la construcción de un auditorio para 120 personas, una sala de usos múltiples, áreas administrativas, salas de espera, sanitarios, farmacia, archivo clínico, área de máquinas y un puente de interconexión con el Hospital General de Irapuato.

“Que vean en el contexto en el que estamos”, piden los activistas, que consiguieron el amparo provisional contra el uso de dicho espacio para el proyecto del inmueble del juzgado Noveno, gracias al cual se detuvo, en principio, la remoción de los árboles en el área que se pretende afectar. Esa acción fue la que encendió las alertas y permitió emprender la lucha legal.

“¿La construcción de la torre de consultorios y ampliación del Hospital General de Irapuato solucionará el problema de infraestructura en salud?, ¿Cuánto tiempo pasará para que tomen más espacio del parque Irekua?”, son las interrogantes sin una respuesta de los defensores del proyecto.

Las autoridades recurren a otras voces para incidir en la opinión pública. Es así como apareció en escena Martín Cano, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Salud en el Estado, quien tras ostentarse como “ecologista”, se quejó de que los trabajadores del Hospital General de Irapuato trabajan en el hacinamiento, con áreas de recepción saturadas, los doctores comparten consultorios, tienen limitación para entregar consultas. De mantenerse así “seguiremos teniendo un problema para el funcionamiento del hospital”, afirmó.

Cano externó la contradicción total con el discurso que por todo lo alto pronuncia el gobernador Diego Sinhue Rodríguez sobre la infraestructura y el sistema de salud estatal: “tenemos el mejor del país”.

Parece que no hay tal.

El llamado de auxilio a la CNDH

Tras la criminalización de la autoridad y las amenazas en sus redes sociales, los ambientalistas solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debido al acoso mediático que ha ejercido la autoridad.

“A las páginas, perfiles personales, son muy directas (las amenazas); saben quiénes somos, qué hacemos y es preocupante y en este ambiente de violencia (en que se encuentra el estado)”, por lo que buscan tener contacto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque, dicen, “no tiene ningún caso” presentar la queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

“Nosotros hemos iniciado un proceso judicial y la autoridad un proceso mediático y lo que busca es desvirtuar o presionar al proceso judicial y es el juego al que no vamos a entrar” explicó Paulina Uribe, de Agenda Ambiental Irapuato.

El 23 de agosto, los ambientalistas interpusieron un juicio de amparo en el Juzgado Noveno de Distrito (el 695/2021) y el 25 de agosto el municipio comenzó a mover los árboles de la zona. Ello originó que los primeros ingresaran un documento de emergencia para notificar al juzgado de la acción, así que un actuario se apersonó y ordenó detener la obra, para que posteriormente el Juzgado concediera la suspensión provisional, “porque la jueza no entendía qué estaba pasando, dijo ‘paren hasta que veamos qué está pasando”, explicó la ambientalista Uribe.

Después, el Juzgado Noveno otorgó la suspensión definitiva en el juicio de amparo para detener la obra hasta que se dicte una sentencia. En tanto, la autoridad deberá comprobar por qué el parque es la única alternativa; “hasta hoy el municipio no está comprobando que sea la única alternativa, hay otras, tiene que entregar más informes”, señaló la activista.

“Hasta el momento, la explicación que ha dado el municipio es de risa; hicieron todo un estudio técnico para decir que es el espacio más cercano al hospital” además argumentan que la Secretaría de Salud solicitó “un lugar cercano”.

Una torre “a costa de lo que sea”

Tras la suspensión definitiva, las primeras amenazas vinieron de la autoridad. El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez en su último informe de gobierno dijo: “el egoísmo en unos cuantos, interés personal o la ignorancia, les hace reaccionar contra los altos intereses de la ciudad”. Así comenzaba su discurso, pero fue más allá: “yo convoco a los colegios, a las cámaras, asociaciones, sindicatos, comerciantes etcétera a que defendamos este proyecto tan importante para la salud de los irapuatenses a costo de lo que sea”, a pesar de que reconoció que los gobernantes están sujetos al escrutinio público.

Ortiz fue secundado nada menos que por el propio gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien textualmente dijo que el recurso para esta torre podría perderse en Irapuato y “llevarla a Xichú” si los ambientalistas no desistían del amparo. Y puso plazo al mes de noviembre, pues la autorización que se consiguió del gobierno federal tendría límite hasta diciembre.

“Yo coincido con lo que dijo el alcalde, ojalá que de verdad se tome conciencia porque es por la salud de los irapuatenses… Ojalá entre la razón y la conciencia, se ha modificado el proyecto arquitectónico para salvar la mayor cantidad de árboles posible, creemos que un espacio médico debe tener arbolados y los que no, se tendrán que trasplantar, buscando puedan vivir en el mismo parque”, dijo Diego Sinhue.

Pero a decir de Paulina Uribe, de Agenda Ambiental de Irapuato, se busca que se transparente todo el proceso que involucra la construcción de la nueva área médica, porque las autoridades no han entregado los informes que justifiquen la donación del predio y el por qué se pretende destinar un área del parque Irekua.

“Nos mueve esa indignación y que nos pongan a elegir derechos; debemos tener autoridades competentes que garanticen todos nuestros derechos de manera equitativa y para todos, no que nos pongan a escoger”. Es indignante que donen un espacio público sin una consulta pública, “¿cuándo se hicieron las sesiones de ayuntamiento donde se donó?, no había claridad del por qué se donó”, añadió.

A raíz del juicio de amparo, se conoció que la autoridad elaboró un dictamen técnico. “En él dicen que tienen dos opciones, el parque o cerca de la plaza de toros y la única razón por la que eligen el parque es porque está un poco más cerca que el hospital; no puede ser que hayan hecho un dictamen técnico para eso” y lo argumentan “como una necesidad”.

También se basaron en que “el programa de planeación municipal dice que hay déficit de áreas verdes y también de infraestructura de salud. Al hacer esto en el parque Irekua enfrentan las dos necesidades, pueden hacer las dos cosas posibles”.

La respuesta hasta hoy de la autoridad contradice lo asentado en el Plan Municipal de Desarrollo a 20 años, “que lo van a compensar con áreas verdes y van a crear más infraestructura... se le cruzan los cables”, afirma la integrante de Agenda Ambiental Irapuato.

Entiende la postura de las autoridades, pero les hace una invitación “a que reconsideren que ese recurso no se debe manejar como si fuera dinero privado… asumimos que la torre será nivel Alemania, si tienen tanto dinero debieron haber considerado comprar un terreno, era necesario planear, hacer un estudio técnico. Los recursos son públicos y es la autoridad la que tiene que dar explicaciones; las ambientalistas no somos responsables de los efectos de la suspensión porque nosotros no somos funcionarios ni manejamos recursos”.

Ante la criminalización en su contra, afirmó, la sociedad lo puede entender “como un falso dilema, (pero) las autoridades no deben darnos a escoger entre nuestros derechos”. El llamado al gobernador es que “garantice que el recurso se quede en Irapuato”.

Irapuato: árboles cambiados por concreto

“En temas medioambientales no se ha ganado” en las últimas administraciones, dijo la activista; “se ha perdido mucho, particularmente Ricardo Ortiz tiene una visión de construir una ciudad de calles, urbanizar y la urbanización mal planeada va por encima de los espacios verdes, con los cinturones viales que han hecho hemos perdido muchos árboles y áreas verdes”.

Cada árbol debe estar previsto en una manifestación de impacto ambiental, resalta; cuántos árboles hay, cuántos se perderán y esa información debería de ser pública. Pero en el caso de la construcción de la torre “dijeron que la obra no requiere un manifiesto de impacto ambiental, entonces por qué mueven árboles. Si no hay un criterio cómo vamos a saber que los (árboles) que movieron van a servir o no van a servir, además los movieron de la barda del hospital a 6 metros; para qué los mueven, qué sentido tiene eso”.

Incluso recalcó que un nuevo Reglamento de Impacto Ambiental “en los 6 años de Ricardo Ortiz se cantó, pero nunca se publicó. Nuestro reglamento ambiental es vigente desde el 95 y sobre ese es en el que se basan para estar haciendo estas obras. Es una contradicción porque con un reglamento del 95 están haciendo una planeación del 2023. Es absurdo, para nosotros está reprobado en el tema ambiental”.

En tanto, 33 grupos y asociaciones de ambientalistas del estado de Guanajuato se unieron para rechazar los actos de criminalización en contra de las ambientalistas por parte de las autoridades.

“Resulta inaceptable que sugiera el desistimiento de una acción constitucional, estos discursos que llaman a la confrontación tienen el agravante de que se realizan en contra de colectivos y organizaciones. Señor gobernador, lo instamos firmemente a que considere la reubicación del proyecto fuera de los límites del Parque Irekua. Es usted quien, de insistir y mantener una posición intransigente, perderá, una vez más, la oportunidad de mostrar sensibilidad, hasta ahora ausente en su ejercicio de gobierno, hacia el derecho de todas y todos de disfrutar de un medio ambiente sano”.

Un desastre el Hospital General, lo describe líder sindical

A la estrategia oficial para aferrarse al proyecto se subió el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud Sección 37 Guanajuato y su Secretario General José Martín Cano Martínez, quien salió a defender el proyecto de ampliación del Hospital General argumentando las deficiencias del inmueble y servicios, aunque esto suene a antipropaganda del propio gobierno de Guanajuato, que significaría que la infraestructura del sistema de salud del estado no es “el de primera” de todo el país, como Diego Sinhue lo ha presumido.

En una aparición expresamente para hablar del tema, Cano Martínez aseguró que el hospital general “está al borde del colapso” por lo que deben garantizar la operatividad y prometió duplicar la productividad.

El sindicato, dijo, tomó la decisión de ver que los trabajadores tengan “espacios dignos, en mejores condiciones, donde eviten cometer errores y se dignifique el derecho al trabajo”. Hoy no puede tener la sana distancia por la demanda, aunado a que los consultorios “son insuficientes”, señaló. Los médicos dejarían de compartir consultorios, “varios no cuentan con espacios mínimos para atender con dignidad, y derivado de la antigüedad del inmueble se presentan incumplimientos normativos y condiciones limitadas como tránsito y permanencia de personas con discapacidad; las salas de espera están limitadas y no cuentan con características propias de iluminación y ventilación; el número de sanitarios es insuficiente. Es imposible crecer verticalmente”, fue el desastre que Martín Cano describió en el Hospital General de Irapuato.

Incluso, dijo que una de las situaciones que ha limitado la atención en el área de urgencias es la cantidad de heridos de bala que ingresan al hospital, “porque hay agentes de seguridad vigilando las áreas”.

A sus 45 años de operación, el Hospital General tiene 96 camas; atiende a 646 mil 948 habitantes, de los cuales 312 mil 900 no cuentan con seguridad social.

El Sindicato de Trabajadores de Salud, por cierto, apareció a “socializar el proyecto” después de siete meses de que se pretendió iniciar con las obras y tras los recursos en tribunales interpuestos por los ambientalistas.

Al evento “de socialización” se invitó a algunos empresarios y organizaciones, a las que se expuso que se talarán dos árboles de los 21 que hay en el área; se afectarán 15 “con poda” y cuatro serán reubicados. “El proyecto cuenta con todos los servicios medioambientales, tanto estatales como municipales aplicables”.

Martín Cano también sostuvo que no es factible que la torre se construya en otro espacio porque la plaza de toros y el estacionamiento cercano son propiedad privada. “En el espacio de Reverte Mexicano nos encontramos con los cimientos del estacionamiento subterráneo, hay otro más cerca de la Cipol, pero solo da espacio para un centro de salud”.

Y vinieron los cuestionamientos de la ciudadanía convocada.

“¿Por cuánto tiempo será suficiente el espacio; la torre atenderá el problema de salud en el municipio?” fueron algunas de las preguntas para las que no hubo respuesta concreta.

“Felicitarlos por la preocupación que tienen, qué bonito que luche por el empleo; los ambientalistas no estamos en contra de la torre, estamos a favor; lo que impresiona es esa terquedad de no cambiar de lugar a la torre. La torre de consultorios no resuelve el gravísimo problema (de salud). Me preocupa la falta de coherencia de un sindicato de la salud cuando tenemos prácticamente el agua envenenada, el aire en una calidad pésima, la escasez de agua a pesar de las lluvias sin acción del gobierno, eso es salud, no nada más los hospitales. Los hospitales son consecuencia de que no se está cuidando la salud”, refutó la ambientalista Leticia Ochoa, de Planeta 4, al sindicato.

“¿En cuántos años va quedar saturado y se va tener que ir a otro lado? me sorprende con gente tan inteligente como ustedes, por qué no se usa la construcción del Paralímpico y aquí se deja nada más para consulta externa”, agregó.

A estos cuestionamientos se sumó Pedro Salgado, empresario irapuatense quien dijo a las personas presentes que en 1976, la familia Taboada Albarrán donó 33 hectáreas al municipio, extensión que al paso de los años se ha ido reduciendo en sus áreas verdes. “Lamentablemente quedan 6 o 7 (hectáreas) de lo que es el parque Irekua”.

Salgado también reveló que en 2019 le envió una carta al alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez donde le expresó la preocupación que ahora hizo pública.

“Veo 3 aspectos; uno que es la necesidad de construir la torre, no creo que haya nadie que se oponga a ella (pero) existen sinnúmero de factores a analizarse; la superficie del hospital civil es totalmente limitada, la torre que pretende construir a la que no me opongo, ¿la superficie es suficiente?, ¿cuánto tiempo va ser adecuada para que mañana o pasado busquemos otro pedazo del Irekua para quitárselo y la construyamos?, ¿estaremos otra vez en las mismas condiciones?, ¿se reúne un espacio adecuado para que los familiares de los enfermos puedan descansar y ver a sus familias?, ¿el lugar es el adecuado al ser la vía principal de la ciudad?” fueron las preguntas que soltó al hilo.

Ahora el tema le tocará resolverlo a la administración de la alcaldesa también panista Lorena Alfaro, quien en redes ha argumentado que será un nuevo Irapuato, “será escuchado y uno solo y más unido”. Como autoridad municipal, le corresponderá dar seguimiento a la entrega de los informes al Juzgado de Distrito para justificar el proyecto en el sitio elegido.