El sistema de justicia en Guanajuato enfrenta una crisis que se acentúa con la liberación de detenidos por delitos que van desde los homicidios dolosos hasta robos a negocios, además de que la Fiscalía General del Estado incurre con frecuencia en omisiones en la integración de las carpetas de investigación, mientras la violencia sigue al alza en la entidad.

Las críticas por las decisiones que han tomado juzgadores vienen de diferentes grupos de la sociedad civil como el empresarial, abogados, pero también por parte de autoridades como el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, además del alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz.

A cuatro meses del cambio de nombre de Procuraduría General de Justicia del Estado a Fiscalía General del Estado con Carlos Zamarripa como titular, quien contó con el aval del PAN para sumar nueve años a los 10 que ya lleva en el cargo, siguen presentándose casos en los que se evidencia que la mala integración de carpetas de investigación permite que estén libres presuntos delincuentes, acusados de vínculos con grupos criminales, homicidios y quienes han adoptado como modo de vida el robo.

Ilustración Pinche Einnar

La “puerta giratoria” a la que se refería Miguel Márquez Márquez en los últimos años de su gobierno para justificar el aumento de la violencia por delitos de índole federal, también se replican en Guanajuato con la liberación de personas que han sido detenidas acusadas de cometer delitos del fuero común.

El caso más reciente fue la liberación de las dos personas que habían sido señaladas como los autores del homicidio del joven Ludwin Coronado Licea, quien desapareció el 11 de mayo de 2018 en la colonia Las Teresas de Guanajuato capital, y que, tras una intensa búsqueda por parte de sus familiares, fue localizado su cuerpo sin vida en el municipio de Romita, un mes después.

El 11 de junio del 2018 la Procuraduría de Justicia del Estado presumía la detención de Mauricio “N” y Carlos “N” como los presuntos responsables del asesinato del joven de 19 años, pero un año después salieron libres porque, a decir de la jueza de control Mónica Olmos Ortega, la Fiscalía no pudo comprobar que los inculpados fueron los asesinos de Ludwin.

Madre lucha por justicia para Ludwin

Fue uno de los casos de desaparición que más conmocionaron a la sociedad del municipio guanajuatense. Ludwin Axel Corona Licea, un joven de 19 años que vivía con su madre en la colonia Las Teresas fue visto por última vez el 11 de mayo del 2018 por su madre, Martina Licea. La familia y ciudadanos del municipio se movilizaron durante semanas para exigir la aparición del joven, pero fue un mes después que su madre tuvo que ir al Servicio Médico Forense de Irapuato porque el cuerpo había sido localizado en las inmediaciones del municipio de Romita.

Desde ese momento Martina se prometió que, así como lo había buscado hasta el final, ahora la lucha la enfocaría en buscar que las personas responsables pagaran por el homicidio de su hijo.

Dos días después de que se localizó el cuerpo de Ludwin, la Procuraduría anunció la detención de los presuntos responsables del homicidio con arma blanca.

Fotografía periódico Correo

Un año después, completamente decepcionada por la actuación de las autoridades responsables de la procuración e impartición de justicia en el estado, Martina vio cómo la jueza Mónica Olmos Ortega absolvió del delito a Carlos y Mauricio, pese a que en audiencia previas habían reconocido ser los responsables de la muerte del joven.

“No se trabajó como debiera puesto que dejaron libres a los asesinos, ellos son. Ya lo habían aceptado en las primeras audiencias, estoy muy enojada, desconcentrada con todo esto, todavía no me cae el veinte. Dios me está dando mucha fortaleza”.

En busca de apoyo, Martina se acercó al Congreso local, el mismo que con el aval panista mantuvo al frente de la Fiscalía a Carlos Zamarripa, pese a la inconformidad ciudadana. Las deficiencias en las pesquisas de la Fiscalía fue lo que llevó a la liberación de los presuntos responsables, pues no pudieron acreditar cómo actuó cada inculpado en el homicidio de Ludwin.

Cuestionada sobre si quedaba conforme con la actuación de la Fiscalía, inmediatamente un abogado que dijo asesorarla para la impugnación tomó la palabra para asegurar que recae en el Poder Judicial las omisiones e irregularidades del proceso.

Edgar Alejandro Cervantes, abogado que dijo asesorar a la madre, sostuvo no estar en condiciones de juzgar el trabajo que realizó la Fiscalía.

Sin embargo, Martina manifestó estar inconforme con el trabajo que realizó la Fiscalía General en la integración para dar con los responsables.

“Yo siento que el fiscal ya no hizo su trabajo como lo debió haber hecho porque le faltaron pruebas, no se movilizó como debió haber hecho”.

Pero no solo la Fiscalía hizo mal su trabajo, sino que la madre de Ludwin responsabilizó a la juez de que el asesinato de su hijo siga impune.

“Yo luché por mi hijo hasta que lo encontré, y voy a seguir luchando hasta que se haga justicia porque fue injusto lo que hicieron. Yo no sé qué pasó con esta juez porque todo fue de la juez, la que determinó eso, yo desde media audiencia quería pararme y salirme porque estaba muy enojada”.

Martina también señaló sentir miedo al estar libres Mauricio y Carlos, pues incluso ha recibido ya amenazas.

“Yo tengo miedo porque tengo nietos, tengo más hijos, y tengo miedo. Son unas personas locas, son unos mostros por todo lo que le hicieron a mis hijos… tengo miedo de que vayan y se roben el cuerpo de mi hijo”.

En sus declaraciones, Martina afirmó que el padre de uno de los inculpados compró testigos para que su hijo saliera libre.

Los señalamientos

En los últimos días han sido múltiples sucesos los que se han dado a conocer en los que se cuestiona la actuación del Poder Judicial, incluso ha llegado a manifestarse al respecto el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, al proponer que se haga público un ranking con los jueces que más liberan a presuntos delincuentes.

Hace unos días, los amantes de lo ajeno que ingresaron al despacho del abogado Mario Morales, expresidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, fueron liberados por un juez de control, lo que derivó en pronunciamientos de rechazo a la actuación del Poder Judicial desde el Colegio de Abogados y el sector empresarial como el presidente de Concamin.

En el caso del presidente del Colegio de Abogados, Jorge Marcelino Trejo, reprochó que por la mala integración de una carpeta desde la Fiscalía General o por la decisión de juez hayan quedado libres quienes ingresaron a robar el despacho del abogado y agredieron al personal.

Sobre el mismo tema, también se pronunció el presidente de Concamin Bajío, Ismael Plascencia Núñez, quien calificó a los jueces como "pendejos" por dejar en libertad a los delincuentes, porque uno de los argumentos del juez fue que no era creíble que los elementos de la policía hayan acudido rápido al reporte de robo en el despacho jurídico ubicado en la zona centro de la ciudad.

También salió a la luz pública que de los 789 detenidos por homicidio doloso durante el 2018, solo 373 fueron vinculados a proceso para enfrentar el delitos que les imputó la Fiscalía General del Estado.

PAN “blinda” cheque para Zamarripa

El Poder Judicial no ha sido la única autoridad señalada, también la actuación de la Fiscalía General del Estado, por la liberación de delincuentes ante la falta de pruebas para vincularlos a proceso.

A pesar de que la fracción panista había anunciado que no se le daría un cheque en blanco a Carlos Zamarripa, cuando se pronunciaron en contra de eliminar el pase automático, el cambio de Procuraduría a Fiscalía ha servido para que las denuncias por las omisiones del personal vayan en aumento.

El coordinador de la bancada panista en el Congreso, Jesús Oviedo Herrera, aseguró que el cambio a Fiscalía va más allá de un cambio de nombre, pues se han dado resultados positivos con Zamarripa al frente.

“Ha habido algunas detenciones, creo que ha habido resultados positivos, por supuesto que esperamos más y mejores resultados para recuperar la tranquilidad”.

A pregunta expresa sobre la respuesta que daría a la madre de Ludwin, quien llegó al Congreso en busca de apoyo de los legisladores, Oviedo se limitó a lamentar el asesinato del joven.

“Lo que buscamos es que haya justicia, que se actúe apegado a derecho, para poder dar un señalamiento habría que conocer todo el antecedente. La información desde el ámbito mediático, no conozco la información”.

Badillo se pronuncia por la transparencia en el PJ

En medio de los señalamientos por el elevado número de presuntos delincuentes que son liberados, el Poder Judicial está obligado a transparentar no solo las estadísticas sino las evaluaciones al desempeño de los jueces.

Así lo manifestó Jesús Badillo Lara, ex presidente del IEEG y del colegio estatal de abogados, quien expuso que el problema en la impartición de justicia es evidente por las liberaciones que terminan siendo un problema de Estado y no solo del Poder Judicial.

Comentó que la liberación se puede sustentar en varios momentos del proceso, pero por eso es necesario conocer los factores que lleven a corregir las decisiones de los juzgadores.

Badillo Lara dijo que al transparentar más los procesos será más fácil que se puedan corregir los errores.

El especialista pidió al Poder Judicial tener mayor apertura para detectar los problemas que enfrenta la impartición de justicia en el estado.