La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó "violaciones graves a los derechos humanos" contra personas albergadas en los centros de asistencia dependientes de la asociación civil Ciudad de los Niños Salamanca, cuyo titular es el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías, por lo que emplazó a cancelar el registro de esa organización como entidad de asistencia social.

Además, emitió recomendaciones a tres gobernadores, dos fiscales generales y dos presidentes municipales para que se aboquen a reparar los daños, disculparse con las víctimas y a abrir investigaciones contra los servidores públicos que incumplieron sus funciones en este caso.

Una denuncia anónima en 2016 reveló que en los albergues Ciudad de los Niños en Salamanca se cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes ahí albergados. Gutiérrez Farías solicitó un amparo para que una menor regresara al albergue luego de que el DIF estatal la sacó del sitio cuando detectó que a la niña le habían quemado sus manos. El caso llegó al juzgado federal a cargo de Karla Macías Lovera, quien a mediados de 2017 emitió una sentencia que sacó a la luz numerosas irregularidades que hasta la fecha no han sido investigadas por las autoridades locales.

El cura Pedro Gutiérrez pretendía poner en operación el albergue Ciudad de los Niños nuevamente. Fotos: archivo

Al impugnar la sentencia de la jueza Macías, el asunto llegó al Segundo Tribunal Colegiado en materia penal que dado las graves violaciones a los derechos humanos y a la inacción de las autoridades lo turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determinó que no era un caso para ser analizado por dicha instancia y lo regresó al Tribunal Colegiado. En julio de 2019 el Tribunal sentenció que la jueza se había excedido en sus funciones y sólo resolvió que la menor de edad no regresaría al albergue, dejando sin resolución los presuntos delitos cometidos en el albergue. Con el voto de los magistrados Ricardo Garduño Pasten y Arturo Rafael Segura Madueño se acordó que el caso tendrá que ser investigado directamente por la Fiscalía General de la República, por el posible conflicto de interés de las autoridades locales. “Poner en conocimiento algunos hechos que ahí se señalan de la Fiscalía General de la República ante el posible conflicto de intereses que pudiera haber dentro del desarrollo de este proceso”, comentó Garduño Pasten, propuesta secundada por Segura Madueño.

La CNDH acreditó violaciones graves a derechos humanos cometidos en contra de diversas personas albergadas en la Ciudad de los Niños Salamanca, por lo cual emitió la recomendación 32VG/2020 dirigida a los gobiernos de Guanajuato, Michoacán y Querétaro, a las Fiscalías de Justicia Estatales de Aguascalientes y Guanajuato y a los Presidentes Municipales de San Francisco del Rincón y San Luis de la Paz.

También logró acreditar que los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia estatales de Guanajuato Michoacán, Querétaro, y los municipales de San Francisco del Rincón y San Luis de la Paz, por la omisión de supervisar las condiciones en las que operaban los albergues administrados por el cura católico Pedro Gutiérrez Farías.

Lo que el organismo autónomo refiere que encontró fue:

• Actos de tortura cometidos en agravio de 21 personas menores de edad y 10 personas adultas que viven con discapacidad.
• Violencia sexual perpetrada en contra de 9 adolescentes y 4 personas mayores de edad.
• Trato cruel inhumano y degradante en perjuicio de 17 personas menores de edad y 2 personas adultas.
• Omisión de proporcionarles a 20 adolescentes y a 14 personas adultas atención especializada integral, que requerían con motivo de su condición médica, psicológica y discapacidad intelectual.
• Inadecuada instrucción escolar impartida en los centros de asistencia social en cuestión.
• Condiciones indignas, de promiscuidad, insalubridad y riesgo, en las que habitaban al menos 324 personas (135 niñas, niños y adolescentes, así como 191 personas adultas que presentaban una discapacidad intelectual) en los diversos centros de asistencia administrados por la asociación civil en cita.
• Las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato, por la dilación e irregular integración de las averiguaciones previas y carpetas de investigación, relacionadas con los hechos delictivos cometidos en los diversos albergues de la “Ciudad de los Niños Salamanca A.C.”
• El Registro Civil del Estado de Guanajuato, con motivo de las inconsistencias advertidas en las actas de nacimiento de 169 personas que fueron registradas como hijas e hijos biológicos del cura Pedro Gutiérrez Farías.
• Los Gobiernos de los estados de Guanajuato, Michoacán y Querétaro, por la implementación inadecuada de políticas públicas para abatir los índices de vulnerabilidad extrema que presentan diversas niñas, niños y adolescentes, así como personas con discapacidad, que habitan en esas entidades federativas.

Pedro Gutiérrez Farías.

La recomendación 32VG/2020, instruye a los gobernadores de Guanajuato y Querétaro, así como a los presidentes municipales de San Francisco del Rincón y San Luis de la Paz:

“Se otorgue a las víctimas, una reparación integral del daño, que incluya la atención médica especializada integral, psicológica y/o psiquiátrica que de acuerdo con su condición física y mental requieran, así como el pago de una compensación y/o indemnización”.

Que ofrezcan una disculpa pública institucional a las víctimas directas de los hechos.

Se integre un grupo interdisciplinario que analice la situación de las personas menores de edad que en su momento fueron albergadas en la Ciudad de los Niños, que actualmente se encuentran bajo su guarda y custodia y que se establezca el programa integral para restituirlos en los derechos humanos que les fueron vulnerados.

Les pide que colaboren “ampliamente” en las quejas y denuncias que formule la CNDH ante los órganos interno de control y en las instancias de procuración de justicia de Guanajuato y Querétaro, en contra de las y los servidores por el incumplimiento de sus funciones, ya que toleraron violaciones graves a derechos humanos que dieron origen a este pronunciamiento.

Al Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo le pide que cancele el registro de “Ciudad de los Niños, Salamanca, A.C.” en el padrón de Organizaciones de la Sociedad Civil con fines de asistencia social, para que no continúen acogiendo a personas menores de edad y personas adultas con discapacidad o padezcan alguna adicción.

Que se realicen las diligencias necesarias para establecer “de manera indubitable la filiación” y la red familiar de las 169 personas que fueron registradas como hijas e hijos biológicos de Gutiérrez Farías así como de iniciar los juicios familiares para que tengan los apellidos de sus progenitores.

Al Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, le piden que cancele el registro de “Ciudad de los Niños, Morelia, A.C.” para que no pueda acoger a ninguna persona.

Al Fiscal General del Estado de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, le solicita que se integre a la brevedad la averiguación previa por la privación ilegal de la libertad de 2 adolescentes, para que se determine su paradero y sean entregados a la Procuraduría de Protección de Guanajuato.

Al Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre que determine la probable responsabilidad de un miembro de Ciudad de los Niños en la comisión de un delito sexual en agravio de una mujer adulta con discapacidad intelectual. También le pide que inicie las carpetas de investigación por los hechos delictivos cometidos en agravio de diversas personas que se encontraban albergadas la “Ciudad de los Niños, Salamanca, A.C.” y en contra de servidores públicos que autorizaron y toleraron el funcionamiento de esos centros de asistencia social.

Había anunciado reapertura tras exoneración de la fiscalía de Guanajuato

El 19 de julio de 2019, el padre Pedro reapareció en una conferencia de prensa en Salamanca, acompañado de un abogado y otros religiosos. Allí anunció su intención de reabrir el albergue y aceptar menores de edad en custodia, al asegurar que "no hay pruebas en su contra" de los delitos de que se le acusaba.

En esa ocasión aseguró que retomaría el funcionamiento del albergue, para lo que necesitaba dos millones de pesos, los que esperaba recibir de donaciones. Gutiérrez Farías nunca aclaró el destino de más de 45 millones de pesos recibidos de los tres niveles de gobierno, además de numerosas donaciones en especie.

En septiembre de 2018, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, hoy Fiscal General, exoneró a Pedro Gutiérrez Farías de cinco causas penales iniciadas tras la investigación de la juez federal Karla Macías Lovera.

De las cinco causas penales iniciadas por los presuntos abusos cometidos contra más de cien niños que vivían en los albergues dirigidos por Gutiérrez Farías, la Procuraduría no vinculó a proceso penal al sacerdote por ninguno de estos delitos.

La PGJEG tampoco fincó responsabilidades a servidores públicos de instancias oficiales como los sistemas DIF estatal y municipal y Registro Civil, aun cuando los supuestos abusos fueron cometidos en complicidad con funcionarios de dichas dependencias de gobierno.