Con información de Melissa Esquivias y Carmen Pizano

Vecinos y padres de familia del jardín de niños Juan Aldama, mutilado en una maniobra de la anterior administración municipal, no se resignan y buscan recuperar el espacio: “Se va a requerir que eso quede como estaba porque eso es de los niños, se está violando el derecho de los niños. Es un despojo, a nadie se le dio aviso, fueron engaños para decir que el señor iba a remodelar la casa”, reclamó una vecina del Mirador que ha visto pasar a hijos y nietos por el aula del preescolar.

Acompañadas de un abogado integrante del Observatorio Estatal Ciudadano, integrantes de familias afectadas por el despojo del kínder Juan Aldama atendieron la petición de Gabriel Padilla para llegar a un acuerdo. Sin embargo, ante la ausencia del empresario o de un representante, los asistentes a la reunión fijaron una postura tajante para no ceder a los posibles ofrecimientos reparatorios y pelear legalmente - a través de una demanda civil-, los más de mil metros cuadrados de terreno que fueron recortados al preescolar.

En tanto, la comunidad de Mirador Campestre exigió al vecino responsable del despojo “dar la cara” y prestar atención a sus reclamos. El mensaje tuvo como conducto al guardia de seguridad de la obra: “Dígale al señor Padilla que se haga presente, que venga y nos dé la cara, porque estamos muy molestos con su actuar”.

Fernando Revilla dialoga con vecinos y padres de familia del kínder Foto: Juan José Plascencia

A través de la Fiscalía Anticorrupción, el Observatorio estatal denunciará a los funcionarios implicados y al particular por presuntos actos de corrupción.

“Si hubo actos que de manera dolosa quitaron bienes a una escuela creo que lo que va a pesar bastante es que se discutan derechos de los niños, y eso es lo que un juez va a decir ‘a mí me vale gorro quién sea, va para atrás”, declaró Fernando Revilla.

Casi un mes de silencio transcurrió hasta que Padilla Cordero contactó a las personas afectadas por el despojo del patio del kínder Juan Aldama, por medio de un guardia de seguridad de la construcción. Puntuales, las y los vecinos, acompañados de padres y madres de familia, se dieron cita al mediodía del jueves 21 de octubre afuera del plantel, donde ya estaban dos hombres -uno de los cuales se identificó como Alejandro Guilbert Pastrana- que negó ser el negociante y se ostentó como enviado de la Red de Alianzas Comunitarias, y otro más que no se identificó pero tomó fotos y videos de toda la reunión.

“No se hizo presente el señor Gabriel Padilla, no hubo ningún acuerdo y no va a haber ningún acuerdo”, declaró con enfado Guadalupe Rodríguez, secretaria del Comité de Colonos. Ahora con la asesoría legal del Observatorio Estatal, ofrecida por Fernando Revilla y Roberto Saucedo Pimentel, vecinos y padres de familia se preparan para llevar el caso del kínder Juan Aldama a los tribunales.

Foto: Juan José Plascencia

Veinticuatro horas después de la primera reunión, el secretario de Ayuntamiento Jorge Jiménez Lona se hizo presente en el kínder, acompañado del director de Educación Municipal, Jonathan González Muñoz. Aunque la intención de la visita era hacer un diagnóstico de las carencias del plantel, entre las que la falta de una barda perimetral fue la más evidente, ambos funcionarios debieron escuchar los reclamos de los vecinos por la operación con la que la administración anterior, encabezada por Héctor López Santillana, recortó más de 1 mil m2 a la escuela.
Como resultado del encuentro con padres, madres y vecinos, sostendrán este lunes 24 de octubre una reunión con integrantes del Ayuntamiento.

“Les comentamos que el motivo de la reunión era para el tema de las necesidades de la escuela, pero los invitamos a una reunión a presidencia el próximo lunes o martes (...) Les comentamos que nosotros vamos llegando pero no desconozco el tema, es un tema público y ya hay una averiguación en Contraloría”, declaró Jiménez Lona en entrevista para POPLab.

Al respecto, el primer síndico José Arturo Sánchez Castellanos declaró que el particular está “en todo su derecho” de negociar, sin embargo hizo un llamado a los vecinos a esperar que concluya la investigación en la Contraloría para conocer las posibles resoluciones, sanciones y en su defecto el resarcimiento del daño.

“Si de la conclusión se desprende resarcir el daño al kínder pues ahí sí podría acercarse y si los padres de familia están de acuerdo establecer un convenio o un acuerdo (...) Si él está tomando esa iniciativa creo que ahí el indicativo es que, si no hubiera nada que temer no habría por qué acercarse, pero si se está acercando pues algo a lo mejor le está remordiendo”, advirtió.

Pone PAN en Congreso freno a auditoría por robo del kínder

Con el argumento de que el punto de acuerdo presentado por la morenista Alma Alcaraz Hernández no cumple con los requerimientos técnicos para que se ordene a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) realizar una auditoría específica por el despojo de 1 mil 50 m2 al preescolar Juan Aldama de León, la mayoría panista en el Congreso local mandó la propuesta a que revisión de la comisión de Hacienda y Fiscalización.

En la propuesta, Alcaraz solicitó que se considerara de obvia resolución; es decir, que se votara en la sesión de Pleno de este jueves, pero la decisión de la mayoría fue que se regresara a la comisión que preside el panista Víctor Zanella Huerta, quien desde tribuna aseguró que " Acción Nacional está a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas, pero todo apegado al derecho", para luego señalar que el documento presentado por la diputada de Morena no cumplía con los requisitos que establece la Ley de Fiscalización para el Estado de Guanajuato. "Como puede ser sujeto de fiscalización, periodo de revisión, objeto".

En la exposición de motivos, la diputada Alma Alcaraz explicó que el despojo al preescolar representa una violación a los derechos humanos de las familias vecinas, pero además se puede presumir la existencia de delitos graves como la desviación de recursos porque el predio fue vendido, a través de un tercero, al empresario Gabriel Padilla por debajo del valor real, como lo documentó POPLab.

"Lo que estaría cerrando la pinza de la trama ilícita y actualizando con ello un daño al erario y por ello, al menos, una falta administrativa; sin embargo, es probable que esto pueda constituir también un desvío de recursos, lo cual actualizaría una falta administrativa grave".

Alma Alcaraz Foto:Twitter

La misma diputada de Morena manifestó que la ASEG no es la institución más confiable para que pueda hacer la revisión, pero es el medio legal que existe para indagar los actos de dominio que derivaron en la desafectación del terreno que pertenecía al kínder Juan Aldama, así como el intrínseco beneficio al empresario Gabriel Padilla Cordero.

"Sabemos muy bien que la Auditoría Superior del Estado obedece a esos mismos intereses de grupos de poder en el Estado. Sin embargo, utilizamos las herramientas institucionales con las que contamos porque no tenemos de otra, no porque de verdad e ingenuamente esperemos resultados apegados a la verdad y a la justicia... No dejaremos de denunciar tan aberrantes actos emanados desde el poder político en la entidad, y de exigir que se restituya ese bien inmueble a la institución educativa, y se deslinden las responsabilidades correspondientes".

Para hablar en contra de la obvia resolución del punto de acuerdo con el que se ordería a la ASEG realizar la auditoría específica, el diputado panista Víctor Zanella Huerta dijo que "las consideraciones del punto de acuerdo en discusión no se comparten y menos con los argumentos presuntivos o señalamientos particulares que en su redacción que en su conjunto no son propios ni idóneos para poder iniciar una auditoría".

También manifestó que las instituciones creadas para el combate a la corrupción tienen que actuar "en el marco del respeto a los derechos humanos".

En entrevista, cuestionado sobre qué derechos humanos violenta el punto de acuerdo presentado por Alma Alcaraz y a quién o quiénes se violentaría estos derechos, el legislador del PAN aseguró que no existe ningún tipo de protección al empresario o funcionarios involucrados, simplemente lo mandaron a comisión para corregir los errores técnicos de redacción que tiene el documento presentado por Morena.

Víctor Zanella Huerta Foto: Twitter

"No se está protegiendo a nadie, no se está desechando, si se hubiera querido borrar el tema de entrada se hubiera desechado, lo cual no fue. El objetivo es que sea lo legalmente correcto. Debemos cuidar el debido proceso, no soy una instancia judicial la responsabilidad de una u otra persona, por eso debemos proteger todo el proceso para que llegue a un final".

A decir de Zanella, el PAN no pretende impedir que se realice la auditoría, pero el punto de acuerdo tendrá que esperar votación en el Pleno hasta que revisen el asunto en la Comisión de Hacienda y Fiscalización, donde se harán llegar de "información correcta, no nada más por un dicho de alguien. Yo no puedo legislar, no puedo decidir con una subjetividad de algo o alguien".

Insistió en que la relevancia del tema que afecta a las familias de la colonia Mirador Campestre en León es trascendente, por eso como grupo parlamentario no lo mandaron directo al archivo, pese a las deficiencias técnicas del documento elaborado por Morena.

"Es un tema de importancia y trascendencia que no se decidió desecharlo por una falla técnica... Ante un tecnicismo que no venía bien planteado, por eso la solicitud es: vamos a revisarlo en la comisión para el cauce legal y se tenga que aclarar lo que corresponda, hay que seguir el proceso adecuado".

Informe de la SEG también se aplaza

A propuesta de las diputadas Yulma Rocha, del PRI, e Irma Leticia González, de Morena, la comisión de Educación en el Congreso local aprobó solicitar informes a la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) sobre el despojo al preescolar. El acuerdo quedó para que la dependencia estatal, cuyos funcionarios han negado entrevistas, mande respuesta al Legislativo en 15 días hábiles; es decir, tres semanas.

Comisión de Educación Foto: Congreso Guanajuato

Originalmente, la diputada de Morena, Irma Leticia González Sánchez, propuso que se diera a la SEG una semana, pero a propuesta de la presidenta, la panista María de la Luz Hernández sugirió que se dieran 15 días hábiles .Además, la propuesta de Yulma Rocha Aguilar también fue modificada para dar más tiempo a la SEG para que entregue el informe sobre la situación jurídica de todos los predios destinados a centros educativos para ver si hay otros que se hayan enajenado, donado o vendido. Sin resistencia, a la propuesta panista, se aprobó en los términos presentados por el PAN.

Denuncian “opacidad”

El activista Fernando Revilla, integrante del Observatorio Estatal Ciudadano, difundió a través de sus redes sociales documentos que evidencian las reservas de información en el caso del Kínder Juan Aldama. Desde permisos, oficios y actas de sesiones de ayuntamiento y comisiones fueron negados a través de solicitudes de información dirigidas al Municipio. El argumento: la elaboración de un “acuerdo de Reserva” por parte de la Tesorería Municipal, que fue aprobado por la comisión de transparencia del cabildo el pasado 19 de octubre.

La justificación está basada en el artículo 72 (fracción VIII) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: “Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación (...) Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa.

No obstante, el abogado experto en transparencia, Roberto Saucedo Pimentel afirmó que el uso del recurso, aunque contenido en la Ley es “un exceso” utilizado comúnmente para simular una investigación y esperar a que los temas bajen de la agenda pública, con el afán de reservar información relevante que no abone a la mediatización.

“Sí hay un supuesto que establece que aquella información que se encuentre sujeta a auditoría, o en revisión o procedimiento será reservada. Pero el abuso está en que cuando la autoridad quiere ocultar algún expediente, yo no dudo que incluso ellos mismos le pidan a la Contraloría iniciar una investigación. Con eso en automático dicen: híjole ¿qué crees?, sí la tenía'' pero la Contraloría ya la está investigando”, declaró.

Saucedo Pimentel agregó que por tratarse de información requerida que no deriva de la investigación de Contraloría, es decir, oficios y documentos generados durante la operación para despojar al kínder, el Municipio no debería reservar más que los documentos generados durante el procedimiento de revisión.

Al respecto, el primer síndico José Arturo Sánchez Castellanos, impulsor de la investigación en Contraloría, sentenció que al término de la investigación los documentos deberán ser desclasificados y de acceso público.

“Es un cumplimiento de la ley, no es ni expectativa porque no está a criterio de nadie y obviamente tiene que ser más que un compromiso una obligación de quien los clasificó de que en el momento en que no tengan ya la utilidad de ser reservados darlos a conocer”, dijo.

Reaparece Padilla con millonaria Casa Club

A través de un video de Instagram difundido en el perfil del desarrollo inmobiliario La Valenciana -descrito ahí como “la comunidad mejor planeada del Bajío-, el empresario Gabriel Padilla Cordero anunció la construcción de una ostentosa “Casa Club”, para el disfrute de los futuros residentes de su desarrollo inmobiliario. La obra de 4 hectáreas que tendrá equipamiento urbano y áreas de esparcimiento costará al particular 100 millones de pesos y estará a cargo del prestigioso despacho arquitectónico Grupo de Diseño Urbano, creador del Parque México en la exclusiva zona de Santa Fe, CDMX.

“Veremos sonrisas, tendremos partidos, veremos a niños,a nietos, a sobrinos, será parte memorable del álbum familiar de cada uno de ustedes”, anuncia Padilla a los futuros residentes.