Texto y fotos: Yajaira Gasca

Para organizaciones feministas y activistas, en el Congreso local ya no hay nada que discutir con relación a las modificaciones jurídicas respecto a la Interrupción Legal del Embarazo, pues las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son concluyentes.

Consideran que lo único que tienen que hacer los diputados locales es modificar el Código Penal para el Estado y la Constitución local de acuerdo con los estándares establecidos por el máximo tribunal del país. Esto es eliminar el delito de aborto del Código Penal y el párrafo del artículo Primero de la Constitución local que se refiere a la protección de la vida desde el momento de la concepción.

Las estadísticas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México respecto a la Interrupción Legal del Embarazo refieren que de abril de 2007 hasta septiembre de 2021, 501 mujeres guanajuatenses acudieron a esa ciudad para un procedimiento médico de aborto.

Por otro lado, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) reportó en su informe El camino hacia la justicia reproductiva, una década de avances y pendientes datos sobre la presentación de al menos 231 denuncias por el delito de aborto en Guanajuato entre 2010 y 2020, en veintiuno de estos casos se habría ido a juicio y se emitieron nueve sentencias. En Guanajuato el delito de aborto contempla una pena mínima de seis meses y hasta tres años de prisión.

“¿Qué vamos a discutir? otra vez lo mismo, que ellos (los diputados), que la vida desde el momento de la concepción… que ellos creen, todos sus argumentos arcaicos de hace mil años, en México les guste o no les guste, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el delito de aborto, ellos lo que tienen que hacer es sacarlo del código y sacarlo de la Constitución”, refirió Verónica Cruz Sánchez, fundadora del centro Las Libres.

La activista e integrante de GIRE, Rebeca Lorea, coincide sobre esta postura y también el diputado que presentó la propuesta de reforma, Gerardo Fernández, del Partido Verde Ecologista.

Sin embargo, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado plantea una metodología de estudio con un espacio de opinión de 10 días, solo para instituciones públicas. La consulta no contempla a organizaciones de la sociedad civil y esto provocó la reacción de la Red de Movimientos Feministas de Guanajuato, que emitió un posicionamiento de rechazo.

“Le guste o no le guste”, el delito se debe eliminar

Lo único hay que hacer es eliminar del Código Penal de Guanajuato las fracciones del delito de aborto y también eliminar la fracción en la Constitución que protege la vida desde la concepción, recalcó Verónica Cruz Sánchez.

Y es que recordó que en septiembre del año pasado, la Corte declaró inconstitucional penalizar el aborto, invalidando un artículo establecido en el Código Penal de Coahuila, lo que sentó un precedente obligatorio para que todos los tribunales del país emitan a favor de las mujeres los fallos relacionados con este delito.

“Les guste o no les guste, con metodología o sin metodología, lo único que tiene que hacer es eliminar las fracciones del delito de aborto del Código Penal de Guanajuato porque ya no tiene ningún sentido que estén ahí, eso ni siquiera es debatible, ya no tenemos nada que debatir, está el estándar más amplio y la obligatoriedad de la declaratoria de inconstitucionalidad”, subrayó.

Reconoció que simbólicamente, la existencia de este delito en la legislación local tiene un significado, aunque jurídicamente es inválido y es necesario que el Congreso del Estado lo acepte.

De acuerdo con GIRE, Guanajuato es uno de los estados que tiene las normas más restrictivas relacionadas con el tema, pues la interrupción del embarazo solo está exenta de sanción en caso de violación o por hechos imprudenciales o culposos. Pero sí ameritan sanción otras seis causales como: situaciones de salud, alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto, peligro de muerte, inseminación artificial, causas económicas y voluntad de la mujer.

Verónica Cruz indicó que también la Corte declaró inconstitucional, en el caso de Sinaloa, el reconocimiento a la protección de la vida desde la concepción, concepto que está establecido en la legislación de Guanajuato, en el artículo primero.

“Tampoco se necesita debatir si ellos creen, si no creen, si les gusta, si no les gusta. La Corte puso un estándar más amplio que es inconstitucional, también tendríamos que legislar para eliminar la fracción de la Constitución que protege la vida desde el momento de la concepción… ya no tiene ningún sentido, porque lo más amplio es lo que dijo la Corte y a eso es a lo que nos tenemos que atender y ellos como legisladores no tienen nada que discutir más que eliminar”, enfatizó.

En los registros de incidencia delictiva, de septiembre a diciembre de 2021, aparecen al menos cuatro carpetas de investigación abiertas por aborto en Guanajuato. Cruz Sánchez aseguró que no hay mujeres perseguidas penalmente por este delito. En cambio hay personas que sí están acusadas por este ilícito, pero que están encarceladas además por otras conductas más graves como lesiones u homicidio, en contra de una mujer embarazada.

Reformas necesarias están en Ley de Salud, sostienen Las Libres

Subrayó que las modificaciones que sí deben contemplarse, están relacionadas con la Ley de Salud para garantizar a las mujeres acceso a abortos seguros, pues incluso a nivel nacional ya existen lineamientos al respecto.

Estos lineamientos, publicados en junio del 2021, son acordes con los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y definen que el aborto es: “la terminación de un embarazo antes de las 22 semanas completas de gestación o cuando el producto pese menos de 500 gramos. Su atención incluye al aborto espontáneo (aborto incompleto, en evolución, diferido, inevitable, muerte fetal intrauterina y sus complicaciones) y al aborto inducido (en embarazos viables o no viables).

El documento establece criterios y las reglas de los procedimientos que se pueden realizar en clínicas de la Secretaría de Salud.

Condiciones distintas, el camino a la despenalización

Para la activista Rebeca Lorea tampoco hay nada que discutir. Dice que lo único que tiene que hacer el Congreso local es atender y cumplir el marco constitucional actual que estableció la Suprema Corte.

“Obviamente siempre es deseable y una buena práctica hacer ejercicios como los foros de consulta pública, como los que se hicieron hace dos años para que haya una participación oral, pero en esta ocasión, aunque no los haya, la única forma o la única vía constitucional de darle cause a esta iniciativa sería ya pasándola y que sí sea ley la despenalización del aborto en Guanajuato”, señaló.

Esto lo mencionó en referencia a la discusión sobre la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado en materia de aborto que ocurrió en el Poder Legislativo en 2020 y que fue archivada con los votos a favor de la mayoría de los diputados del PAN. La propuesta planteaba la despenalización del aborto hasta las primeras 12 semanas de gestación y fue presentada por el PRD.

Sin embargo, diputados del PAN se aferraron al argumento de que la Constitución local establece la protección de la vida desde la concepción y consideraron que la modificación irían en contra de esta disposición.

Rebeca Lorea aseguró que las circunstancias actuales son distintas a la discusión que ocurrió en 2020, “ya pasaron dos años y ya estamos en otro momento y en otra situación sobre todo jurídica, en la cual hay poco que discutir, en las que las opiniones que den las dependencias y las autoridades no pueden ir en el mismo sentido en el que fueron hace dos años, sino que tiene que atender esa resoluciones de la Suprema Corte”.

De acuerdo con registros de GIRE, de enero de 2010 a enero de 2020, en Guanajuato se realizaron 17 abortos a mujeres víctimas de una violación. Sin embargo, el Instituto de Salud Pública del Estado informó sobre al menos 36 solicitudes de 2017 a 2021. Las solicitudes se concentraron en los hospitales maternos de León, Celaya, Irapuato y San Luis de la Paz. Se registraron pacientes desde los 11 y hasta los 39 años de edad.

El diputado del Partido Verde Ecologista, Gerardo Fernández, también subrayó que las sentencias de la Corte son claras, pues ya no corresponde a los estados cuál es el momento de inicio de la vida y ordenó eliminar el delito de aborto.

“Es simplemente un tema de legalidad, va más allá de los temas ideológicos y dogmáticos porque los que se habían frenado estas iniciativas antes”, dijo.

Análisis apresurado y sin participación ciudadana

En su más reciente sesión, la Comisión de Justicia, presidida por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Cristina Márquez Alcalá, acordó la metodología de estudio de 22 iniciativas. Algo sin antecedentes en anteriores Legislaturas.

Dentro de las propuestas acordadas y puestas a consulta, se incluyó la iniciativa de reforma al Código Penal relativa a la despenalización del aborto y sanciones a las terapias de conversión, así como modificaciones al Código Civil relacionadas con el matrimonio igualitario y el cambio de identidad.

“Yo nunca había escuchado de una comisión que mandara 26 o 27 iniciativas para que se respondieran en 10 días hábiles, si cuando les damos 20 o 30 días hábiles hay pocos que contestan, cuando se hace una metodología tan corta, ciertamente no se está buscando ni la participación ni que tengamos insumos valiosos para poder tomar decisiones y poder hacer legislaciones necesarias para Guanajuato”, criticó el diputado Gerardo Fernández (PVEM).

La metodología establecida para el análisis del tema también generó la reacción de la Red de Movimientos Feministas de Guanajuato, quienes emitieron un comunicado en el que criticaron la metodología establecida por la comisión porque no contempló la participación ciudadana, pues pidió sólo la opinión de instituciones públicas.

Las requeridas fueron al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General del Estado, a la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, a la Procuraduría de los Derechos Humanos y del Instituto de Investigaciones Legislativas.

“Quienes integramos esta Red Feminista rechazamos el procedimiento de consulta planteado para la revisión de la iniciativa. Lamentamos que las personas que integran la presente Legislatura no tengan interés ni compromiso para generar condiciones de real participación ciudadana, ni parlamento abierto con nosotras, ni con otros sectores de la población que estamos a favor del derecho a decidir de las mujeres y las personas gestantes”, sostuvieron.

Advirtieron que estarán pendientes del proceso de análisis y entregarán opiniones técnicas basadas en estándares que reconocen la importancia del derecho a decidir de las mujeres y las personas gestantes.

“Aquí estamos presentes para dar seguimiento y de ser necesario señalar las omisiones y vicios legislativos de siempre. Observaremos con cuidado la participación de las entidades y poderes del estado que se han convocado, en la espera de que los argumentos sean reales, tengan bases científicas y laicas, prioricen el avance de los derechos humanos de las mujeres y las personas gestantes, para que no sólo sean parte de la escenografía y simulación que hemos visto en otros momentos”, agregaron.

También demandaron un debate laico y comprometido con los derechos humanos de las mujeres, apegados a las resoluciones emitidas el año pasado por la Suprema Corte de Justicia.

Tras pronunciamiento público, oposición pide cambio de metodología

Después de que la postura de las organizaciones feministas se hizo pública, diputados del Partido Verde, de Movimiento Ciudadano y de Morena pidieron a través de un oficio la modificación de la metodología de estudio de la propuesta.

El documento fue firmado por las diputadas Dessire Ángel Rocha, Yulma Rocha Aguilar y Martha Ortega Roque y por los diputados Gerardo Fernández y David Martínez Mendizábal.

El oficio publicado en la redes sociales de las y los legisladores pide que se someta a consideración de los integrantes de la Comisión de Justicia un cambio en la metodología para incluir consulta a grupos de la sociedad civil.

Consideraron que la participación ciudadana es indispensable en el proceso de toma de decisiones del Poder Legislativo, pero además señalaron la necesidad de considerar la participación de profesionales de la salud.

En mayo de 2020, en una discusión virtual, legisladores locales decidieron no modificar el Código Penal para avalar la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

El PAN con la mayoría de votos fundamentó el rechazo a las iniciativas propuestas entonces por el PRD y Morena, con el argumento de que la Constitución local protege la vida desde la concepción, además sostuvieron que el embrión es un ser humano independiente de la madre porque tiene una genética diferente y hasta señalaron como un asesinato la interrupción de un embarazo.