Por: Verónica Espinosa y Melissa Esquivias

Los colectivos de familias de personas desaparecidas en Guanajuato conmemoran el Día internacional de las víctimas de desaparición forzada -el 30 de agosto- con distintas actividades y una férrea voluntad que les ha permitido sortear toda clase de desaires, represión, riesgos, amenazas, desplazamiento forzado y la muerte de 2 buscadores.

En ocasión de esta fecha, exigen la misma voluntad de dos autoridades a las que han dirigido una contundente carta, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el Fiscal general Carlos Zamarripa Aguirre, porque hasta ahora no han demostrado suficiente.

Sus demandas a ambos funcionarios son: trabajar en conjunto en la identificación de todas las personas sin vida que aún permanecen como desconocidas; contar con análisis del contexto y búsqueda para conocer claramente la situación del estado y garantizar efectivamente todos sus derechos como víctimas, protegerlas y acompañarlas ante los impactos que sufren por ese delito.

Estas exigencias parten de la abrumadora realidad que las mismas familias revelaron mediante su organización, movilizaciones, protestas y búsquedas, con el acompañamiento de organizaciones civiles y activistas.

A la fecha, 2,592 personas desaparecidas.

Un registro de 818 cuerpos que permanecen sin ser identificados en forenses, panteones y fosas.

Se han constituido 14 colectivos con más de 400 que buscan a uno o varios desaparecidos.

Por lo menos cinco fosas de grandes dimensiones con decenas de cuerpos o restos humanos fueron localizados en el último año.

Guanajuato es el quinto estado con más personas exhumadas de fosas.

Dos buscadores asesinados (Javier Barajas Piña, además funcionario de la Comisión estatal de búsqueda, asesinado en Salvatierra y Rosario Zavala, asesinada en León).

“Más allá de la promesa a través de la palabra”, dice una frase en la carta que, en el marco del vasto despliegue de actividades que este año realizan por la conmemoración internacional, 13 colectivos constituidos en menos de dos años en Guanajuato dirigieron específicamente al gobernador y al fiscal.

Foto: Juan José L. Plascencia

La carta está firmada por los colectivos ¿Dónde están? Acámbaro; Luz y justicia; Justicia y esperanza; Ángeles de pie por ti; Mariposas destellando buscando corazones y justicia; Salamanca unidos buscando desaparecidos; Buscadoras Guanajuato; A tu encuentro; Una promesa por cumplir; Una luz en mi camino; De pie hasta encontrarte Guanajuato; Proyecto de búsqueda y Hasta encontrarte. En la carta, los colectivos reconocen lo que se ha logrado hacer de parte de las autoridades frente a la desaparición de personas, y refrendan que, como familiares, siguen en la búsqueda e identificación de sus seres queridos.

Pero también alertan sobre la urgencia de revertir un panorama que cada día los coloca en un riesgo cotidiano en sus actividades, “la grave situación de desapariciones de personas, agresiones a familias buscadoras y el aumento de la inseguridad que asola a Guanajuato”.

En esa búsqueda han sido víctimas de numerosas agresiones y amenazas en los meses recientes y así lo expusieron. Por eso, pidieron una mejor coordinación entre los distintos niveles de autoridad para que puedan buscar a sus desaparecidos “sin poner en riesgo nuestras vidas”.

En el contexto de esta conmemoración del 30 de agosto, los colectivos realizan por primera vez un amplio programa desde los días previos en varios municipios: Salvatierra, Pénjamo, Salamanca, Irapuato, León, Celaya y Acámbaro, que incluye marchas, conversatorios, proyección de documentales, misas, tendederos y la producción de un tema dedicado a las personas desaparecidas.

En tres de estos municipios (Irapuato, Salvatierra y Acámbaro) han sido encontradas fosas que en un conversatorio efectuado el jueves 26 en el marco de la conmemoración, el académico de la Ibero Fabrizio Lorusso definió como “verdaderos campos de exterminio” pues se han localizado decenas de cuerpos y restos, muchos de los cuales continúan sin ser identificados o en un lento proceso de ser devueltos a sus familiares.

“Hoy es sabido que Guanajuato atraviesa un momento complejo en el que se vive mucha violencia. Quienes integramos los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas conocemos las formas de violencia que atraviesan las familias buscadoras y sabemos encarnizadamente cómo día con día se suman nuevas desapariciones”, expresaron en la misiva dirigida al gobernador y al fiscal general de Guanajuato, donde les piden fortalecer el trabajo conjunto entre las distintas instituciones, colectivos y organizaciones.

“No sólo en las búsquedas en campo, sino en los espacios de trabajo continuo”, como las mesas establecidas con instancias como la Fiscalía o la Secretaría de gobierno, “sobre temas que consideramos prioritarios, cuya propuesta de trabajo ya hemos enviado” y en las que no se ha avanzado lo suficiente.

Fiscalía estatal, retrasos y simulación

El tema más urgente para estas familias es la identificación forense.

Los 78 colectivos de búsqueda y organizaciones solidarias que conforman el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México, presentaron un informe que desglosa las causas y consecuencias de la crisis forense en el país.

El documento elaborado con base en cifras oficiales indica que en México hay 52 mil 4 cuerpos que no han sido identificados, ni por las fiscalías estatales ni por la Fiscalía General de la República (cuando es de su competencia). Aunque el número oficial resulta alarmante, el Movimiento advierte la posibilidad de un subregistro, por lo que la cantidad de cuerpos sin identidad podría ser mucho mayor.

Según los datos aportados por la Fiscalía General del Estado a través de solicitudes de información, en Guanajuato hay 818 cuerpos de personas fallecidas sin identificar. Aunque el estado se encuentra por debajo de la media nacional (1,575) en esta funesta medición, se ubica en el lugar 15 de los 32 estados.

Los cuerpos se encuentran, en su mayoría, en fosas comunes de cementerios públicos (60%), donde fueron depositados sin los registros necesarios y con peligro de ser extraviados. El otro 7% de cuerpos se encuentra resguardado en las instalaciones de los servicios forenses locales y nacionales; un 5% fue donado a universidades y el 1% de los cuerpos y restos fueron enviados a otros centros de resguardo forense. Esto deja un vacío de 22% de cuerpos, de los cuales se desconoce su paradero por falta de conocimiento o transparencia de las autoridades.

El incremento en la violencia criminal ha detonado en un aumento en la comisión de delitos como el homicidio doloso -340 mil asesinatos desde 2006- y la desaparición -87,395 de acuerdo con el RNPEDNO al 28 de abril de 2021-; ambas incidencias han impactado particularmente a Guanajuato de 2018 a la fecha.

La respuesta pública a la carta de los colectivos fue un breve comunicado del gobierno del estado, en el que dijo refrendar su compromiso de brindar “un total apoyo y cercanía con la causa de las buscadoras de Guanajuato, así como de las víctimas directas e indirectas de las desapariciones”.

En el boletín se informó que a la fecha, se han realizado 193 jornadas de búsqueda en estos municipios: Acámbaro, Celaya, Coroneo, Cortazar, Guanajuato, Irapuato, León, Salamanca, Salvatierra, Jerécuaro, Juventino Rosas, Valle de Santiago y Villagrán.

Mientras que en tareas de búsquedas en vida que lleva a cabo la Comisión de Búsqueda, se ha reintegrado a 13 personas con sus familias en el último año.

El gobierno guardó silencio sobre las condiciones en que se han tenido que realizar estas búsquedas: un fuerte resguardo de corporaciones federales y estatales al entrar en territorios con evidente presencia y desplazamiento de grupos delictivos.

Tampoco mencionó los hallazgos masivos de cuerpos o restos en varios de esos puntos. Y menos se refirió a las situaciones de riesgo y amenazas en las que se han visto grupos de buscadoras, en su afán de encontrar.

La carta de los colectivos fue respaldada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Mujeres Desaparecidas Guanajuato y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.

“Lamentablemente, a más de seis meses de la presentación formal de la propuesta realizada por los Colectivos, acompañados por las organizaciones firmantes, las autoridades del estado, en particular la Fiscalía General de Justicia del estado, no ha dado respuesta integral a las mesas”, señalaron las organizaciones.

Por el contrario, denunciaron, la Fiscalía se ha limitado a realizar reuniones para revisar las carpetas de investigación, pero esto podría ocurrir de forma paralela a las mesas.

Ante una próxima reunión que se realizará entre los colectivos y el fiscal Carlos Zamarripa, las organizaciones dijeron esperar que, ahora sí, se les presente una ruta de atención que incluya de una vez la instalación de una mesa de identificación forense y la participación de peritos forenses de organizaciones nacionales e internacionales que han ofrecido su colaboración.

Desplazamiento y miedo

En el conversatorio “Retos de la desaparición de personas en Guanajuato” efectuado el jueves por organizaciones como Serapaz y Cruz Roja, además del panorama que presentó el académico y activista Fabrizio Lorusso, buscadoras de varios colectivos hablaron de sus días ocupados en buscar, las gestiones por las que tocan puertas de diversas autoridades; del miedo y los riesgos.

Y del exilio forzado.

Norma Patricia Barrón, del colectivo Una luz en mi camino, vivió hace unas semanas un incidente durante una búsqueda en Cuerámaro, donde con otras buscadoras fue perseguida y amenazadas por presuntos delincuentes y debieron permanecer por varias horas ocultas entre arbustos, hasta que fueron localizadas por autoridades después de que sus compañeras denunciaron públicamente que no recibían ayuda.

En el conversatorio, Norma Patricia contó que hace 15 días salió de su casa y viajó fuera de México para ponerse a salvo.

“Hubo un asesinato por mi casa, pensé que iban los del crimen organizado por mí y tuve que salir sin avisar a nadie. Ahorita me encuentro en Estados Unidos por problemas de inseguridad”, viaje que realizó por sus propios medios.

Norma Patricia aseguró que su meta no cambia, buscar a cada uno de los desaparecidos, “pero sí cambian mis planes, en el sentido de ser más cautelosa”.

La buscadora protestó por las dificultades para que los mecanismos de protección realmente blinden a quienes los necesitan. “Ese mecanismo no llegó a Javier Barajas; tampoco llegó a la señora Rosario”.

“No quiero ser una persona más que nada más me pongan un letrero que murió por estar buscando a su hijo. Quiero vivir, seguir viviendo y encontrar a mis familiares. No he dormido en dos años por miedo de que vayan a ir a sacarme”.

La representante del colectivo Una luz en mi camino busca a su hijo Kevin y a su esposo, víctimas de desaparición forzada en junio de 2019 en Irapuato. “Secuestraron a mis familiares, desde entonces es una lucha contra todos, tengo miedo incluso de ir a la Fiscalía y que me citen porque pienso que ellos van a hablar y van a ir por mí. Me doy cuenta de que hay una impunidad enorme en el estado”.

Norma regresará a Guanajuato a seguir buscando, asegura. “Ya nos cansamos de promesas, necesitamos acciones, necesitamos resultados. Si tengo que dejar la vida buscando a mi hijo, ahí la voy a dejar”.