Por Verónica Espinosa y Edith Domínguez

“Por cuarto año consecutivo una ciudad mexicana es la más violenta del mundo: en 2020 fue Celaya”, consigna el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP) en su informe anual “Ranking 2020 de las 50 ciudades más violentas del mundo”.

En el marco de la presentación de este ranking, el gobierno federal había dispuesto el envío de más militares al estado, la tercera asignación en menos de dos meses, con Celaya como una de las ciudades prioritarias.

En esta ocasión el perfil de los elementos y su objetivo en Guanajuato implican una estrategia particular: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mandó a integrantes de las Fuerzas Especiales asignadas a cuatro municipios del estado “que han presentado el mayor índice de homicidios vinculados a la delincuencia organizada”:

Apaseo el Alto, Apaseo el Grande y Celaya, de la álgida región Laja-Bajío que ha sido presa del embate entre los cárteles de Santa Rosa de Lima -local- y Jalisco Nueva Generación, las cuales acumulan atrocidades de todos tipos.

Basta referir las que en horas recientes se sumaron en esa región, donde un comando armado entró al Hospital General de Celaya para sacar a un hombre que era custodiado por agentes de la Fiscalía General del Estado -en calidad de detenido- y un policía municipal más era asesinado en Apaseo el Alto mientras efectuaba sus rondines en una calle de esa ciudad.

Fotos: especiales

Municipios de esta zona, como el propio Celaya, Juventino Rosas y hasta Salamanca, son actualmente explorados por decenas de familias, en lo particular o con acompañamiento de las comisiones de búsqueda, que a su paso se encuentran con quienes pueden ser sus familiares desaparecidos, enterrados sin lápida y sin ley.

Otro destacamento de estas Fuerzas Especiales se asignó a León, que acumula ya 231 asesinatos sólo de enero al 19 de abril, según recuentos hemerográficos.

Una tras otra, las miradas de las organizaciones de la sociedad civil y de las estadísticas oficiales sobre Guanajuato concluyen, corroboran y confirman el fracaso de cualquier estrategia, despliegue o intento de política criminal que en el discurso las autoridades de todos los niveles de gobierno han comprometido hasta ahora para devolver la paz, frenar la violencia, poner fin al dominio delictivo de los grupos criminales surgidos y asentados y procurar seguridad y justicia a las y los guanajuatenses.

La región más violenta… y militarizada

Al revisar el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo (que clasifica a ciudades o áreas metropolitanas conurbadas con más de 300 mil habitantes, eminentemente urbanas), además de Celaya en el primer lugar, figuran en esa lista Irapuato, en el séptimo, y León en el sitio 47, esto durante el año de la pandemia por COVID-19, año de confinamiento, distancia social y suspensión de cientos de actividades públicas, educativas, laborales y sociales.

Este informe precisa que Celaya encabezó la lista con una tasa de 109.38 homicidios por cada 100 mil habitantes. En el caso de Irapuato, presentó una tasa de 94.99 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que León registró una tasa de 35 homicidios.

Celaya ya había aparecido en este ranking, el del año 2018, pero en el lugar 32 de la lista. En ese mismo año, Irapuato ocupó un lugar muy arriba, pues apareció en el sexto sitio.

Sin embargo, el Consejo ciudadano precisa que en la clasificación de 2020, los datos de Irapuato corresponden a este municipio sumado con Salamanca “según los criterios prestablecidos de conurbación de este estudio periódico”.

En el caso de León, se suman los municipios de León, San Francisco del Rincón y Silao de la Victoria. Y en el caso de Celaya, se agregó a Apaseo el Grande, “pues se cumplen con los requisitos de conurbación entre los dos municipios”, según la metodología de este estudio.

El Consejo, que preside el jurista José Antonio Ortega Sánchez, concluyó en su análisis de los datos:

“Los grupos criminales son más violentos que nunca, por más que no se les moleste. Los hampones comunes siguen delinquiendo sin freno, por más subsidios que les den y que en realidad no están orientados a prevenir el delito, sino a formar clientelas electorales cautivas”, en referencia a las políticas federales, estatales y municipales hacia las que se enfocan los programas de ayuda social.

“El que en México apenas se castigue a los responsables de 7 de cada 100 asesinatos (en 2007 se castigó a 45 de cada 100) no ha tenido como resultado, como era de esperar, que los criminales dejen de matar. A mayor impunidad, mayor incentivo para delinquir”.

Es en este entorno en el que, en menos de dos meses, la Secretaría de la Defensa Nacional ha desplegado por lo menos tres asignaciones de efectivos al territorio estatal, según la propia información que ha difundido esa instancia.

En total, el Ejército y Guardia Nacional estarían sumando alrededor de tres mil efectivos para desplegarse en un estado que desde hace casi cuatro años encabeza la estadística de homicidios dolosos y masacres.

Previamente, el 3 de marzo se informó de la incorporación de “más de mil elementos” de tropas y Guardia Nacional, que se sumaron a la “Estrategia del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024” en Guanajuato.

Su tarea, se dijo entonces, es realizar reconocimientos en zonas con mayor índice de delitos, establecer puestos de militares de seguridad, la revisión de vehículos y actividades de proximidad social en todo el estado, así como algunas operaciones con la Fiscalía General del Estado.

Pero la Defensa Nacional había anunciado a principios de abril otra asignación de 700 elementos al estado, mismos que tenían como destino establecerse inicialmente en dos municipios del suroeste del estado, en límites con Michoacán: Uriangato y Moroleón, así como en Celaya.

“Los elementos… apoyarán directamente las operaciones por parte del Ejército Mexicano y las distintas instituciones de seguridad pública federales, estatales y la Guardia Nacional en el acotamiento de las actividades ilícitas de los diversos grupos criminales, así como la disminución de homicidios dolosos”, señaló Sedena en esa ocasión.

Según estos reportes de la Defensa, sumarían más de 2,700 elementos militares los que han sido enviados por el gobierno federal al territorio estatal, en este contexto de una cruenta confrontación entre grupos delincuenciales, lo que representa una clara incidencia militar ante el despliegue criminal en el estado.

Inmerso ya en una movida agenda pública oficial (a la par de las campañas) el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha reaccionado de manera muy distinta al informe del Consejo ciudadano para la seguridad pública y la justicia, frente a la ya muy nutrida presencia de las fuerzas armadas en Guanajuato.

Sobre el ranking, esto dijo:

“Hay que hacer un análisis profundo de esta metodología; no la desestimo, hay que revisarla… en otras ocasiones se suman homicidios dolosos con culposos y eso hace que se suba el volumen”.

Aunque en el caso de Celaya, elogió ampliamente a la Policía Municipal, “que está haciendo un trabajo increíble (sic)”, y de paso pudo presumir que el helicóptero contratado por su administración “estuvo en el operativo, y gracias al operativo del helicóptero se logró detener a algunos, ayer fue fundamental el helicóptero” para perseguir a un grupo armado que había entrado al Hospital General de esa ciudad y sustrajo a un hombre que, por cierto, era custodiado por agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado.

“Ojalá que para 2021 Celaya deje estos lugares -en el ranking de ciudades violentas- (que) esto sea cosa del pasado”.

A las Fuerzas Especiales del Ejército, Diego dio la bienvenida.

“La tarea de seguridad es un trabajo compartido por todos, el municipio y la federación… yo celebro, siempre celebraré la llegada de Fuerzas federales, estamos trabajando muy bien, en equipo con el Ejército y la Guardia”.

Aunque segundos después, el gobernador optó por matizar su optimismo:

“Hoy no podemos hablar de resultados, pero ahí están a la vista de todos; no estamos ni cerca de la meta, pero se ven avances (sic)”.

Mientras tanto, ajenas al refuerzo militar, a los reportes internacionales y a la prédica del gobernador, buscadoras y sus colectivos salen todos los días a cualquier punto de estas regiones que la impunidad volvió inhóspitas para buscar a sus familiares víctimas de desaparición.

Pasó en Juventino, donde entre jueves 15 y viernes 16, en una búsqueda organizada con las comisiones nacional y estatal a petición de colectivos, en la localidad de San José de Las Pilas se ubicó un pozo de agua del cual se pudieron recuperar los restos correspondientes a tres personas.

Una muy difícil labor de recuperación representó dos días de labor, debido a que el pozo cuenta con sólo 40 centímetros de diámetro y más de 3 metros de profundidad.

De allí se sacaron el jueves restos óseos de un hombre de entre 40 y 50 años, algunas prendas de ropa. El viernes, de otro hombre de una edad similar al primero, con un tatuaje con el nombre “Yared” en letra cursiva, así como un cuerpo también masculino de edad parecida, de aproximadamente 1.60 de estatura, con un tatuaje con el nombre “Giovanni” aun claramente apreciado en el tórax y prendas.

Al terminar esta búsqueda, el pozo fue rellenado con rocas y sellado.

La búsqueda de cada día

Es abril y las flores amarillas de las tunas florecen, en poco tiempo darán fruto. Los pájaros trinan y revolotean entre la copa de los árboles, el viento sopla y retumba entre las piedras como un susurro -o un lamento-. Pero bajo la tierra de esa belleza natural del cerro ubicado entre las comunidades de Mendoza y Cañada de Ortega, los restos de una persona esperaban ser encontrados.

En el estado de Guanajuato los colectivos estiman 100 puntos donde podrían encontrar fosas clandestinas. Los restos encontrados en esta ‘Grandeza de Guanajuato’ en distintas condiciones se siguen sumando; el trabajo de identificación es lento y por ello los colectivos insisten en que deben de entrar ya los antropólogos argentinos y guatemaltecos para la identificación masiva y dar paz a las familias.

Fotos buscadoras: Edith Domínguez

Integrantes de los colectivos “Una promesa por cumplir”, “Hasta encontrarte” y “Una Luz en mi camino” fueron quienes lograron dar con restos óseos de distintas partes del cuerpo en una peña del cerro de Mendoza, así como un pantalón de talla chica y lo que pareciera una playera, ambas deterioradas por el tiempo.

Las buscadoras de Irapuato se sumaron con Salamanca a las 9 de la mañana de este martes. Fue entonces cuando fueron avisadas sobre una fosa clandestina en el cerro de Mendoza, muy cerca de una carretera estatal que comunica a esta comunidad con Ortega, así que se trasladaron al lugar y tras buscar en la zona seca del cerro, encontraron los restos óseos.

Reportaron a la Fiscalía del hallazgo positivo. Esta vez los agentes ministeriales no tardaron en llegar, pero sí tuvieron que esperar por más de 3 horas a que llegara el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para resguardar los restos y trasladarlos a la Fiscalía.

Una buscadora sentada a un costado de los restos óseos, esperaba, las otras buscaban la sombra. A unos tres minutos del lugar se encuentra la presa de Mendoza, lugar donde decenas de familias conviven los fines de semana entre las palapas a la orilla. Incluso, a escasos 100 metros de donde localizan los restos óseos y ropa, se aprecia leña reunida y dos fogones pequeños con ceniza.

Pareciera que es común estar debajo de la sombra que dan las ramas secas de los árboles, aunque este 20 de abril el sol caló fuerte.

El arco de la comunidad de Mendoza, dice “bienvenidos”. De ahí se sigue a la comunidad de Cañada de Ortega y El Huaricho. Son tierras sedientas, pero fue precisamente esa sequía la que dejó aparecer los restos a los ojos de las familias.

“¿Quién será?, ¿A quién pertenecen los restos?, ¿cuántos meses tienen en este lugar?” Son preguntas que en el sitio se hicieron las buscadoras y quedaron en esos aires.

“Son más de mil reportes en el estado de Guanajuato de personas desaparecidas; la cifra también, quiero decir, han encontrado bastantes. Sin embargo, la identificación forense es la que nos está retrasando, es muy lenta” explican las familias.

Ante ello insisten en la identificación forense masiva que se podría dar cuando el Fiscal General Carlos Zamarripa Aguirre autorice la incorporación de los antropólogos argentinos y los de Guatemala. Desde el mes de diciembre la petición está en la mesa de fiscal, quien ha atinado a decir sí, pero no hay fecha hasta este momento.

El 28 de abril, en una mesa de trabajo más, los colectivos propondrán que en el orden del día la mesa de identificación forense porque ya les dijeron dónde están los cuerpos, ahora hace falta entregarlos a sus familias.

Aunque saben el riesgo que afrontan en estas salidas, las familias siguen decididas a buscar. “Venimos de manera independiente; la angustia y desesperación de encontrar a los de nosotros nos hace venir”.