* Con información de Verónica Espinosa y Carmen Pizano

Dos caras de la misma moneda.

Para las cientos de familias de las víctimas de desaparición en Guanajuato y las comisiones federal y estatal que tienen la encomienda de buscarlas codo a codo, la Fiscalía General del Estado y su titular Carlos Zamarripa Aguirre no tienen respuestas sobre el hallazgo de restos humanos en un predio de la comunidad de Cañada de Caracheo, en Cortazar.

La custodia a cargo de la propia FGE y sus auxiliares de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado fue infranqueable aún para la propia titular del Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, a quien se impidió el paso al predio en cuestión este miércoles 4 de noviembre cuando intentó entrar acompañada del comisionado estatal Héctor Alonso Díaz Ezquerra.

Literalmente se les dejó con un palmo de narices, lo que provocó un contundente reclamo de la comisionada Karla Quintana, porque se enteró de la fosa en Cañada de Caracheo “por los medios”, y porque ni un solo dato ha recibido de la Fiscalía sobre los hallazgos o las condiciones de recuperación y procesamiento de los restos, lo mismo que las familias dentro y fuera de los colectivos.

Ese mismo día, en la capital del estado se desarrollaba una escena diametralmente opuesta.

Con todo y ese silencio oficial sobre el sitio en Cortazar -y sobre las fosas clandestinas en general y todas sus implicaciones en la seguridad y la cotidianidad de los habitantes del estado- diputadas y diputados locales aceptaron la invitación de Carlos Zamarripa Aguirre a desayunar con él, le cantaron “Las Mañanitas” por su cercano onomástico, y optaron por callar -ellos también- y no ahondar en los detalles sobre los hallazgos de la última semana en Salvatierra y Cortazar.

En el primero, la fosa más grande hasta ahora localizada en el estado; en el segundo, un predio también con cuerpos de los que nada se sabe. En ambos casos, hechos que han convertido a Guanajuato en nota nacional e internacional. De nuevo.

Desde la mañana del viernes 30 de octubre, medios de comunicación reportaron la movilización de personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y peritos forenses de la Fiscalía estatal en una calle de la comunidad de Cañada de Caracheo, en Cortazar.

Ni dos días habían pasado de que se conociera el que hasta ahora ha resultado el sitio de hallazgos de cuerpos más grande por numeroso, en un área pegada al río Lerma en Salvatierra, a un costado del parque El Sabinal, una zona de preservación ecológica visitada por lugareños y turistas. Para el viernes ya eran 61 los cuerpos recuperados en ese lugar, conocido por datos que llegaron a manos de uno de los colectivos de buscadoras que hay en el estado.

Información obtenida por POPLab reveló la localización de un predio o una finca en la que se habían encontrado restos o cuerpos humanos en Cañada de Caracheo, y así se confirmó.

Allí se sabría que desde la noche anterior (del jueves 29) agentes de las Fuerzas de Seguridad habían entrado a ese predio e informaron al personal de la Fiscalía. El viernes ya por la tarde ésta informó sobre la detención de tres hombres en posesión de armas de fuego y droga, quienes “forman parte de un grupo criminal” y por cuya captura se llegó al sitio de hallazgos de restos.

Los detenidos fueron vinculados por “intento de homicidio de servidores públicos” (los FSPE), pero el juez rechazó consignarlos por desaparición de personas.

Aunque los peritos se mantuvieron trabajando en el sitio -en una aparente recuperación de restos humanos que se prolongó por al menos tres días- para colectivos de familiares que actualmente realizan búsquedas de sus desaparecidos en el estado (con presunción de vida o muerte) no hubo aviso, dato o convocatoria a atestiguar la labor pericial.

Desde ese viernes el propio comisionado estatal Héctor Díaz reconocería: “No tengo información que te pudiera compartir ya que es una carpeta que se encuentra abierta y Fiscalía tiene la información. Ya se solicitó, una vez que tenga la información se les dará a conocer a las familias…”.

Y así ha pasado casi una semana, en el mismo limbo. Lo mismo le pasó a un enviado de la Comisión Nacional de Búsqueda que el martes intentó ingresar al predio y le fue impedido el paso.

Enterada “por los medios” la comisionada nacional Karla Quintana arribó a Salvatierra, donde se reanudaron las tareas de búsqueda en una extensa área en la zona del Eco Parque El Sabinal, que abarca casi seis mil metros cuadrados, y donde este reinicio reveló la inhumación clandestina de por lo menos cinco personas más, con lo que llegó a 66 el número de víctimas allí sepultadas.

De ahí se dirigió a la comunidad de Cañada de Caracheo acompañada por peritos de la propia CNB y el comisionado Héctor Díaz, con la intención de ingresar al sitio y verificar las condiciones de los hallazgos y cómo se han procesado. Pero no lograron pasar el último filtro.

Ambos regresaron a Salvatierra, donde permanece una brigada de la Comisión Nacional de Búsqueda (incluso dos binomios caninos) y familiares, así como un perito de la Fiscalía -a pesar de la magnitud del hallazgo- resguardados por agentes de la Guardia Nacional.

Y allí, la comisionada habló de lo que funciona y no en el trabajo para el que deben coordinarse con la Fiscalía general, con reclamo de por medio tras lo ocurrido en Cortazar:

“Lo que nos dicen es que no es una carpeta que se encuentre en la Fiscalía de desaparecidos, que fue con quien yo primeramente me contacté de manera telefónica, y posteriormente nos dicen que está radicada en otra fiscalía. Quiero ser muy clara: para la Ley general de búsqueda de personas y el protocolo homologado de búsqueda es irrelevante el tipo penal del que estemos hablando: si es homicidio, si es trata, si es secuestro, si es desaparición forzada. Nosotros tenemos la obligación de estar involucrados y las familias el derecho a recibir información, independientemente de dónde esté radicada la investigación”.

Añadió la comisionada que “si hay una fosa o si tenemos información si hay una fosa clandestina, es relevante en términos de desaparición de personas, porque lamentablemente puede ser una posibilidad de que encontremos a las personas aunque siempre estemos buscándolas en vida”.

-¿Sigue confiando en la Fiscalía?- se le preguntó a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

“No es un término de confiar, sino una obligación legal de trabajar de manera coordinada. Acá (en Salvatierra) estamos trabajando de una manera correcta, mejorando lo que se tiene que mejorar. Allá (en Cortazar) no sabemos todavía qué está pasando”.

Quintana explicaría “fallas metodológicas” en el proceso de levantamiento del sitio en Salvatierra -a cargo del personal de la Fiscalía-, mismas que deben corregirse:

“Hemos reforzado el equipo desde la Comisión Nacional trayendo a una antropóloga y a un arqueólogo, debido a que hemos visto algunas fallas metodológicas en el procesamiento que se ha llevado a cabo aquí. Hay que decir también que la fiscalía está abierta a escuchar y estamos trabajando, este es el primer hallazgo de esta magnitud en Guanajuato y es importante que nosotros podamos transmitir el conocimiento que tenemos, a lo largo y ancho del país”.

La CNB envió a personal experto en ambas áreas, aclaró la funcionaria federal, con todo y que la FGE cuenta con al menos cinco profesionales de esas ramas.

“La información que nosotros tenemos por el análisis que hemos levantado a lo largo y ancho del país es que Guanajuato es de las Fiscalías que sí tiene estos profesionales, al menos tiene cinco. Es importantísimo que en estos sitios estén presentes”, lo que no estaba ocurriendo en el sitio de Salvatierra.

“Los que han procesado no son ni arqueólogos, ni antropólogos y hay que decir que en el caso de Guanajuato sí los hay -insistió-. Son necesarios para el procesamiento de fosas y especialmente con una fosa de la dimensión de la que estamos tratando. Por eso nosotros hemos traído desde la comisión nacional antropóloga y arqueólogo, para poder mejorar la forma en que se está trabajando”.

Por la fosa en Cañada de Caracheo, la comisionada formalizó una solicitud de información a la Fiscalía. “La información oficial es que está pendiente una audiencia de control y en los próximos días suponemos, nos tendrán que informar. Esta es la solicitud de información que yo he hecho al fiscal general: que nos diga si es una fosa clandestina, cuántos cuerpos habrían, si es que ya los procesaron, o falta de procesar algunos cuerpos, y cuál fue la metodología utilizada para ese procesamiento”.

Toma de ADN, otro síntoma de la crisis

En la víspera, el centro gerontológico en Salvatierra había visto una cantidad de “usuarios”, quizás como nunca en su existencia. Sin embargo, los motivos de la larga fila del exterior eran diferentes a su propósito: familiares de personas desaparecidas acudieron a dar una muestra para el análisis cotejado del ADN con los cuerpos encontrados en las inmediaciones del Eco Parque El Sabinal.

Las muestras fueron tomadas por la Fiscalía, que aplicó 100 y dejó fuera a más de 150 personas -procedentes de varios municipios, principalmente de la región- que se formaron por varias horas de la mañana y que, según un boletín, en adelante deberán dirigirse al ministerio público en sus municipios para ser trasladadas a la ciudad de Guanajuato, al complejo de la FGE en Cervera donde se ubica el nuevo edificio de Servicios de investigación científica.

Datos por anotar, un piquete en la punta del dedo, una gota de sangre en un papel. “En mes y medio nos comunicamos”, fue lo que escuchó decir una mujer al personal de la FGE que le acababa de tomar la muestra en Salvatierra el martes.

Sobre estas pruebas, la comisionada Karla Quintana tiene también enlistada una solicitud a la Fiscalía para que se realicen nuevas tomas masivas, particularmente en Salvatierra y Cortazar.

“Solicité a la fiscal (de personas desaparecidas) que se tiene que abrir nuevamente el tema de la toma de muestras en Cortazar. Ahora que estuvimos allá se nos acercó gente del pueblo a preguntarnos si habría toma de muestras”.

La afluencia masiva de personas para dejar sus muestras de ADN da otra lectura del fenómeno delictivo en el estado y particularmente en esta región. “Estamos hablando de un número importante en esta región que tienen un familiar desaparecido y que están deseosas de dar su información para poder encontrarlos”.

…Y en Cervera, un coro legislativo entonó “Las Mañanitas”

La Junta de Gobierno y Coordinación Política sesionó este miércoles en las instalaciones de la Fiscalía, donde Carlos Zamarripa tiene sus oficinas, para luego dar un recorrido por los laboratorios forenses.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el panista Jesús Oviedo Herrera, apenas mencionó la visita que hicieron a la Fiscalía a través de un video que fue grabado para hablar de los temas que trataron durante la reunión.

El coordinador panista se limitó a mencionar que durante el recorrido por los laboratorios forenses de la Fiscalía se les mostraron las certificaciones.

En el Parlamento Abierto, del que presumen en el Congreso del Estado, no hay cabida para cuestionamientos de la prensa, tampoco para ahondar en los temas porque el propio Oviedo Herrera se ha resistido a conferencias de prensa y tampoco acepta entrevistas a distancia.

A través de la coordinadora del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero, se conoció más sobre el encuentro con Carlos Zamarripa durante la mañana de este miércoles. La diputada insistió en que las fosas localizadas en Salvatierra y Cortazar de la última semana no fueron el tema central, aunque se hicieron algunos cuestionamientos al fiscal general.

La diputada aseguró que acudieron a la Fiscalía a invitación de Zamarripa para conocer más sobre las instalaciones que recientemente fueron inauguradas con la presencia del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.

De acuerdo con la legisladora, al cuestionar a Zamarripa sobre una posible crisis forense a la que tendrían que enfrentarse por la cantidad de cuerpos localizados en la última semana, el fiscal aseguró que cuentan con el personal y el equipo suficiente para poder hacer los trabajos de identificación, sin la necesidad de pedir la colaboración de otras instituciones.

“Entendemos que tampoco se pueden adelantar los tiempos… No es probable dar un plazo, no creo que pueda comprometerse, depende del estado en que se encuentra el cuerpo”.

De las ocho fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado y que forman parte de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la única que no asistió al desayuno fue la coordinadora de Morena, Magdalena Rosales Cruz.

La diputada ofreció una conferencia de prensa en la que reprochó que sus compañeras y compañeros se sentaran a desayunar con Carlos Zamarripa mientras decenas de familias se forman para que les hagan la prueba de genética, a la espera de encontrar entre las víctimas de la fosa de Salvatierra, la más grande localizada hasta el momento en la entidad.

Zamarripa niega que existan más fosas

El fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, confió en que no existen más fosas clandestinas en la entidad, al menos eso dijo a las diputadas y diputados que se reunieron con él en sus oficinas.

Vanessa Sánchez Cordero mencionó que una de las preguntas al fiscal general fue sobre la posibilidad de que sigan los hallazgos de fosas en la entidad, pero la respuesta que recibieron es que era “poco probable”.

“Se le preguntó si esperaba que hubiera más fosas, comentó que no, que pensaba que no iba a haber más”.

Tras asegurar que fue una coincidencia que Carlos Zamarripa recibiera a los diputados una semana después de que se localizaran las fosas de Salvatierra y Cortazar, Vanessa Sánchez manifestó que el objetivo de la reunión no era hablar sobre los hallazgos, sino conocer las instalaciones de la Fiscalía.

Mencionó que el tema de las fosas salió durante el recorrido y los cuestionamientos los hicieron todas las diputadas y diputados, sin excepción.

“No nos informó de manera puntual y especifica, detallada, de la situación de cada uno de los sitios porque la información que nos dio fue de las preguntas que hicimos. Te repito, la reunión en si no fue para hablar del tema de las fosas, evidentemente es un tema que importa a todos los ciudadanos y que teníamos que tocar, pero no fue una reunión para hablar específicamente del tema. Nos dio información a grandes rasgos”.

La diputada del PVEM dijo estar conforme con los comentarios que dio Carlos Zamarripa.

“Estoy satisfecha con la información que nos brindó, porque al final de las preguntas que se hicieron hubo respuesta. Yo no tengo ahorita los elementos para cuestionar las respuestas que dio el fiscal”.

Reprocha Morena aplausos

La diputada de Morena, Magdalena Rosales Cruz, reprobó que la Junta de Gobierno y Coordinación Política haya sesionado en las oficinas de la Fiscalía General del Estado, al señalar que mientras crecen las denuncias ciudadanas por la ineficacia de las autoridades para atender la violencia, los diputados se convierten en cómplices por acudir a las oficinas de Zamarripa a aplaudir y felicitarlo.

“Ante las decenas de fosas clandestinas encontradas, cuya existencia negaba la Fiscalía General del Estado, no es el fiscal el que se presenta a comparecer al Congreso del Estado, sino la mayoría de la Junta de los representantes del pueblo son quienes asistieron a las flamantes instalaciones de la Fiscalía a respaldar y dar congratulaciones a la cabeza principal de esa violencia desatada en todo el territorio guanajuatense”.

También, reclamó que en el Congreso siguen sin sesionar de manera presencial para evitar los contagios de COVID-19, pero cuando se trató de ir con el fiscal no importaron las medidas sanitarias para “manifestar su apoyo incondicional a quien debería ser interrogado por su deficiente acción, por decir lo menos, en temas de seguridad”.

Exigen senadoras transparencia

En el Senado de la República las guanajuatenses Martha Lucía Mícher Camarena y Antares Vázquez Alatorre exhortaron a las autoridades de Guanajuato a transparentar la información sobre las fosas, además de crear un registro estatal de fosas y cuerpos inhumados clandestinamente.

Recordaron que durante años la Fiscalía General del Estado se ha dedicado a negar la existencia de fosas, aunque existe el registro que hicieron activistas y académicos donde se revela que de enero de 2009 a julio de 2020 se han localizado 109 fosas en 29 de los 46 municipios, de donde se exhumaron 268 cuerpos. Datos que no incluyen las fosas de Salvatierra y Cortazar.

A la par del incremento de homicidios dolosos que se dispararon desde 2017, el problema de violencia se acompaña de las desapariciones forzadas de personas, mientras las autoridades criminalizan a las familias que salen a buscar a sus seres queridos.