Pese a prohibición legal, los alcaldes panistas y hermanos Ricardo y Luis Alberto Villarreal han buscado la urbanización de una zona de preservación ecológica, incluso incurriendo en desacato judicial.

No obstante que la equilibrada combinación de arquitectura tradicional y de respeto al entorno natural es uno de los valores que ha hecho de San Miguel de Allende un exitoso destino turístico y una ciudad patrimonio de la humanidad, la especulación inmobiliaria que ha convertido a este lugar en una de las zonas más caras de México no cesa y, peor aún, es impulsada por quienes deberían moderarla: los responsables del municipio.

En 2019 El Charco del Ingenio AC y el Observatorio Ciudadano de los Sanmiguelenses AC interpusieron demandas mediante las que se solicitaba la nulidad del acuerdo de Ayuntamiento de 2017 con el que se modificó de forma irregular el polígono Zona de Preservación Ecológica (ZPE) El Charco del Ingenio y Zonas Aledañas, una reserva de 392 hectáreas con declaratoria oficial vigente desde 2006.

Foto: El Charco del Ingenio

Dicha modificación se llevó a cabo bajo el argumento de un supuesto ajuste de coordenadas con el cual se redujeron "en decenas de hectáreas las zonas núcleo (de conservación) y de amortiguamiento de la reserva, con el fin aparente de otorgar usos de suelo a proyectos inmobiliarios y de desarrollo urbano", se lee en un comunicado de El Charco del Ingenio con fecha del 03 de julio del 2020.

En las demandas de El Charco y el Observatorio se solicitaba al Tribunal que las modificaciones a la Zona de Preservación Ecológica que ya habían sido contempladas por el Ayuntamiento no se integraran al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 2019-2040 (PMDUOET).

Ya en diciembre de 2019 el Tribunal había concedido la suspensión definitiva a la modificación del 2017. Sin embargo, en un mandato judicial con fecha del 29 de junio de 2020 emitido por la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato se decreta incorrecto, por segunda ocasión, que el Ayuntamiento de San Miguel de Allende modifique el proyecto del PMDUOET 2019-2040, dado que no fue sometido a consulta pública.

"El nuevo Programa municipal, al segmentar la reserva en 3 nuevas UGAT, alteró los usos de suelo consignados en la Declaratoria de 2006, reclasificando sus zonas núcleo y de amortiguamiento como espacios susceptibles de 'asentamientos humanos urbanos', contraviniendo la Declaratoria de la ZPE", explica El Charco del Ingenio.

Con esa modificación, el cabildo representado por el presidente municipal Luis Alberto Villareal García, no respeta la ZPE objeto de las demandas, ya que se contempla ilegalmente el "uso condicionado de asentamientos humanos urbanos". Ese uso de suelo no estaba permitido en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de San Miguel de Allende del 2012 y contraviene el Reglamento de la Reglamento de la Zona de Preservación Ecológica, puesto que sólo se permiten los asentamientos humanos urbanos en la llamada zona de amortiguamiento bajo ciertas condiciones.

Imagen: El Charco del Ingenio

Cuatro hectáreas fantasma, ¿moneda de cambio?

De la zonificación de la ZPE de El Charco del Ingenio contemplada en el 2012, a la integrada al PMDUOET 2019-2040, hay una diferencia de 4 hectáreas que el auto judicial del Tribunal declara improcedente por representar una modificación a su superficie que el Ayuntamiento de SMA no puede llevar a cabo contraviniendo la Declaratoria del 2006.

Al respecto Villareal García ha dicho que "a la hora que el ayuntamiento y el gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Planeación, les otorga en su zona de preservación ecológica denominada El Charco del Ingenio, 4 hectáreas de más y eso les parece una ofensa”.

“si yo fuera promotor del medio ambiente, me molestaría e impugnaría si me quisieran disminuir una zona de preservación ecológica, pero en honor a la verdad, no puedo entender que alguien al que se le da más y que promueve el medio ambiente, haya decido ir a un tribunal e impugnar”, expresó el presidente municipal de San Miguel de Allende tras la sesión del cabildo.

Sin embargo, mediante su comunicado El Charco del Ingenio AC considera que "las recientes aseveraciones públicas del C. Presidente Municipal en el sentido de que las organizaciones demandantes rechazan la ampliación de la ZPE en 4 hectáreas, no tienen sustento alguno", ya que el rechazo a la extensión de la ZPE no figura en sus demandas originales. Así, la organización afirma no saber "dónde se ubican las 4 hectáreas mencionadas, y más bien nos parece que pueden ser el resultado de un error aritmético o topográfico durante la rezonificación de la ZPE proyectada en el PMDUOET".

Más allá de la politización de las 4 hectáreas dentro de una superficie cerca de las cuatrocientas, las demandas de ambas asociaciones civiles están relacionadas directamente a los fines inmobiliarios mediante un cambio de uso de suelo que el Ayuntamiento de San Miguel de Allende está proyectando para un área natural protegida que ha sido constantemente amenazada por distintos actores políticos, como Vicente Fox Quesada, para los mismos fines.

Imagen: Especial

"En todo caso, - contesta El Charco del Ingenio - la negativa de ampliación del área protegida fue una decisión del Tribunal, al acordar la suspensión definitiva del acto reclamado y ordenar la restitución de la ZPE en los términos de la Declaratoria de 2006". Por lo que las declaraciones públicas de Villareal deberían dirigirse al Tribunal y no a las organizaciones.

Dicha Declaratoria como Zona de Preservación Ecológica El Charco del Ingenio, así como su Reglamento estipulan que las actividades llevadas a cabo en los predios El Charco del Ingenio, Parque Recreativo M. J. Clutier y Parque Landeta deben ser ecológicamente compatibles, por lo que dentro de la zona los usos habitacionales sólo pueden ser "residencial campestres".

Artículo 6.- Las actividades que se podrán llevar a cabo en la Zona de Preservación Ecológica de los predios El Charco del Ingenio, Parque Recreativo M. J. Clutier y Parque Landeta, así como en las zonas de jurisdicción federal Bordo San Carlos, Arroyo La Longaniza, Presa Las Colonias, Arroyo del Obraje y Presa del Obraje, son de conservación ecológica, educación ambiental, difusión cultural, acción comunitaria, turismo, recreación y las demás que se determinen en el Programa de Manejo.

Por lo que respecta a la poligonal que circunda el perímetro de los predios y zonas federales antes referidos en un radio de trescientos metros lineales, las actividades que se lleven a cabo deberán ser estrictamente compatibles con los fines de preservación ecológica y escénica de la zona decretada, incluyendo las de uso habitacional, el cual será exclusivamente en la modalidad de residencial campestre, dice la Declaratoria, publicada el 02 de mayo de 2006 en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato.

Consecuencias penales por desacato y multas

El Ayuntamiento de San Miguel de Allende hizo supuestas modificaciones al PMDUOET 2019-2040 mediante acuerdo el 11 de febrero de 2020 "aduciendo dar cumplimiento a la suspensión definitiva". Sin embargo, según el Tribunal este acuerdo es incorrecto, puesto que no significa "ningún cambio ni ajuste; siendo, por tanto, idéntico al publicado el 31 treinta y uno de diciembre de 2019 dos mil diecinueve".

El 18 de febrero de 2020 el Tribunal dio aviso a Luis Alberto Villareal García, a la síndico María Verónica Agundis Estrada y al resto de las y los regidores de San Miguel de Allende que, de persistir el incumplimiento a la suspensión después de 3 días de haber recibido la notificación, se les otorgaría una multa de $6 mil 81 pesos a cada uno de sus miembros.

Ello sucedió, y en el auto judicial del 29 de junio el Tribunal multó individualmente a los miembros del Ayuntamiento por incumplimiento de la suspensión emitida. En el nuevo mandato judicial se les requirió nuevamente bajo la orden que, "de persistir en incumplimiento, se daría vista al ministerio público, autoridad titular de la acción penal que, en su caso, seguirá el trámite de incumplimiento, que puede culminar con la separación del cargo de las autoridades requeridas, y su vinculación a proceso por el delito que corresponda".

Foto: El Charco del Ingenio

Para el 30 de junio Villareal García ya confirmaba públicamente haber acatado la resolución del Tribunal en la que se ordenaba su procesamiento penal y la separación de su cargo por desacato a la autoridad, pese a que cuando el requerimiento no implicó acciones penales este y el resto del cabildo ignoraron el mandato judicial.

La Declaratoria de Zona de Preservación Ecológica de El Charco del Ingenio no significa nada para Villareal García, puesto que insiste por segunda ocasión en especular políticamente con fines inmobiliarios para modificar una zona natural que sólo subsistirá con actividades ecológicamente compatibles que respeten los ecosistemas y la biodiversidad que ahí reside.