A las explicaciones pendientes que tiene que dar Carlos Zamarripa Aguirre sobre los avances en trabajos de investigación de la Fiscalía General del Estado, se suma el caso de las cuatro adolescentes de Cuerámaro que murieron después de ser arrolladas. La promesa del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez es propiciar una reunión del fiscal con las familias de las víctimas.

Alfonso Ruiz Chico, subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, convocó a familiares de las cuatro jóvenes y de las 17 personas que se encuentran detenidas acusadas de terrorismo para hacer compromisos a nombre del Gobierno del Estado. Una de las promesas es que las familias serán recibidas por Zamarripa para que explique los avances en la investigación por la muerte de las menores de edad.

Además, el gobierno estatal prometió trazar una ruta para que las 17 personas recluidas en los Ceresos de Irapuato y Valle de Santiago puedan salir de prisión, aunque los familiares evitaron entrar en detalles sobre si se podría reclasificar el delito de terrorismo que fue imputado por la Fiscalía General del Estado.

Los 15 hombres y 2 mujeres cueramarenses acusados de actos de terrorismo por los daños que se ocasionaron a la presidencia municipal y dos domicilios particulares podrían salir libres, pero para que eso suceda será el propio gobierno estatal el que diseñe la estrategia a seguir.

El 27 de noviembre, tres días después del asesinato de Juana, María Teresa, Rosa y Zicry, todas menores de edad, familiares y amigos salieron a las calles a exigir justicia y evidenciar que el presunto responsable, un adolescente identificado como Juan, había quedado libre.

La manifestación se tornó violenta y terminó con daños a inmuebles, una fue la presidencia municipal, la casa de los padres de la alcaldesa de Cuerámaro y la casa que habitaba el presunto responsable. La respuesta de las autoridades fue la detención y posterior acusación de terrorismo.

Tras el encuentro con autoridades del gobierno estatal, las familias anunciaron que como parte de los acuerdos todo el proceso se llevará con secrecía para no interrumpir la estrategia para que salgan de prisión sus seres queridos.

Compromete Secretaría de Gobierno a Fiscal para que reciba a familias

Para conocer sobre los avances en la carpeta de investigación que inició la Fiscalía General del Estado por la muerte de las cuatro adolescentes, las autoridades estatales se comprometieron a que sea personalmente el fiscal general, Carlos Zamarripa, el que dé respuesta a las familias.

“Vamos tener una entrevista con el fiscal donde se informe a los familiares los avances de la carpeta”, comentó Adolfo Alcalá, vocero de las víctimas.

El compromiso para que Zamarripa reciba a víctimas no es el primero que adquiere el gobierno estatal. En menos de una semana suma otro asunto que tendrá que responder directamente el fiscal general, apenas un día antes el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo a las familias de personas desaparecidas que Carlos Zamarripa se presentaría ante ellos durante la primera mesa de trabajo.

Además, el actual fiscal dejó plantada a la comunidad estudiantil de la UG cuando lo convocaron por primera vez para que atendiera sus exigencias, en el marco del paro estudiantil de diciembre pasado.

En la reunión de autoridades con habitantes de Cuerámaro, el gobierno estatal a través de Alfonso Ruíz Chico hizo el compromiso de propiciar la reparación del daño para las víctimas.

A solicitud expresa de las personas asistentes a la reunión, la menor de edad que está bajo tutela de su abuela después de que sus padres quedaran detenidos y acusados de terrorismo, reciba atención y apoyo por parte del DIF estatal hasta que la situación legal de los sus padres se resuelva.

Exigen salida de alcaldesa

Al considerar que la alcaldesa de Cuerámaro, Ana Rosa Bueno Macías, no ha estado a la altura de las exigencias de los habitantes, insistieron en que debe dejar el cargo.

Consideraron que por “dignidad” la alcaldesa panista tendría que dejar cuanto antes la presidencia municipal

“Tal parece que el gobierno del estado le endereza la plana al municipio que es el responsable”, comentó Adolfo Alcalá, vocero de las familias.

Dijeron no sentirse seguros en su propio hogar, debido al hostigamiento de la policía municipal durante las últimas semanas.

En este sentido, insistieron en que una medida inmediata tendría que ser la renuncia de Ana Rosa Bueno.

“No fue solidaria con los compañeros, sigue sin aceptar que actúo como no debió haberlo hecho. La actuación de la edil no fue la adecuada, fue lo que desencadenó las protestas”.

En el edificio de la defensoría pública de oficio, durante más de dos horas, dialogaron con las autoridades, confiados en que podrán obtener resultados inmediatos.

Las familias se comprometieron a no organizar más movilizaciones, con la esperanza puesta en las promesas de las autoridades estatales.