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Guanajuato, "en el paraíso": sin fosas clandestinas, casos de restos óseos ni comisión de búsqueda
A la negación por parte de la vocera de seguridad del hallazgo de restos óseos, se suma que los diputados locales presentan un retraso de más de 5 años en la armonización del marco jurídico que proteja a víctimas
* Con información de Carmen Pizano
La obligación del Estado de buscar a las personas desaparecidas, así como crear y utilizar los mecanismos legales y acciones necesarias, son letra muerta en la realidad. Este año, el gobierno de Guanajuato solo ha reconocido 18 casos de no localización de personas, además de haber activado 43 Alertas Ámber por menores de edad. Sin embargo, en fosas clandestinas y hallazgos de restos óseos, para las autoridades, Guanajuato se ubica "en el paraíso", al reportar cero casos oficiales, pese a anuncios iniciales dados a conocer por ellas mismas que indicaron lo contrario.
En los últimos 13 años, de 2006 a la fecha, se han localizado en territorio nacional tres mil 24 fosas clandestinas, en las que han hallado 4 mil 874 cuerpos, no obstante, de 2011 a lo que va del año, hubo repunte en los hallazgos de fosas, admitió el gobierno federal.
Sin embargo, la entidad que nos ocupa, Guanajuato, se desmarcó de esa tendencia, registrando “cero fosas” en el mismo periodo.
En los 9 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, es decir, del 1 de diciembre de 2018 al 14 de agosto del año en curso suman 522 fosas localizadas, en las que se encontraron 671 cuerpos, de ellos 200 han sido identificados según reportaron fiscalías estatales, pero solo han entregado 116, en la morgue aún permanecen 84 restos.
Sin embargo, Guanajuato tampoco reportó hallazgos de restos óseos en la entidad en el mismo periodo, lo que parece sugerir que el estado "se ubica en el paraíso".
Guanajuato, libre de fosas clandestinas: Sophia Huett
A pesar de los reportes que han trascendido en la prensa, las historias que cuentan las autoridad estatales son diferentes. A decir de la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana del estado de Guanajuato, Sophia Huett, en Guanajuato no hay fosas clandestinas porque las dependencias de seguridad y la procuración de justicia "son fuertes y no permiten" que los delincuentes entierren a sus víctimas.
"Las cifras oficiales que incluso dio a conocer el gobierno federal es propiamente cero, explico para que tengan más claro (el asunto), particularmente cuando se habla de fosas es cuando hay una acción tardía de parte de la autoridad y esto implica que una organización distinta a las organizaciones criminales, afortunadamente el hecho de que en Guanajuato, hay instituciones fuertes tanto en materia de seguridad como en procuración de justicia no permite esta laguna o periodo de tiempo donde el delincuente de alguna forma busca ocultar los cuerpos", respondió a principios de mes cuando se le cuestionó cuántas fosas reconocía que existen en Guanajuato.
POPLab: Oiga, ¿y entonces en Celaya qué encontraron?
Sophia Huett: Encontraros restos óseos.
Sin embargo, la funcionaria no informó el número de cuerpos localizadas o restos óseos porque, dijo, eso le corresponde a la Fiscalía estatal y además, justificó, "tardan meses los estudios forenses".
"Haciendo la aclaración, yo sé que resulta un poco más complejo por eso nada más como anotación, por eso a veces el riesgo periodístico de hablar del número de cuerpos, de hablar de 8, de 15 como algunos publicaron (que había en la de Celaya), hablar de restos óseos por estudio de genética forense, lo que hay que hacer, por ejemplo, (es definir) si pertenecen estos restos a un solo cuerpo o corresponden a más (...) restos óseos propablemeete de más de un cuerpo. Como se mencionó, es un tema que incluso requiere tiempo, lo digo, en ocasiones, la verdad en total conocimiento, no es un tema de días ni de semanas, es hasta de meses, porque implica estudios científicos".
Ello a pesar de los reportes de hallazgo de al menos una fosa clandestina en el último año, como la ubicada en la comunidad celayense de Rincón de Tamayo, en agosto pasado, donde hoy día el número de cuerpos o restos óseos no se conoce oficialmente.
Desaparición de toda una familia, denuncia la hija
"Si no se habla del tema, no existió", es lo que parece pretender la autoridad estatal, o al menos, es lo que hace pensar su línea de acción, debido a que la de Rincón de Tamayo no es la primera fosa clandestina localizada en Guanajuato: el año pasado en el municipio de Villagrán se descubrió otra entre las comunidades de Torrecillas y Los Ángeles.
El hallazgo se dio después de que se le perdió el rastro a la familia Bustos Escogido desde el 28 de abril de 2018.
Julio César Bustos Alemán de 44 años de edad, su esposa Yolanda Escogido Navarro de 44 años y su hijo Gustavo, un sobrino Luis Eduardo, así como Brian Jesús Ortiz Cervantes y Martín Alejandro Rosas Mendoza de 18 años, ambos amigos de la familia, convivieron en una fiesta familiar en la colonia Valle de Los Naranjos.
Horas después, nadie conocía su paradero.
La hija de la familia, al llegar al domicilio, no los encontró. Tampoco una camioneta Explorer color verde, modelo 93, que estaba estacionada afuera de la casa, por lo que se presentó denuncia de ambos hechos.
En un primer momento, días después, el 4 de mayo de ese año, Carlos Zamarripa hoy Fiscal General, dijo en entrevistas a varios medios que se habían encontrado en la fosa de Villagrán cuerpos con características que correspondían a la familia, sin embargo, no se trataba de estas personas. Hoy los cuatro miembros de la familia y sus dos amigos sigue desaparecidos. El vehículo tampoco ha sido localizado. De dicha fosa clandestina, la autoridad no informó del número de cuerpos encontrados ni mucho menos de la identidad de las víctimas.
Otra fosa clandestina fue localizada en octubre de 2018 a las faldas de cerro de Arandas, en el municipio de Irapuato. Ahí se encontraron al menos cinco cuerpos enterrados y envueltos en bolsas negras, de esta tampoco se habló de la identificación de las víctimas.
Sin interés por instalar comisión estatal de búsqueda
Para desgracia de las cientos de familias con seres queridos sin localizar, el gobierno de Guanajuato ha dejado claro el poco interés de buscar a las personas desaparecidas, al estar retrasado la creación de la comisión estatal de búsqueda y con ello han perdido recursos federales para la causa, mientras familiares de estas personas buscan desesperados entre terrenos, piedras, redes sociales, un rastro que los lleve a dar con el paradero de sus seres queridos ausentes.
La Fiscalía General de Guanajuato, a cargo de Carlos Zamarripa, y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo han evitado hablar de los temas de inseguridad y de los desaparecidos, no solo guanajuatenses sino de personas desaparecidas en esta entidad.
La federación, a través de Karla Quintana, comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, informó que es “una obligación del estado mexicano la búsqueda de las personas desaparecidas” y ante ello en este mes se destinarían 123 millones de pesos para subsidios a comisiones.
De marzo a la fecha suman 25 comisiones estatales instaladas, siete estados están en proceso de conformación. Han entregado ya 48 millones a siete comisiones locales.
Guanajuato está en proceso de la creación de su Comisión Estatal (de búsqueda de personas) junto con Aguascalientes y Chiapas, Sonora, Baja California Sur, Yucatán y Quintana Roo. La funcionaria federal destacó que estas cuatro últimas entidades "van bastante avanzadas en la pronta creación de sus comisiones”.
Al seguir retrasándose, (Guanajuato y las otras entidades) no podrán acceder a los recursos. Mientras, en Coahuila crearán el centro de identificación humana con una inversión de 90 millones de pesos; además, prevén la creación de cementerios forenses.
“Al día de hoy solo dos estados han cumplido con toda la normativa, documentos para avanzar en este proceso (de cementerios forenses) y estamos construyendo (para) que esto pueda llevarse a cabo lo antes posible”, dijo Quintana.
Además, comentó que realizan mesas de trabajo para dar, “lo que las familias han estado pidiendo por muchos años: un mecanismo extraordinario forense, estamos coordinando para poder avanzar lo antes posible para atender la crisis forense, para generar una política en la vía ordinaria sino también en la vía extraordinaria con cooperación internacional”.
Celayense desesperado por sus hijos, anuncia su posible suicidio
El 15 de julio del presente año, el abogado Joaquín en compañía de José Braulio y Luis Enrique Díaz Pizarro, salieron de Uriangato a bordo de una camioneta Titán color verde con placas JU-59536 de Jalisco, se dirigieron a Celaya a la instalación de unas grúas en avenida Insurgentes de la zona centro donde recogerían algo, lugar donde habrían sido detenidos por presuntos agentes ministeriales que en un automóvil Sentra se llevaron al abogado, luego, en una camioneta roja Nissan Xtrail se llevaron a los dos jóvenes, además de la camioneta Titán. Hoy se desconoce su paradero.
Esta historia de dolor se cruza con la de los cinco irapuatenses desaparecidos también en Celaya en octubre de 2018. Sus nombres: Nancy Aide Ceja López, Montserrat Frausto, Maritza Rodríguez Aldaco y su esposo Moisés Valadez, a bordo de una camioneta Cavalier 2007, y Alfredo Rayas Alvarado, de 33 años, a bordo de un automóvil, se dirigieron a una pelea de gallos en la comunidad celayense de San José Guanajuato. Ahí se les perdió el rastro.
Otro caso brincó en estos días a nivel nacional, cuando los noticiarios en la capital del país captaron el sufrimiento de José Domingo Martínez, un celayense que, cansado de que haber sido ignorado por los funcionarios de Guanajuato, hizo la denuncia pública de la desaparición de sus dos hijos, de 11 y 18 años.
Con la esperanza de encontrarlos, desde hace un mes y medio duerme frente a Palacio Nacional esperando que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ayude para localizar a los dos miembros de familia desaparecidos en el municipio de Celaya, Guanajuato.
Su situación no es diferente a la de decenas de familias no solo en Celaya y Irapuato, también en Silao, León, Salamanca, Guanajuato, y prácticamente en todo el estado, que han tenido que emprender la búsqueda personalmente, ante el poco o nulo interés de los gobiernos en turno y la inacción de la Fiscalía General de Guanajuato a cargo de Carlos Zamarripa.
En su desesperación, informó José Domingo a la agencia EFE, ha pensado en el suicidio, pero recapacita al cuestionarse que entonces "quien los va a buscar".
21 menores desaparecidos en Guanajuato
Otra arista del terrible fenómeno de la desaparición de personas ocurre con los menores de edad, pues los números de las alertas Amber activadas no coinciden entre la Fiscalía General de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).
Del 1 de enero al 12 de septiembre, fecha que es la última actualización de la Alerta Ámber activada en el estado en el portal de la SSP y revisada por el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública hasta la noche del 22 de septiembre, se reporta la desaparición de 41 menores en 37 alertas activadas. Se desactivaron 19, pero siguen activas 18 alertas con 19 menores desaparecidos.
Mientras que las alertas Amber activadas por la Fiscalía General de Guanajuato, del 1 de enero al 20 de septiembre según el portal de la Fiscalía General existen 19 alertas activas con 21 menores desaparecidos.
La falta de interés de las autoridades para localizar a los desaparecidos sean menores de edad o adultos ha quedado evidenciada en un caso emblemático, de hace más de 5 años. Es el de la pequeña Kimberli Alisse Torres Rodríguez de 2 años de edad, quien a la fecha sigue desaparecida.
La menor fue privada de su libertad el 5 de febrero de 2014 por sujetos que previamente asesinaron a sus padres cuando circulaban a bordo de un automóvil sobre el libramiento Sur del municipio de Irapuato, a espaldas de la Central de Abastos. La familia que le queda a Kimberli nada sabe de ella. Hoy tiene 7 años con 6 meses de edad.
SSP Irapuato manipula a familiares de víctima para evitar psicosis
Araceli "N", una joven mujer de 24 años, originaria de Irapuato, se dirigía a su trabajo el pasado 2 de septiembre cuando reportó en un mensaje a sus familiares que dos hombres la seguían en la zona centro de esa ciudad, entre las calles de Manuel Doblado y Quintana Roo. Luego desapareció.
Familiares y amigos pidieron ayuda en redes sociales para localizarla, sin embargo, un día después, un hermano de la víctima reportó su localización, mediante un video en la cuenta oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, en el que negó que su hermana fue privada de la libertad e incluso aseguró “no fue ninguna ilícito, fue por problemas que ella tiene”.
Sin embargo, la misma víctima desmintió a su hermano en sus redes sociales, asegurando que fue golpeada y privada de su libertad por varios hombres, luego se supo que fue localizada en Jalisco, y explicó que “gracias a una mujer logró escapar de los agresores”.
El titular de la SSC, Pedro Cortés, aceptó que había pedido a los familiares dieran el mensaje para evitar la psicosis que se estaba generando en el municipio con diversos reportes de mujeres desaparecidas.
“Teníamos estado de psicosis de gente asustada pensando que había un grupo levantando mujeres y lo que quise hacer con este testimonio fue que la ciudadanía se diera cuenta de que no había sido así “ explicó el 4 de septiembre.
El funcionario municipal cuestionó el testimonio de la víctima, pues aparentemente 5 horas después del su celular tuvo actividad, “si a una persona la secuestran no creo que la dejen usar su teléfono para mandar un mensaje de Facebook”, argumentó.
El alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, reconoció que aunque el tema era delicado, “la gran mayoría de los casos de jóvenes desaparecidos en redes sociales, tiempo después aparecen y no necesariamente hubo un delito”.
Hoy día en Irapuato, Aurora Alejandra Arroyo Almanza de 27 años de edad, sigue sin ser localizada desde el pasado 22 de agosto, hecho por el cual familiares presentaron denuncia en la Fiscalía General de Guanajuato. Como ella, son 25 personas desaparecidas del 1 de enero al 20 de septiembre, según el Grupo de Desaparecidos de Irapuato, aunque la SSP reporta únicamente 7 desaparecidos en ese mismo periodo.
Mientras que en Salamanca, 11 personas no han sido localizadas en lo que van del año.
Huett pide no esperar 24 horas para denunciar desaparición
En lo que va de 2019 las autoridades de Guanajuato reconocen únicamente 18 casos de personas desaparecidas. Cuestionada sobre los datos de este tema en años anteriores, la Comisionada de Seguridad Sophia Huett no quiso hablar porque, dijo, están en las plataformas institucionales, sin embargo, a su decir sí hay un actuar de la autoridad después de la denuncia de este tipo de hechos.
Ante ello, se le preguntó qué está haciendo gobierno del estado para encontrar a esos desaparecidos en Guanajuato, a lo que la funcionaria respondió que "en términos generales" hay una responsabilidad absoluta con las personas desaparecidas, y que la instrucción de Diego Sinhue Rodríguez ha sido no escatimar los esfuerzos en su búsqueda.
Exhortó a que cuando se detecte que una persona no puede ser localizada, (o sea, está desaparecida), de manera inmediata se denuncie, pues no es necesario que pasen 24 horas, "porque justamente las primeras horas, esos primeros minutos, son cruciales", sin embargo con ello no respondió cuales son las acciones que realiza el gobierno que representa.
Incluso se le cuestionó cuántas personas han localizado y respondió: "No lo llevamos tan cual con cifras y estadísticas".
Se le preguntó también el número de desaparecidos en el estado y dijo que "es una estadística que es pública, de hecho está en la página en la plataforma de personas desaparecidas"; la funcionaría dijo que se tendría que realizar un análisis porque "está desde 1984", aunque en el presente año "se están atendiendo 18 casos".
Más de 2 mil 500 casos, sin conocerse sus tiempos
De acuerdo al portal de la Fiscalía General de Guanajuato en la lista de no localizados hay mil 554 hombres desaparecidos, entre menores, jóvenes y adultos, así como 958 mujeres, menores, jóvenes y adultas desaparecidas, pero no existe fecha en que se inició la carpeta de investigación por lo que no se sabe el tiempo de esos 2 mil 512 desaparecidos.
Destaca que solo 8 personas de ese universo (2 menores, 3 mujeres y 3 hombres) están marcadas como localizadas, sin especificar el estado físico en que se encontraron.
Para los afectados, es indignante que algunas fichas de los no localizados no cuenten con fotografías o bien existen errores graves en las fichas, como fotografías repetidas pero con nombre diferente. Además existen alertas de desaparecidos en otros estados pero no especifican si son originarios de Guanajuato.
Víctimas en aumento, diputados sin prisa
A pesar de que en los últimos años la violencia ha ido al alza y el número de víctimas de este delito está teniendo un dramático aumento, los diputados locales son otra autoridad a la que poco le ha interesado trabajar en la armonización del marco normativo que beneficie a estas personas y sus familias.
Guanajuato presenta un atraso de 5 años ocho meses en la armonización de la legislación local con la Ley General de Víctimas, aunque a nivel federal se estableció que la fecha límite para que todas las entidades tuvieran su norma en el tema venció el 10 de enero de 2014.
Sin embargo, los diputados de Guanajuato apenas presentaron una iniciativa de Ley de Víctimas el pasado 15 de febrero, es decir, cinco años después del plazo establecido por los legisladores federales.
La propuesta firmada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política tiene siete meses en análisis. El tema que ha atorado la discusión de la iniciativa es quién va a administrar el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
En la iniciativa de Ley se plantea que quede en la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, para que quede como a nivel federal. Actualmente se maneja un Fondo de Atención y Apoyo a la Víctima del Delito que es operado por la Fiscalía General del Estado.
Uno de los temas centrales de la discusión es que la Fiscalía pretende mantener la administración de los recursos.
Entre las consideraciones que abarca la propuesta de Ley que presentaron todas las fuerzas políticas en el Congreso local está la conformación de cuatro figuras: Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Asesoría Jurídica, Registro Estatal de Víctimas y el Fondo Estatal de Atención a Víctimas.
Con las denuncias de este delito en aumento, la propia exposición de motivos que hacen los diputados locales señala riesgos como que el Fondo Estatal sea insuficiente para poder brindar atención.
“El índice delictivo ha tenido un aumento considerable en la última década en el número de delitos relacionados y por obvias razones el aumento en el número de víctimas…”
De acuerdo con los diputados locales, en 2019 el Fondo tuvo una bolsa de 24 millones 791 mil 883 pesos, pero en la misma exposición de motivos se señala que en 2018, tan solo de enero a abril, la Fiscalía ya había destinado más de 12 millones de pesos para la atención a víctimas.
En el caso de la Comisión Estatal estará integrada por la Secretarías de Estado y sociedad civil legalmente constituida. También contará con un consejo consultivo integrado por especialistas en derechos humanos y representantes de los municipios.
Desaparición Forzada, también en la congeladora
Las iniciativas presentadas para atender el tema de desaparición forzada en Guanajuato es otro de los pendientes legislativos. Aunque con menos retraso en la armonización que con la Ley de Víctimas, la norma local para establecer criterios de atención y búsqueda de personas desaparecidas presenta un atraso de poco menos de dos años.
En Congreso local tiene dos iniciativas pendientes por analizar, una que fue presentada desde la anterior Legislatura por los priistas Jorge de la Cruz, Rigoberto Paredes, Luz Elena Govea y Guadalupe Velázquez. La iniciativa fue presentada en marzo de 2018, pero hasta ahora sigue sin dictaminarse.
Un año después, la fracción del PAN también presentó una iniciativa para atender el tema que incluye la creación de un sistema estatal de búsqueda. De acuerdo con datos proporcionados por la diputada irapuatense Lorena Alfaro, en Guanajuato hay un registro de 621 personas desaparecidas.
Para el Sistema de Búsqueda, la propuesta panista plantea la creación de una comisión que funcionaría como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, pero para el nombramiento de su titular se recurriría a la consulta pública.
La iniciativa también habla de crear un Consejo Ciudadano que sea integrado por familiares de personas desaparecidas, especialistas en el tema, personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, el cual podrá emitir recomendaciones, propuestas y opiniones a la Comisión de Búsqueda.
Entre las medidas para la reparación integral del daño se encuentra el derecho de familiares a estar informados de las búsquedas, podrán proponer diligencias o solicitar la intervención de expertos. Además, como parte de la reparación se podría incluir que el Estado se disculpe públicamente.
La fracción panista también presentó una iniciativa para crear la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, la cual busca dar garantías jurídicas a familiares que se ven impedidos a disponer de los bienes de la persona no localizada, lo que conlleva más problemas para las familias.
El motivo para la creación de la norma es Proteger los derechos de las personas desaparecidas, brindar certeza jurídica a la representación de sus intereses y otorgar medidas para asegurara una protección más amplia a los familiares.
Familiares podrán presentar la solicitud de Declaración Especial de Ausencia a partir del tercer mes de que se haya hecho la denuncia ante el Ministerio Público, o bien, la queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. Las autoridades tendrán máximo seis meses para emitir la declaración.
22 de septiembre de 2019, 16:52
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