A nombre de la Pastoral de educación y cultura de la Provincia Eclesiástica del Bajío -que abarca las diócesis de León, Irapuato, Querétaro y Celaya- la jerarquía de la Iglesia Católica fustigó y censuró la decisión del gobierno panista de Guanajuato de reconocer el matrimonio igualitario y celebrarlo en las oficialías del Registro Civil de todo el estado sin necesidad de contar con un amparo federal.

En la víspera de la Nochebuena católica y haciendo de lado el proverbio “al César lo que es del César y a dios lo que es de dios”, el comunicado cita específicamente a la titular de la Secretaría de Gobierno, la exdiputada local Libia García Muñoz Ledo, a quien atribuye “la elaboración del dictamen (sic)” para garantizar el derecho a la no discriminación por orientación sexual.

Firmado por los coordinadores de la referida pastoral de la Provincia Eclesiástica del Bajío de la Iglesia católica, el extenso comunicado dirigido a la opinión pública (titulado “Golpe infame a la naturaleza del matrimonio) fustiga no solamente al gobierno de Guanajuato, sino a los legisladores del Congreso local, de quienes señala que “quedan exhibidos al no poder darle una figura legal a la vida en común que llevan algunas parejas con tendencia sexual del mismo sexo”.

En realidad, la mayoría del PAN en el Congreso se negó rotundamente a abordar cualquier iniciativa presentada para formalizar por la vía civil las uniones entre personas del mismo sexo.

Incluso, la bancada del PAN reaccionó hasta el día siguiente a la medida administrativa con un más que prudente comunicado en el que asumió que en la actual Legislatura ha manifestado “su apertura al análisis, al diálogo y a escuchar todas las voces” para las iniciativas presentadas, aunque hicieron exactamente lo contrario, como lo reprochó la comunidad LGBTI+ que se amparó para exigirle legislar por sus derechos, a través de organizaciones como Amicus.

Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Alex Ramblas

Aparentemente reconocen la libertad de cada persona “de vivir libre con quien decida” y de no ser discriminada “si decide vivir de modo estable y hacer pareja con otra persona del mismo sexo” por ningún poder político, religioso o social. Pero enseguida, los representantes de las diócesis del Bajío aclaran que esto se reconoce bajo “una protección legal” o un reconocimiento civil, siempre y cuando éste no se llame matrimonio.

“Nuestros legisladores tienen la tarea de buscar la protección legal y la no discriminación de las parejas homosexuales, pero sin darle jamás la categoría de matrimonio, pues dichas parejas no están capacitadas a responder a una tarea tan alta” es la afirmación expresa de la Pastoral, que así mezcla decisiones desde el ámbito civil y constitucional, con dogmas propios de esta religión.

De nuevo la emprenden contra las y los integrantes del Congreso en esta parte:

“Ante esta determinación del Estado, caben preguntas como: ¿dónde está la voz y el trabajo de los diputados que anduvieron pidiendo el voto con la bandera de proclamarse pro-familia y provida?”.

Según el comunicado, en éste se recoge el sentir de personas de la academia y el mundo empresarial, movimientos y organismos de laicos de la Iglesia católica, así como sacerdotes, “tristes, molestos y desilusionados” al enterarse de la circular girada por la Secretaria de Gobierno para la celebración de los matrimonios igualitarios en Guanajuato.

Dogmas de fe ante el Registro Civil

Los integrantes de la Pastoral de educación y cultura de la iglesia defenestran al gobierno con argumentos como “estar olvidando que la naturaleza no se cambia con dictámenes” y que “hoy se trabaja más en pro de los que hacen más ruido y no por el bien verdadero de la humanidad”.

Por supuesto, la defensa a ultranza de la jerarquía católica por el matrimonio monogámico formado por un hombre y una mujer es el argumento central de la disertación con la que en este comunicado se funda el rechazo a la decisión del gobierno del estado, firmado por los sacerdotes coordinadores: Carlos Hernández, Rodrigo Berceló Gómez, Alejandro Lara y Carlos Sandoval Rangel.

Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Alex Ramblas

En realidad, la administración de Diego Sinhue Rodríguez acata los convenios internacionales, la reforma constitucional en materia de derechos humanos y los criterios fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país, que ha considerado inconstitucional y violatorio de los derechos humanos los códigos civiles de estados como Guanajuato por ser discriminatorios al no limitar el matrimonio civil sólo entre parejas formadas por mujer y hombre.

“El dictamen ya mencionado emitido por Gobierno del Estado, se puede calificar como un golpe infame a la naturaleza del matrimonio. Pues, ¿cómo se puede dar el reconocimiento de matrimonio a una convivencia entre personas del mismo sexo, donde no se tienen las condiciones naturales para responder a las tareas propias que le corresponden a una institución que emana de la naturaleza misma del ser humano?”, dice el comunicado de la pastoral católica.

También se infiere que la decisión del ámbito civil y de incidencia en toda la sociedad -independientemente de la religión que profese cada persona- tiene que ver con “intentos por licitar matrimonios con una estructuración poligámica o entre personas del mismo sexo a lo largo de la historia”.

La Provincia Eclesiástica insiste en que el fin del matrimonio (desde la perspectiva de esta religión) “es procrear y formar personas”, motivos por los que rechazan que el Estado de vigencia al derecho a la no discriminación a las personas por su orientación o identidad sexual.