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Interpone amparo comunidad LGBT+ por cerrazón panista para legislar por igualdad de derechos, omite secretario del Congreso notificar a oposición
“No queremos volver a ser víctimas del oscurantismo y de la secrecía que se vive en el Congreso del Estado”, dice Juan Pablo Delgado, ex candidato de MC y activista que encabeza la estrategia jurídica.
Con información de Carmen Pizano*
Cansados de ver “congeladas” las iniciativas presentadas durante la anterior y actual legislatura, un grupo de integrantes de la comunidad LGBT+ cobijados por la organización Amicus anunciaron la interposición de una demanda de amparo por omisión legislativa con efectos para las y los diputados de la LXIV legislatura. De las siete iniciativas presentadas en el periodo 2018-2021, ninguna llegó a dictaminarse en el pleno.
“Aquellas iniciativas que tienen que ver con la garantía de grupos que viven en situación de vulnerabilidad, las que se relacionan con derechos de la población LGBT+ fueron absolutamente relegadas”, denunció en rueda de prensa Juan Pablo Delgado, director de Amicus.
El amparo fue presentado el pasado 4 de noviembre en el Juzgado Séptimo de Distrito del Poder Judicial de la Federación y según lo dicho por el activista, los interesados determinaron no hacer pública la demanda al percibir que la iniciativa de matrimonio igualitario presentada por el Partido Verde en la actual legislatura “iba caminando”. Sin embargo, en días pasados venció el plazo para el envío de opiniones en el Congreso, lo que de nuevo deja a la comunidad sin ningún avance.
Entre los demandantes se encuentran las activistas por los derechos de las personas trans Angie Ramírez e Ivanna Tovar, el comunicólogo Andrés Diosdado y Alan Alcantar, quien con su esposo logró la primera adopción entre una pareja homoparental en Guanajuato.
Delgado Miranda, quien en el pasado proceso electoral buscó la presidencia municipal de León como el primer candidato abiertamente homosexual, señaló que este trato diferenciado entre las iniciativas que competen la población LGBT+ constituye un acto de discriminación, “porque la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
El pasado 6 de diciembre también venció el plazo para que el Congreso presentara el informe justificado con el que responde a la demanda de amparo. Apenas este miércoles llegó la respuesta -a la que los demandantes no han tenido acceso-, a cargo del secretario general del Congreso, el panista Christian Cruz Villegas, quien envió el informe sin consultar a todos los grupos parlamentarios con presencia en la actual legislatura, mismos que tampoco estaban hasta el día de hoy enterados del procedimiento jurídico.
“Si por órdenes de Christian Cruz se presentó este informe justificado, ¿qué legitimidad tiene Christian Cruz para presentarlo y no consultarlo con la oposición? Si el Congreso del Estado presenta un informe justificado debería de ser la expresión en conjunto de un cuerpo colegiado, no la decisión unilateral de una persona que trabaja como personal administrativo del Congreso”, dijo Delgado y señaló como una posibilidad el que el grupo parlamentario del PAN fuera el único enterado de la demanda.
El activista puso como antecedente los recursos de revisión interpuestos por el Congreso cuando hace 5 años, desde Amicus comenzaron a empujar y a ganar demandas de amparo para el reconocimiento de la identidad de género de personas trans. Delgado recordó que los recursos fueron emitidos sin consultar a los grupos de oposición, “No queremos repetir la historia que se presentó hace 5 años (...) No queremos volver a ser víctimas del oscurantismo y de la secrecía que se vive en el Congreso del Estado”, dijo.
Además, lamentó que desde el inicio de la gestión de Vicente Esqueda Méndez al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, han intentado sin éxito sostener una reunión con el procurador.
Una sociedad en deuda
De surtir efecto, el amparo daría posibilidad a regular los procesos legislativos del Congreso de Guanajuato -el único a nivel nacional que no cuenta con esta normativa-, para así calendarizar de manera obligatoria la discusión, dictaminación y votación de todas las iniciativas de ley presentadas a favor de la comunidad LGBT+ durante la legislatura pasada.
Por primera vez, el matrimonio igualitario, el reconocimiento a la identidad de género, la tipificación de los crímenes basados en prejuicio y terapias de conversión, educación integral con perspectiva de identidad sexual y de género, el bullying motivado en la identidad sexual y de género y la ley general presentada por el PVEM en materia de derechos para la población LGBT+, podrían subir al pleno y llegar a ser votadas, que si bien no garantizará su aprobación, llevaría a todos los grupos parlamentarios a discutir estas omisiones en materia legislativa.
“En un contexto en el que nunca se ha dictaminado siquiera una iniciativa relacionada con nuestros derechos, el poner un calendario que por lo menos garantice que todas esas iniciativas se dictaminen es un gran avance”, aseguró Juan Pablo Delgado.
Actualmente el Congreso local no cuenta con una normativa que dé un plazo para dictaminar y discutir iniciativas, lo que permite a la bancada con mayoría en el pleno “congelar” y dejar los temas para la siguiente legislatura, donde pueden mantenerse sin avances. “Si no se discutió, pues se murió”, dijo Delgado.
“Si este amparo llegase a concederse en su totalidad la sociedad guanajuatense estaría en deuda con la población LGBT+, porque a través de este amparo podríamos llegar a conseguir la regulación del proceso legislativo (...) Quitarle de las manos a Acción Nacional la decisión de qué se discute y qué no se discute en el Congreso”, advirtió.
Ivanna Tovar, actriz y líder en el proyecto de teatro La Cabaretera Escénica lanzó un recordatorio a las y los legisladores, y afirmó que como colectividad están dispuestos a “agotar” todos los recursos.
“Esto que se está haciendo está partiendo desde la deuda social que tiene el estado con las poblaciones de la comunidad LGBT+. Estamos partiendo desde nuestra digna rabia, con todo el enojo, con toda la tristeza y con todo el dolor de sufrir la discriminación desde el estado con sus justificaciones burdas”.
Oposición exige acción de la Prodheg
Este miércoles 8 de diciembre, los diputados Gerardo Fernández (PVEM), Dessire Ángel (MC), Yulma Rocha (PRI) y David Martínez Mendizábal (Morena) acudieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato para entregar a su titular, Vicente Esqueda, un escrito en el que le solicitan intervenir ante el Congreso y proponer “los cambios y modificaciones legislativas necesarias para garantizar el acceso al matrimonio igualitario”.
El escrito fue aceptado y firmado por el procurador, quien anunció que apenas un día antes y en respuesta a una petición de la Comisión de Gobierno se pronunció respecto a la iniciativa formulada por el PVEM en la actual legislatura.
“Estoy señalando que la procuraduría está de acuerdo en que se modifique o se legisle a efecto de que se permita el matrimonio igualitario en el estado de Guanajuato, en aras de lograr esta igualdad de derechos para todas las personas”, anunció Vicente Esqueda.
Durante la entrega de la petición ante la Prodheg, la diputada priista Yulma Rocha insistió en la importancia de que el organismo garante de los derechos humanos en Guanajuato se pronuncie al respecto e hizo un llamado al procurador a “despojarse de su ideología y de su camiseta política”, al mencionar que su presencia en la Procuraduría obedece a una “cuota de partido”.
No hay omisión, tampoco dilación, responde Congreso
En el informe que presentó el Congreso local al Poder Judicial de la Federación se aseguró que el Legislativo de Guanajuato no ha sido omiso, tampoco ha dilatado las iniciativas presentadas para el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual, dio a conocer el secretario general, Christian Cruz Villegas.
A decir del funcionario del Congreso, si las iniciativas no han sido dictaminadas se debe a un asunto de trámite administrativo y legislativo. El informe, dijo Cruz Villegas, se entregó dentro de los 20 días establecidos en la Ley para responder al amparo.
"Es decir, no estamos siendo omisos, no hay un proceso de dilación, es solamente un trámite administrativo-legislativo, esa fue nuestra respuesta".
El secretario general rechazó que exista algún ordenamiento legal para que antes de presentar el informe sobre un amparo se tenga que poner a conocimiento de las y los diputados de todas las fracciones parlamentarias.
"No hemos obrado en ninguna manera de forma diferente a lo que establece la Ley y damos el cauce legal ordinario, no hay ningún encubrimiento ni descubrimiento. No encubro nada y tampoco están descubriendo nada distinto a un trámite ordinario".
Contraria a la respuesta enviada por la Secretaría General del Congreso como representante del Poder Legislativo, la diputada de Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel Rocha, sostuvo desde tribuna que existen elementos suficientes para confirmar que todas las iniciativas que versan sobre temas de derechos humanos para la comunidad de la diversidad sexual "se ven intencionalmente dilatadas".
"Causando afectaciones por omisiones legislativas que obligan a los ciudadanos a figuras de protección como el amparo cuando no hay necesidad".
Haciendo énfasis en que a la Junta de Gobierno y Coordinación Política no se informó sobre el amparo promovido por 10 personas, con el apoyo de Amicus, cuestionó si la respuesta enviada al Poder Judicial de la Federación representa la visión de la pluralidad del Legislativo.
“¿Este Congreso está defendiendo en la vía jurisdiccional para no cumplir con su obligación de garantizar todos los derechos para todas las personas? Solo lo pregunto, porque no creo que esa sea la voluntad de todas y todos los legisladores presentes".
En entrevista, el diputado del PVEM, Gerardo Fernández González, confirmó que el tema nunca se planteó ante la Junta de Gobierno; incluso, tampoco se integró en el informe que la Secretaría General entrega al máximo órgano del Poder Legislativo de Guanajuato, donde están incluidas todas las fuerzas políticas.
"Se supone que los temas jurídicos los revisamos en Junta de Gobierno, de hecho periódicamente nos informan sobre las acciones de inconstitucionalidad en contra del Poder o nuestras iniciativas, pero en el último informe no había ningún amparo. Yo no conocía esa información".
"Derechos Humanos nuestro eje": Cristina Márquez
Cristina Márquez Alcalá, la diputada panista responsable de llevar los trabajos de la comisión de Justicia, desde donde se tendrían que analizar y discutir la mayoría de las iniciativas por los derechos de la comunidad de la diversidad, aseguró que la bancada de su partido tiene como eje toral los derechos humanos.
La legisladora de Acción Nacional sostuvo que "el respeto a los derechos humanos no es solo una causa que impulsamos desde tribuna, medios o en la conversación, sino que forma parte de nuestra mística y actuar como panistas".
Desde tribuna, la diputada presumió una serie de leyes y reformas vigentes que han sido aprobadas por el PAN, sin hacer referencia alguna a la omisión de atender los derechos de la comunidad LGBTIQ.
"Vamos a seguir trabajando con los Derechos Humanos como línea eje toral, transversal, para que todos los productos legislativos impulsados por Acción Nacional tengan ese toque y esa garantía que permita que todas las personas puedan ejercer y acceder sus derechos humanos".
Contrario a lo dicho por Cristina Márquez, el presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Congreso, el morenista David Martínez Mendizábal, manifestó que existe una cerrazón de la fracción panista para atender los asuntos de grupos a los que les han sido vulnerados sus derechos como la comunidad de la diversidad sexual y las víctimas indirectas de la desaparición forzada.
"No hemos visto ninguna apertura al diálogo con respecto a este punto, ni a otros, no solo es este, son otros, lo que no acaban de entender es que su electorado no votó por el pensamiento del Yunque, votó por un planteamiento humanista que se supone tiene el PAN".
Frente a la negativa del grupo mayoritario para reconocer los derechos de todas las personas, Martínez Mendizábal comentó que se analiza la vía legal para que haya un nuevo pronunciamiento desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obligue al PAN a hacer las reformas pendientes que mantienen a la legislación de Guanajuato con artículos inconstitucionales.
"Estamos esperando alguna intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nueva cuenta, estamos viendo el mecanismo jurídico para que exista un pronunciamiento de mayor contundencia porque a todas luces es inconstitucional, se violan los derechos humanos".
Finalmente, dijo que si el PAN hiciera una encuesta entre la sociedad guanajuatense sobre el respeto a los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, "Le aseguro que la gente está a favor".
9 de diciembre de 2021, 16:27
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