Organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa por la libertad de expresión condenaron las intervenciones a las comunicación y la suplantación a la identidad denunciadas por el periodista Arnoldo Cuéllar, director del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (POPLab), para luego exigir que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía General del Estado (FGE) realicen una investigación eficiente, imparcial y a fondo.

A través de una Alerta emitida por la organización Artículo 19, con el respaldo de Social TIC, el Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato y la Plataforma por la Paz y la Justicia, se conminó a la FGR y a las Fiscalías estatales a que se abstengan de utilizar tecnologías de vigilancia para intervenir comunicaciones de periodistas o personas defensoras de derechos humanos, como una acción de intimidación.

Artículo 19 expuso que la falta de controles sobre la adquisición y uso de herramientas tecnológicas de vigilancia en México es lo que ha permitido que desde los gobiernos se espíe a periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos.

La organización señaló que en el país no hay mecanismos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas, y eviten el uso abusivo y descontrolado de las tecnologías, que luego sirve a las autoridades para intimidar.

En la Alerta se recuerda que en 2017 se documentó el espionaje demostrando el uso del malware Pegasus, comercializado exclusivamente para gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.

"Sigue pendiente la investigación por los abusos de estas herramientas que derivaron en el espionaje a personas defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas lo cual tiene graves implicaciones para el ejercicio de la libertad de expresión".

Por lo anterior, las organizaciones sociales hicieron cuatro peticiones:

• Conminan a la FGR y a las fiscalías estatales a abstenerse de utilizar tecnologías de vigilancia como un mecanismo de intervención de comunicaciones en contra de periodistas como una acción intimidatoria.
• Llaman a la Fiscalía de Asuntos Internos a recibir y dar celeridad a la queja interpuesta por Arnoldo Cuéllar y su defensa.
• Exigen a la FGR y a la FGE de Guanajuato una investigación eficiente, imparcial y a fondo sobre las intervenciones telefónicas y suplantaciones de identidad al periodista.
• Urgen a las autoridades a continuar el diálogo entre sociedad civil y el estado mexicano sobre los mecanismos de control democráticos para la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia en México.

Guanajuato inmerso en la violencia y la FGE destina recursos para espiar

Lejos de hacer uso de las tecnologías para investigar los delitos que se cometen en el estado, la Fiscalía a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre hace uso de las herramientas para intervenir la comunicación del periodista Arnoldo Cuéllar, apunta la Alerta publicada por Artículo 19.

"Preocupa a las organizaciones firmantes que en este clima de violencia política, las y los periodistas, en vez de contar con la FGE como un garante de sus derechos y como una entidad que investigue diligentemente agresiones y delitos en su contra, sea un actor que presuntamente interviene en las comunicaciones de los periodistas, lo que implicaría violaciones no sólo su derecho a la privacidad, sino también el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información y a la justicia".

Y es que en Guanajuato la violencia va en aumento, es un estado donde los enfrentamientos entre grupos criminales son cada día más comunes. Como ejemplo, Artículo 19 señaló que durante los primeros 29 días de 2021 fueron asesinadas 340 personas.

La violencia también se ve reflejada en las agresiones contra la prensa: Guanajuato pasó de registrar una agresión en 2014, luego 17 en 2017 y durante 2020 fueron 25 casos. "Colocándolo en el último año como el décimo estado con más agresiones contra la prensa".

A las organizaciones firmantes les preocupa que la delegación de la Fiscalía General de la República haya declinado investigar la denuncia por intervención telefónica por parte de las autoridades estatales, para luego transferirla a la misma autoridad acusada de cometer el delito.

"Dicha acción no sólo se contrapone a la Ley de la Fiscalía General de la República, sino que, al poner en riesgo al periodista alertando a su supuesto agresor de la denuncia, también contradice al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión al no considerar el contexto de la denuncia, los factores de riesgo y no prioriza el ejercicio de la labor periodística de la víctima".

La delegación de la FGR informó vía telefónica al abogado y activista, Roberto Saucedo Pimentel, también representante legal de Arnoldo Cuéllar, que la denuncia sería enviada la Fiscalía Estatal, cuando se señala como presunta autoridad responsable de las intervenciones a las comunicación y la suplantación a la identidad del periodista.

Foto: archivo.

Espionaje

En 2019 una cuenta anónima en Twitter facilitó al equipo de POPLab capturas de pantalla de diversos chats de Arnoldo Cuéllar con fuentes e integrantes de la redacción del medio, lo que pondría en evidencia que la FGE tuvo acceso a conversaciones de la cuenta de Telegram del periodista.

En mayo de 2020, Cuéllar identificó que su servicio telefónico sufrió una desconexión de varios días. La explicación dada por el Centro de Atención Telefónica de Telcel fue que un sujeto desconocido hizo una presunta denuncia de robo realizada en una sucursal de esa empresa de telecomunicaciones en Monterrey, Nuevo León, donde el periodista no había estado en años.

El alcance de esa clonación pudo ser conocido gracias a otra víctima de intervención ilegal desde el mismo número IMEI, quien dispone herramientas técnicas para analizar la actividad y que se puso en contacto con el periodista Arnoldo Cuéllar en septiembre de 2020.

La intervención se vincula a personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, que pudiera estar relacionada de forma directa con las investigaciones que ha realizado el equipo de POPLab sobre el desempeño de Carlos Zamarripa Aguirre al frente de la FGE y el fracaso de las políticas de persecución del delito, así como la impunidad que existe en Guanajuato.