Por: Manuel Lino

En México, tres cuartas partes de la población (75.2%) de los adultos de 20 años o más tienen sobrepeso (39.1%) u obesidad (36.1%), según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 (ENSANUT), dada a conocer el lunes 9 de diciembre.

El hecho de que para adolescentes y niños tengamos cifras ligeramente mejores no es una buena noticia, pues los números siguen siendo muy altos: tres de cada 10 niños de cinco a 11 años en poblaciones rurales tienen alguna de estas condiciones y casi cuatro (37.9%) de cada 10 en poblaciones urbanas.

Incluso entre los bebés se detecta el problema. La ENSANUT 2018 identifica que 8.4% de los niños de cero a cuatro años en zonas urbanas ya tienen sobrepeso y el 7.8% en zonas rurales; además, el 22.2% de los que no tienen aún el problema están en riesgo de padecerlo en los próximos años.

La obesidad y el sobrepeso son solo la expresión más notable de un problema de fondo al que se suman “la diabetes, las enfermedades cardio y neuro vasculares y un buen número de cánceres, entre otras enfermedades crónicas no transmisibles”, dijo Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud.

“Son una amenaza social, que tiene graves consecuencias de manera directa en la calidad y duración de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas habitantes del país; pero también tiene grandes y graves consecuencias sobre la competitividad económica y el desarrollo de nuestro país”.

Para Víctor Suárez Carrera, se trata de “una emergencia humanitaria y de seguridad nacional; tenemos que frenar y revertir la epidemia de obesidad y sobrepeso y, sobre todo, garantizar los derechos superiores de la infancia que están teniendo una afectación muy grave”, dijo el Subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

“Pronto podríamos tener incluso una epidemia de infartos en adolescentes”, dijo, por su parte, la doctora Lilia Castillo en representación de la Academia Nacional de Medicina; pues ya han encontrado niños con hipertensión, casos de crisis hipertensiva, con el colesterol y los triglicéridos elevados, con resistencia a la insulina y diabetes tipo 2.

Para el doctor Miguel Malo, representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), “las enfermedades no transmisibles y las muertes asociadas a ellas se pueden prevenir”.

Ana Larrañaga, coordinadora de la Coalición ContraPESO, “México se ha visto en un completo abandono del estado de nutrición y de salud de la población” porque no se ha enfocado el problema desde una perspectiva de derechos humanos”.

Este fue el tono generalizado de la conferencia de prensa en la que participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil, del gobierno, la academia y de organizaciones internacionales y que sirvió como apertura del Foro Internacional de Alto Nivel de Prevención de Obesidad Infantil llevado a cabo en la Academia Nacional de Medicina.

La dieta, la causa del problema

“A nadie hay que convencer de que existe una epidemia y que tenemos que actuar. Toda la evidencia científica nos dice que esta epidemia es causada, principalmente, por una dieta poco saludable, alta en azúcares, grasas saturadas y sodio; por una gran cantidad de alimentos ultraprocesados, que ya se ha visto que causan aumento en el consumo de calorías y ganancia de peso”, dijo el doctor Juan Rivero, Director General del Instituto Nacional de Salud Pública.

Al respecto, la ENSANUT 2018 reporta “porcentaje de población que consume alimentos No Recomendables para consumo cotidiano, por grupos de edad”. Resulta que, de los cinco años en adelante, 86 por ciento de los mexicanos consumimos bebidas no-lácteas endulzadas, sin distinción por grupos de edad.

Entre los bebés y niños pequeños de uno a cuatro años el consumo de bebidas no-lácteas endulzadas es ligeramente menor: son 83.3 por ciento de ellos quienes las consumen. En contraste, en ese mismo rango de edad, el alimento recomendado que más se consume son los lácteos no endulzados, 65.7 por ciento de bebés y niños pequeños los consumen.

Sin embargo, no se trata de un problema solo de alimentación. “Los problemas que van a tener nuestros hijos no se los desearíamos a nadie”, dijo Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, pues a los problemas de salud se sumarán el de acceso a alimentos, al agua, las catástrofes climáticas, las migraciones.

Calvillo, quien participó en la redacción del reporte “La sindemia global de la obesidad, la desnutrición y el cambio climático”, explica que el concepto de sindemia, “nos habla de epidemias que se retroalimentan unas a otras; la epidemia de obesidad se retroalimenta con el cambio climático y está generando basura, ese es un vínculo enorme: gran parte de la basura que se produce en el mundo, de los plásticos que forman islas en el mar, proviene de productos ultraprocesados”.

“Ante un problema tan grave y tan grande, complejo, necesitamos políticas públicas integrales que lo aborden desde sus múltiples dimensiones. Estas políticas no van a estar en un hipotético futuro remoto. Porque no se puede esperar más”, agrega López-Gatell.

El subsecretario comentó que desde el 14 de febrero de este año se instituyó un grupo intersectorial de salud alimentaria que articula los esfuerzos de casi 50 organismos públicos y sociales, nacionales e internacionales, para diseñar, implantar y evaluar estas políticas públicas. Este grupo tuvo la reciente incorporación de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Economía y se llama Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC).

Además, “participan organismos internacionales, específicamente, la Organización Panamericana de Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO), diversos miembros de la academia, y organizaciones civiles íntegras, sin conflicto de interés y que tienen una trayectoria reconocida en estos aspectos”.

En conjunto, prosigue López-Gatell, han diseñado un mapa de políticas públicas, algunas de aplicación inmediata, otras de construcción en el mediano plazo, “con la visión común de lograr un sistema agroalimentario justo socialmente, saludable y sostenible en términos ambientales que además sea más competitivo”.

La primera acción específica del grupo fue el impulso al etiquetado frontal de los productos ultraprocesados y procesados, “que son de muy bajo nivel nutricional y alto contenido calórico” y cuyo periodo de consulta pública terminó el martes 10 de diciembre.

Lo que hay que hacer

A continuación, “sabemos muy bien que tenemos que aumentar impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados, mejorar los lineamientos de las escuelas e implementarlas adecuadamente para que los niños vivan en un entorno saludable”, comentó Rivero, y “sabemos que la publicidad dirigida a niños debe eliminarse porque influye en los altos consumos” de los productos ultraprocesados.

“Además sabemos que tenemos que trabajar desde la semilla hasta el plato en la mesa, desde la producción de alimentos donde los subsidios y todas las políticas deben favorecer la producción de alimentos saludables, a los pequeños productores locales, generar mercados locales donde la alimentación sana y fresca vuelva a ser la norma en México”.

Al respecto el Subsecretario Suárez Carrera comentó que, en el campo mexicano, “nos encontramos con lo peor de dos mundos en materia de alimentación. Por un lado, en poblaciones rurales marginadas y comunidades indígenas hay un sector importante de pobladores con desnutrición y anemia en los primeros años de la infancia. La gran tragedia es que también se tienen una presencia creciente de obesidad y sobrepeso”.

La ENSANUT 2018 revela la magnitud de esta paradoja en la cual la inseguridad alimentaria es mayor donde se encuentran los productores de alimentos, pues el 40.7 por ciento de los hogares rurales padece la inseguridad alimentaria considerada “leve”; el 17.7 por ciento, la “moderada”, y el 11.2 se encuentra en una “severa” inseguridad alimentaria.

Es por ello, asegura Suárez Carrera, que el gobierno actual se está enfrentando al desafío de “deconstruir el sistema agroalimentario nacional que generó esta situación de mala nutrición; no solamente en el medio rural, sino en todo el país”. Dijo que ese sistema de producción de alimentos tiene aparejado “el deterioro de los recursos naturales como el agua y el suelo con un uso indiscriminado de agrotóxicos y una producción elevada de gases de efecto invernadero.

“Estamos hablando de un sistema injusto, no saludable y no sustentable... Nos hemos propuesto la construcción de un nuevo sistema agroalimentario nacional justo saludable y sustentable”.

El obstáculo

Ese tipo de políticas públicas “se enfrentan a poderosos intereses económicos a todos los niveles, mundial, nacional, regional y, a pesar de que se cuenta con toda la evidencia, hay conflictos para llevarlas a cabo”, señaló el representante de la OPS/OMS.

Alejandro Calvillo comenta que desde El poder del consumidor “hemos tratado de combatir la epidemia de obesidad desde hace años y vivimos, hasta la administración pasada, la captura de las instituciones públicas.

“El sexenio de Peña Nieto fue el extremo. Vimos a la Cofepris (Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios) poniendo un etiquetado diseñado por la industria. La OPS nos decía: ‘Señores, esto no está siguiendo nuestras recomendaciones’, y Mikel Arriola de Cofepris decía públicamente que sí lo estaba siguiendo”.

Para él no hay duda: “Tenemos que ajustar todo el modelo, y quien ha frenado este ajuste son los grandes intereses económicos”.

Suárez Carrera añade que “hay una guerra sucia, manipulación de la información, hay mucho dinero en esta coyuntura, tratando de privilegiar los intereses de la industria por encima de los derechos de la población”.

Para López-Gatell, la vocación social del actual gobierno y su prioridad de promover, proteger y defender el interés público “no está en conflicto con el respetar y reconocer que el actuar de la iniciativa privadas es importante para el desarrollo económico y para generar riqueza necesaria para el bienestar. No debemos confundir la vocación social del gobierno con ninguna clase de antagonismo, que no existe, con el sector privado”.

Sin embargo, aclara que “es importante no caer en confusión, no ser víctima de la desinformación inducida que pretende hacer ver a estas medidas, urgentes, estratégicas de prevención y control de la salud como medidas restrictivas del desarrollo económico de nuestro país”.

Ana Larrañaga hace una división sencilla: “El rol del estado es proteger los derechos humanos. El rol de las industrias también es proteger los derechos humanos, todos tenemos que protegerlos. ¿Cómo? Respetando las regulaciones que se implementan por el estado. Si quieren ayudar a combatir la epidemia de obesidad, lo que tienen que hacer es acatar las regulaciones, no tratar de modificarlas con el cabildeo que vimos en las Cámaras” durante la negociación del etiquetado.

Porque, explica “no duden, ni por segundo, que los cabilderos estuvieron ahí tratando de modificar las iniciativas y también lo están haciendo en los comentarios al proceso de consulta pública de la norma... Ustedes pueden ver el tipo de comentarios que está haciendo la industria, dándole un mayor peso a tratados internacionales de comercio que a la protección del derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes en México”.

Como ejemplo de ello, POPLab ya documentó la presión ejercida por Nestlé de México a sus empleados. Por su parte, Jumex hizo lo propio con sus proveedores, pues varios de ellos mandaron a la CONAMER comentarios, que en realidad eran copias del archivo que les envió Raúl Alemán Morales, de la Dirección de Compras; como se puede constatar porque hubo quienes añadieron el correo enviado por el propio Morales. (mando por correo el PDF sugiero eliminar de la imagen, si la ponen, al productor que comete el error)

Qué sigue

“Quienes han ridiculizado a la academia, al gobierno y a la sociedad civil por proponer y apoyar los etiquetados de advertencia están perdiendo de vista que no estamos proponiendo quedarnos en los etiquetados, que estos son un punto de partida”, dijo Ana Larrañaga.

La coordinadora de ContraPESO añade que, para mejorar el entorno publicitario dirigido a niños y niñas, que actualmente se considera para radio, cine y televisión, hay que actualizarse, pues esos “ya no son los principales medios que deberíamos cubrir”.

Además de poner atención a los medios digitales, señala a “los empaques que llevamos a nuestras casas. Es publicidad que está en nuestra alacena, y es publicidad que las familias comienzan a internalizar como parte de su normalidad, y la industria lo sabe”. También el gobierno lo sabe.

López-Gatell dijo que en torno al problema de obesidad hay “un gran consenso social: la gran mayoría el país pide acciones inmediatas, profundas y trascendentes para controlar y prevenir la epidemia de sobrepeso/obesidad y en general de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la mala alimentación. El conjunto de la sociedad se ha posicionado en lado favorable a la salud, al interés superior de la infancia y al derecho a la información”.

Alejandro Calvillo opina que “somos uno de los primeros países que empieza a tener esta visión multidimensional” que puede conducir hacia la solución de la sindemia de la obesidad.

Pero no hay que olvidar, como dice Larrañaga, que “la sociedad civil tiene que ser siempre un actor vigilante de que se utilice la mejor evidencia disponible para avanzar en estas políticas públicas, estar acompañando en el monitoreo y en la denuncia de aquellos actores que caigan en un conflicto de interés”.