En medio del dolor por la incertidumbre de no saber del paradero de un ser querido, de la impotencia por la apatía de autoridades estatales, familiares de personas desaparecidas en Guanajuato concentran sus exigencias en que el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reconozca el problema que rompe familias completas, en que la Fiscalía General del Estado integre de manera correcta las carpetas de investigación, y que desde el Congreso local se hagan marcos normativos que velen por las víctimas.

Mientras las familias de personas desaparecidas se unen para darse fuerza y salir a buscar a sus seres queridos, el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se rehúsa a hablar de las desapariciones, a escuchar a las esposas, madres, hijas, hijos, abuelos, que dividen su vida entre hacer funciones de investigadores, el cuidado de la familia y buscar el sustento.

En el Congreso del Estado, después de enviar una carta en la que evidenciaban que en la creación de la Ley de Víctimas y de Desaparición Forzada las familias no eran escuchadas, ocho familiares de personas desaparecidas se dieron cita para llevar, desde su testimonio, propuestas, pero además para exponer las omisiones, la lenidad y los malos tratos desde la Fiscalía General del Estado.

Aunque la convocatoria fue hecha por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, que suman 10 integrantes, a la mesa para escuchar a las familias que tienen uno o más seres queridos desaparecidos solo estuvieron durante las más de dos horas cuatro legisladores.

Sensibles al dolor que no pueden ocultar las víctimas de la violencia en Guanajuato, las diputadas Libia Denisse García Muñoz Ledo, Lorena Alfaro García y Vanessa Sánchez Cordero escucharon atentas los testimonios y propuestas de familiares y activistas que llegaron a la mesa de trabajo; mientras tanto, el diputado panista Rolando Alcántar Rojas estuvo de cuerpo presente, pero todo el tiempo pegado al celular respondiendo mensajes y levantándose de la silla a responder llamadas.

Fotografía Carmen Pizano

Los que apenas estuvieron unos minutos en la mesa, sin hacer mayores aportaciones, ni escuchar a las familias fueron los legisladores Raúl Márquez Albo y José Huerta Aboytes.

Sin cifras oficiales sobre la desaparición de personas, el académico Fabrizzio Lorusso ha estimado que suman más de 2 mil 104 personas desaparecidas hasta septiembre de 2019; aunque en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de la Fiscalía General del Estado tiene abiertas apenas 11 carpetas de investigación.

En Guanajuato todo mal

“Quiero que se den cuenta que no son número, que todo está mal en Guanajuato”, fueron las palabras que expresó Marisela, en un tono de reflejaba coraje e impotencia, la voz que salió de una hermana que busca desde hace más de un año a Jorge Peralta Martínez, desaparecido desde el 14 de septiembre de 2018 en Celaya.

Marisela pidió de manera reiterada durante la reunión un encuentro con el gobernador, ella como otras decenas de familiares quiere ser escuchada por Diego Sinhue Rodríguez, el mismo que cuando se le cuestiona sobre desaparecidos pide que sea la titular de la Unidad de Análisis y Estrategia de Seguridad, Sophia Huett López, la que responda.

El objetivo es claro: las familias buscan ser escuchadas para que el gobierno estatal deje de negar que en Guanajuato uno de los grandes problemas en materia de seguridad son las personas desaparecidas.

Las familias de las víctimas coinciden en que la situación de violencia que se vive en la entidad ya no entra en los discursos de negación.

“Tengan empatía”, pidió Marisela entre lágrimas a los diputados presentes, tres de ellas escuchando atentamente el dolor que expresaba con sus palabras, mientras el diputado panista y presidente de la comisión de Seguridad Pública, Rolando Alcántar, no despegaba su atención del celular.

No se llama valentía, sino dolor

La madre de Luz María García, una joven madre soltera que tenía 27 años de edad el día que desapareció de la puerta de su casa, aparentemente llevada a la fuerza por un grupo de hombre que la subieron a una camioneta, detalló cómo ha sido la vida desde el 8 de enero de 2018.

“Señora, su hija se fue con el novio”, fue la primera respuesta de la Fiscalía General del Estado cuando se presentó a denunciar la desaparición de Luz María. Luego le pidieron esperar 72 horas, antes no le quisieron levantar la denuncia.

Cuando la madre de la joven originaria de Juventino Rosas al fin logró que se abriera una investigación por la desaparición de su hija, cada vez que se presentaba a preguntar por los avances las respuestas que encontraba era similares: “señora, enfada”, “señora, espere, no nada más es su hija, no nada más es usted”.

A pesar del miedo por las amenazas que ha recibido tras la desaparición de su hija, la mamá de Luz María sigue alzando la voz y pidiendo el apoyo de cuanta persona tiene oportunidad para localizar a su hija.

Fotografía tomada del portal del Congreso del Estado

“No es valentía, es el dolor de perder a una hija”, dijo con la voz entrecortada, frente a las diputadas que comenzaron a legislar en materia víctimas y desaparición forzada sin antes haber escuchado lo que vive la familia.

Una nieta de siete años es lo que la mantiene en pie, buscando a su hija para regresar un poco de paz también a la menor de edad que sufre todos los días por la ausencia de su madre.

“Yo solo le pido a ustedes que apoyen a los niños que quedan vulnerables. La niña quedó muy mal psicologicamente, se refugia mucho en mí, tiene miedo que la deje”.

Concepción es el nombre de la madre de Luz María, ella ha dejado de trabajar para dedicarse a buscar a su hija con pocos recursos, a veces pidiendo un pan para que su nieta pueda comer.

Preguntas sin respuestas

La hermana de Alfredo Rayas Alvarado, cerrajero irapuatense que desapareció en San José de Guanajuato, Celaya, en octubre de 2018 junto con otras cuatro personas, recordó que todos los días se hacen las mismas preguntas sin que nadie pueda dar respuesta:

¿Habrá comido? ¿Estará bien? ¿Lo estarán torturando? ¿Estará vivo?, pero nadie puede contestar.

A los diputados locales les pidió que haya más laboratorios para que examinen cuerpos que aparecen en fosas clandestinas, porque el número de cuerpos sin reconocer aumenta.

“Hay mucha gente esperando (tener noticias de sus familiares), no somos los únicos”.

El apoyo económico para las familias es también un punto en el que coincidieron los participantes en la mesa de trabajo, porque hay familias que se quedaron sin la persona que proveía.

Nancy Ceja López fue otra de las víctimas que desaparecieron la madrugada del 22 de octubre de 2018 saliendo del palenque de San José de Guanajuato en Celaya, en el que trabajaba los fines de semana para mantener a sus hijas. Su madre, recordó frente a las diputadas lo complicado que ha resultado desde ese día sacar fuerzas para ir a trabajar y no bajar el ánimo para seguir buscando a su hija.

El caso de Marco Antonio Montoya, desparecido en Celaya el 18 de marzo pasado, fue narrada a las diputadas que se hacen cargo de hacer las adecuaciones legales para la protección de víctimas y atención a personas desaparecidas.

Kevin Damián Martínez, menor de edad de 17 años, desapareció el 1 de junio pasado en la colonia Los Reyes en Irapuato, cuando sujetos armados lo subieron a una camioneta junto con la pareja de su mamá. Desde ese día, su madre ha dedicado su tiempo y esfuerzo a buscarlos.

Un fondo de víctimas que no llega a familiares

Una constante durante los relatos de los familiares en la búsqueda de sus seres queridos fue la falta de recursos para seguir por su cuenta, las dificultades económicas que atraviesan las familias después de la desaparición de la persona que era la proveedora y las complicaciones para que las hijas y los hijos sigan asistiendo a la escuela.

Aunque la Fiscalía General del Estado tuvo este 2019 un fondo por 24 millones de pesos para atención a víctimas, el dinero no ha llegado a las familias de las personas desaparecidas.

Sin conocimiento de que existe dicho fondo, los familiares coincidieron en la importancia de que desde la legislación se vea las familias de las personas desaparecidas como víctimas.

En datos otorgados por la Fiscalía General del Estado a los diputados locales, como parte de la revisión de la Ley de Víctimas, informaron que el fondo para este año fue de poco más de 24 millones de pesos, aunque no dieron más detalles sobre cómo se destinan los recursos.

En atención a la homologación con la Ley General de Víctimas, la norma en Guanajuato ahora deberá establecer que el fondo no podrá seguir administrándose por la Fiscalía General, sino que ahora el control de los recursos estará en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

Piden activistas intervención de la Alta Comisionada

Desde las organizaciones de la sociedad civil y activistas que han dado acompañamiento a familiares de personas desaparecidas, se evidenció frente a las diputadas y el diputado las omisiones, negligencias y revictimización como prácticas comunes en la Fiscalía General del Estado.

Organizaciones como “Sembrando comunidad” se han dedicado a dar acompañamiento a las familias de víctimas del delito, y los errores reiterados con los que se han topado en las agencias del Ministerio Público son violaciones a los derechos humanos, información que no se registra en las carpetas de investigación y la falta de coordinación de la Fiscalía.

El activista Raymundo Sandoval recomendó a las comisiones unidas del Congreso que analizan las iniciativas para las leyes de Desaparición Forzada y Víctimas, consultar la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, para crear un marco normativo con apego a los derechos de todas las personas.

La respuesta de las diputadas fue que se revisaría el tema para hacer la consulta a la oficina de la Alta Comisionada.

Otros estados en los que ya han intervenido en la conformación de los marcos jurídicos son: Coahuila, Nuevo León Veracruz, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas y Guerrero.

Entre las observaciones que hizo el activista fue que se considere mantener fuera de las comisiones de Víctimas y Búsqueda a la Fiscalía General del Estado; además de llamar a cuentas al Fiscal General del Estado y a la Fiscal Especializada por las denuncias que presentaron familias de personas desaparecidas por la revictimización.

Uno de los compromisos adquiridos por las diputadas fue llevarse los números de las carpetas de investigación de cada uno de los casos que se plantearon en la mesa de trabajo, para poder dar seguimiento personal ante la Fiscalía General del Estado.