El despojo de más de 1 mil metros cuadrados al Jardín de Niños Juan Aldama que orquestó la administración municipal de Héctor López Santillana para beneficiar a Gabriel Padilla Cordero, amigo del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, debe tener consecuencias jurídicas y legales para los encargados de montar la operación, pero además se puede revertir el proceso y regresar a los colonos del Mirador Campestre el terreno que fue vendido por el gobierno municipal para que el empresario pudiera ampliar el jardín de su residencia, concluyeron legisladores de oposición en el Congreso local.

Desde la fracción de Morena y del PVEM se pronunciaron porque sea el mismo ayuntamiento encabezado por López Santillana el que promueva las acciones legales necesarias para que el terreno regrese al preescolar, aunque solo quedan cinco días para que termine la gestión; sin embargo, señalaron que también lo puede hacer el ayuntamiento que entra el 10 de octubre.

Fotografía Juan José Plascencia

Mientras dos de las fuerzas políticas de oposición en el Congreso de Guanajuato argumentaron que se debe ponderar el interés social; es decir, el de las familias que habitan la colonia Mirador Campestre y aledañas, el diputado del distrito y coordinador de la bancada panista, Luis Ernesto Ayala Torres, mandó decir a POPLab que no haría ninguna declaración sobre el tema.

El diputado que representa el distrito III de León, que incluye la colonia Mirador Campestre, el que presumió ser el más votado del país, adoptó la misma política que el Gobierno del Estado en el tema: el silencio. A través del área de comunicación dijo que como grupo parlamentario no tenían ninguna postura, cuando se le explicó que la declaración sería como diputado que representa al distrito, la respuesta fue la misma. "Agradezco tu interés en el tema, pero no hay postura".

Luis Ernesto Ayala Torres, representante del distrito III de León. Fotografía especial

Para poder revertir la compra-venta del terreno que originalmente perteneció a la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) por una donación que hizo el municipio en 2010, será necesario que la autoridad -el mismo Ayuntamiento- promueva un juicio de lesividad porque se afectó el interés social, explicó la diputada de Morena, Alma Alcaraz Hernández.

Además, podrían promoverse denuncias en contra del todavía tesorero, Enrique Sosa, por mentir a integrantes del Ayuntamiento que integran el Comité de Adquisiciones para facilitar la venta del terreno que, según el funcionario, era un predio que se había convertido en un basurero, señaló el diputado del PVEM, Gerardo Fernández González.

El diputado morenista David Martínez Mendizabal recriminó al gobierno de López Santillana por priorizar un "supuesto rescate de las arcas municipales" al beneficio que tienen cientos de familias de la colonia Mirador Campestre con el preescolar, sobre todo cuando León es una de las ciudades con mayor desigualdad social y está en los primeros cinco lugares a nivel nacional por el número de personas que viven en pobreza.

Alejandro Arias Ávila, coordinador de la fracción priista y diputado originario de León, pidió que se haga una revisión a la legalidad del proceso para que se "demuestre que no fue una venta a modo para favorecer a un particular", y si una autoridad concluye que la compra-venta está dentro del marco normativo "el recurso debe aplicarse en la colonia donde se ubica el Jardín de Niños".

Juicio de lesividad, la opción legal

Cuando un acto o resolución administrativa de alguna autoridad favorece a un particular en detrimento del interés social, como es el caso del despojo al preescolar Juan Aldama, es posible que se promueva una acción de lesividad ante un Tribunal o Juzgado, como lo establece el artículo 305 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, expuso la diputada Alma Alcaraz Hernández.

Alma Alcaraz. Fotografía Especial

En entrevista, la legisladora se comprometió a que desde la fracción de Morena en el Ayuntamiento leonés se pueda promover el juicio de lesividad, porque como lo establece la norma antes citada es la misma autoridad la que tiene la competencia para iniciar el proceso.

"Se buscará que se pueda anular o revocar este hecho... No podemos continuar con esto, nosotros vamos a localizar a nuestros regidores actuales, a nuestros regidores entrantes, para ver cómo sería el procedimiento para no quedarnos callados, para no quedarnos quietos ante este abuso que es muy evidente".

La acción de lesividad que sugiere la diputada de Morena se basa en los artículos 305 y 306 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa que establece lo siguiente:

Artículo 305. La autoridad emisora de actos o resoluciones administrativas favorables a particulares, cuando no pueda anularlo o revocarlo por sí misma por lo previsto en las leyes o reglamentos, podrá deducir su acción de lesividad ante el Tribunal o Juzgado, cuando:

I. Se afecten disposiciones de orden público o el interés social;

II. No exista fundamento legal para que la autoridad emita la resolución favorable;

III. El interesado se haya conducido con dolo, mala fe o violencia para conseguir la resolución favorable; o

IV. Se haya concedido un beneficio indebido al contribuyente.

Artículo 306. El procedimiento de lesividad sólo podrá iniciarse a petición de la autoridad que emitió la resolución favorable al particular, dentro del año siguiente a la fecha en que se haya emitido el acto o resolución, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en el que podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época sin exceder de un año del último efecto, pero los efectos de la sentencia en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el particular, sólo se retrotraerán al año anterior a la presentación de la demanda.

Es decir, si el Ayuntamiento encabezado por López Santillana no promueve la acción de lesividad, podrán hacerlo quienes lleguen al Cabildo el próximo 10 de octubre con la panista Alejandra Gutiérrez Campos como presidenta municipal.
Alma Alcaraz Hernández reprobó la estrategia legal que hizo la administración de Héctor López para favorecer al empresario Gabriel Padilla, dueño del edificio G100 en Puerto Interior, donde Diego Sinhue Rodríguez renta oficinas por medio millón de pesos mensuales.

"Es un abuso de poder, es tráfico de influencias. ¿Cómo en menos de un año ellos logran un trámite que a veces puede durar más de cinco años? De manera muy acuciosa el tesorero Enrique Sosa promueve que la Secretaría de Educación le regrese la donación que ellos hicieron en su momento, que se la regrese de manera inmediata cuando son trámites que tardan mucho".
Para la diputada queda claro que fue gracias al tráfico de influencias que Gabriel Padilla pudo adquirir el terreno en tan poco tiempo y a bajo costo. "Dejan a niños sin la oportunidad de ir a un kínder por darle facilidades a un empresario amigo del gobernador".

Fotografía Juan José Plascencia

Sanción por mentir

El coordinador de la fracción del PVEM en el Congreso local, Gerardo Fernández González, manifestó que las mentiras con que manejó el tesorero, Enrique Sosa, la propuesta para la venta del terreno que perteneció al preescolar también pueden tener consecuencias administrativas y legales.

En la sesión del Comité de Adquisiciones del 26 de agosto de 2020, Enrique Sosa aseguró que en el preescolar hay solo 15 alumnos inscritos. "No hay demanda educativa, es un kínder que incluso probablemente no persista".

Gerardo Fernández, coordinador de la bancada del PVEM. Fotografía Especial

Al respecto, el diputado del PVEM reclamó que la venta se haya manejado con mentiras. "Los que hicieron el engaño a los regidores tienen que ser procesados administrativamente y penalmente, si alcanza... Hemos visto en muchos municipios que utilizan su influencia, engaños o trampas para vender terrenos utilizados por el sector educativo, aparte de todo a precios irrisorios".

Gerardo Fernández apuntó que además del quebranto a las arcas por vender el predio a 2 millones de pesos, cuando por la zona en la que se ubica podría haberse cobrado mucho más, existe una operación que se basó en el engaño al Ayuntamiento.

"A los regidores les abre la puerta para que pueda ser revertida la venta, sin lugar a dudas. Debemos darle seguimiento porque no podemos permitir que el influyentismo y el amiguismo pasen por encima de los derechos de cientos de familias".

Sostuvo que las actuales regidoras y regidores tienen evidencia suficiente para presentar una denuncia por la vía civil, además de una queja ante la Contraloría para que el o la próxima titular del área pueda dar seguimiento.

"Por lo menos por lo que he escuchado de la alcaldesa electa (Alejandra Gutiérrez Campos) su visión es de dar limpieza a los problemas que ha llevado a León a la situación en la que está ahorita, entonces estoy seguro que el nuevo contralor y la nueva presidenta municipal, en caso de que haya una denuncia por parte de los regidores, van a dar el seguimiento puntual".

Ofrece apoyo a colonos

Al señalar que asiste la razón a los colonos afectados con la operación del Ayuntamiento leonés, el diputado de Morena David Martínez Mendizabal dijo que es indispensable apoyar la lucha social, primero revisando la legalidad del proceso que terminó con beneficios a un particular, quien además está estrechamente ligado al gobernador Diego Sinhue Rodríguez, luego con la difusión del problema.

"Es muy razonable lo que ellos plantean. Me parece ilógico que se venda un predio cuando estamos en una época de pandemia, las niñas y los niños necesitan espacios mucho más abiertos".

Reprobó que el argumento de Héctor López Santillana para la venta haya sido la falta de apoyo económico por parte de la Federación, pues dijo, no se ha hecho un análisis real de la descomposición por la que atraviesa el municipio de León. "Me parece absurdo que le eche la culpa al Gobierno Federal, ahora es el 'chupacabras'. Dice que todos los males de León son producto de la falta de atención del Gobierno Federal".

David Martínez Mendizabal, diputado de Morena. Fotografía Especial

Martínez Mendizabal recordó que el municipio tiene un problema grave de pobreza y desigualdad, problemáticas que deberían ser prioridad para las autoridades leonesas y no un supuesto rescate de dinero para las arcas públicas.
El legislador manifestó que la protesta ciudadana es un vía para que exista mayor difusión del despojo que terminó en beneficio de un particular, situación que debe ser atendida tanto por la actual administración como la que está por iniciar en menos de una semana.

"Tendrán que sentarse con la gente para escuchar su versión y dar una solución a los problemas sociales", apuntó para luego criticar que se mantengan las contradicciones entre las autoridades de León y las del Gobierno del Estado, porque por un lado, el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez ha señalado que es un asunto entre el municipio y un particular, pero Héctor López Santillana se contradice al declarar que la desafectación fue el resultado de la consulta que hizo a la SEG.