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4/2/2026
Maltrato a acusados de terrorismo exaspera a familias; amenaza crisis política en Cuerámaro

Maltrato a acusados de terrorismo exaspera a familias; amenaza crisis política en Cuerámaro

Mediación del estado les pide aceptar responsabilidad y buscar proceso en libertad; las familias, agotadas, escuchan

Fecha de publicación:
6 de febrero de 2020, 18:16

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    * Imágenes: Edith Domínguez; producción: Juan José Plascencia

    Golpes de policías, maltrato por reos y la falta de información del proceso que enfrentan, son situaciones que sufren algunos de los 17 detenidos que hoy están en prisión tras la marcha para exigir justicia y la detención del menor de edad acusado de asesinar con su vehículo a cuatro compañeras de secundaria.

    Mientras Juan, el menor presunto implicado, sigue en libertad porque no se ha presentado a la orden de comparecencia que le giró la Fiscalía para que se presente de forma voluntaria, 15 hombres están tras las rejas del Cereso de Irapuato, y 2 mujeres en el Cereso Mil de Valle de Santiago.

    Afuera, las familias sufren por no tener a sus hijos, padres, hermanos, porque “se acabó” el poco dinero que tenían ahorrado y ahora deben buscar cómo sustentar sus necesidades, pues los proveedores familiares están encerrados por el delito de terrorismo que les imputó la Fiscalía General de Guanajuato, pero aseguran, ellos no cometieron.

    Sin embargo, deberán declararse culpables de eso, de terrorismo, para poder acceder al juicio abreviado y así tener una posibilidad de seguir el proceso en libertad, pero solo en caso que la pena sea menor de 5 años de prisión, así buscarían que los procesen por el delito de vandalismo, que pagarían con trabajos a favor de la comunidad.

    El drama de encarcelar a cabezas de familia

    Golpes fue lo que recibió José Jaime Pérez Linares, de 22 años de edad, al ser detenido. Es uno de los 15 hombres recluidos en el Cereso de Irapuato, donde aún adolece de la golpiza que le propinaron agentes en el área de barandilla de la Dirección de Policía Municipal de Cuerámaro, tras ser arrestado por policías estatales el pasado 27 de noviembre frente a su casa mientras comía unos garbanzos junto a su sobrina.

    “Lo golpearon muy fuerte, los policías le pegaron el día que lo agarraron, estando adentro los agarran y se los llevan, los golpean aquí (en barandilla) ahí los golpean. Un día después le sacaron una radiografía (por) el corazón porque se quejaba, le dijeron (los policías) diles que te caíste de la bicicleta” denunció la progenitora. Explicó también que la última vez que lo vieron seguía quejándose de los mismos golpes y no lo han atendido médicamente.

    Otro que denuncia maltrato, pero por los mismos reos, es Gustavo Leisegui Morales Martínez de 20 años de edad, quien desde que ingresó a su celda ha sido golpeado y le quitan su ropa, dejándolo desnudo, denunció su progenitora, Laborina.

    “Él llora mucho porque lo tratan muy mal, ¡quisiera el cambio de celda, pero no me oyen, ya les dije, no me oyen!, recibe golpes de los presos compañeros de celda, tuve que pagar una escoba y un trapeador, conseguí dinero para comprar(los) y un pantalón, pero se lo quitaron ahorita anda con una ropa prestada, de otro compañero (Adrián Joel Sarabia, detenido por el mismo caso). Yo quisiera que lo soltaran”, pidió.

    Gustavo es el proveedor económico de la casa en la que habita su madre, un menor de 8 años, una hermana que está embarazada, separada del marido. Ella, Laborina, trabaja en el campo pero ante la situación ha dejado de ir y para sobrellevar las necesidades de la casa ha tenido que pedir prestado, “quiero que mi hijo esté afuera, él es el único que me está ayudando para estarla pasando” explicó.

    María Guadalupe, madre de Adrián Joel Sarabia Palma, de 23 años de edad, explicó que su hijo tiene un local donde corta el pelo; fue detenido por el jardín principal después de estar con sus familiares, cuando regresaba a abrir otra vez el local. “A ver cuántos me caen más para aprovechar”, le habrían dicho al capturarlo; “lo golpearon en las costillas, y los aventaron bien feo”, denunció.

    La protesta de la comunidad frente a la presidencia, por la muerte de cuatro adolescentes, se salió de control.Foto: archivo
    La protesta de la comunidad frente a la presidencia, por la muerte de cuatro adolescentes, se salió de control.Foto: archivo

    Gerardo Rodríguez Rosas de 22 años de edad, es originario del municipio de Pénjamo, el día que lo detuvieron fue a Cuerámaro a “los barrios” (fiestas tradicionales de diciembre) que se celebran en la calle Héroes de Chapultepec, retirado de la zona donde se manifestaron. Ese día, al salir de trabajar, se arregló en su casa y avisó a su madre que estaría en Cuerámaro, a él lo detuvieron cuando estaba tomándose unos ponches, “él me dice que está bien, o no me querrá decir para no mortificarme, pero lo veo muy triste” dijo la madre.

    Joel Ortiz Mendoza de 31 años de edad y Fray Martín Rodríguez Bustamante, de 28 años de edad, socios de una ladrillera a la orilla del municipio, fueron detenidos ese día cuando iban a comprar algo para cenar. Fray es padre de dos menores de quienes se encarga su abuela materna, pero “no podemos, no nos alcanza para todo” y coincide en que ha desatendido a sus nietas por estar siguiendo el proceso, “la autoridad nomás dice ‘échense la culpa’ y ahí los tiene, pero no sabe la situación de uno”.

    La madre de Guadalupe Villanueva León de 21 años de edad, otro joven detenido, pide los dejen libres porque no participó en los destrozos, mientras que el progenitor de Carlos Manuel Ontiveros Landeros de 26 años, explicó que cuando sucedieron los hechos su hijo estaba trabajando y solo por pasar frente a presidencia lo detuvieron; también exige lo liberen.

    Dolor por partida doble

    Los cuerpos de las cuatro amigas, Juana Michel de 16 años, las hermanas Rosa Isela y Zicry Inahí de 13 y 14 años, así como el de María Teresa, también de 14, fueron sepultados en espacios contiguos, pero el dolor para las familias no ha terminado: el responsable sigue en libertad, y los esposos Jorge e Isabel, ella, hermana de la fallecida María Teresa, están encarcelados: Jorge en el Cereso de Irapuato e Isabel en el de Valle de Santiago, el hijo de ambos, de meses de edad, lo cuida la familia de la abuela materna.

    Con una hija asesinada (María Teresa) y otra recluida en un penal (Isabel), su madre está más que molesta por la situación. Explicó “lo que me cala, él (responsable del asesinato) anda bien tranquilo, uno gastando lo que no tiene y la presidenta (Ana Bueno, del PAN) ¿qué hace?, ¿somos animales o somos pueblo, que no hace justicia?, no eran animales, las que mataron. Ella (la alcaldesa) dice que no puede agarrar si no sabe quiénes son, ahí están los videos, da coraje, impotencia”. Y cuestionó “¿Por qué se fue de aquí, (dejó su residencia de Cuerámaro), pero sí anda haciendo pedo hablando en los periódicos a su manera?, (eso) no va”.

    La aspiración de su hija María Teresa era llegar a ser diputada y luego presidenta, “para ayudar a todo mundo, hasta los gatitos y perros, cuando uno aspira a más, no llega”, se lamentó.

    Con su hija Isabel, recluida en el Cereso Mil de Valle de Santiago, no ha podido hablar, porque su credencial del IFE está vencida, solo acompaña a su otro hijo al Cereso pero él es quien entra, le envía comida y un poco de dinero.

    Isabel y Jorge tienen un bebé de meses, “de pecho, no hay como la mamá con sus hijos”, finalizó.

    El palacio municipal de Cuerámaro.
    El palacio municipal de Cuerámaro.

    Deuda de justicia para las familias de las muchachas

    “Una investigación a medias” es lo que hasta ahora ha realizado la Fiscalía General de Guanajuato, consideró Guadalupe, padre de las dos hermanas que iban en la motocicleta y murieron, porque el “responsable sigue libre”, los ciudadanos que exigieron justicia están encarcelados y “deben investigar desde a la juez calificadora, desde la hora que se metió la denuncia, entre las 2 y 4 de la mañana, en ese mismo momento”.

    Don Guadalupe explicó que un día acudió a la presidencia y se encontró a la alcaldesa y esta les dijo “que metiéramos la denuncia”, pero si la autoridad ya sabía el delito, “por qué no lo hicieron saber a la juez”. En esa reunión Ana Bueno le pidió al padre que “dijera a los medios que ella no tenía nada qué ver, no sé qué le preocupa, esas preguntas se las debe hacer al pueblo”.

    Ponen plazo para que salgan libres, o “no respondemos”

    Guadalupe dijo que estará apoyando a las familias de los detenidos a pesar del hostigamiento policial, porque cada que se reúnen en la calle pasan policías por el lugar.

    Luego de la reunión a la que asistieron poco más de 25 personas, acordaron esperarán a que este viernes 7 de febrero se dé la audiencia y luego esperarán 20 días más para que salgan en libertad, “se les va a dar una confianza, más si nos defraudan no respondemos, la gente está decidida” dijo, lo que fue avalado por la mayoría de los asistentes, incluso algunos dijeron estar dispuestos a manifestarse y “sacar a la alcaldesa”, “tope lo que tope”.

    Cansados, pero no vencidos.
    Cansados, pero no vencidos.

    Firman convenio para poderlos liberar

    En un total hermetismo, incluso sin avisar a algunos de los familiares de los detenidos, los abogados de oficio, con algunos familiares en el Centro Estatal de Justicia Alternativa en Irapuato, firmaron un convenio que deberá de validar el juez este viernes.

    Luego de esta audiencia no saldrían del todo libres, pues el presunto acuerdo es que les impondrán de pena una multa económica y trabajo a favor de la comunidad que deberá de ser cumplida en libertad.

    A decir de algunos de los familiares, no les avisaron de dicha reunión el pasado martes, por ello el miércoles algunos buscaron a Rocío Medina, una de las defensoras de oficio, para saber qué pasó, pero siguen sin tener explicada la situación, “solo dijeron que lo de los daños y que ya se había llegado al convenio y no nos dieron más información, le pregunté que procedía y dijeron que iban de paso por paso”, explicó Abel Rodríguez Bustamante, hermano de Efrén Martín, otro detenido. Abel dijo que “desde que entraron los abogados del estado no tenía ninguna información”.

    Morena se adjudica avance

    Adolfo Alcalá, militante de Morena y quien se presentó como vocero de las familias, en la reunión explicó a los familiares que se solicitará el juicio abreviado donde los detenidos deberán declararse culpables de terrorismo y esperarán a que el juez fije una fecha de audiencia y les dé una pena de 3 a 5 años de prisión para que ellos puedan acceder al beneficio de seguir el proceso en libertad.

    “Tenemos confianza en que todas las atenuantes alcancen el beneficio de salir bajo fianza y saliendo seguirán el proceso porque tienen la apelación de terrorismo para retipificar a vandalismo, pero en libertad”.

    Incluso aseguró que políticos de “alto nivel” en Morena está apoyando esta causa.

    "Morena los apoya", dijo el ¿autodenominado? vocero.
    "Morena los apoya", dijo el ¿autodenominado? vocero.

    “Confiemos en que el fiscal va tener la sensibilidad, ya está hablado, (…) la fiscalía es autónoma, hemos estado en contacto y hay gente que nos está apoyando por parte del partido de Morena, que tiene nivel político y todos están apoyando, tampoco, no se pueden brincar a la Fiscalía, esto es negociado”, dijo.

    Alcalá señaló también que “el viernes salimos de dudas, vamos a ir al juicio y ahí, si la Fiscalía acepta el juicio abreviado, vamos bien, si no, tomamos otras medidas. Morena los apoya”.

    Y aún, criticó la reciente Marcha por la paz que lideró la familia LeBaron en la ciudad de León: “tragedia en cualquier del mundo nos duele a todos, pero es muy triste que se fijen en las tragedias que están a 3 mil kilómetros y las que están a 30, 40 kilómetros, no las ve la sociedad, a lo mejor porque (aquí) no son güeritos, no tienen dinero; el conservadurismo debería de apoyar más las causas cuando hay una tragedia y (que no lo hagan) eso no se vale. Ojalá los señores que organizaron la marcha, Los Lebaron, nos hubieran invitado a los que están sufriendo en carne propia para que se hubieran manifestado, pero a lo mejor no saben dónde está Cuerámaro” explicó.

    La reacción del PAN-Gobierno

    Mientras Morena se regodea de los avances del caso, luego que el municipio de Cuerámaro otorgó el perdón (por los daños), la alcaldesa panista Ana Bueno no quiso hablar de este tema, ni de seguridad, ni de la reciente muerte de un trabajador tras el derrumbe de tierra en la excavación para introducir drenaje.

    Después de corroborar que se encontraba en su oficina, POPLab solicitó entrevista, pero la funcionaria mandó decir con su secretaria que después se daría una cita para una reunión especial del tema, porque ahora tenía una agenda apretada; aunque se solicitó el dato del evento público para asistir, no lo proporcionaron.

    Oficina de Ana Bueno.
    Oficina de Ana Bueno.

    Cae aceptación de Ana Bueno

    En la evaluación de la administración municipal a cargo de Ana Bueno, el pasado mes de diciembre, donde la empresa Grupo Triple E entrevistó a 400 personas, la aceptación de la alcaldesa bajó al considerar que la atención y seguimiento a la demanda de justicia no fue la adecuada y luego que fue forzada por el estado a otorgar el perdón por los daños.

    Para el 20% de los encuestados, entrevistados cara a cara y mayores de 18 años de edad, Bueno tiene una mala imagen, y para un 10%, pésima, mientras que el 2% opina excelente, un 23% buena y un 45%. En la evaluación, 60% la aprueba y un 40% la desaprueba, pero la califican con un 4.9%. Además, el 38% de los encuestados cree que la alcaldesa es responsable que quedara en libertad el asesino de las 4 menores y el 80% consideró que Ana Bueno Macías no le dio seguimiento al caso.

    Los principales problemas del municipio son: inseguridad un 60%, desempleo 12%, alcoholismo y drogadicción 12%, mientras que (falta de) pavimentación y drenaje, 4 y 3% respectivamente.

    "La grandeza cayó en desgracia"

    Foto e información: Rolando Ramos
    Foto e información: Rolando Ramos


    Ver una manta colgada en el Puente del Amor, en León, trae siempre las miradas. En esta ocasión, no está detrás un grupo del crimen organizado, sino el Frente de Acción Ciudadana, FAC, que aprovechó el escaparate entre la Calzada de los Heróes y Malecón del Río, para exigir la renuncia de Carlos Zamarripa y de Alvar Cabeza de Vaca, pues los cárteles "ya se adueñaron del estado".

    Juan Manuel Rosas Balderas, integrante del FAC, dijo este miércoles 4 de febrero que la manifestación era por la ola de violencia desatada en el estado de Guanajuato, por los primeros lugares "no solo a nivel nacional sino internacional" de homicidios dolosos y asesinatos de policías. Se refirió también a "la incertidumbre y el miedo", por los altos cobros de piso por parte del crimen organizado.

    "El coraje, la rabia que sentimos es que al gobernador (Diego Sinhue Rodríguez) ya se le resbala todo. Vemos una apatía, no vemos que reaccione ante la ola de delincuencia, algún cambio de estrategia, que cambie a los que se encargan de darnos seguridad a los guanajuatenses." Destituir a quien no da resultados limpiaría su imagen, dijo, para así poner a una persona más capaz.

    A pregunta expresa de su opinión sobre el error del fiscal Zamarripa (y del secretario Cabeza de Vaca) "fue que se enquistaron en el poder", se corrompieron, quizá "se cansaron, se les agotó el formato y ya no hayan qué hacer". Por dignidad deberían renunciar, aseguró.

    Rosas dijo también que es algo normal, que a cualquier persona en cualquier ramo se le agotan las ideas, por eso sería bienvenida "una persona con ideas frescas". Las mantas habrían sido retiradas a los pocos minutos por policías.

    Fecha de publicación:
    6 de febrero de 2020, 18:16

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