La continuidad por 11 años de Carlos Zamarripa Aguirre al frente de la institución responsable de investigar y perseguir los delitos no representa avance, mientras los índices delictivos y el reclamo social por la seguridad siguen creciendo.

El primer informe de actividades de la Fiscalía General del Estado se dio entre la exigencia de víctimas del delito que reclaman justicia y un clima seguro, y la protección de la que ha gozado Zamarripa en los últimos años por parte gobiernos panistas que, incluso, se encargaron de garantizar que estará en el cargo por ocho años más, para llegar a un total de 19 años.

En una entidad que está inmersa en la violencia e inseguridad, los diputados locales, los únicos facultados legalmente para llamarlo a cuentas, decidieron renunciar a esa obligación al transformar el encuentro en una mesa para escuchar lo que Zamarripa ha tenido que enfrentar en la recién creada Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, las cifras de delitos cometidos en la entidad no bajan, al contrario, siguen presentándose mes con mes registros máximos históricos en diversos indicadores como el de los homicidios dolosos.

Fotografía de la Fiscalía General del Estado

En datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2019 cerró con 2 mil 775 homicidios dolosos. El mes con el mayor número de asesinatos fue noviembre con 265 víctimas. 2020 arrancó y superó el mes pico en homicidios dolosos del año anterior, tan solo en enero se tiene el registro de 308 homicidios dolosos.

Las cifras también se disparan este año con el número de Alertas Amber que ha emitido la Fiscalía General del Estado por la desaparición de menores de edad. En los primeros dos meses de 2020 las fichas de menores de edad desaparecidos están por alcanzar el total del año 2019. En el año que informa la Fiscalía General reportó 55 Alertas Amber, de las cuales se mantienen activas 18. A un día de que termine el segundo mes del año, ya se han publicado 42 Alertas Amber y se ha reportado la aparición de solo 18 menores de edad.

Mientras el número de delitos sigue creciendo en el estado, la Fiscalía General del Estado desahoga el 78 por ciento de las denuncias con acuerdos para la reparación del daño, así evita la judicialización de los asuntos.

Para Carlos Zamarripa hay asuntos que no se nombran lo mismo en entrevistas que en un informe oficial, como el caso de las personas desaparecidas y las fosas clandestinas que se han encontrado en varios municipios de la entidad.

Uno de los “candados” que presumieron los diputados panistas cuando anunciaron su respaldo a Carlos Zamarripa, fue la creación de un Consejo Externo de Consulta que apenas creó la Fiscalía un mes antes de presentar ante los diputados locales el primer informe de actividades.

Zamarripa arropado por el panismo

Minutos después de las 9 de la mañana del jueves, Carlos Zamarripa Aguirre se presentó en el salón de usos múltiples del Palacio Legislativo para la entrega del primer informe de actividades.

Acompañado por panistas, en su mayoría, a excepción de Raúl Márquez Albo, coordinador de la bancada de Morena, y de la legisladora María de Jesús Eunices Reveles Conejo que abandera el PT, aunque ya es una aliada más del PAN, Zamarripa llegó al salón donde ya se había colocado una cinta para evitar que los representantes de los medios de comunicación se acercaran a él.

Carlos Zamarripa apenas improvisó un discurso de menos de un minuto, luego entregó a la presidenta del Congreso, la panista Martha Isabel Delgado Zárate, un cuadernillo que contiene 140 páginas, de las cuales, 40 son impresiones a color de fotografías del fiscal y de los edificios.

Cinco minutos después, apenas terminó el discurso de la presidenta del Congreso, Zamarripa salió por la puerta trasera del salón de usos múltiples, acompañado por los legisladores panistas: Cristina Márquez, Jesús Oviedo, Armando Rangel y del secretario general del Congreso.

Al intentar pasar la valla colocada con una cita, en busca de una entrevista con el fiscal, personal del área de Relaciones Públicas del Congreso impidió el acercamiento con Carlos Zamarripa, al cuestionar el por qué, la respuesta fue que el tema se tenía que ver con Comunicación Social.

El director de Comunicación Social del Congreso, Román Rocha, manifestó que las entrevistas con el fiscal se gestionaban directamente con su personal, sin lograr explicar de dónde llegó la indicación para que el personal del Legislativo colocara la valla e impidiera el paso a la prensa.

Escoltado por legisladores, Zamarripa Aguirre abandonó el Palacio Legislativo sin dar declaraciones o explicar el contenido del informe.

El próximo punto fue el Poder Judicial del Estado, donde entregó otra copia del cuadernillo a Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, sin mayor contratiempo.

Sin embargo, al llegar a Palacio de Gobierno, donde ya lo esperaba Luis Ernesto Ayala Torres, secretario de Gobierno, lo recibieron miembros de la Unión Campesina Democrática, quienes unos días antes montaron un campamento afuera del edificio en Paseo de la Presa para exigir seguridad.

Campamento montado por la UCD para exigir seguridad que recibió a Zamarripa cuando llegó a entregar el informe. Fotografía Especial

Diego Sinhue Rodríguez, el gobernador, no estuvo presente porque se encuentra de viaje por Estados Unidos.

Fiscalía crea sistema para evitar investigar

En el último año, de las 164 mil 503 carpetas de investigación tramitadas, solo 14 mil 907 fueron judicializadas, es decir, apenas el 9 por ciento.

La Fiscalía General del Estado opta por convenios o acuerdos de reparación para evadir la investigación en el 78 por ciento de las denuncias que se presentan.

Así lo dejó en evidencia el fiscal general del estado en el primer informe de actividades que estuvo obligado a entregar y hacer público. Del total de asuntos iniciados en el año, 21 mil 237 siguen en investigación ministerial.

Carlos Zamarripa durante la entrega del informe. Fotografía del Congreso del Estado

En la recopilación se incluye una imagen donde se expone que durante el año 2019 se tramitaron más de 164 mil carpetas de investigación, pero de éstas a 128 mil 296 le dieron salida con acuerdos que corren a cargo de las Unidades Especializadas (UEMA).

“Conscientes de que esos mecanismos garantizan el derecho de acceso a la justicia y la reparación integral del daño a la víctima del delito, se propicia su aplicación. Con ello se privilegia el diálogo entre las partes intervinientes en un conflicto de naturaleza penal como medio de alcanzar una justicia de acuerdos y no de imposiciones”, expone el informe.

Imagen publicada en el informe de la Fiscalía General del Estado

El plazo para que Zamarripa entregara el primer informe llegó, y el jueves se presentó primero en el Congreso del Estado, luego llegó al Poder Judicial y finalmente lo recibió el secretario de Gobierno para recibir el cuadernillo con 140 páginas que reunió el trabajo del organismo durante el año 2019.

Promete transparencia y oculta cifras

Del breve discurso que improvisó Carlos Zamarripa durante la entrega del informe al Congreso local, destaca una frase: “estamos convencidos que la procuración de justicia requiere transparencia y rendición de cuentas”.

Sin embargo, el reporte que viene en el cuadernillo no desglosa el número de denuncias que recibió el Ministerio Público por delito, tampoco se aborda el tema de las personas desaparecidas, que en el último año ha dejado en evidencia las deficiencias con las que investiga la Fiscalía General del Estado.

Carlos Zamarripa en reunión con colectivos de familiares de personas desaparecidas y autoridades estatales

En el apartado sobre personas desaparecidas, el fiscal optó por hacer un recuento de las capacitaciones y el número de personas que han acudido a cursos y talleres.

La cifra oficial sobre las personas que se encuentran en calidad de desaparecidas o no localizadas no se aclara, aunque en una respuesta de Acceso a la Información Pública se establece que del 16 de noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2019 se tiene el registro de apenas 11 indagatorias por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

El informe de Carlos Zamarripa contiene dos páginas completas a presumir la sentencia de 60 años de prisión a Raúl Escobar Poblete conocido como “Comandante Emilio”, acusado de secuestro.

Las cinco sentencias “relevantes”, así calificadas por la Fiscalía en el informe, consisten en:

1. Castigo de 278 años de prisión para dos personas por la tentativa de homicidio en contra de 14 elementos de la Guardia Nacional que hacían un recorrido en el municipio de Salamanca
2. La condena de 180 años de prisión para dos personas que asesinaron a una agente de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en la comunidad Malvas de Irapuato.
3. Dos personas fueron sentenciadas por el asesinato de cuatro personas y las lesiones ocasionadas a otras más cuando atacaron a los asistentes a un velorio en Yuriria. Una persona tendrá que pagar con 177 años y la segunda con 231 años de prisión.
4. El homicidio de cuatro personas en la colonia Álvaro Obregón de Salvatierra condenó a un hombre a pasar en prisión 120 años.
5. La quinta sentencia relevante fue la que se impuso a dos ex servidores públicos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración por fraude. Las condenas son por 11 y 5 años de prisión.

Consejo Externo conformado por empresarios

Sin la presencia de mujeres, el Consejo Externo de Consulta de la Fiscalía General del Estado está conformado por empresarios, sin tomar en cuenta a integrantes de organizaciones de la sociedad civil para que pudieran hacer recomendaciones a Carlos Zamarripa Aguirre.

La Ley Orgánica de la Fiscalía establece la obligación de contar con un consejo externo integrado por “ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su atribución en materia de procuración de justicia”, aunque en el caso de los recién nombrados consejeros honoríficos tienen perfil empresarial.

Aunque la obligación para la instalación del Consejo se tenía desde febrero de 2019, el Consejo Externo de Consulta se conformó apenas el 17 de enero de 2020.

Consejo Externo de Consulta de la Fiscalía. Fotografía de la Fiscalía General del Estado

Luis Antonio Alanís Villarreal, presidente del Consejo, es oftalmólogo. Participó como presidente del consejo ciudadano de Contraloría Social de León. Fue presidente del consejo de la Fundación Vamos México y del Consejo Íkalo International School.

Alfonso Abel Sánchez Solleiro Franco pertenece al equipo de la planta de Pirelli.

Héctor Eduardo Webb Cruces, embajador honorario de Polonia e integrante de la Junta Directiva de la UG

Ignacio Téllez Manrique. Presidente del Consejo Estatal de la Industria Metalmecánica (2014), vocal del Consejo Directivo del CCE Salamanca (2019)

Herminio Rangel Gutiérrez es agente del Ministerio Público. A su cargo estuvo la investigación contra los ex alcalde de León Ricardo Sheffield y Bárbara Botello por corrupción en 2015 con la averiguación 101/2015.

Como secretario técnico está José Alejandro Duarte Pantoja.

Entre las facultades que la Ley le otorga al Consejo Externo de Consulta está emitir recomendaciones respecto al ejercicio de atribuciones que tiene la Fiscalía General del Estado, advertir alguna conducta que amerite responsabilidad de los servidores públicos, nombrar al titular del órgano de control interno, entre otras.