Una auditoría del órgano fiscalizador del estado comprobó la existencia de irregularidades en la relación entre las televisoras TV Guanajuato y TV Libertad con el municipio de Guanajuato y el Sistema Municipal de Agua Potable, gracias a la cual el propietario de ambos medios, Jorge Rodríguez Medrano, logró no solo contratos millonarios sin evidencia de servicios prestados, sino que también colocó en la nómina a familiares además de convertirlos en proveedores de servicios.

La auditoría sin embargo no prevé la forma de recuperar 115 millones de pesos adeudados por la empresa cablera que alberga los mencionados canales de televisión, por pago de derechos de vía pública lo que ha causado un daño a las finanzas del municipio.

La denuncia de esos hechos ha motivado juicios "por daño moral" contra los activistas y periodistas que los dieron a conocer originalmente.

Ilustración de Pinche Einnar

En Guanajuato, un municipio con múltiples carencias que está pensando endeudarse por hasta 200 millones de pesos, sus autoridades no han sido capaces de cobrar la millonaria deuda de la empresa de telecomunicaciones por el aprovechamiento de vía pública en beneficio de la familia del dueño de la televisora local: Jorge Antonio Rodríguez Medrano.

El resultado de la auditoría de situación excepcional, promovida desde la sociedad civil, evidenció la serie de irregularidades en la adjudicación de contratos a la familia Rodríguez Rocha por más de 5.5 millones de pesos. Sin embargo, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), el ente responsable de la revisión, no fue capaz de sentar a la mesa y recibir explicaciones de la empresa Telecom Nacional/Cable Visión Regional que durante más de 10 años ha gozado de inmunidad en el cobro por el uso de la vía pública para la colocación del cableado, y cuya señal permite los exorbitantes negocios con dinero público de los canales TV Guanajuato y TV Libertad, ambos propiedad de Jorge Antonio Rodríguez.

La auditoría de situación excepcional que le llevó casi un año a la ASEG, desde la presentación de la solicitud, incluye 10 observaciones que ni el gobierno municipal ni el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (Simapag) pudieron solventar.

A pesar de que estaba en curso la revisión por parte del órgano responsable de la fiscalización de recursos, no existió impedimento para que el Simapag entregara un nuevo contrato a Rodríguez Medrano. Por la publicidad de cuatro meses y medio, el organismo operador del agua le pagó 800 mil pesos en febrero del 2019.

A lo largo de tres administraciones, además de convenios publicitarios, el dueño de la televisora local ha podido colocar a sus dos hijos en la nómina del municipio, sin que exista evidencia de que hayan asistido a desempeñar sus funciones.

Además, los servicios prestados por el dueño de la televisora, sus hijos, nueras, y esposa, no pudieron ser comprobados, aunque sí se tiene la evidencia de las facturas pagadas por 5 millones 528 mil 383 pesos.

Carencias y falta de presupuesto

Durante años los servicios públicos fue el principal problema para la ciudad capital, por la falta de camiones recolectores de basura que atendieran a las necesidades del municipio.

En los últimos meses el tema de la violencia se ha recrudecido en el municipio que cuenta con poco más de 184 mil habitantes de acuerdo al último Censo del Inegi realizado en el 2015.

En los primeros meses del 2019 los homicidios dolosos se han prácticamente igualado a los que registró el municipio de Guanajuato en el 2018. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, el año anterior cerró con 22 casos, mientras en los primeros tres meses del 2019 ya sumaban 17.

Además, el gobierno de Alejandro Navarro ha anunciado la posible contratación de una deuda por hasta 200 millones de pesos que serían utilizados para la construcción de un estacionamiento y el edificio de gobierno.

El empréstito que pretende contratar Navarro representaría el 34 por ciento del ingreso anual del municipio. Para el ejercicio 2019 se presupuestaron 587 millones de pesos.

El gobierno municipal también pretendió cobrar un nuevo impuesto a partir de enero de este año para quienes ofertan hospedaje a través de plataformas digitales, pero el Congreso local lo rechazó por no ir debidamente justificado.

Muchos requerimientos, cero acciones de cobro

De acuerdo con estimaciones del gobierno municipal, la empresa debería al municipio más de 115 millones de pesos por el aprovechamiento de la vía pública para la colocación del cableado, pero en la revisión que hizo la ASEG se declara incompetente para estimar el daño al erario porque es el propio municipio el que debe revisar la cantidad de metros lineales ocupados por la empresa ya sea área o subterránea.

Sin embargo, lo que sí advierte el informe de resultados, del cual POPLab tiene copia, es que se giraron al menos 14 oficios, además de escritos y documentales entre el 2014 y 2017 solicitando a la empresa que pague, pero el Gobierno Municipal que ahora encabeza el panista Alejandro Navarro Saldaña no pudo comprobar que se hayan iniciado acciones legales por la vía civil para poder hacer efectivo el cobro.

En la última respuesta que envío el tesorero municipal, el 22 de enero pasado ya con Navarro en la administración, a la ASEG se reconoce la obligación que establece la Ley de Hacienda para los Municipios de hacer el cobro por el uso de la vía pública; sin embargo, el actual gobierno municipal se ha dedicado a realizar reuniones de trabajo para “definir la estrategia de cobro”. El mismo tesorero asegura en el escrito DIM-139/2019 que se optó por solicitar el cumplimiento de las obligaciones por la vía civil, pero en las conclusiones que hace la Aseg se asegura que no se entregó evidencia que acredite que se ha iniciado el procedimiento de cobro.

“… el sujeto fiscalizado no proporciona evidencia que acredite la recaudación de los ingresos correspondientes a la ocupación y aprovechamiento de la vía pública por la instalación u ocupación de línea de cableado para uso comercial”.

En abril 2018 se dieron a conocer los privilegios de los que ha gozado la cablera con adeudos millonarios al municipio, lo que originó que semanas después el gobierno de Edgar Castro Cerrillo reaccionara cortando el cableado, hasta que se promovió un recurso ante el Tribunal de Justicia Administrativa, mismo que no ha quedado resuelto pero que como medida provisional ordenó la reconexión.

Hijos en nómina

Mientras estuvieron en la nómina del gobierno municipal, Héctor Alejandro Rodríguez Rocha y Jorge Alberto Rodríguez Rocha, hijos del matrimonio de Jorge Antonio y Silvia, no registraron asistencia a sus labores, resolvió la ASEG después de solicitar al gobierno municipal que entregara comprobación de que acudían a su trabajo.

Héctor Alejandro se desempeñó en la administración municipal como jefe de departamento de la Unidad de Comunicación Social del 2013 al 2015, luego estuvo en el mismo cargo, pero dependiendo de la oficina de Síndicos y Regidores y finalmente se desempeñó como Coordinador B en la dirección de Promoción Económica y Atracción de Inversiones.

Tras su salida en el 2017, se incorporó al Simapag. Siempre teniendo como jefe inmediato al actual presidente del Consejo del organismo operador del agua, Juan Sebastián Ávila Victoria.

En el caso de Jorge Alberto, estuvo como jefe de departamento B en la Unidad de Comunicación Social y después como Coordinador B en la dirección de Promoción Económica y Atracción de Inversiones.

Los hijos del matrimonio dueño del consorcio televisivo nunca registraron ingreso a sus funciones, como lo reconoce la propia Dirección de Recursos Humanos del municipio de Guanajuato.

Contraviniendo a lo establecido en las Disposiciones Administrativas en Materia de Recursos Humanos, en donde se establece que la Dirección de Recursos Humanos deberá establecer los mecanismos para que los servidores públicos registren entrada y salida, con excepción de los cargos de Director de Área en orden ascendiente.

Para justificar la falta de registros, la dirección respondió a la ASEG en octubre pasado que por las funciones que desempeñaban sus jefes directores decidieron que quedaran exceptuados del registro.

Quienes en su momento estuvieron al frente de la Unidad de Comunicación Social respondieron a la Auditoría que nadie en la oficina tiene reloj checador por las actividades propias de la dependencia.

Pero al buscar a Juan Sebastián Ávila, quien fungió como jefe de Héctor y Jorge Alberto tanto en la oficina de Síndicos y Regidores como en la Dirección de Desarrollo Económico, se negó a que se llevaran a cabo las diligencias.

Contratos sin garantías

Aunado a la omisión de cobro por el uso de la vía pública a favor de la cablera donde transmite la señal las empresas de Rodríguez Medrano y mantener a sus hijos en nómina, la ASEG resolvió que se entregaron contratos para la producción y transmisión de spots y elaboración de videos sin que el gobierno municipal constatara que ofrecía los mejores precios y calidad.

Al requerimiento que hizo la Aseg, la entonces titular de la Unidad de Comunicación Social, María del Carmen Yáñez González, respondió que se contrataba al proveedor porque contaba con los medios técnicos y tecnológicos, siempre presentando presupuestos de manera verbal.

La cuarta observación de la Auditoría Superior del Estado es por el pago de 2 millones 220 mil pesos a Jorge Antonio Rodríguez Medrano por la elaboración y transmisión de spots y videos, montajes de escenografía, entre otros, sin que exista evidencia documental de los servicios que habría prestado el dueño de la televisora al municipio.

La quinta observación va dirigida al Simapag por no asegurar las mejores condiciones en la contratación que hizo de los servicios que prestó Jorge Antonio Rodríguez y su hijo Jorge Alberto Rodríguez por servicios de publicidad.

Otra observación para el organismo operador del agua recae en los pagos que se hicieron a la familia por concepto de publicidad, producción de videos, asesoría, campañas publicitarias y capacitación, sin que existieran contratos de por medio que establecieran el importe a pagar, los entregables y garantías.

La séptima observación y en la que se advierten daños al erario es por pagos que suman 2 millones 913 mil pesos a favor de Jorge Antonio Rodríguez Medrano y Jorge Alberto Rodríguez Rocha por servicios de publicidad y difusión, al no acreditarse la entrega íntegra de los servicios contratos.

Otros pagos observables para la Auditoría fueron por tres contratos a la familia por 356 mil 600 pesos por diversos servicios de publicidad de los cuales el Simapag tampoco tiene testigos.

En este caso, la Aseg requirió también a los contratados: Jorge Antonio Rodríguez, Jorge Alberto Rodríguez y María Fernanda Denisse Uribe, esta última esposa de Héctor Alejandro, cuyas respuestas fueron que los testigos del trabajo realizado se entregaron en tiempo y forma al Simapag y ellos no tienen archivo histórico de los videos.

La novena observación es por pagos que a favor del dueño de la televisora por 52 mil 200 pesos la difusión y elaboración de un video para el Simapag, pero el video que se entregó a la ASEG como evidencia forma parte de los testigos que el organismo operador del agua presentó como parte del cumplimiento del contrato anual que celebró con Rodríguez Medrano en el 2015.

Antes de regidora, profesional en imagen

El Simapag no solo tiene en nómina a Héctor Alejandro y entregó contratos a la esposa de éste, su papá y hermano, sino que además pagó 46 mil 400 pesos a su mamá, Silvia Rocha, por capacitación en comunicación efectiva y manejo en la cultura del agua.

En el año 2014, unos meses antes de llegar a la regiduría, Rocha Miranda quien además es propietaria de la pastelería La Delicia, recibió dos contratos para capacitar al personal del Simapag en comunicación e imagen.

Fotografía tomada de Facebook

Los dos contratos quedaron firmados en diciembre del 2014. El primero fue por la capacitación para comunicación social efectiva y cobró 20 mil 400 pesos. El segundo contrato fue por 26 mil pesos por la asesoría en manejo de la imagen de cultura del agua.

Sin embargo, el Simapag no pudo acreditar que la exregidora haya prestado los servicios porque no se cuenta con evidencias como listas de asistencia del personal.

Aunado a lo anterior, cuando la ASEG requirió más información, José Lara Lona, entonces director del Simapag, reconoció que no existe registro del personal que recibió la capacitación, ni hay evidencia del lugar donde se impartió tanto la capacitación como la asesoría.

Para justificar la contratación, el Simapag entregó a la ASEG material impreso y digital del trabajo que habría realizado Silvia Rocha, pero el personal de la Auditoría encontró que toda esa información se encontraba en dos páginas web con autores distintos a Rocha.

Lo que sigue

Una vez que el informe de resultados sea aprobado por el Pleno del Congreso, se tendrá que dar vista a la Contraloría Municipal, al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del municipio de Guanajuato y a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

En sesión, este lunes la comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso local aprobó el dictamen que será enviado a la Mesa Directiva y suba a votación del Pleno.

La presidenta de la comisión, la panista Alejandra Gutiérrez Campos comentó que no necesariamente tendría que pasar para aprobación en la sesión del jueves, pues es la mesa directiva que preside el también panista Juan Antonio Acosta el que decidirá cuándo llega a Pleno para que sea votado.