Era mucha la presión que tenía: me hablaba a todas horas, no tenía vida privada porque todo era trabajo, pero entre el trabajo empezaban los toqueteos. Le dije una vez que no me gustaba, que no se dirigiera así conmigo, porque también tiene la costumbre de hablar de "amor, amor".

Gabriela comenzó a trabajar en el Hospital Pediátrico de León en 2014 como personal operativo en el área de trabajo social. Tres años después ascendió a jefa, pero a la par del ascenso llegó el hostigamiento laboral, que luego se convirtió en hostigamiento sexual por parte del director del hospital, Raúl Rojas Hernández.

En cada oportunidad que tenía recibía gritos frente a todos. Me gritaba, me trataba de intimidar, era muy notorio, al punto de hacerme llorar en las reuniones.

Maggy ha lidiado con el hostigamiento laboral prácticamente desde que llegó al Hospital Pediátrico de León en 2015. El trato que recibe de Raúl Rojas la llevó a denunciar al agresor ante la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

Ilustraciones de Pinche Einnar

Los casos de Gabriela y Maggy no son los únicos en el hospital, pero no todas se animan a alzar la voz por temor a perder el empleo. "Él presume ser amigo personal de Daniel Díaz Martínez". "Ha llegado a decir en reuniones frente a todo el personal que no le importa que nos quejemos porque sus amigos lo quieren convertir en el próximo secretario de Salud", narran las dos mujeres que en los últimos cinco meses decidieron llevar sus casos a Derechos Humanos e incluso ante el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Hace cuatro años el Gobierno de Guanajuato recibió la certificación en Igualdad Laboral y No discriminación por parte del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), logro que pareció quedar solo en el papel, pues a la fecha no se aplican en la Secretaría de Salud los protocolos diseñados para atender y prevenir la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual.

A finales de 2017 Guanajuato se convirtió en el primer estado en el que los tres Poderes se certificaron con la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, que presume, entre otras cosas, la implementación de programas que fomentan entornos laborales accesibles a todas las personas y establecen mecanismos para la prevención y atención a la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual.

Sin embargo, a Gabriela y Maggy la certificación no les garantizó espacios seguros, tampoco les ayudó a reportar las conductas que las afectaron. Por el contrario, han tenido que atravesar por un proceso de revictimización por parte de diferentes autoridades cuando decidieron alzar la voz para denunciar al directivo del hospital que las hostigó.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, de septiembre de 2018 -inicio del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez- al 15 de abril de 2021, se han recibido 101 quejas por acoso sexual y/o hostigamiento laboral en la administración pública, pero solo cinco servidores públicos fueron sancionados entre 2018 y 2019.

En los testimonios que compartieron Gabriela y Maggy con POPLab coinciden en señalar que sus casos no son los únicos, solo que muchas víctimas prefieren no denunciar por temor a perder su trabajo, otras prefieren renunciar y buscar oportunidades en otros hospitales, la mayoría de ellas son doctoras con especialidades que fueron contratadas en otras instituciones.

Denuncia y es despedida

La historia de Gabriela se ha acompañado de la constante revictimización por parte de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (Imug) y la Fiscalía General del Estado.

El ascenso de Gabriela a jefa en el área de Trabajo Social se acompañó del hostigamiento por parte del director del Hospital Pediátrico, que luego escaló a acoso sexual, hasta que fue despedida días después de denunciar al director por hostigamiento y acoso, acusación que llegó directamente a la oficina del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

A la par de que aumentó la presión laboral, comenzaron los comentarios, los mensajes, las llamadas y las miradas lascivas, que orilló a Gabriela a pedir que le quitaran la jefatura para regresar como operativa, aunque eso significaba un ingreso menor. "Tengo todos los mensajes que me mandaba, a pesar de que yo siempre le hablaba de 'doctor'".

"Fui a hablar con él (Raúl Rojas) para decirle que no quería la jefatura, que quería regresar a operativa porque estaba a punto de explotar, fue cuando me hizo insinuaciones sexuales directas".

Las llamadas eran a todas horas, los comentarios incómodos y las constantes citas en su oficina. "En una ocasión me siguió, me habló por teléfono porque quería saber dónde estaba. Me gritaba delante de todos. Yo ya pedía que me acompañaran al baño porque no quería ir sola. Aguante así casi todo 2020".

Gabriela recuerda que el hostigamiento se agudizó cuando comenzó a salir con un médico que también laboraba en el Hospital Pediátrico. "El doctor Rojas decía que todas las mujeres eran de él. Cuando nos hicimos novios nos empezó a investigar. En una ocasión nos grabó en el comedor, en su celular tenía acceso a las cámaras del hospital".

"Todavía no éramos pareja pero nos había visto juntos. Un día nos habla a los dos y me pide que voltee: 'mira qué dice aquí: propiedad del doctor Rojas'".

Después de meses de sobrellevar el hostigamiento y el acoso, el 6 de noviembre presentó la queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) y un escrito dirigido al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y al secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez.

En 25 puntos resumió lo que vivió durante los últimos tres años como jefa de Trabajo Social, con la esperanza de que "alguien le pusiera un alto".

La denuncia fue contraproducente. Solo unos días después de que presentó la queja ante Derechos Humanos y los escritos en Gobierno del Estado, Gabriela notó que el hostigamiento aumentó. "Comenzó a hacerme la vida imposible".

El 3 de diciembre de 2020, con el argumento de abandono de funciones, Raúl Rojas personalmente redactó un acta para despedir a Gabriela y a su pareja, el único neurocirujano pediatra del hospital. Las pruebas que presentó el director del hospital fueron las imágenes de la cámara de seguridad donde se ve que sale un automóvil del mismo modelo que el de Gabriela, pero con placas distintas. También hizo que una guardia declarara que no los había visto en el hospital, empleada que después también fue despedida.

Al momento que Raúl Rojas inicia el procedimiento en contra de Gabriela y su pareja, él ya había recibido la notificación oficial de la queja en Derechos Humanos, pero eso no fue impedimento para que personalmente redactara el acta que sirvió para despedir a la pareja.

"Al darnos cuenta del conflicto de interés en la instrumentación del acta, se llevó el asunto al área jurídica de la Secretaría de Salud, al departamento contencioso, a la Secretaría de la Transparencia, donde se señala que el acta está mal elaborada porque hay conflicto de interés, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta", explicó el abogado de la pareja, quien los ha asesorado en el proceso legal.

El 11 de diciembre, apenas un mes después de que presentó la queja contra el director del Hospital Pediátrico, el despido de Gabriela y su pareja se oficializó con un escrito firmado por Moisés Andrade Quezada, coordinador general de Salud Pública del Estado.

Ignora Ejecutivo denuncia

El viernes 6 de noviembre de 2020, Gabriela llegó a las oficinas del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para dejar el documento en el que expone su caso. Como única respuesta se le informó que recibiría apoyo del IMUG.

El acompañamiento prometido por el Ejecutivo estatal consistió en una llamada telefónica por parte del personal del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), en el que la que le preguntaron cómo se sentía y si necesitaba apoyo psicológico, Sin embargo,al enterarse de que tenía un ofrecimiento similar de la Procuraduría de los Derechos Humanos, no volvieron a buscarla.

"Me dijeron gracias y fue todo lo que recibí del IMUG, no hubo más respuesta. Sigo en espera de la respuesta de Diego Sinhue. Me habló muy amable José de Jesús Maciel (secretario técnico del gobernador), me dijo que el gobernador estaba muy interesado en mi caso, todo muy bonito, al final cuando quise comunicarme con él, su secretaria me decía que estaba en una reunión, que estaba ocupado. Nunca me regresó la llamada".

El mismo día que presentó el escrito al gobernador, hizo llegar una copia a la Secretaría de Salud para informarles de su caso, pero no hubo ningún tipo de apoyo.

"En la respuesta del lunes 9 de noviembre se dan por enterados de la denuncia, pero no se protegió mi integridad personal y sí hubo represalias".

Gabriela expuso que apenas unos días después de entregar los escritos, sus compañeros del hospital sabían que pidió el apoyo del gobernador y la queja en Derechos Humanos, evidenciando que no se manejó con reserva, lo que constituyó una nueva revictimización: "Todo el mundo sabía de mi escrito".

Derechos Humanos protege a acosador

Todavía con Raúl Montero de Alba al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Gabriela presentó la queja en noviembre de 2020, a la que se asignó el número de expediente 2017/20-A.

En la entrevista que tuvo con el personal de Derechos Humanos, la trabajadora social sostuvo que no es la única víctima del doctor Rojas. "A varias mujeres las hostiga y ha hostigado, muchas le tienen miedo. Yo decía en Derechos Humanos que vayan como pacientes para que vean cómo la van a tratar".

Entre las pruebas que presentó ante el organismo responsable de velar por el respeto a los derechos humanos en Guanajuato están capturas de pantalla de los mensajes que le enviaba, además de las imágenes y chistes sexuales que compartía en el grupo de Whatsapp que creó y al que incluye al personal del Hospital Pediátrico.

Para defenderse de la queja, el doctor Raúl Rojas llevó como testigos al personal de su confianza, incluso, presentó capturas de pantalla del celular de Gabriela para argumentar que en conversaciones privadas la trabajadora social lo ofendía.

Estos últimos datos los conoció Gabriela cuando acudió directamente a la oficina de Derechos Humanos para que la dejaran revisar el expediente, cuatro meses después de que presentó la queja porque cuando habló por teléfono no tenía respuesta.

Con Vicente Esqueda Méndez como titular, a Gabriela y su abogado solo les permitieron consultar el expediente en las oficinas, sin oportunidad de tener copia o fotografiar el contenido.

"En derechos humanos yo pensaba que iba a ser lo mejor y no, ha sido muy, muy feo. Casi yo soy la culpable, es muy fea esa institución… Yo he marcado para ver cómo va mi caso, me dijeron que lo cerraron, pero a mí no me han informado, ni pude responder a lo que dijo el doctor Rojas".

Ilustración Pinche Einnar

Doble peritaje en la FGE

Por el hostigamiento y acoso sexual del médico Raúl Rojas, Gabriela presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que quedó con número de expediente 112265.

Como parte de la investigación la Fiscalía realizó una prueba pericial, aunque resultó en dos partes porque el primer peritaje se aplicó considerándola víctima de violencia familiar, advirtió el abogado al revisar el expediente.

Es decir, por error de la Fiscalía General del Estado primero se le aplicaron a la víctima pruebas para ver el grado de afectación por el delito de violencia familiar, aunque la denuncia se presentó por el hostigamiento y acoso sexual.

"Un día me mandaron llamar, hice todas las pruebas, pero me volvieron a citar que para ampliar los exámenes, después me di cuenta que fue porque me hicieron pruebas que no eran".

La experiencia de Gabriela en el Ministerio Público no fue grata, porque cuando se presentó con la perito solo le aplicó pruebas sin hacer ningún tipo de pregunta.

"Ni siquiera tuvo contacto para preguntar lo que me pasó, solo me dio puras hojas, fue muy desgastante. Me hizo hacer dibujos, pruebas".

El resultado que entregó la perito de la Fiscalía General del Estado, Sandra Elizabeth Navarrete, fue que tenía una afectación emocional, pero que no podía relacionarse con el acoso denunciado.

"Estamos pidiendo a la Fiscalía que sea objetiva. En su conclusión la perito dice que sí tiene afectación y que hay una simulación", explicó el abogado de la víctima.

Presenta denuncia ante la FGR

La Secretaría de Salud de Guanajuato no pagó a Gabriela la parte proporcional de la primera quincena de diciembre, tras ser despedida el 11 de diciembre de 2020, tampoco recibió el pago de aguinaldo; sin embargo, apenas unos días después de salir del hospital se dio cuenta que en la tarjeta de nómina tenía 14 mil pesos adicionales, pero al acudir al banco el dinero ya no estaba en la cuenta.

Preguntó a la institución bancaria, y la respuesta fue que se habían hecho dos retiros en caja en el municipio de Guanajuato, razón que la llevó a presentar una nueva denuncia, ahora ante la Fiscalía General de la República por robo de identidad.

La denuncia ante la FGR quedó en el expediente 0000830/2021, lo que ha representado para Gabriela un desgaste adicional en busca de justicia ante la autoridad federal.

A la par de las denuncias penales tanto en el ámbito local como federal y la queja en Derechos Humanos, la víctima mantiene una demanda laboral por despido injustificado, confiada en que podrá recuperar el empleo del que fue despedida por denunciar a su superior.

A la fecha me sigue lastimando la vida

Cinco meses después de que presentó la primera denuncia, Gabriela externó que lo único que busca es tranquilidad, terminar con todos los procesos que inició cuando decidió alzar la voz y regresar a trabajar porque como madre de dos menores de edad tiene que buscar la manera de llevar sustento.

Durante la narración de su testimonio insistió en que la palabra que definiría lo que ha tenido que pasar durante el proceso es: desgastante, por las horas que ha tenido que pasar en el Ministerio Público local, en el Federal, y además la presión emocional que representa no tener un ingreso fijo para su familia.

"Quiero ya tranquilidad emocional. No me puedo conseguir un trabajo porque no me van a dar permiso de salir a declarar, es que siempre pasa algo y me llaman".

Gabriela mencionó que otros casos de hostigamiento de los que tuvo conocimiento fueron a una epidemióloga, una anestesióloga y una doctora a la que enviaron a la jurisdicción 7, previo a que presentara una queja contra Raúl Rojas.

“Esperaría que lo quiten de director por todas las mujeres que lo siguen aguantando, en serio varias mujeres han renunciado porque les hace la vida imposible, muchas no han querido denunciar, pero hay varias que se fueron”.

Maggy, otro caso de hostigamiento

Maggy comenzó a trabajar en el Hospital Pediátrico de León a los pocos meses de que fue inaugurado por el entonces gobernador, Miguel Márquez Márquez, en 2015. Venía de trabajar con contratos temporales en el Hospital General de León.

Licenciada en Administración de Empresas llegó a ser la jefa de archivo del Hospital Pediátrico, pero el hostigamiento que padece por parte de Raúl Rojas, "porque no me quedo callada", la ha llevado a cambiar de área laboral dentro del mismo hospital en los últimos dos años.

"Siempre que tenía la oportunidad intentaba humillarme, intimidarme, gritar. Aguanté porque necesito el trabajo. Al principio yo sí lloraba".

Un día, narra, una compañera de trabajo le dio la "clave" para que Raúl Rojas dejara de hostigarla: quedarse callada cada que el director le hiciera comentarios. "Me decía que lo que al doctor le enoja es que yo le contestara, que eso es lo que realmente le molesta. Me dijo mi compañera que así le había hecho a ella, pero al quedarse callada luego venía el doctor a pedirle perdón".

Ante los constantes gritos del director del hospital, Maggy decidió documentar en audio cada llamada de atención para que quedara registrado el tono de voz y las palabras que utiliza Raúl Rojas para reprender.

Recordó que fue en 2017 cuando el hostigamiento se intensificó porque "eran muchos corajes, mucho llorar, como no haces lo que quiere, como no me agachaba, como no barbeaba, como no me arrastraba". En 2018 presentó su renuncia, pero la contrapropuesta fue enviarla al área de Recursos Financieros, donde le contaban hasta la cantidad de veces que se levantaba al sanitario.

Maggy compartió que fue cambiada de área una vez más, para ahora estar en administración de urgencias, y en los últimos seis meses "se ha dedicado a ensuciar mi expediente".

"Me llaman la atención porque salí a comer. Mi hija iba a consulta en el pediátrico y no me dejaban bajar a acompañarla en su consulta, me decían que si iba me acusarían de abandonar el trabajo".

Entre las causas que motivaban las llamadas de atención, recuerda Maggy, está el día que calentó su comida y eso desencadenó que Raúl Rojas la voceara por todo el hospital para que se presentara de manera inmediata en la oficina de la dirección.

"Tu comida apesta, hasta el del sindicato salió a decir que aquí comen pura pestilencia. Todas las personas se dieron cuenta, él se puso a gritar. En algún momento yo dejo de llorar delante de él y no sentirme tan intimidada, empoderada totalmente".

Maggy es madre de una menor de edad, única proveedora en el hogar, situación que la ha llevado a buscar la manera de tener ingresos adicionales y lo encontró vendiendo productos por catálogo. Conociendo las políticas no hacía ventas al interior del hospital, aunque cuando Raúl Rojas se enteró que hacía ventas por catálogo montó una persecución. "Pensaba que podía descubrirme vendiendo".

"Pude haber renunciado muchas veces pero no, porque no lo merezco. No soy una empleada modelo, tengo mis deficiencias como todas, pero mi gran problema es contestar y no dejarme".

Otro de los episodios de discriminación que recuerda es de 2020, con el inicio de la pandemia, Maggy debió retirarse a trabajar desde casa por encontrarse en un grupo de riesgo por ser diabética. La información para hacer el trámite y tener el permiso de laborar a distancia no se le presentó a Maggy, sino hasta casi dos meses después.

"Me fui a trabajar desde casa el 15 de mayo y en octubre regresé del confinamiento, mientras el resto de mis compañeros en grupos de riesgo fueron asignados a áreas seguras de contagio, a mí me dan la instrucción de regresar a primera línea de atención sin protección. Me dijo el jefe de urgencias que no lo necesitaba, y solo me daba un cubrebocas diariamente porque así eran las instrucciones que había recibido".

Para poder firmar su último contrato anual, como empleada por honorarios, desde el área de administración retrasaron su proceso con el argumento de que antes de firmar tenía que reunirse con la jefa de administración del hospital.

Durante dos días la directora se negó a recibir a Maggy, hasta que estaba a punto de vencerse el plazo establecido para las firmas de la renovación del contrato, el director Raúl Rojas la llamó a su oficina, pero antes de que ingresara a la sala le ordenó que dejara afuera su bolsa con el teléfono celular.

"Me empieza a hablar de mi actitud, que estoy grande, que tengo una hija, que cuide mi trabajo, estoy enferma, que tengo ‘chapopote en las venas’, que mi actitud podría quitarme el trabajo".

"Yo respondo que estoy agradecida con la Secretaría de Salud porque desde la pérdida de mi papá me quedé sola. Empecé a llorar, me vio vulnerable, él me dio una palmadita en la espalda y autoriza que vaya a firmar mi contrato".

Ahora Maggy tiene que avisar a sus compañeros si va al baño, por si habla el director del hospital y no la encuentra en su sitio de trabajo.

Tras una serie de acontecimientos de hostigamiento en los últimos meses, un día tomó una fotografía a una queja presentada por un derechohabiente, porque le dijeron que era una queja en su contra, lo que motivó que la suspendieran tres días y le cancelaran su periodo vacacional.

Luego de conocer sobre la queja presentada por Gabriela, Maggy también decidió presentarse en Derechos Humanos para denunciar el hostigamiento laboral hace unos días.

Ilustración de Pinche Einnar

Certificación que no pasa del papel

Guanajuato se convirtió en el primer estado del país en el que los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, recibieron la certificación de la Norma Oficial Mexicana 025 de Igualdad Laboral y No Discriminación.

En medio de las denuncias por la violencia de género en el estado y la constante revictimización por parte de las instituciones responsables de procurar e impartir justicia, las autoridades buscaron durante meses cumplir con los requisitos para certificarse como espacios libres de violencia y discriminación.

A través de boletines de prensa presumieron que llegó a Guanajuato la entonces titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz, a entregar el reconocimiento a los tres Poderes, pero para certificarse se diseñó y publicó un protocolo para prevenir y atender la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual.

El protocolo publicado en el periódico oficial del estado en 2017 establece las líneas de acción básicas para atender los casos de violencia laboral, acoso y hostigamiento en las diferentes áreas de la administración pública.

Entre los objetivos del protocolo plasmados en papel, está que las autoridades deben ofrecer mecanismos y herramientas al alcance de las y los servidores públicos para la atención de las quejas; sin embargo, al cuestionar a Gabriela y Maggy si ellas conocían los mecanismos para denunciar al interior de la Secretaría de Salud, ambas coincidieron en que no tenían conocimiento de la existencia de un Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación en la dependencia, requisito establecido en el protocolo.

El documento también habla de establecer un procedimiento interno de actuación confidencial para dar curso a las quejas, objetivo que en los casos de las denunciantes tampoco se cumplió porque apenas unos días después de presentar las quejas todo el personal del hospital ya estaba enterado.

Uno de los principios del protocolo es la protección y el respeto a la dignidad de la víctima, "a quien se le deberá evitar trámites, procedimientos o actos que puedan revictimizarla".

En lo que va del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas ha recibido 101 denuncias por hostigamiento laboral, sexual y/o acoso sexual, de las cuales 23 corresponden a personal de la Secretaría de Salud.

Entre los años 2018 y 2019 solo se han sancionado a cinco servidores públicos por estas conductas: 1 del Forum Cultural, 3 de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y 1 del Cecyte.

De acuerdo con información proporcionada por el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) del 25 de septiembre de 2018 al 15 de abril de 2021, solamente se ha brindado atención desde el instituto a dos víctimas de acoso sexual en la administración pública centralizada.

Un caso es de 2020 y el segundo de 2021, ambos surgieron en la Secretaría de Salud del Estado, dependencia que hasta julio de 2020 conformó el Comité al que está obligado desde 2017, cuando se publicó el protocolo que sirvió para que el Gobierno de Guanajuato recibiera la certificación de la NOM 025.

Diego Sinhue Rodríguez en el Pediátrico de León

Ignoran en la SSG comité de igualdad

A partir de la publicación del protocolo en 2017 cada área de la administración pública estuvo obligada a conformar su Comité para la Prevención y Atención de la Violencia Laboral y el Hostigamiento y Acoso Sexual; sin embargo, al menos en la Secretaría de Salud las y los servidores públicos no tenían conocimiento de que existiera dicho comité.

POPLab consultó con el coordinador de comunicación social de la Secretaría de Salud, Mario de Alba, sobre la integración del Comité, pero la respuesta del vocero fue que se trataba de un tema que estaba a cargo del IMUG; al referir lo que establece el protocolo de 2017, el servidor público dejó de responder los mensajes.

En las entrevistas a las dos víctimas de Raúl Rojas se les cuestionó si conocían ante quiénes debían recurrir para presentar una queja dentro de la Secretaría de Salud. La respuesta es que no tenían conocimiento de la existencia del citado comité.

Documentos en poder de POPLab corroboran que fue el 2 de julio de 2020 al mediodía cuando en una reunión virtual se constituyó el Comité para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Acoso y el Hostigamiento Sexual de la Secretría de Salud; es decir, casi tres años después de recibir la certificación de la NOM 025 como un espacio con igualdad laboral y no discriminación.

La presidencia del Comité la ocupa el director de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, Juan Manuel Martínez Muñoz. El resto de las personas que integran el comité son servidores públicos adscritos a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, a la Coordinación General de Administración y Finanzas, Enlace de Género, y Elisa Delgado como ombudsperson y especialista en Derechos Humanos.

Enterado de las quejas promovidas por dos trabajadoras del Hospital Pediátrico de León, Raúl Rojas Hernández negó que hostigue laboral o sexualmente al personal a su cargo, para luego reconocer que "así es mi tono, alzo la voz, a la mejor de repente me paso en el tono de voz, pero de eso a que sea un acosador laboral o sexual, que haya obtenido favores, eso sí lo rechazo completamente".

Expuso que durante 25 años ha trabajado para la Secretaría de Salud, sin que antes algún colaborador se quejara de él por el trato que reciben.

"Ahora con esta situación de las leyes de no discriminación, todas esas normas nuevas que ahora han salido, laboralmente hablando cuando tú tratas de aplicar alguna situación correctiva por una falla laboral, inmediatamente hoy no solo las mujeres, cualquier tipo de trabajador: hombre, mujer, se sienten ya acosados", justificó.

Aunque al médico Raúl Rojas no se le cuestionó sobre los casos de Gabriela y Maggy, dijo conocer las acusaciones por las notificaciones que llegaron de Derechos Humanos, una queja ya la respondió y la segunda está en el área jurídica para también dar respuesta.

Raúl Rojas. Fotografía de redes sociales

De Maggy comentó que la trabajadora tiene quejas por el trato que brinda a los pacientes. "No sé si su estado de salud mental esté del todo bien".

El director del hospital pediátrico sostuvo que fue una coincidencia el despido de Gabriela y su pareja un mes después de que presentara su queja ante Derechos Humanos y escritos al gobernador. Comentó que ese día se dio cuenta que no estaban en su lugar de trabajo porque llegó un niño atropellado y no encontraron al neurocirujano para que pudiera atender al menor de edad.

"Sí fue una casualidad, no estábamos cazando a nadie. Si un niño de 4 meses no llega atropellado no nos habríamos dado cuenta".

Para el médico enviar emojis con besos o referirse a una colaboradora como "amor" no representa hostigamiento sexual.

"Yo te puedo decir que estoy tranquilo, que no he hecho nada de eso. Tengo a mi familia, tengo a mis hijos, a mi esposa, tengo un consultorio como médico privado en Guanajuato. El acoso sexual es algo muy grave, son tocamientos, mandar fotos pornográficas, situaciones incómodas, un acoso sexual no se puede dar con mandar un emoji con un beso, o decirle alguna situación laboral de una manera amable".

POPLab: ¿Referirse a ellas como 'amor', por ejemplo?

Raúl Rojas: Estoy tranquilo en ese aspecto porque es una situación que a veces hago. Pero, vamos, todo es en un contexto laboral.

Confirmó que a la fecha no ha recibido ningún tipo de llamamiento u observación por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud.