La Fiscalía General de Guanajuato tuvo avisos de que un menor de edad había sido víctima de abuso sexual por parte del director de su escuela, tanto de la familia del niño como de la Secretaría de Educación de Guanajuato, desde el mes de febrero, pese a eso no actuó para ejecutar la orden de aprehensión contra Roberto Grijalva Sánchez, director del Colegio Liceo de León, quien llegó a ser alto funcionario del exgobernador Miguel Márquez Márquez.

Tuvieron que pasar nueve meses y que los padres del niño hicieran la denuncia pública para presionar a la Fiscalía para que se emita una ficha roja de Interpol, para que el caso tuviera avances, que sin embargo, no elimina el riesgo de terminar como otros similares, pues los altos índices de impunidad de este país han facilitado las cosas a los agresores sexuales, advirtió el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Juan Martín Pérez García.

"De cada 100 carpetas de investigación donde niños y niñas son víctimas de cualquier delito, no solo los de carácter sexual, solo tres carpetas alcanzan algún tipo de sentencia o proceso, porque la investigación que hacen las fiscalías y los ministerios públicos son deficientes y en ocasiones son presiones de corrupción, o tráfico de influencias, de tal manera que cuando llegan al Sistema Judicial, hay poco qué hacer. Incluso en el Sistema Judicial las sentencias son casi siempre favorables a los agresores", dijo.

El pasado martes 24 de noviembre se dio a conocer la primera denuncia por abuso sexual en esta escuela privada, aunque ese mismo día se presentó ante la Fiscalía una segunda víctima, una niña, confirmó el abogado de ambos menores.

Aunque la SEG activó el protocolo para prohibir que el director estuviera al frente de la institución educativa y tuviera contacto con los alumnos, nunca lo verificó, señaló el litigante Moisés Castillo, pese a que este les mostró la carpeta de investigación ya iniciada e incluso hubo una entrevista con los padres, en ese mismo mes, febrero.

"Ellos (la SEG) no le dieron el seguimiento, cerraron sus oficinas y se les olvidó", solo reactivaron el caso tras la denuncia ante medios de comunicación hace dos días y la queja iniciada de oficio por la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, organismo que les pidió un informe.

El Colegio Liceo de León, por su parte, decidió guardar silencio y no emitir una postura, ni siquiera por el hecho de que el Opus Dei, la influyente institución perteneciente a la iglesia católica a la que deben su prestigio y posiblemente su matrícula de estudiantes, los desconoció, pese a que en la escuela trabajan "algunos fieles de esa Prelatura... entre ellos, un sacerdote", aunque todos estarían laborando ahí "a título personal".

Roberto Grijalva Sánchez, director del Colegio Liceo de León. Foto: especial

Omisión de la SEG

Moisés Castillo, abogado de las familias de ambas víctimas, un niño y una niña, confirmó que la segunda denuncia, se presentó en las oficinas centrales de la Fiscalía estatal, contra quien fungiera como director del Colegio Liceo León, ubicado en prolongación Eugenio Garza Sada (arriba del Tec de Monterrey). La primera denuncia, la del niño, se presentó directamente ante la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, a donde deberá remitirse la de la menor.

Explicó que los hechos ocurrieron a finales de enero, en horario escolar y dentro de la institución educativa, y que los padres acudieron a presentar la denuncia ante el Ministerio Público el 10 de febrero, por ello se emitió una orden de aprehensión con número 1P2020-1238 por el delito de abuso sexual, considerado como grave y sin derecho a fianza.

Solo dos o tres días después, acudieron ante la Secretaría de Educación de Guanajuato a hacer lo propio. La dependencia estableció una medida cautelar para que Grijalva Sánchez no estuviera al frente en lo educativo, sin embargo esta persona no la acató "y la SEG no le dio seguimiento", incluso, apenas se comunicaron con la defensa el día de la conferencia de prensa, cuando le iban a notificar que por fin había resolución de la queja administrativa, que procedió más de 9 meses después de presentada.

Moisés Castillo informó a este medio que ahí él le comentó al representante de la SEG que ya tenía una orden de aprehensión en contra del director del Liceo, de la que aparentemente el funcionario no tenía ni conocimiento, por lo que procedió a anunciarle que le reprogramarían la cita "hasta nueva fecha, por la pandemia".

Esto motivó a que el defensor reclamara que ni la SEG ni sus funcionarios han puesto de su parte por sancionar al colegio Liceo de León, pese al comunicado liberado ayer por esa dependencia, donde se da la indicación de prohibir a Roberto Grijalva Sánchez estar en contacto con los niños, "pero nunca verificaron, el señor siguió al frente" de la escuela.

El comunicado de la SEG.

Se conoció que la SEG activó el protocolo el día 20 de febrero y el día 24 habría notificado la separación del cargo del director. Y aunque el litigante asegura que acudió varias veces a las oficinas de Educación para dar seguimiento, "no había ni con quién comunicarse" y nunca tuvo una respuesta.

Exhorto a la jueza

Moisés Castillo asegura que el imputado promueve un amparo, el 626/2020-I ante la jueza de la tercera sala penal del Supremo Tribunal de Justicia, "con eso busca evadir la acción de la justicia" y que no se ejecute la orden de aprehensión, por lo que "los padres de las víctimas hacen un llamado al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de Larrea para que ponga atención en este asunto" y brinde protección a los menores, ya son dos.

Aclaró que la suspensión provisional que el presunto responsable tiene no le impide ser detenido, por ser un delito grave que merece prisión preventiva oficiosa, por lo que llamó al Magistrado presidente ponerle atención al caso, "porque no es un caso aislado", y Saldívar estableció un criterio en la Corte que hizo jurisprudencia "que establece que debe prevalecer el interés superior del menor y proteger sus derechos humanos".

Y que el Magistrado Presidente pida a la jueza tercero de distrito, Gabriela Elizeth Almazán Hernández, actúe en beneficio de los menores, apegado a derecho".

Legionarios de Cristo, Opus Dei, expresiones del crimen organizado religioso: REDIM

Este caso evidencia cómo los niños y niñas, pese a estar en espacios de protección, siguen siendo vulnerados, señaló Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia, quien hizo tres reflexiones urgentes:

La primera, en el sentido de que hay que buscar más víctimas, pues el hecho de que apareciera una segunda, "con alta probabilidad hay más, porque estos son depredadores que no paran" y es muy probable que estas víctimas sean ya adultas, no importando que haya prescrito el delito, "esto ayuda" dijo el especialista "a configurar un patrón de agresión que yo creo que tiene que apuntar la Fiscalía".

La segunda es cuidar que la investigación sea seria, sólida, para que se logre una sentencia en el Poder Judicial.

Tercera: el personaje forma parte de redes de protección criminal en el estado de Guanajuato, cuyas autoridades, en las últimas administraciones, ha mostrado claros vínculos con el crimen, en estas redes de macrocriminalidad, con protección ante denuncias y mucha evidencia, "el caso más reciente, el de Ciudad de los Niños" [VER CUADRO ANEXO].

Juan Martín Pérez reconoció que es un escenario difícil para los abogados, ya que, de inicio, el fiscal que claramente es el principal cómplice de los hechos criminales que ocurren en el estado, pues no es fortuito que Guanajuato tenga el mayor índice de asesinatos no solo de personas adultas, también de niños, niñas y adolescentes, ni es accidental que sea primer lugar en desaparición de niños, niñas y adolescentes.

Tomando como antecedente el caso de Ciudad de los Niños, se anuncia que el Fiscal, al ser él mismo exfuncionario, pueda volver a priorizar sus intereses políticos y económicos-criminales, y no la justicia para niños y niñas. Exhortó a los abogados de los menores del colegio Liceo buscar el cobijo de instancias federales como la Suprema Corte de Justicia y de organismos internacionales, para que estos brinden una vigilancia estrecha y evitar una colusión de intereses pueda volver a cubrir de impunidad este caso.

Respecto a la actuación de las instituciones educativas, el director de REDIM dijo que hay un patrón de complicidad con estos hechos, pues ponderan el prestigio de la escuela y evitan que esta se vea asociada a estos temas, y deciden equivocadamente proteger a los perpetradores, no necesariamente porque sean parte de una red criminal, sino por tener la grave visión de evitar que las instancias de educación se vean afectadas con estos casos.

Es una omisión dolosa que pone en riesgo a otros niños, dijo, omisión, por su responsabilidad legal de proteger a NNA y dolosa porque lo hacen con la intensión de no hacerlo, esto, pese a que la Suprema Corte estableció que todo lo que les ocurra a los niños y niñas en el espacio institucional es responsabilidad de la escuela (propietarios) y de la SEP, o sea son sujetos obligados a la hora de reparación del daño.

En cuanto a las organizaciones católicas que protegen a agresores sexuales, el especialista señaló que en todos los países donde existen tanto Legionarios de Cristo como el Opus Dei han sido señalados sus jerarcas y directivos como pederastas, de ahí la expresión de "crimen organizado religioso", que no solo lucra con la educación de segmentos de población con ingresos altos sino abusar de estas condiciones con fines como la pederastia.

"Un agresor sexual ni actúa solo ni lo hace solo en una ocasión", de ahí que debe buscarse a víctimas en generaciones previas en el colegio señalado, facilitarles la denuncia para descubrir el patrón criminal y con quién más opera este presunto pederasta.

El Opus Dei se deslinda del Liceo León

Un comunicado dado a conocer un día después de la denuncia pública por parte de la institución religiosa conocida como Opus Dei, aseguró que "el director del colegio no es fiel de la Prelatura", y que el colegio "no tiene vínculo jurídico ni convenio de colaboración" con ellos. Se limitaron a informar que: "Sabemos que algunos fieles de esta Prelatura laboran allí a título personal, entre ellos, un sacerdote que se ocupa de la capilla".

"Mantenemos nuestra firme determinación en la lucha contra estos gravísimos delitos y deseamos que en este caso, como en cualquier otro que afecte a un menor, emerja la verdad y se mitigue el dolor causado...", declaración a la que sumaron un enlace con los lineamientos establecidos por el Opus Dei para la protección de menores.

REDES DE IMPUNIDAD RELIGIOSA

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), se refirió también a otro caso de fuero clerical con protección, luego de que se conociera la muerte de Pedro Gutiérrez Farías, cura y director de Ciudad de los Niños, albergue donde se cometieron cientos de casos de abuso infantil y contra personas con discapacidad.

"Se murió el padre Pedro y es ofensivo cómo se pretende santificarlo cuando por más de 20 años fue denunciado como agresor sexual, responsable de adopciones ilegales, de desaparición y de malos tratos." El círculo de protección que formaron alrededor de él políticos como Vicente Fox, el exgobernador Miguel Márquez y el actual gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, y por supuesto el fiscal, Carlos Zamarripa, "es de verdad inconcebible".

La muerte de cualquier persona es lamentable, dijo, pero su fallecimiento no tendría que significar el cierre de investigaciones por lo ocurrido en Ciudad de los Niños, sino avanzar con las redes de protección criminal y política que le garantizaron esta impunidad.

Pedro Gutiérrez falleció de fibrosis pulmonar, secuela de COVID-19, sin haber sido investigado adecuadamente por las autoridades de Guanajuato.