Son 7 mil trabajadores cuyos derechos laborales han sido violados sistemáticamente por la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. La contingencia sanitaria fue la gota que derramó el vaso después de años de injusticias y hoy, con la pandemia hasta el cuello y a pesar del miedo a represalias, denuncian que la SSG desampara a quienes mantienen a flote el sistema de salud en la entidad.

Pese a las recurrentes ovaciones hacia los profesionales sanitarios y a sus muy recientes declaraciones públicas, el secretario de salud Daniel Díaz Martínez no ofrece información concreta respecto a cuándo y cómo se otorgarán los derechos de ley al personal de primera línea que enfrenta desde marzo la pandemia de COVID-19.

El domingo 19 de julio trabajadores de la Secretaría de Salud de Guanajuato manifiestaron su inconformidad con las condiciones laborales que ofrece la institución, boicoteando propaganda oficial del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) en la página oficial de Facebook de la SSG. En dicha publicación, la dependencia estatal alardeaba de ofrecer "condiciones laborales competitivas", lo cual fue masivamente cuestionado por sus empleados.

En los cientos de comentarios vertidos, se hicieron presentes los trabajadores con contrato tipo U013 y Anexo IV, después de que tras varias administraciones se les han negado sus derechos laborales. Además, en aquella "lluvia de comentarios" —como la llamaron— surgieron los hashtag #ContratoAnexo4Discriminado y #SinPrestacionesDeLey en forma de protesta contra el ISAPEG.

La publicación tuvo un enorme eco sumando miles de reacciones entre personal de salud de todos los rangos, llegando incluso a oídos de la página oficial del movimiento jaliscience Yo Soy Médico #17, nacido en 2014 y que junta más de medio millón de seguidores principalmente del Occidente de México.

El personal de salud del estado de Guanajuato está siento vilmente pisoteado en sus derechos...

Publicado por Yo SOY Medico #17 en Viernes, 24 de julio de 2020

Poco después de la manifestación virtual, en conferencia de prensa el 23 de julio, Díaz Martínez dijo que "por autorización también de la junta de gobierno del ISAPEG [los trabajadores de la salud] tienen todas sus prestaciones. Se les pagan aguinaldos, vacaciones, servicio médico". Entonces "la única diferencia —dice el secretario— es que no están regularizados". Afirmó que por "justicia social" se empezará por los más antiguos.

—"Nada más que nos den chance", les dijo el secretario durante la transmisión en vivo.

Aunque afirma y niega al mismo tiempo la existencia de prestaciones laborales, públicamente se comprometió a regularizar la situación de los trabajadores en lo que resta de la presente administración. Sin embargo, nunca especificó los procedimientos por medio de los cuales se revisarán las relaciones contractuales que están violando derechos constitucionales.

"En comunicaciones muy en corto con el gobernador le he instruido para que se sigan regularizando de 10, de 20, de 30. Se necesita recurso para ello, pero es un compromiso del gobernador que en el tiempo que dure su administración se regularizarán todos los trabajadores que están pendientes. Que eran más de 6 mil, casi 7 mil trabajadores, hay que reconocerlo", expresó el titular de la SSG.

Por otro lado, con relación a las manifiestaciones en redes y los boicots a la publicidad oficial, Díaz Martínez se expresó sobre ellas como organizadas desde "perfiles falsos que ponen otro nombre". Dijo, aunado a ello, que mientras todo mundo haga su trabajo no se tendrán represalias hacia el personal de salud.

Trabajadores unidos contra la SSG

El mismo día en que Daniel Díaz emitió las declaraciones anteriores, trabajadores eventuales del ISAPEG publicaron en redes sociales un comunicado dirigido a la SSG y a la Secretaría de Salud a nivel federal. En el documento dicen que "la respuesta que ha tenido el gobierno de Guanajuato, tomando las medidas de prevención contra el COVID-19, son aplaudibles [...] pero se está dejando a un lado a quienes están en lucha diaria ante esta enfermedad".

Expresan un gran descontento respecto a la falta de seguridad social y prestaciones de ley para quienes son los responsables de atender a los pacientes dentro del sistema de salud: "Es incongruente trabajar para la Secretaría de Salud y no contar con seguridad social (ISSSTE), en caso de enfermerdad debes acudir a un particular".

A continuación reproducimos íntegramente el comunicado:

La movilización virtual del día 19 de julio fue organizada desde la página de Facebook Trabajadores de contrato de SS unidos, administrada por profesionales de la salud guanajuatenses y que se creó con la finalidad de defender a "los miles de trabajadores de contratos eventuales de la Secretaría de Salud, que trabajan día a día sin ninguna prestación de ley, las cuales están estipuladas en la Ley Federal del Trabajo".

Injusticias históricas en la SSG

POPLab entabló comunicación directa con un grupo de trabajadores con contrataciones tipo Anexo IV y U013 para conocer más a fondo su situación. Según los testimonios, en numerosas ocasiones a las y los profesionales de la salud se les ha pedido firmar una renuncia previa como condición para la firma de un nuevo contrato, y de esa forma poderles dar de baja sin finiquito.

Reciben presiones por el cumplimiento de metas al tiempo que superiores o administrativos les hostigan recordándoles lo privilegiados que son al contar con contrato: "que no nos quejemos y seamos agradecidos por tener trabajo".

"Cosa que efectivamente agradecemos. Pero no es la manera de hostigarnos. En ocasiones tenemos derecho de vacaciones y en ocasiones no. El único derecho laboral de este contrato es el aguinaldo. Un año sí nos depositaron prima vacacional y a la siguiente quincena nos la descontaron".

Dicen, por otro lado, que a la gran mayoría de los U013 no se les ha tomado en cuenta para ofrecerles un mejor esquema de contratación y con mayores prestaciones. Son pocos a quienes se les ha considerado para una regularización o base, en comparación con personas de menor antigüedad a quienes se les basifica u ofrecen prestaciones, pese a que no han trabajado nunca para la Secretaría de Salud.

—"Estamos muy cansados y desmotivados. Imaginen ver en su trabajo gente que se va de vacaciones y nosotros siempre sacando todo el trabajo".

Explican que a quienes no entran por recomendación se les pide forzosamente el título de licenciatura y cédula profesional. Por el contrario, a quienes llevan "palanca" no se les solicita ninguna de las dos y adquieren la base inmediatamente. Mediante algunos contratos estatales hace alrededor de un año, efectivamente, se les ofrecieron ciertos derechos como pases de salida y vacaciones, pero tampoco cuentan con seguridad social, ISSSTE o prestaciones. Explican, por añadidura, que la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTS) basifica a "familiares y amigos de los líderes sindicales que nunca han pisado la institución".

"Y a los contratos federales no nos dan nada. Hemos visto compañeros llorar de los nepotismos por parte del sindicato, que ha basificado gente que no había pisado la institución. El estado ha basificado especialistas que tenían algunos seis meses trabajando. ¿El motivo? No duraban por la carga inmensa de trabajo y fue la única manera de retenerlos. Sin embargo, esa acción es totalmente discriminatoria al personal que tenemos 5, 8 , 9 o 12 años y hasta más con contratos deplorables".

Hay personal con contratos U013 con seis y hasta doce años de antigüedad a quienes les renuevan constantemente sus contratos, firmando a veces cada tres o seis meses (pocas veces firman anualmente). No obstante, —concluyen— "tenemos la incertidumbre de si nos lo van a renovar o si nos vamos a quedar sin trabajo de un día para otro sin previo aviso".

Para quienes han sido contratados en la modalidad Anexo IV, se les ha hecho firmar por cinco meses y medio para no generar antigüedad. Cuentan que les descansaban quince días o hasta un mes y medio para fraccionar los periodos laborales. Van dos años que les entregan contratos anuales, pero mientras todos los demás trabajadores de la salud gozan de periodo vacacional, ellos no.

"El año pasado nuestro contrato por primera vez fue de 1 año continuo. Al llegar el periodo vacacional pedimos información en recursos humanos para preguntar si se podían programar las vacaciones que por derecho nos correspondían, ya que cumplíamos más de 6 meses ininterrumpidos de trabajo, a lo cual nos contestaron que no. Hablamos con el jefe de la jurisdicción argumentando que es un derecho de la Ley Federal del Trabajo, pero él nos negó rotundamente diciendo que en nuestros contratos no se menciona el derecho a vacaciones ni a aguinaldo y que mejor nos callemos, si no para la próxima le dan el contrato a alguien más".

Cuentan los profesionales de Anexo IV que los programas de mayor importancia para la SSG son manejados por ellos: programa de riesgo cardiovascular, vacunación, nutrición, servicios amigables, planificación familiar y psicología. "Todos estos programas son los de mayor importancia, pues son los que posicionan a Guanajuato en los primeros lugares de control en salud a su población", según exponen a POPLab.

"En conclusión, sin los contratos de Anexo IV no se mueve Guanajuato en el sector salud". Sufren una situación similar a los U013, puesto que se les imponen elevadas metas de trabajo en la atención a los pacientes y luego se les amenaza con no renovarles su contrato y entregárselo a alguien más.

"Somos federales pero solo para lo que les conviene, porque a fin de cuentas trabajamos para ISAPEG, sacando adelante las metas que ISAPEG pone, laboramos en sus instituciones, con un horario fijo, firmando un contrato de más de 6 meses. Y esto, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, deberíamos recibir todas las prestaciones establecidas en la misma ley, así que el mismo gobierno está violando una ley federal, lo cual es un delito mayor. No hemos realizado una demanda formal ya que tenemos miedo de las represalias que esto podría ocasionar".

¿Qué son los contratos U013 y Anexo IV?

Los contratos tipo U013 dependen del Programa Presupuestario U013 Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral que debe ser ejercido por conducto del Instituto Nacional para el Bienestar (INSABI). Sin embargo, para el caso de Guanajuato, que no se adhirió al INSABI, este recurso es administrado por el ISAPEG según el Acuerdo de coordinación para garantizar la prestacion gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el 22 de abril del 2020.

“No vamos a entregar el sistema de salud a la Federación —dijo Diego Sinhue Rodríguez Vallejo 10 de marzo, mismo día de la firma del acuerdo—, lo seguiremos administrando los guanajuatenses; sin embargo, este convenio nos permite que el dinero que le pertenece a los guanajuatenses llegue a su destino”.

En ese Acuerdo se especifica que cualquier trabajador empleado por el ISAPEG con los recursos derivados del programa "guardará relación laboral únicamente" con dicho instituto y no con el gobierno federal. Por lo que no corresponde al INSABI la responsabilidad laboral, civil, penal, administrativa o de cualquier otra índole de responder ante las irregularidades de la situación laboral de los profesionales de la salud en Guanajuato.

Los recursos del U013 son parte de una reasignación presupuestal que viene del Programa Presupuestario U 005 Seguro Popular, ya disuelto, aprobados para el ejercicio fiscal 2020. Pero también tiene antecedentes en el Programa Presupuestario S072, PROSPERA: Programa de Inclusión Social del ejercicio fiscal 2019 cuyos recursos también fueron transferidos al U013.

Por otro lado, según los trabajadores y su propia asesoría legal, el origen de los recursos del contrato U013 se extiende en el tiempo hasta el programa Oportunidades durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), lo cual coincide para muchos de ellos y ellas con su antigüedad en el ISAPEG sin una situación laboral estable.

Pese a que la responsabilidad del programa recae en el ISAPEG y la SSG, en numerosas ocasiones las y los trabajadores han recibido comentarios de directivos haciendo alusión a que no es responsabilidad del estado, sino de la federación.

Los contratos tipo Anexo IV en los que también se encuentran algunos de los profesionales de la salud del ISAPEG-SSG dependen del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Guanajuato del entonces Seguro Popular, ya disuelto y "transformado" en el INSABI. Cada año se firma el acuerdo y se publica en el Diario Oficial de la Federación. El último que aparece en el DOF es el de 2019 firmado el 18 de junio.

Los recursos del Anexo IV del Acuerdo se transfieren de la federación a los estados como "concepto de cuota social y aportación solidaria federal". Se destinan a remuneraciones de personal ya contratado involcurado en la prestación de servicios dentro del sistema de salud, medicamentos, material de curación y otros insumos, así como para promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades; para el fortalecimiento de infraestructura médica, acreditación de establecimientos médicos, entre otros conceptos de gasto.

No obstante, el Acuerdo es claro cuando dice que los estados deben informar mensualmente sobre el estatus laboral de las y los trabajadores bajo este esquema de contratación que, entre otros cosas, conforme al tabulador de remuneraciones autorizado, se "deberá incluir las prestaciones establecidas en la Ley del ISSSTE".

Miles de trabajadores esperan que el condecorado estado número uno en transparencia en salud les cumpla en respeto a sus derechos laborales. Si se pudiera conocer el Índice Global de Derechos Laborales en nuestra entidad, la SSG y el Estado de Guanajuato lo reprobarían con el 30 por ciento de su personal dejado a su propia suerte.

Todo lo anterior es un ejemplo de cómo la pandemia de COVID-19 ha sacado a flote lo peor del anquilosado Sistema de Salud de Guanajuato: privilegios de herencia, incapacidad de coordinación entre unidades médicas, abusos de poder, despidos injustificados, acoso laboral, déficit de personal y, ahora lo sabemos, violaciones a derechos constitucionales.