Con información de Verónica Espinosa

Buscadoras de personas desaparecidas en Guanajuato denunciaron la irrupción ilegal de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en el domicilio de una de sus compañeras en Pénjamo el pasado 31 de enero sin que mostraran una orden judicial, bajo el argumento de investigar sobre una camioneta supuestamente robada, para llevarse detenidos de la segunda propiedad a tres adultos –la buscadora, su esposo y su madre– y a dos niñas. Mientras esto ocurría, simultáneamente más agentes irrumpían en su otra casa, en Celaya, para robarles dinero, joyas, vehículos e incluso material y equipo del colectivo, como botas tácticas, una computadora e instrumentos usados en las prospecciones. Y efectivo producto de donaciones.

Lo más grave del asunto no es que el esposo de la buscadora continúe detenido a una semana de los hechos: acusado de delitos contra la salud y de posesión de armamento de uso exclusivo del Ejército, delitos del fuero federal, fue recluido en el Cefereso de Ocampo, sino que en la oficina en Celaya de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) no atendió en ese momento el caso ni quiso levantar su queja contra estos elementos, acusados de robar unos 250 mil pesos en efectivo.

Desde el colectivo "Una promesa por cumplir", de donde la afectada es una de las representantes, acusan: "Nos dejaron sin nada".

Fotos: especiales.

En una jornada de pesadilla que implicó amenazas a vecinos y vigilantes del fraccionamiento privado donde ocurrieron los hechos para amedrentarlos y robar las otras cámaras de vigilancia, los agentes revictimizaron a la familia diciendo que ya no buscaran a su ser querido, pues "ya estaba muerta". Este caso de desaparición ocurrió en Pénjamo.

El caso se complica porque los afectados fueron obligados a firmar documentos que decía que habían sido detenidos en el espacio público, esto mediante tortura y coacciones como que les iban a quitar a sus hijas para enviarlas al DIF.

Desde los colectivos del estado hubo pronunciamiento de condena a las intimidaciones, el acoso y la violencia en contra de buscadoras por parte de la AIC, al mismo tiempo que exigen el cese de estos actos así como una investigación seria de los mismos.

Al final de la jornada de este martes, ocho días después de los hechos, la Prodheg informó que tras tener comunicación directa con una de las afectadas inició el expediente de queja 108/2022-C.

Agresión directa

Nailea Carreño, representante del colectivo Una promesa por cumplir accedió a conversar con POPLab para denunciar el caso de su compañera:

"El esposo de ella era quien nos llevaba a las búsquedas independientes", los agentes "traían perfectamente ubicada la camioneta, las casas", "sabían quien era" ella, pues tiene casa en Celaya y en Pénjamo, en esta última "es donde nos quedamos cuando hacemos búsquedas independientes, porque otra vez las estamos haciendo de aquel lado".

Según los testimonios de las víctimas, los agentes de la AIC llegaron al fraccionamiento, obligaron a los vigilantes a abrirles, "se llevaron hasta las cámaras del fraccionamiento (...), se metieron a las casas de los señores que tenían las cámaras" y exigieron que se las entregaran, "«dámelas, dámelas, dame los CD», y arrancaron las cámaras, completamente".

Se llevaron cinco carros, dos motos "y la excusa fue que la camioneta en la que nosotros nos movíamos a las búsquedas era robada, ya se comprobó que no, todos los carros y motos son legales, ya no supieron cómo sacársela pues, y ya le plantaron al muchacho esto", el arma es un cuerno de chivo.

La buscadora afectada afirma que a su esposo "le plantaron una pistola, droga". A ella y a su familia les robaron unos 250 mil pesos en efectivo, joyas, relojes "todo, todo, horrible...", cuenta Nailea, al esposo de su colega "le quebraron la nariz, le desacomodaron los hombros, la cabeza se la abrieron de tantos cachazos que le dieron, a ella todas las piernas golpeadas". Sus hijas fue testigo de todo eso.

"Les dijeron «Ya sabemos que son buscadoras, hijas de su no se qué, ya sé que eres de tal colectivo, a ver, para qué se hacen las pinches víctimas si bien que saben quienes son y bien que ustedes mismas los matan», así, horrible, las tenían bien identificadas", lamentó la activista.

Tras la detención, todos fueron llevados al MP de Pénjamo.

Sobre los papeles que a la buscadora, su mamá y su esposo los obligaron a firmar, ocurrió bajo la amenaza de una "licenciada que les dijo «firmen esto, porque si no lo firman se van a quedar aquí, los vamos a hundir, las niñas se van a ir al DIF, firmen que las agarramos en la calle» (...) Y ellas con el miedo, firmaron", que él fue detenido en la calle y ellas, la esposa y la madre, salieron a defenderlo e impedir que se lo llevaran.

Esa versión, afirman, se caerá cuando se pidan las cámaras de la calle donde según fue la detención, y no existan estas imágenes porque ahí no ocurrió, además de que en "la casa que llegaron a reventar en Pénjamo, reventaron las chapas... voltearon la casa patas pa'arriba".

Y ahora presuntamente piden otros 150 mil pesos para dejar libre al hombre.

Le roban hasta al colectivo

Sobre las afectaciones al colectivo "Una promesa por cumplir", Nailea contó "teníamos dinero ahorrado del que nos han donado, teníamos computadoras, impresoras, lonas, playeras, botas, radios, nada nos dejaron".

Dejaban todas estas cosas en casa de esta buscadora porque la suya era más grande. Ahora no tienen nada.

Respecto a la atención de la fiscal especial de desaparición de personas de la FGE, Yolanda Ramírez Domínguez, y su personal, "no resuelven nada". "Quieren facturas de todo, ¿yo cómo voy a conseguir facturas de unas computadoras que nos han donado?, es imposible".

Y "Atención a Víctimas nunca tiene dinero para cubrir las necesidades de las víctimas, nunca tiene tiempo para atenderlas, estamos peor que antes", lamentó.

Por parte del colectivo no hay duda de la honorabilidad de la familia afectada, el hoy detenido "nos llevaba desde Celaya, nunca nos cobró un peso". "No hay manera que ellos estuvieran en algo" (malo).

La denuncia penal contra los agentes ya quedó puesta en la FGE en Celaya.

En tanto, el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos también está al tanto del caso, porque los colectivos de Guanajuato, incluyendo al de "Una promesa por cumplir", están incorporados a ese mecanismo.

Desatención de Derechos Humanos

Según Nailea Carreño, la representante afectada habló con uno de los licenciados de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas "y lo único que le dijo fue que fuera a Derechos Humanos (Prodheg), pero ni Derechos Humanos la quiso atender", incluso, las revictimizó: «No, pues de una vez digan si es un criminal», ¡Dios mío, ¿entonces para qué están?". Les dijeron «Ya digan si es un sicario, porque luego vienen y me dicen que no y ya después nos damos cuenta que sí, ya mejor de una vez digan. De todos modos no los vamos a juzgar», pero no les recibieron la queja.

En el comunicado de los colectivos, donde se solidarizó el grupo "Hasta Encontrarte", se exige una investigación para que estos hechos no se repitan así como una reparación integral del daño a las familias afectadas.

También hacen responsable a la Fiscalía General del Estado, de daños o perjuicios a su integridad.

Cuestionada al respecto, la FGR afirma que no tiene información sobre este caso, que no saben de qué asunto se trata y que las posturas solamente las da el titular, Carlos Zamarripa Aguirre.

Asimismo, se pidió a la Secretaría técnica del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato tomar conocimiento de la situación, organismo presidido por Libia García, secretaria de Gobierno de Guanajuato.

También trascendió que la tarde de este martes agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al fraccionamiento en Celaya a regresar las cámaras de video que se llevaron.