A casi un mes del accidente químico en el Módulo de Desbaste del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), familiares de los trabajadores que fallecieron no han recibido indemnización por riesgos laborales, ni tenido acercamiento alguno por parte de integrantes del Consejo Directivo, del director Enrique de Haro Maldonado o del alcalde Héctor López Santillana.

Chats revelan que SAPAL fue advertido de la fuga de ácido sulfhídrico días antes del incidente, pero no atendió reportes y dejó a trabajadores en funciones. La planta sigue operando, pese a que no existen los protocolos de seguridad adecuados para el personal.

El pasado 13 de noviembre, entre las 7:00 y 8:00 de la noche, cinco trabajadores fueron víctimas mortales de un derrame de ácido. Hasta el momento no existen versiones oficiales, ni peritajes que expliquen qué fue lo que sucedió a detalle. No hay tampoco un proceso de auditoría pública a SAPAL del que se les haya informado a familiares de las víctimas.

Foto: Alonso Merino Lubetzky

Luis Ángel Briseño Rangel, hermano de una de las personas que perdieron la vida en el accidente, Víctor Briseño, explica que después de veintidós días no tienen todavía la mecánica del accidente, ni algún parte oficial de SAPAL que les informe sobre las causas de la muerte de sus familiares.

"El peritaje del Ministerio Público nada más explica cómo entraron a la planta, a qué olía, qué había al lado, cómo quedaron los cuerpos. En el caso de mi hermano ponen en un reporte que traía camisa roja, con logo de SAPAL, pantalón de mezclilla. Pero discúlpenme, eso a mí no me sirve de nada para determinar cuál fue su causa de muerte", comentó en entrevista.

Rechazan negociación con SAPAL por incumplimiento

La familia de Víctor Briseño Rangel, supervisor del Módulo de Desbaste justo donde ocurrió el accidente, dijo que en un principio estaban dispuestos a negociar con SAPAL, pero se negaron a firmar un acuerdo el pasado 03 de diciembre debido al incumplimiento del organismo operador del agua con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

"Ya veinte días del accidente y es el primer acercamiento que tenemos con ellos. Nos hacen la oferta de lo que se le iba a proporcionar de acuerdo a SAPAL y nos están ofreciendo su finiquito únicamente", dice a POPLAB.

Explica que hasta el momento no les han concedido propiamente una indemnización por riesgos laborales como estipula la LFT, a pesar de que Víctor y el resto de sus compañeros se encontraban en horario laboral y dentro de las instalaciones al momento de su muerte. "Es más que claro que es un accidente laboral", comenta el hermano de Víctor.

Víctor Briseño, supervisor del Módulo de Desbaste de SAPAL, fallecido el 13 de noviembre de 2020 en accidente químico

Víctor Briseño tenía seis años y siete meses de antigüedad en SAPAL, pero el área jurídica del organismo solo les ofreció lo correspondiente al finiquito porque —según les dijeron— "ahí está incluida" y "la indemnización se sustituye con un seguro de vida" que ofrece como prestación complementaria la paramunicipal.

El finiquito que otorgaba SAPAL a la familia de Víctor consiste en 174 mil pesos donde solo se refleja lo que por ley deben recibir por la terminación de la relación laboral. No obstante, se deja de lado la indemnización por accidente laboral contemplada por la legislación.

"Precisamente hay un tema de daño moral, hay una parte de un 25 por ciento adicional de una indemnización que marca el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo que dice que se debe dar un 25 por ciento adicional si las condiciones de trabajo no eran adecuadas para los trabajadores. Pues obviamente todo este tipo de cosas no existen y ellos es lamentable que un abogado, un representante legal de la empresa, quiera aprovecharse del dolor de las familias".

Superiores sabían de derrame de ácido

De acuerdo con el comunicado de SAPAL un día después del accidente, el "personal técnico realizó un monitoreo ambiental de las condiciones de ácido sulfhídrico en las diferentes áreas de la planta". Informó que no habían encontrado "ninguna anomalía" en las instalaciones de dosificación del químico, por lo que sus conclusiones eran que se habían concentrado gases tóxicos al aire libre dentro de las instalaciones, provocando el deceso de los trabajadores.

"Es importante considerar que es común la formación de ácido sulfhídrico en el medio ambiente de las plantas de tratamiento de aguas residuales. SAPAL ha manejado 20 plantas de tratamiento en las últimas dos décadas, lo que nos ha permitido tener experiencia necesaria para su operación", reza aquel comunicado.

Sin embargo, de acuerdo con los mensajes del chat de Whatsapp de Víctor Briseño, supervisor del Módulo de Desbaste, él y otros compañeros suyos habían reportado la fuga en el dosificador del ácido días antes del desastroso evento. "Hay reportes anteriores a ese día del accidente. Un compañero reporta el día lunes que hay una fuga en el dosificador de ácido sulfúrico y pues que se percibe una nube de gas. Y pues nadie toma una acción", dice el hermano de Víctor.

En el chat se aprecian una serie de mensajes antes del 10 de noviembre que dicen: "Se observan emisiones de gases en punto de dosificación de ácido sulfúrico. Al parecer se tiene fuga a un costado de la línea que viene de reguladores. Con cuidado. Apagar bomba y cerrar válvulas".

Capturas de pantalla

Luego Víctor habría reportado el día miércoles 11 de noviembre que el proveedor haría la reparación del tubo del dosificador que se encontraba en tan "malas condiciones que ni siquiera se podía reparar", explica su hermano. El mensaje de Víctor dice que "al momento de soldar se trae pedazos del tubo, ya que está muy dañado por lo que no se puede hacer el trabajo". La fuga se ignoró hasta provocar "la muerte de las cinco personas".

¿Y las otras familias?

Hasta el momento no existe información de qué ha sucedido con los familiares de los otros cuatro trabajadores que fallecieron durante el accidente. Luis Ángel Briseño, por su parte, ha dicho que tuvo comunicación con la esposa de uno de ellos. El ofrecimiento que le hizo SAPAL fue por la cantidad de 32 mil pesos. El trabajador se llama Omar Ignacio y su esposa Marisela, quien está actualmente embarazada.

"Ellos ya tuvieron ahora sí que esa negociación por 32 mil pesos, que es lo que vale para SAPAL una muerte. O 174 mil pesos en el caso de nosotros, que era mi hermano el que tenía mayor tiempo laborando. Entonces no me quiero imaginar a los otros qué es lo que les están ofreciendo".

En comunicaciones oficiales por medio de las redes sociales del organismo operador se hizo patente el descontento de la ciudadanía responsabilizándolo del accidente. Incluso hubo gente que manifestó ser familiar de personas que sufrieron eventos similares en años anteriores de los que tampoco recibieron sus debidas compensaciones.

PTAR y Módulo de Desbaste, bomba de tiempo

Víctor entró en 2010 a estudiar como técnico superior universitario y egresó en 2014 como ingeniero en Tecnología Ambiental por la Universidad Tecnológica de León. Un año antes de salir había entrado a trabajar a SAPAL y estaba encargado de dar recorridos a las plantas de tratamiento que se encuentran a los alrededores de la ciudad.

Supervisó plantas de tratamiento periféricas, en zonas rurales, donde era responsable de la calidad del agua y de que los técnicos operativos hicieran bien su trabajo. Hace casi dos años entró a la Planta Municipal de Tratamiento de Aguas Residuales. Luego se quedó como supervisor en el Módulo de Desbaste hasta el día del incidente. Él estuvo en la entrega-recepción de Ecosys III y SAPAL el pasado 23 de septiembre.

Pese a la antigüedad de personal como Víctor Briseño, SAPAL no muestra interés en proteger a sus trabajadores de la exposición a desastres químicos. En el trámite de riesgo de Víctor Briseño, SAPAL le dice al IMSS que "al transitar al aire libre por las instalaciones, el trabajador se desvanece, pierde el sentido y se produce su muerte".

Los familiares no cuentan con información de supervisiones, análisis de riesgos o de procesos de auditoría a la planta por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o de Protección Civil. Realmente no se sabe si los riesgos de intoxicación persisten para el resto del personal que siguió en funciones luego del derrame.

"Tomando en consideración esa versión que SAPAL le está diciendo al Seguro Social, pues la planta debería estar cerrada. ¿Por qué? Porque ellos mismos están diciendo que la gente de ir caminando se cae y se muere. Entonces esa planta en este momento debería estar clausurada hasta que se garantice que se tienen los protocolos y las condiciones seguras de trabajo para sus empleados", dice Luis Ángel Briseño.

Los familiares de Víctor con quienes POPLab ha tenido contacto están haciendo un llamado al Consejo Directivo de SAPAL y al alcalde Héctor López Santillana para que le den importancia a la situación. Esperan una versión oficial del primer edil, quien tampoco se ha pronunciado al respecto. "Que salga y dé la cara, porque nadie de SAPAL lo ha podido hacer. No creo que tengamos que tener 50 fallecidos para poder tomar una acción definitiva".