El amparo interpuesto por Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) es una maniobra para frenar la publicación del etiquetado frontal de advertencia en alimentos y con esto retrasar su implementación, consideran organizaciones integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria.

Quetzalli Ramos, abogada experta en salud, explica que el amparo que interpuso el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) no es en contra del etiquetado, sino del proceso y en particular sobre los lineamientos de los comités consultivos y las reglas de operación, que al final de cuentas, no impactaría en la NOM 051.

El 26 de febrero, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa a cargo de la juez, Laura Gutiérrez Romo, otorgó a la Concamin la suspensión provisional.

Esto significa que se detenga el proceso de publicación de los comentarios que se hicieron en la consulta pública y que se deben publicar en el Diario Oficial de la Federación todas las respuestas, como parte de la rendición de cuentas y participación ciudadana. Al ser este un paso previo y necesario para la publicación de la norma, se detiene su implementación, explicó Ana Larrañaga, de la organización Contrapeso.

“El amparo impide que se materialice lo que ya está aprobado por ley, que son las modificaciones en la Ley General de Salud” aprobadas de manera unánime por el Congreso de la Unión, señala Larrañaga.

La Concamin argumenta “falta de transparencia e inclusión” dentro del proceso de creación de la norma para el etiquetado. Sin embargo, participó en cada uno de los procedimientos de elaboración de la norma: desde el parlamento abierto en el Congreso, así como en las mesas de trabajo en las que se discutió la NOM 051. “La industria ha participado, pero siempre ha dicho que si las cosas no salen como ellos quieren utilizarán todos los recursos legales”, asegura la abogada Ramos.

El organismo empresarial asevera que el nuevo etiquetado no advierte verazmente, el gobierno federal, asociaciones civiles y expertos, coinciden que es justo lo contrario, que informa de manera clara, rápida y simple sobre el exceso de azúcar, grasas y sodio, así como de contenido energético en un producto. Organismos como las agencias de Naciones Unidas: FAO, Unicef y OPS/OMS, así como World Obesity (Federación Mundial de Obesidad), World Cancer Research Forum y World Public Health and Nutrition Association (Asociación Mundial de Nutrición y Salud Pública) han respaldado la medida.

La industria también ha dicho que la regulación contradice el marco jurídico nacional e internacional. Larrañaga explica que, “si no lo fuera las autoridades de economía y salud no hubiesen podido aprobar en comité consultivo nacional algo que no obedeciera a la Ley General de Salud”.

La experta explica que a nivel internacional no existe un convenio marco de etiquetado, como si existe con el de tabaco. “México no está atentando contra un convenio internacional, lo que hay son lineamientos de recomendación y México si los está cumpliendo”.

La abogada Ramos coincide, “en todos los tratados internacionales la salud, es un interés legitimo, siempre y cuando se implementen estas medidas tanto para productos nacionales como extranjeros. Y esto se contempla en la norma”.

Finalmente, sobre el argumento de que no hay evidencia científica que lo sustente, hace un par de semanas, se dio a conocer que el etiquetado en Chile redujo el consumo en refrescos y otras bebidas azucaradas. Otro estudio publicado días después señala que los alimentos ultra procesados ponen en riesgo el futuro de los infantes del mundo. España y Colombia han anunciado su intención de implementarlo por los resultados obtenidos en Chile.

Foto: Juan José Plasencia

Las contradicciones de la industria

Hace menos de una semana, Femsa, la principal productora de Coca Cola en el mundo dijo que se estaban preparando ya para implementar el etiquetado, pues están “preocupados por ofrecer siempre las mejores opciones para los consumidores”.

El grupo Bimbo también había declarado que estaba listo para el nuevo etiquetado pues contaba con una nueva estrategia.

Según un estudio realizado por la consultora Kantar en México, sólo el 23% de los consumidores revisa las etiquetas. Este argumento ha servido a la industria para tratar de desacreditar la importancia de las etiquetas, pero lo que no dicen, es que la mayoría de la gente no comprende el actual etiquetado.

El gobierno

Por su parte las secretarías de Economía y de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informaron que ya fue impugnada la suspensión provisional del proceso**.**

El secretario de salud Jorge Alcocer Varela dijo que “no vamos a abandonar la lucha contra el etiquetado y en su forma de instalación no ha terminado”.

Mientras que Hugo López Gatell, subsecretario de salud dijo que “las epidemias de enfermedades crónicas como aquellas asociadas a una mala alimentación son más peligrosas que el COVID 19”.

No está todo dicho

Las organizaciones consideran presentar un amicus curiae, es decir una figura legal que se presenta por terceros ajenos al litigio, para ofrecer su opinión sobre el asunto y darle argumentos al tribunal.

Quetzalli Ramos se muestra optimista, pues la ley dice que para otorgar el amparo no debe ir contra del interés social, “tenemos confianza porque hay elementos para no dar la suspensión, no va a proceder, salvo que haya un tema de corrupción”.

Sin embargo, Ana Larrañaga considera que “como sociedad civil hay que estar vigilantes de las decisiones que se tomen y hacer presión pública, la realidad es que la presión de los consumidores es la que debe moldear al mercado y no que el mercado moldee lo que nosotros consumimos.”

Fechas del amparo

10 de febrero: se presenta el amparo

19 de febrero: se admite

26 de febrero: se otorgó la suspensión provisional

3 de marzo: se determinará si se da la suspensión definitiva o no.

24 de marzo: se discute si es procedente o no el amparo