Sin escuchar a las víctimas, el Congreso decidió darle la vuelta a reformas a la Ley de Víctimas para el Estado que permitirían un incremento al fondo de ayudas que actualmente tiene disponibles apenas 15 millones de pesos. Las modificaciones fueron consideradas “innecesarias” por representantes jurídicos de dependencias de Gobierno, la Fiscalía del Estado e incluso la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Abogados de la misma Comisión Estatal advirtieron que actualmente operan con recursos insuficientes para dar atención a las víctimas del Estado, pero la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Reyna Morales, ignoró la petición, tal y como lo hizo con las víctimas.

Esta postura va en franca contradicción con el hecho de que desde 2007, cuando se creó el Fondo para la Atención y el Apoyo a Víctimas y a los Ofendidos del Delito que manejaba la Fiscalía General del Estado, no se le escatimaron recursos, pues su bolsa llegó a acumular hasta 42 millones de pesos en 2018.

Ahora el Legislativo regatea el dinero cuando las víctimas en Guanajuato son miles... y se siguen sumando cada día.

Descartan cambios para evitar incremento de fondo

En la mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales representantes de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Gobierno, la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado y de la Procuraduría de los Derechos Humanos consideraron que la propuesta de cambio a la ley no era necesaria.

De acuerdo con el activista, Raymundo Sandoval, el cambio en la redacción implicaba modificar la manera en la que se calcula el fondo, con el índice de población y el fondo de la Comisión Ejecutiva.

La Ley General de Víctimas en su artículo 157 contempla que la suma de las asignaciones anuales que cada entidad federativa aporte a su respectivo fondo estatal será igual al 50% de los recursos que se autorice a la Comisión Ejecutiva en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente.

A nivel federal, el Fondo de Atención a Víctimas acumula 744 millones 940 mil 887 pesos; la mitad serían 372 millones 470 mil 443 pesos, que deberían aportarse entre todos los estados de la República.

Con base en esta regla y un factor poblacional que se considera para obtener el resultado, el fondo tendría que sumar 18 millones de pesos 228 mil 135 pesos, de los cuales se debe considerar una reserva de 20% para cubrir reintegros a la Comisión Ejecutiva. Pero el Gobierno del Estado sólo asignó 10 millones de pesos para el fondo en 2021; el recurso llegó a 15 millones de pesos por reasignaciones.

Dan a manos llenas recursos a Fiscalía y no los gasta

Desde 2007 que se creó el Fondo para la Atención y el Apoyo a Víctimas y a los Ofendidos del Delito, la Fiscalía del Estado se hizo responsable de estos recursos que fueron incrementando hasta llegar a más de 42 millones en 2018. Esta bolsa tiene el mismo fin que el Fondo Ayudas, Asistencia y Reparación de la Comisión Estatal de Víctimas creado en la Ley en 2020.

El fondo de la fiscalía sigue existiendo y en 2020 tuvo una asignación por 40 millones de pesos, de los cuales sólo gastó 11 millones 643 mil 925.91, es decir, tuvo un subejercicio de 28 millones 357 mil 212.74 pesos.

Es decir, mientras las víctimas se seguían acumulando en Guanajuato, la fiscalía guardó los recursos y evitó transferirlos a la Comisión Estatal de Víctimas, que sólo cuenta con 15 millones de pesos en su fondo.

Desde su designación en octubre de 2020, el comisionado Jaime Rochín del Rincón, advirtió sobre la insuficiencia de recursos para las víctimas y sobre la posibilidad de que el traslado de recursos del fondo de la fiscalía no iba a darse.

“Quizá en un primer momento no vamos a poder cubrir todas las cosas a las que realmente tienen derecho, vamos a tratar de llegar, de acercarnos lo más posible a lo que la Ley marca, pero a lo mejor en un primer momento no vamos a poder cubrir todos los derechos que realmente tienen”, citó en una entrevista en noviembre de 2020.

Pero sugirió que si esto no ocurría, la Fiscalía debía seguirse haciendo cargo de algunas ayudas y acompañamientos, sobre todo en materia jurídica. En 2020 sólo hay evidencia en la cuenta pública de 691 apoyos, un promedio similar al de 2015 cuando ejerció 21 millones de pesos.

Señala Comisión de Víctimas insuficiencia de recursos

Durante la discusión, el encargado de la coordinación del Registro Estatal de Víctimas de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Marcos Francisco López González, hizo énfasis sobre la insuficiencia de recursos para las necesidades de las víctimas.

“En términos reales este presupuesto consideramos que puede quedar corto para la atención debida a todas las víctimas del Estado, que lamentablemente vemos que es un fenómeno que va incrementándose y que corre el riesgo de que este fondo sea insuficiente para la atención de todas las obligaciones contraídas por el Estado”.

“…en ese sentido quisiéramos señalar que debemos hacer la referencia de que el fondo cuando menos se va a integrar en términos de lo que dispone el 154, esto daría la capacidad de que, dependiendo de las necesidades de las víctimas sobre todo, se pudiera ampliar este fondo y que se pudieran otorgar mayores recursos para tal efecto”.

El planteamiento no recibió respuesta.

Abogados de las instituciones invitadas al análisis dieron argumentaciones técnicas para poder descartar incluir dos artículos -como lo plantearon originalmente los diputados panistas en la iniciativa de reforma- y propusieron que se hiciera solo una referencia en un artículo que ya existe y que habla sobre la conformación del fondo. La idea fue no “batear” la iniciativa panista, aunque en realidad nada de los planteado originalmente fuera aprobado.

“Si ya sabemos entonces que no es necesaria (la modificación a la ley) porque ya viene contemplada en el 129 en relación a esta remisión, por qué no proponemos una remisión dinámica y no estática, en el cual podamos decir que el Fondo Estatal para su conformación deberá atender los dispuesto en la Ley General de Víctimas y que de esta manera ya salvamos que en un futuro pudieran reformarse artículos referentes al fondo o cambiar su orden”, planteó Alejandro Sierra Lugo, de la dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno.

El director de normatividad y análisis legislativo de la Fiscalía del Estado, Jonathan Jasael Moreno Becerra, se opuso también a este cambio porque dijo que el objetivo de la propuesta “ya estaba atendido” en la ley vigente.

Sin aportar a la propuesta, pues durante todo el debate guardó silencio, la presidenta de la comisión, la diputada panista Reyna Morales Reséndez, asumió el replanteamiento que hicieron los representantes jurídicos a la propuesta y pidió proyectar un dictamen en sentido positivo, sin crear los dos artículos nuevos y sólo citando una referencia en uno ya existente.

Relegan a víctimas de análisis

Además de demorar por casi un año la discusión de la propuesta, Reyna Morales -quien se quedó como diputada suplente de Libia Dennise García Muñoz Ledo-, relegó a las víctimas del debate sobre el tema.

Y es que el Congreso requirió opiniones por escrito a colectivos y activistas, pero la legisladora les negó la posibilidad de participar en la mesa de trabajo contrariando el derecho de participación que les otorga la Ley General. En posturas públicas, víctimas acusaron su incapacidad y la recurrente cerrazón del Congreso de adaptar sus metodologías de discusión de iniciativas a las necesidades de los interesados.

“No está recuperando de manera sustantiva los aportes que hacemos. Lo digo porque pidieron observaciones, no tenemos claro cómo se van a incluir esas observaciones y no fuimos convocados a la mesa; en otros momentos convocaban a quienes mandaban observaciones y en esta ocasión solo convocaron a autoridades”, opinó Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.

Por ahora no hay un dictamen aprobado, pero tampoco existe la posibilidad de ampliar el debate sobre el tema. Si se realiza una sesión extraordinaria, la iniciativa podría someterse a votación así, sin aportaciones de las víctimas.