En el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo primero es el dos y luego el uno. No obstante que la Ley de Contrataciones Públicas de la entidad exige determinar el costo de una renta con base en un avalúo, eso no ocurrió en el caso de las oficinas alternas en Puerto Interior.

Aunque ya tenía más de un año ocupando las oficinas del edificio corporativo G100 Business District en GPI, el titular del Poder Ejecutivo renovó contrato a través de la Secretaría de Gobierno sin contar con un avalúo de su secretaría de Finanzas, el cual fue solicitado casi un mes después de firmar el contrato.

El primero de enero de este 2020, las secretarías de Finanzas y de Gobierno del Poder Ejecutivo de Guanajuato firmaron un contrato de arrendamiento con la empresa Multiservicios Nordika S.A. de C.V., propietaria del edificio G100 en el Puerto Interior de Guanajuato, para ocupar oficinas privadas en ese inmueble, en las cuales se desenvuelve la actividad cotidiana del gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

Sin embargo, fue hasta fines de ese mes, el 27 de enero, cuando el director general de administración de la SG, Gilberto Enríquez Sánchez, solicitó un avalúo y justipreciación de renta a la dirección de catastro de la Secretaría de Finanzas.

Foto: Juan José Plascencia.

Con relativa prontitud, el 4 de febrero, un mes y tres días después de la firma del contrato de arrendamiento de inmueble numerado como SGDGA-002/0401/2020, Finanzas liberó a la secretaría de Gobierno el oficio de "avalúo y justipreciación de renta", emitido por la Dirección de Catastro de la dependencia.

Cuando la renta ya había sido pactada entre el gobierno del estado a través de las mencionadas secretarías y la empresa inmobiliaria, la Dirección de Catastro determinó mediante avalúo la pertinencia de una renta mensual neta de entre 513 mil y 641 mil pesos. La cifra acordada ya había quedado en 426 mil 016 pesos, además de una "cuota de mantenimiento y operación" de 75 mil 760 pesos, lo que da un total de 501 mil 776 pesos.

La Secretaría de Gobierno corrió con suerte, pues los gastos de arrendamiento pactados en un documento oficial quedaron por debajo de los márgenes establecidos en el avalúo.

Aunque de forma extemporánea, el estudio de la Dirección de Catastro, firmado por su titular la arquitecta Maricela Margarita Montiel Martínez y por la coordinadora de valuación cartográfica, arquitecta Rocío Álvarez Jiménez, vino a validar el monto de la renta acordado por el director de administración de la secretaría de Gobierno, Gilberto Enríquez Sánchez, y el director de recursos materiales de Finanzas, José Luis Cuéllar Franco.

El monto de renta mínimo por metro cuadrado establecido en el avalúo es de 891.59 pesos, mientras que el precio pactado por el estado por los 576.04 metros cuadrados de las cinco suites arrendadas quedó en 739.56 pesos, lo que da el precio de 426 mil 016 pesos mensuales. A ello debe agregarse la cuota de mantenimiento de 75 mil 760 pesos.

Entre renta y mantenimiento, el pago del estado por el uso de estas oficinas queda abajo por 12 mil pesos mensuales del costo mínimo tasado en el avalúo, realizado a posteriori.

Gilberto Enríquez Sánchez. Foto: especial.

Lo que dice el marco normativo

La ley Orgánica del Poder Ejecutivo le marca a la Secretaría de Gobierno, entre sus principales atribuciones la de "Cumplir y hacer cumplir acuerdos, órdenes, circulares y demás disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo del Estado".

Al respecto, la ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato señala en su artículo 159, relativo a la Adquisición* *y arrendamiento de inmuebles:

Artículo 159. En la adquisición y arrendamiento de todos los bienes inmuebles por los sujetos de esta ley, corresponderá a la Secretaría (Finanzas) o a los órganos de administración, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I. Dictaminar el monto de las rentas que los sujetos de esta ley deban cobrar cuando tengan el carácter de arrendadores;

II. Autorizar el monto de las rentas que se deban pagar cuando tengan el carácter de arrendatarios;

III. Determinar con base en los avalúos pertinentes, el precio máximo de la adquisición de los inmuebles objeto de la operación; y

IV. Establecer las políticas y lineamientos en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes inmuebles.

El monto de la renta a pagar no podrá ser superior al señalado por la Secretaría o por los órganos de administración en el ámbito de su competencia.

En los casos de arrendamientos de inmuebles propiedad del Estado, el importe del precio de la renta no podrá ser inferior al dictaminado y será ingresado a la Secretaría en los términos de las leyes respectivas.

Edificio G100. Foto: Juan José Plascencia

Por otra parte, en el capítulo correspondiente a los Casos en que se autoriza el arrendamiento de bienes inmuebles, la misma norma señala:

Artículo 162. Sólo se autorizará el arrendamiento de bienes inmuebles cuando no sea posible o conveniente su adquisición. La Secretaría o los órganos de administración, en su caso, otorgarán la autorización solicitada con base en los argumentos y justificación que exponga la dependencia, entidad u órgano de administración solicitante.

Previamente al arrendamiento de bienes inmuebles, se deberán realizar los estudios de costo beneficio, considerando la posible adquisición mediante arrendamiento con opción a compra.

Injustificado el gasto consideran diputados de PVEM, Morena y PRI

Respecto al arrendamiento de ese espacio, por lo menos tres de los partidos representados en el Congreso de Guanajuato consideran injustificado el gasto e inoportuno en tiempos en que se viven una emergencia sanitaria y otra de tipo económico.

A los representantes de Morena, del PRI y del PVEM les preocupa también el hecho de que el gobernador deje de despachar en la ciudad sede de los Poderes, como lo marca la Constitución local.

Luis Ernesto Ayala, secretario de Gobierno. Foto: especial

Pareciera no haber una justificación para estar rentando estos espacios. No hay una necesidad que justifique estar pagando renta en este edificio, el G100, cuando además la sede de los poderes es la ciudad de Guanajuato capital, señaló la coordinadora del Partido Verde en el Congreso del Estado, Vanessa Sánchez Cordero.

Interrogada sobre la realización de un avalúo hasta después de firmar el contrato, consideró que "hay una intención de ajustar la renta a lo que ya se platicó, de ajustar el documento que es la base para definir el monto de la renta a lo que ya estaba previamente acordado. Es evidente que primero hablaron de la renta y después cuadraron poder pagar ese monto."

Este tipo de gastos pueden evitarse, independientemente del monto. Ante una situación de crisis económica derivada de la crisis sanitaria y los recortes al gasto federal, estamos viendo que el gobierno está recibiendo menos recursos y debe hacer un uso muy cauteloso de los fondos públicos, y agregó: "no son necesarias unas oficinas porque existen los espacios suficientes, eso habla de que no se está cuidando el dinero de los guanajuatenses."

La legisladora se pregunta: "¿Guanajuato capital puede seguir siendo la capital del estado? Hay muchas oficinas que ya no son adecuadas para prestar los servicios. Creo que en Guanajuato hay espacios sobre todo si se piensa en una nueva sede del Poder Ejecutivo, pero pienso que los que se tienen ahorita se pueden usar, cuidando el dinero. A futuro se puede pensar en una nueva sede, aunque debe ser en Guanajuato capital."

Ilustración: Pinche Einnar.

A Magdalena Rosales, la legisladora que coordina Morena, le preocupa este dispendio de recursos: "Por una parte el gobernador se queja de que no le alcanza el presupuesto ahora con el COVID, pero por otra parte nos enteramos de la renta de esta área del G100 donde se pagan casi 7 millones de pesos al año, cuando no hay razón, cuando hay una sede de los Poderes, a partir de la Constitución, que marca a Guanajuato como la capital del estado."

Y continúa: "Lo más grave es el dispendio de recursos para cuestiones de opulencia. El gasto dedicado más al lujo que a la atención de los problemas, el presupuesto se distrae mientras hay una población de dos millones y medio de habitantes en situación de pobreza."

Al respecto recuerda que su fracción ha pugnado desde hace dos años por medidas de austeridad republicana, con una iniciativa que se mantiene paralizada: "el Poder Legislativo construye una sede de más de 750 millones de pesos y ahora el Ejecutivo renta estas oficinas, lo que nos hace preguntarnos por la tremenda insensibilidad que se muestra con estas actitudes, cuando ni siquiera se acepta discutir una ley de austeridad, simplemente hay silencio total."

Rosales trae a la charla una anécdota: "Yo conocí ese edificio recién ingresamos como diputados, en una reunión que fue un engaño del señor Ayala (Luis Ernesto), que nos dijo que quería conversar varios asuntos del Congreso y de pronto presentó a Carlos Zamarripa y a Alvar Cabeza de Vaca, lo que nos sorprendió grandemente, pues no íbamos preparados, y luego sacó una fotografía cuando había dicho que era una reunión secreta."

Allí conocí ese edificio demasiado opulento, donde se sirven desayunos y banquetes para "tratar los asuntos de Guanajuato", concluye, no sin antes puntualizar: hay principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación de recursos que este tipo de transacciones incumple.

El priista Hugo Varela no se anda por las ramas: "creo que en estos momentos de pandemia, de estrechez económica, donde se están solicitando créditos para impulsar la economía, el gobierno debe hacer lo necesario para apretarse el cinturón y tratar de gastar lo menos posible, de tal manera que si este edificio del G100 requiere una renta, debe tratar de evitarse, más si se tiene un Palacio de Gobierno. Ese dinero debe usarse para apoyar a las empresas para apoyar el empleo y es importante que el gobierno no se endeude en exceso."

Y recalca: la ley no está a discusión, el asiento de los poderes está en el municipio de Guanajuato y ahí debe estar el Poder Ejecutivo, no hay que discutir sino acatar lo que marca la ley. Si se quiere cambiar que se haga a través de los caminos legales. Por eso se llama "Guanajuato Capital".

Avalúo de la Dirección de Catastro: