Víctor Ayala Ramírez fue condenado a un año y tres meses de prisión por haberse comprobado plenamente el delito de abuso sexual en contra de una de sus estudiantes en la Universidad de Guanajuato. Ayala era director de la División de Ingenierías de Salamanca, y fue cesado a mediados del año pasado, después de que la víctima presentara su denuncia.

Este jueves 2 de abril, a las 13:00 horas, se llevó a cabo en la ciudad de Salamanca la audiencia final del caso, dentro del proceso penal iniciado en su contra, las Juezas de Control y de Oralidad Penal estimaron que el inculpado no aportó pruebas significativas para desvirtuar las acusaciones que le fueron imputadas el 09 de agosto de 2019.

En México, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia lo largo de su vida, mientras que en el año previo a la entrevista, la cifra fue de 40%.

Cronología del juicio

El 9 de agosto pasado se llevó a cabo la audiencia inicial derivada de los abusos sexuales que la estudiante sufrió dentro del laboratorio de la División de Ingenierías, en dicha audiencia le fue imputado a Ayala Ramírez el delito de abuso sexual.

Los días 10, 11, 13 y 16 de marzo del presente año, se llevaron a cabo las audiencias del juicio contra el ahora ex Director de la División de Ingenierías en Salamanca. La víctima, quien acudió en compañía de la abogada victimal asignada por el Centro de Justicia para las Mujeres y de la representante de la Fiscalía ante el Juzgado de Oralidad Penal de Salamanca, escuchó atenta la última audiencia, que duró cuatro horas.

En el interrogatorio del juicio de Ayala, su defensa, en lugar de desvirtuar los hechos, se dedicó a atacar a la víctima. Su estrategia fue cuestionar la vida personal y sentimental de la víctima y sus familiares, así como afirmar (sin prueba alguna) que ella intencionalmente denunciaba hechos falsos para favorecer a su pareja. A medio juicio el imputado cambió de defensores particulares.

Víctor Ayala Ramírez aceptó en la palestra que él sí realizó tocamientos en el cuerpo de la estudiante, pero que fueron “poquitos”.

La defensa llamó a ocho testigos a juicio, entre ellos a Rocío Alfonsina Lizárraga Morales, la ahora directora de la División de Ingenierías en Salamanca y a Ileana “N”, trabajadora administrativa, subordinada de la directora suplente.

También comparecieron cuatro estudiantes de la División de Ingenierías de Salamanca para testificar a favor de Víctor Ayala Ramírez, pero cabe mencionar que ninguno de ellos estuvo presente en el lugar y momento de los hechos.

Además compareció por parte de la defensa un perito en materia psicológica: el especialista Eloy Antonio Gutiérrez Soltero, a pesar de no haber tenido contacto previo con la víctima, dictaminó que ella nunca sufrió abuso sexual ni presentaba señales de daño psicológico. Ello basándose en publicaciones de las redes sociales de la víctima.

Víctor Ayala Ramírez. Foto: archivo

La sentencia

Debido a que fue comprobado que la víctima y el imputado se encontraban en el lugar y tiempo de los hechos denunciados y la perito adscrita a la fiscalía determinó que existe daño psicológico derivado de los tocamientos hechos por Víctor Ayala, se determinó una sentencia de 1 año y 3 meses de prisión; una multa de 21 días de UMAS(*) actualizados; una fianza de 5 mil pesos (bajo apercibimiento de no establecer contacto con la víctima por sí o por terceros); la reparación del daño psicológico a la víctima consistente en 10 sesiones de terapia psicológica; y la reparación del daño material por 1,200 pesos.

Debido a que es una condena menor a 4 años de prisión por delito no grave y ser primodelincuente, Ayala gozará de los beneficios de condena condicional, o conmutación de prisión por trabajo a favor de la comunidad. Además, el inculpado cuenta con 10 días para apelar la sentencia, de considerarlo necesario.

En entrevista exclusiva con Yolanda, la superviviente del delito, nos cuenta su vivir y sentir respecto al juicio:

“Al escuchar que declararon culpable a mi agresor no sabía si era real lo que estaba viviendo, fue una gran emoción y sentí también un gran alivio.

Denunciar es tardado pero necesario para el cambio, las mujeres necesitamos nuestra palabra para denunciar y la fiscalía debe investigar los hechos y recabar las pruebas que posteriormente se suman al proceso”.

Importancia del precedente que marca el caso Ayala

Este suceso abre muchas interrogantes, una de ellas nos remite al caso César Federico Macías Cervantes, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Es imposible no contrastar ambos acontecimientos, si bien tanto Ayala como Macías eran directores de División y ambos fueron acusados por el mismo delito, ¿por qué uno obtuvo una licencia con goce de suelo y otro fue separado de su cargo?

La explicación no es una sola cuando tratamos de dirimir porque existe un trato diferenciado entre la larga lista de profesores en la Universidad de Guanajuato acusados de violencia sexual.

Si bien no existe una acusación penal contra Macías Cervantes, si él pudo acceder al beneficio de licencia con goce de sueldo por tres meses, en ese mismo tenor, Ayala Ramírez pudo haber obtenido ese mismo derecho, ya que cuando fue separado de su cargo aún no existía denuncia penal en su contra, mucho menos una sentencia.

De acuerdo con las explicaciones que Arminda Balbuena Cisneros le dio a la sobreviviente del abuso sexual, el ahora sentenciado fue despedido como profesor y no como Director de la División de Ingenierías. Esto debido a que era más efectivo sancionarlo de esta forma por el Departamento de Recursos Humanos ya que UGénero no tiene facultades para realizar ese tipo de sanciones.

Diseño: Juan José Plascencia

Otro caso es el de Julio Kala, quien a pesar de haber sido señalado por acoso primero por una ex subordinada en el año 2007 cuando Luis Felipe Guerrero Agripino, actual rector de la UG, era director de la extinta Facultad de Derecho, nunca se hizo nada al respecto. Años después fue señalado por acoso ante el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), la Procuraduría de Derecho Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), la Fiscalía del Estado de Aguascalientes y la propia Universidad de Guanajuato, tampoco recibió ninguna sanción, por el contrario ¡le dieron la coordinación de un doctorado en derechos humanos!

De acuerdo con Luis Felipe Guerrero Agripino, en su publicación Tendencias en torno a la protección de la víctima en el Sistema Penal Mexicano, existe una distorsión de la perspectiva protectora de la víctima.

En dicha publicación explica que, si bien la evolución del Derecho Penal ha tomado como punto de referencia al delincuente, precisa que hay que cuestionar ¿Qué se podrá esperar en la construcción de un Derecho Penal que también ponga interés preponderante en la víctima? El autor reprocha que el panorama de las víctimas no es alentador debido a la influencia de varias circunstancias negativas. Mencionando algunas de ellas:

Es importante cuidar el oportunismo político. Es decir, cuando con el pretexto de salvaguardar intereses de las víctimas se llegan a regular absurdos legislativos que representan auténticas contradicciones a la racionalidad que debe imperar en un Derecho penal garantista o bien, al final de cuentas se traducen en un engaño a la propia víctima.

Guerrero en este texto concluye que el Derecho penal moderno debe ser proclive al reconocimiento y protección de los Derechos fundamentales del imputado, sin embargo, esa tendencia no debe excluir los derechos de la víctima. Cuyos intereses deben marcar, sobre todo, actuaciones del Estado para aminorar las afectaciones propiciadas con la comisión del delito.

De esta manera, la protección de los bienes jurídicos de la víctima se sustenta en los propios códigos penales. Pero no es suficiente, también debe considerarse el cuidado de sus intereses en el proceso y en todas las instancias. Así, la tutela de los intereses de la víctima debe tener un tratamiento integral a partir de la multiplicidad de consecuencias que se derivan de los procesos de victimización primaria y secundaria. No se trata de que el Estado realice acciones altruistas o de misericordia, sino que asuma la responsabilidad derivada de un Estado social y democrático de Derecho.

Si bien uno de los fuertes del Rector de la Universidad de Guanajuato es el estudio del Derecho penal, es inevitable que le sea cuestionada su incongruencia académica con el trato diferencial que reciben los acusados de violencia sexual.

Otro ejemplo es el de Mauricio Murillo de la Rosa quien además de ser íntimo amigo de Guerrero Agripino y compañeros de estudios desde la licenciatura, también tuvo señalamientos de acoso sexual mientras laboraba en el INECIPE, por esta razón fue separado de su cargo. Años mas tarde sería el abogado general en el rectorado de Guerrero Agripino.

El punto en común aquí es que mientras Julio César Kala y César Federico Macías tejían redes académicas con Guerrero Agripino, además de acudir a carreras atléticas o a entrenar al Deportivo Nieto Piña con compañía del rector, Víctor Ayala Ramírez planeaba contender por la Rectoría de Campus Salamanca, algo que no le gustó a muchos, por lo que la acusación de abuso sexual fue el perfecto pretexto para deshacerse de él.

Pero no nos confundamos, todas las acusaciones de acoso y violencia sexual son fundadas. Simplemente como bien lo menciona Guerrero Agripino en su paper, el oportunismo político es lo que tiene cegado el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

Lo que no me cabe duda es que, si Ayala Ramírez hubiera salido a correr con Agripino al Nieto Piña, otro gallo le hubiera cantado, y a las pruebas me remito.

* UMA, Unidad de Medida y Actualización, la referencia económica en pesos para determinar la cuantía de un pago