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12/5/2025
Se quejan participantes por designación de notarios auxiliares entre opacidad y favoritismo

Se quejan participantes por designación de notarios auxiliares entre opacidad y favoritismo

Esposo de funcionaria, familiares de fedatarios influyentes, colaboradores de ex director de notarías, elegidos en un examen que despertó protestas e inconformidad; Libia García defiende el proceso: “estuvo blindado”

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    La gran expectativa sobre el proceso abierto por el gobierno estatal para designar notarios “auxiliares”, después de 20 años sin otorgar nuevos fiats, se convirtió en decepción, sospechas y reclamos por la falta de transparencia de la calificación de los exámenes y la coincidencia de que al menos 4 de los cinco aprobados tienen fuertes conexiones políticas con funcionarios y ex funcionarios públicos o con notarios cercanos a los gobiernos panistas.

    Aspirantes a notario auxiliar compartieron con POPLab su experiencia y coincidieron en la opacidad durante la evaluación con computadoras preasignadas, la imposibilidad de revisar la calificación, preguntas a modo y la posible filtración del examen que habrían hecho desde la Secretaría de Gobierno a un reducido grupo de abogados leoneses.

    "Cuando llegué al examen me encuentro con la novedad que no podíamos elegir la computadora para aplicar el examen porque el jurado ya había preasignado a cada uno de nosotros dónde nos sentaríamos, porque cada equipo tenía las preguntas que nos tocaría responder", compartió uno de los participantes inconformes con el proceso.

    El reclamo no quedó solamente entre las personas aspirantes, sino que algunos notarios titulares calificaron el proceso como un “agravio, un insulto, para todo el Colegio Estatal de Notarios”.

    “Fue una burla porque existen evidencias de que se filtró el examen. Por ejemplo, Arturo Reyes, esposo de la directora de Notarías, Ana Victoria Torres, tuvo una de las mejores calificaciones”.

    La sospecha de favoritismo recae en cuatro de los cinco elegidos, hijos o parientes de influyentes notarios, familiares o amigos de funcionarios y exfuncionarios:

    1. Jorge Arturo Zepeda Padilla, hijo de Jorge Arturo Zepeda Orozco, presidente del Colegio de Notarios de León.
    2. Arturo Junior Reyes Pérez, esposo de la directora de Notarías del Gobierno estatal: Ana Victoria Torres Martínez.
    3. Alfonso Montemayor Cornejo, sobrino político y colaborador del notario Ciro Guerrero, quien además fue compañero desde la primaria de Luis Miguel Aguirre Aranda, actual titular de la dirección de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías de la Secretaría de Gobierno, el responsable de todo el proceso.
    4. David Manríquez Sandoval, colaborador del notario César Santos del Muro, quien se desempeñó en el cargo que ahora tiene Luis Miguel Aguirre en el sexenio anterior.
    5. Mauricio Alberto Cortés Peña, hijo del fallecido notario Mario Alberto Cortés, apoyado por el veterano notario Ciro Guerrero.

    Imagen de Juan José Plascencia
    Imagen de Juan José Plascencia

    Sin embargo, para la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, el proceso fue transparente porque se contó con representantes del Colegio Estatal de Notarios y de la Universidad de Guanajuato.

    Negó de manera tajante que desde la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías se filtrara el examen, como lo aseguran los participantes del proceso y notarios titulares.

    “Es un proceso que está totalmente blindado, donde ninguno de nosotros, ni tu servidora tuvo acceso a las preguntas que se formularon. El día del examen ingresan a un sistema que está certificado y validado, hasta ese momento es que se hace la aplicación de manera aleatoria”.

    Antecedentes

    El notario auxiliar es una figura de reciente creación en la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato que vendría a solventar el déficit de notarios y notarias que hay en la entidad. Actualmente solo 250 personas ejercen la función notarial en 37 de los 46 municipios.

    Durante dos décadas abogadas y abogados con especialidad en Notaría Pública han esperado la oportunidad para tener la licencia que, de acuerdo con la Ley, compete otorgar al Ejecutivo estatal a través de la Secretaría de Gobierno. Actualmente la edad promedio de las 250 personas titulares de una Notaría Pública es de 70 años, mientras las cargas de trabajo aumentan y hay municipios donde ni siquiera se cuenta con un profesional con fe pública.

    En junio de 2020 el Congreso local aprobó las reformas a la Ley del Notariado para incorporar la figura del notario auxiliar. La iniciativa quedó firmada por todas las fuerzas políticas representadas en el Legislativo local, incluido el priista José Huerta Aboytes, quien antes de que se presentara la propuesta como Junta de Gobierno y Coordinación Política ya había anticipado que promovería la reforma, y que finalmente permitió que su hijo José Huerta Arredondo participara en el proceso, pero fue uno de los 38 especialistas que reprobaron el examen de conocimientos.

    Fotografías de Gobierno del Estado
    Fotografías de Gobierno del Estado

    La Ley del Notariado establece que para poder aspirar a ejercer la función de forma auxiliar, un notario titular tiene que contar con al menos 15 años en la función, comprobar la sobrecarga de trabajo y solicitar el apoyo a través de un escrito, por lo que no resulta extraño que la mayoría de los 43 participantes sean hijas o hijos de las personas que actualmente cuentan con la patente notarial; sin embargo, los resultados del selecto grupo de los cinco elegidos levantó inconformidad entre el gremio por estar estrechamente ligados a funcionarios de la Secretaría de Gobierno que tuvieron a su cargo todo el proceso de selección.

    La legislación señala que el examen correrá a cargo de la Secretaría de Gobierno y "de las unidades administrativas que de ésta correspondan"; es decir, la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías. El jurado debe integrarse por tres personas:

    a) La persona titular de la Secretaría de Gobierno o el servidor público que designe. En este proceso, Libia García Muñoz Ledo dejó a cargo de Luis Miguel Aguirre Aranda, director de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías, la responsabilidad de presidir el jurado.

    b) Un notario en ejercicio de reconocido prestigio y con certificación actualizada designado por el Colegio Estatal de Notarios. El representante de los especialistas fue Francisco Eduardo Hernández Aguado.

    c) Un profesor de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, quien deberá ser notario en ejercicio certificado y preferentemente profesor de la especialidad de Notaría Pública. Esta designación estará a cargo del Secretario de Gobierno. La elegida desde el Gobierno estatal fue Silvia León León.

    La figura de notario auxiliar tiene prácticamente las mismas atribuciones que el o la notaria que propuso su nombramiento, pero perderá la licencia si la persona titular deja de ejercer la función, sin posibilidad de aspirar a convertirse en titular de la Notaría Pública donde se desempeña, pero sí es un primer paso para obtener su propio fiat -patente que otorga el Ejecutivo estatal para ser notario-.

    Hace un año, el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, emitió la primera convocatoria para aspirantes a notario auxiliar, en cumplimiento a la reforma aprobada por el Congreso local en junio de 2020, aunque en esa ocasión de las más de 30 personas que participaron ninguna alcanzó los 80 puntos en el examen de conocimientos, requisito que establece la legislación para obtener la licencia.

    Después del fracaso del primer examen que incluyó preguntas que no están relacionadas con la actividad notarial, de acuerdo con testimonios de algunas personas que participaron, el Colegio Estatal de Notarios ofreció un diplomado para aspirantes, curso que tuvo un costó de 2 mil pesos más IVA, pero además se cobró por el material que serviría de guía para un nuevo examen cuando saliera la convocatoria.

    El 2 julio pasado se publicó en el periodico oficial del Gobierno del Estado la segunda convocatoria firmada por Diego Sinhue Rodríguez, en la que se especificó que el examen, como lo establece la Ley del Notariado, consistiría en 60 preguntas, de las cuales 20 serían a propuesta de cada integrante del jurado; es decir: Luis Miguel Aguirre, Francisco Eduardo Hernández y Silvia León León.

    Las preguntas se enfocarían en derecho notarial, registral, civil, mercantil, administrativo, fiscal, urbanístico y agrario. Además, el "cuestionario por escrito" sería elaborado el mismo día del examen en una sesión previa del jurado. En la base décima de la convocatoria también señala:

    "No se permitirá a las y los sustentantes, durante la aplicación del examen, el uso de teléfonos, tabletas electrónicas, computadoras, auriculares, ni de cualquier otro dispositivo de almacenamiento de información, consulta o comunicación".

    El mismo día del examen también se pidió a las personas que postularon evitar ir al sanitario, en caso de ser muy necesario tendría que ser acompañada por algunos de los organizadores.

    "A todos se nos prohíbe pararnos, y ellos lo hacían (los que aprobaron el examen). Eso me extrañó", dijo una de las participantes a POPLab.

    Después de cursar el diplomado que ofreció el Colegio Estatal de Notarios, la mayoría de las personas que participaron se encontraron con preguntas que poco tenían que ver con la actividad notarial, coincidieron las fuentes consultadas por este medio de comunicación.

    A continuación se expondrán los comentarios de las personas que accedieron a hablar con POPLab de manera anónima sobre lo ocurrido durante el proceso. La identidad de las fuentes se mantiene bajo reserva por el temor que existe en el gremio ante posibles represalias a titulares de notarías que los apoyaron con la carta solicitud para poder postular.

    "La ley mordaza es muy fuerte, quien hable o se queje le mandan la revisión de inmediato a la oficina del notario titular".

    Denuncian opacidad y corrupción

    Aspirantes y notarios titulares reprobaron el proceso y atribuyeron las presuntas irregularidades a Luis Miguel Aguirre, Ana Victoria Torres y César Santos del Muro.

    “Es un asunto que debe tomar en serio el presidente del Colegio Estatal de Notarios, Alejandro Lara. Debe tomar el ‘toro por los cuernos’, ya no al nivel de Luis Miguel Aguirre, sino con el gobernador o con la secretaria de Gobierno”, comentó un notario.

    Entre las personas participantes circuló la versión de que existió un banco de 120 preguntas, a cada aspirante se le harían 60, como lo establece la Ley. "Se pusieron las preguntas a modo", dijo otra de las abogadas que buscaba ser auxiliar notarial.

    Quienes cursaron el diplomado del Colegio Estatal de Notarios estaban seguros de que ahora sí, después del fracaso del examen de 2020, podrían conseguir la licencia.

    "Nos preparamos mes y medio. Nos dan (en el diplomado) el material exacto, preciso, todo bien, pero otra vez en el examen a mí me tocaron unas 20 preguntas que no estaban relacionadas con la función notarial".

    Además de no poder elegir la computadora para aplicar el examen y que éstas estuvieran asignadas con las preguntas ya programadas para cada aspirante, otra de las inconformidades más frecuentes fue la opacidad al momento de calificar.

    "No se nos permite una revisión de la calificación; es más, ni siquiera nos dan una copia del examen para saber en qué respuestas fallamos, eso es inadmisible porque en cualquier examen de oposición te permiten ver los resultados y no nada más que el jurado te diga 'sacaste tantos puntos'".

    El aspirante recordó que el método de evaluación fue totalmente arbitrario porque, aunque se trataba de respuestas de opción múltiple, la revisión fue manual. "Cuando presentas exámenes en el Poder Judicial, por ejemplo, la revisión la hace una máquina para evitar cualquier tipo de suspicacia y que no quede la decisión en personas que pueden tener intereses o cierta inclinación".

    Otro de ellos recordó que hace un año, del examen de 2020, uno de los aspirantes solicitó a través de acceso a la información pública que se le entregara su examen, pero a la fecha sigue el litigio porque el Gobierno del Estado se lo negó.

    Entre los aspirantes también corrió la versión de que los cinco elegidos tuvieron acceso al banco de preguntas antes del examen por la relación estrecha que existe con funcionarios de la Secretaría de Gobierno.

    "El director -Luis Miguel Aguirre- debe tener toda la seguridad, guarda, secrecía del examen, pero entre los cinco compañeros que quedaron andaban faroleando que estaba muy fácil. Te das cuenta que había preguntas que son igual a las que revisaban en el círculo de estudio que armaron en León".

    El aspirante recordó que entre los beneficiados con el proceso está Arturo Reyes, esposo de la directora de Notarías del Gobierno de Guanajuato, subordinada de Luis Miguel Aguirre.

    Una de las fuentes consultadas aseguró que los cinco elegidos terminaron el examen en menos de una hora, cuando se tenía estimado que las 60 preguntas deberían responderse en 3 horas y media.

    Otra de las participantes mencionó que los únicos cinco que pasaron se equivocaron en una, dos o seis preguntas. "Tal vez de los 43 que participamos, al menos unos 25 o 30 tienen la capacidad de pasar. ¿Cómo es que hubo preguntas que solo se supieron esos cinco compañeros?, la verdad es que son muchas irregularidades".

    “¿Quién va a querer participar en un tercer proceso si se van a burlar de ellos, de los aspirantes?. Echaron a perder el entusiasmo”, sostuvo un notario titular.

    En la convocatoria no se estableció que se limitara el número de licencias para auxiliar notarial que pudieran otorgarse, pues la legislación establece que podrán obtenerla quienes obtengan al menos 80 de los 100 puntos.

    "Las miradas de Luis Miguel -Aguirre Aranda- con los que pasaron eran extrañas. ¿En qué puedes confiar cuando pasa esto?. Todos, los cinco compañeros tienen la capacidad, no había necesidad de que hicieran esto".

    Sin embargo, para otra de las fuentes consultadas el hecho de que solo pasaron el examen cinco allegados al actual gobierno tiene otro propósito:

    "Nos han dicho que la próxima Legislatura hará una nueva reforma a la Ley para que los cinco que eligieron para ser notarios auxiliares puedan brincarse un nuevo examen y convertirse en automático en notarios titulares. Todos son de León, y todos están ligados a un tema partidista".

    Después del examen que se aplicó el 14 de septiembre, las personas que compartieron su testimonio coincidieron en que existe preocupación y hay una fuerte polémica en el Colegio de Notarios del Estado porque personas muy preparadas no pasaron la evaluación a cargo de Luis Miguel Aguirre.

    "Hace falta un proceso transparente sobre el tema y ver qué va a pasar con todos los demás compañeros que debieron haber pasado".

    En el comunicado que publicó el Gobierno del Estado sobre los resultados de la convocatoria auxiliar notarial se omitió poner los nombres de los cinco abogados que pasaron el examen, pero sí asegura que fue un proceso que "garantizó total transparencia, objetividad e imparcialidad".

    "Este ejercicio tuvo como finalidad elegir a los mejores profesionales del Derecho, cuyo perfil y experiencia les posicionó como las personas más aptas para coadyuvar en el ejercicio de la función notarial", dice el comunicado del Gobierno de Guanajuato.

    Caso de Arturo Junior Reyes

    La licencia como notario auxiliar que consiguió Arturo Junior Reyes Pérez es una de las que más causa inconformidad y controversia. Se trata de un abogado que es esposo de la directora de Notarías de la Secretaría de Gobierno, Ana Victoria Torres, pero además su padre, notario titular, Arturo Reyes Pérez ha estado envuelto en acusaciones de fraude que lo llevaron a la cárcel hace aproximadamente tres años.

    Una de las fuentes consultadas aseguró que el proceso en contra del notario Arturo Reyes Pérez se inició porque dejó “libros completos de folios abiertos''.

    Otra de las personas consultadas señaló que en la primera convocatoria, la de 2020, hubo quienes no pudieron participar en el examen porque el titular de notario que pediría el apoyo tenía un proceso penal abierto. Este habría sido el caso de Arturo Junior.

    Para la convocatoria de 2021 solo se pidió como requisito que el notario titular no haya sido suspendido de sus funciones. Arturo Reyes, padre, presentó el escrito ante la Secretaría de Gobierno para promover a su hijo para que se incorporara como auxiliar en su Notaría Pública: la 87 de León.

    A través de acceso a la información pública se preguntó al Ejecutivo estatal si Arturo Reyes Pérez, notario 87 de León, ha tenido algún procedimiento administrativo por extravío de folios, si rindió algún informe y cuál fue la sanción impuesta; además, quién firmó y rubricó la sanción o el oficio de absolución.

    La respuesta que dio la Secretaría de Gobierno fue que no se podía dar detalles porque la persona que hizo la solicitud “no acredita su carácter de interesado en relación con algún procedimiento administrativo seguido en esta unidad administrativa, ya que corresponde a quien acredite tener la condición de interesado el derecho de obtener información sobre los procedimientos en que intervenga o tuviere interés jurídico y el estado en que se encuentran, así como el acceso a los expedientes que con motivo de sus solicitudes o por mandato legal, formen las autoridades”.

    En la petición de información hecha el 17 de agosto y entregada el 27 del mismo mes, también se solicitó conocer cuántos notarios han sido sancionados con revocación de fiat del 1 de enero de 2015 a agosto de 2021, la respuesta fue que 8, de los cuales a tres se les permitió reincorporarse al ejercicio de la función notarial.

    Promete Libia revisar declaración de intereses de su directora de Notarías

    Libia García Muñoz Ledo rechazó los señalamientos de corrupción que han hecho aspirantes y notarios titulares, incluso descartó que la directora de Notarías de la Secretaría de Gobierno, Ana Victoria Torres Martínez, tuviera acceso al examen para luego filtrar las preguntas a su marido, Arturo Junior Reyes.

    Sin embargo, señaló que se revisará si en la declaración de conflicto de intereses la funcionaria pública incluyó que su marido es abogado con especialidad en notaría pública con aspiraciones a tener una licencia.

    “Ella no participa de ninguna forma en el proceso que se da de la evaluación, no tiene acceso ni participa de ninguna manera. En este momento lo que sí nos parece es que se estará revisando, en su momento, su declaración de conflicto de intereses, ella tendría que haber reportado esta situación, de no haberlo hecho se haría acreedora a una sanción administrativa”.

    En entrevista, la titular de la Secretaría de Gobierno aceptó que dos aspirantes a notarios auxiliares se han acercado para manifestar sus “inquietudes”, respecto al proceso y las irregularidades que detectaron.

    “Estamos abiertos a cualquier aclaración que se tenga que hacer, hemos estado atendiendo las inquietudes de manera puntual, personal”.

    Fotografía de archivo
    Fotografía de archivo

    Defendió que el banco de preguntas fue de 60 y no 120 como algunos de los aspirantes comentaron a POPLab, lo que se traduce en que el mismo examen se aplicó a las 43 personas. “Únicamente se cambia el orden de las preguntas”.

    García Muñoz Ledo dijo que las dos personas que se han acercado a la Secretaría de Gobierno le han dicho que en el examen venían preguntas que no se vieron en el diplomado que impartió el Colegio Estatal de Notarios.

    “Son situaciones que no están en nuestro control. Hay un temario general y sobre eso se plantean las preguntas”.
    Respecto a los resultados del examen que no fueron mostrados a los participantes, la secretaria de Gobierno mencionó que el sistema solo arroja los aciertos o desaciertos, sin la posibilidad de que se conozca en qué preguntas fallaron.

    “Si alguien quiere hacer una revisión puntual, por supuesto que se puede hacer, no hay cerrazón al respecto. Si hay alguna inquietud hay total apertura de mostrarles sus exámenes”, ofreció.

    Crisis notarial en el estado

    En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma a la Ley Notarial del Estado que firmó la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local se reconoció que las notarías en la entidad están rebasadas por las cargas de trabajo, lo que justifica la creación de la nueva figura: notario auxiliar. En el mismo dictamen se señala que la mayoría de los 250 titulares de Notarías en el estado pasan de los 70 años de edad y es necesario un relevo generacional.

    Para justificar la reforma aprobada hace poco más de un año, también se expuso que la pandemia generada por COVID-19 ha limitado el ejercicio de titulares de notarías por su edad.

    "...muchos de los notarios a los que estarían siendo requeridos sus servicios, no podrían prestarlos por razón de edad, tomando en cuenta además que el Notariado Guanajuatense cuenta con una edad promedio de 70 años o por condiciones de salud, al estar considerados por tales motivos, como parte de la población en situación de vulnerabilidad que debe observar el resguardo domiciliario dictado por las autoridades de salud durante este periodo de la contingencia sanitaria. Es en este escenario, donde cobra carácter de necesaria la intervención de los Notarios auxiliares".

    Además, señalaron las y los diputados locales, que los notarios auxiliares serían "profesionales del derecho formados bajo la guía, dirección y supervisión de los notarios a los que relevarán en el futuro, como prestadores de la fe pública notarial. Relevo generacional que se nutrirá de la experiencia de quienes en el ejercicio diario sirven a la población".

    Fotografía del Colegio Estatal de Notarios
    Fotografía del Colegio Estatal de Notarios

    En el portal oficial de la Secretaría de Gobierno, en el apartado del directorio notarial aparecen en función 250 titulares, distribuidos en 37 municipios, siendo León el que cuenta con más Notarías Públicas: 68; mientras hay otros municipios con apenas una persona, como los casos de: Coroneo, Jerécuaro, Ocampo, Pueblo Nuevo, Romita, San Diego de la Unión, Santiago Maravatío y Tierra Blanca.

    Los nueve municipios donde no hay Notarías Públicas son: Santa Catarina, Victoria, Xichú, Atarjea, Doctor Mora, Cuerámaro, Apaseo el Alto, Huanímaro y Tarandacuao.

    El artículo 11 de la Ley Notarial establece que: "en ningún caso podrá haber más de una Notaría Pública, por cada quince mil habitantes del lugar de ubicación de la nueva notaría".

    Si se aplicara el supuesto de que debe existir una Notaría Pública por cada 15 mil habitantes, en Guanajuato tendría que haber 400 titulares; es decir 150 más de los que hay actualmente.

    Como la legislación limita la existencia de Notarías a un mínimo poblacional y no como máximo, es que hay sobrecarga de trabajo en las que están en funciones.

    21 de septiembre de 2021, 11:58

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