Con información de Alonso Merino Lubetzky

Solo por “cumplir” con un mandato del Tribunal Estatal Electoral, pero con poca voluntad para que los indígenas en Guanajuato tengan representación en los Ayuntamientos, los diputados locales aprobaron una reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que obliga a los partidos políticos a postular una fórmula de candidatos representantes de los pueblos nativos en dos de los 46 municipios.

Sin respetar los tratados internacionales que hablan de las condiciones a cumplir para las consultas con pueblos indígenas, el Congreso del Estado apresuró la reforma legal que mandató el Tribunal Estatal Electoral desde agosto de 2018, pero que los legisladores dejaron para analizarse unas semanas antes de que terminara el plazo para que las modificaciones pudieran ser aplicables al próximo proceso.

Para el proceso electoral 2021, los partidos políticos y candidatos independientes que aspiren a las alcaldías de Tierra Blanca y Victoria tendrán que incluir la fórmula de candidatos indígenas en las cuatro primeras posiciones, pero para el proceso 2024 ningún municipio podría tener representación indígena en los ayuntamientos.

Los diputados establecieron que solo en aquellos municipios donde la población indígena representara el 25 por ciento del total de los habitantes, se obligaría los institutos políticos y a candidatos independientes a incluir una fórmula de ciudadanos procedentes de comunidades y pueblos nativos.

Sin embargo, esta medida podría convertirse en una herramienta para que los pueblos indígenas sean tomados por los partidos como un “botín” en tiempos electorales, además de que propiciaría una mayor la división en las comunidades, coincidieron especialistas.

Ilustración Pinche Einnar

Al establecerse el porcentaje del 25 por ciento para que indígenas puedan tener acceso a un lugar en los Cabildos, 11 municipios más que también tienen comunidades originarias no podrían aspirar a esa representación que ordenó el Tribunal Estatal Electoral, lo que llevó a los legisladores a diseñar una reforma a la Ley Orgánica Municipal para establecer que las comunidades reconocidas como indígenas en el Padrón Estatal del Gobierno del Estado, sean los habitantes los que elijan al delegado y los represente ante el gobierno municipal.

La población indígena reconocida por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) representa el 1.1 por ciento de los ciudadanos guanajuatenses. En total suman 67 mil indígenas originarios: más de 56 mil Otomíes y 11 mil Chichimecas Jonaz.

Pero el fenómeno va más allá. En el municipio de León viven al menos 137 mil indígenas que hace tres generaciones llegaron en busca de mejores oportunidades provenientes de estados como Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Querétaro. Aunque las primeras familias se consideraron migrantes, hoy sus hijos, sus nietos ya nacieron en Guanajuato, pero no tendrán ningún derecho con esta reforma.

Antecedente

El reclamo de indígenas originarios en Guanajuato para ser tomados en cuenta en los cargos públicos fue revisado por el Tribunal Estatal Electora, y tras la elección de 2018 resolvió que sería el Congreso del Estado el que tendría que hacer las reformas legales necesarias para garantizar el derecho de los habitantes de comunidades indígenas.

En agosto de 2018 el TEEG dio la razón a los indígenas que se quejaron por la falta de espacios para acceder a cargos públicos.

Ordenó a los diputados de la LXIII Legislatura hacer los cambios normativos que permitieran a los integrantes de comunidades nativas llegar a un cargo de elección popular. A punto de terminar el periodo en el Congreso, los diputados ignoraron la resolución del TEEG y heredaron el tema a sus sucesores.

Una sesión de Pleno en el TEEG. Fotografía cortesía

Desde la llegada de los diputados que integrarían la LXIV Legislatura se pronunciaron por una reforma integral a la Ley de Instituciones y Procedimiento Electorales, después de vivir un proceso electoral con lagunas que terminaron en tribunales.

Con Celeste Gómez como presidenta de la comisión de Asuntos Electorales, y entonces todavía presidenta del PRI en el estado, comenzaron a hacer mesas de trabajo con autoridades electorales para diseñar una reforma integral.

Reglas para la elección consecutiva, paridad de género, distribución de cargos de representación proporcional, fueron algunos de los temas que priorizó el Congreso, aunque también incluyeron en el paquete de iniciativas la reforma para los pueblos y comunidades indígenas.

La contingencia sanitaria y el tiempo a contrarreloj llevó a los legisladores a hacer foros de consulta virtuales, sin considerar que la mayoría de los pueblos nativos en Guanajuato viven en comunidades alejadas, algunas de ellas sin servicios básicos como energía eléctrica, menos internet.

Simulación con violaciones a tratados internacionales

Especialista originaria de una comunidad indígena y académicas coincidieron en que la representación de comunidades nativas como se planteó en la reforma electoral se traduce en una simulación, por la escasa posibilidad real de que lleguen a los cargos públicos indígenas que representen los intereses de las comunidades.

Además, el proceso de consulta que realizaron en el Congreso local es contrario a lo que establecen tratados internacionales en materia de derechos indígenas, evidenció Carmen Álvarez, originaria de San Luis de la Paz que ahora se dedica a trabajar por los derechos de los pueblos originarios.

En entrevista, manifestó que en atención a los estándares internacionales la participación de las comunidades debió darse de manera libre, informada, con pertinencia cultural y de buena fe.

Álvarez señaló que una consulta seria y en atención a lo que establecen los tratados internacionales debió darse tomando en cuenta las condiciones en las que viven las comunidades indígenas, porque en la mayoría de estos pueblos no hay ni luz.

Por los tiempos y la prisa que corría a los diputados por aprobar las reformas en materia electoral, el Congreso decidió hacer consultas con indígenas de manera virtual, por la contingencia sanitaria originada por el COVID-19.

Así se realizó una de las reuniones con el Consejo Estatal Indígena. Los invitados estuvieron en el Congreso del Estado, mientras diputados seguieron desde sus hogares la consulta. Fotografía Congreso

Además, con la reforma aprobada por los diputados locales se quitó toda posibilidad de que exista representación de los pueblos indígenas, con candidatos que sean electos por los propios habitantes de la comunidad.

“Si de por sí los pueblos nos quejamos porque los partidos políticos solo han generado división al interior de las comunidades, con esto van a acrecentar la división. Ya me imagino yo peleándonos entre nosotros para que uno quede en la fórmula”.

Carmen Álvarez, quien actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, manifestó su preocupación porque las comunidades indígenas puedan convertirse en un botín político de los partidos.

“Nos preocupa que estemos en desventaja porque pueden tener más recursos para hacer el trabajo previo de clientelismo electoral para lograr adeptos. Pueden representar los intereses de un partido, no de la comunidad”.

Al respecto, Ivy Jacaranda Jasso Martínez, académica investigadora de la Universidad de Guanajuato, coincidió en que debió dejarse que la elección de sus representantes ante los Ayuntamientos a las comunidades, alejada de los intereses de partidos políticos.

“Sin partidos se garantizaría un ejercicio directo, porque pasar por partidos políticos generan mayores divisiones. Genera más diferencias”.

Cristina Magaña Abarca, académica de la Universidad Iberoamericana en León y colaboradora del Centro de Desarrollo Indígena Loyola, señaló que al dejar en manos de los partidos políticos las candidaturas vendrán los problemas porque cada pueblo tiene sus usos y costumbres.

Sesión a distancia con el Consejo Estatal Indígena. Fotografía Congreso del Estado

2021, dos municipios con candidaturas indígenas

Para el próximo proceso electoral, solo dos de los 46 municipios de Guanajuato podrían tener representación de los pueblos indígenas. Se trata de Victoria y Tierra Blanca, dos localidades del noreste del estado.

En el artículo 184 bis de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales quedó establecido que los partidos políticos y las candidaturas independientes tendrán la obligación de postular en los primeros cuatro lugares de la planilla una fórmula de indígenas en aquellos municipios donde la población originaria alcance el 25 por ciento.

De acuerdo con el último censo poblacional del INEGI de 2010, con el requisito del 25 por ciento de indígenas en ningún municipio los partidos políticos estarían obligados a incluir en sus planillas a ciudadanos originarios de comunidades nativas.

En el Censo 2010, Tierra Blanca aparece con el 15 por ciento de población indígena, siendo el municipio con la tasa más alta.

Sin embargo, en la encuesta intercensal de 2015, las cifras dieron un vuelco: Tierra Blanca reporta que el 82 por ciento de su población es indígena, mientras Victoria tiene un 32 por ciento.

La reforma aprobada por los diputados locales prevé en un artículo transitorio que para la elección 2021 se deben tomar en cuenta las cifras de la encuesta intercensal de 2015, pero para el proceso 2024 deberá seguirse con los resultados que arroje el Censo de Población y Vivienda de 2020.

Si Tierra Blanca, Victoria, o cualquier otro municipio no registra el 25 por ciento de su población indígena, no aplicará la obligación de postular candidatos indígenas.

El artículo 184 bis de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales establece lo siguiente:

En las planillas cuyo registro se solicite para integrar ayuntamientos de municipios en que la población indígena originaria registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el último Censo General de Población y Vivienda exceda el veinticinco por ciento y el municipio se encuentre en el Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guanajuato, los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes incorporarán al menos una fórmula de candidaturas a regidurías integrada por personas indígenas en los primeros cuatro lugares de la lista. Lo anterior se tendrá por cumplido si en la planilla la candidatura al cargo de la presidencia municipal o en la fórmula de síndico son personas indígenas.

En las planillas para ayuntamientos en que la población indígena originaria sea menor del veinticinco por ciento y el municipio se encuentre en el Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guanajuato, los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes procurarán incluir en su planilla a personas indígenas. Antes del inicio del proceso electoral, el Instituto Estatal informará a los partidos políticos atendiendo los parámetros establecidos en el párrafo anterior, en qué municipios se deberá postular una fórmula de candidatura integrada por personas indígenas.

Para que el Instituto Estatal registre candidaturas de personas indígenas, deberán adjuntarse a la solicitud de registro carta firmada por el candidato indígena en la que este se auto identifica como tal acompañada de documentos que acrediten su adscripción con la comunidad indígena a la que pertenezca, los cuales podrán expedirse, por las autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres o por los representantes de la comunidad ante el ayuntamiento.

El Instituto Estatal valorará los documentos que se adjunten a la solicitud de registro de candidaturas de personas indígenas y determinará el cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo.

Delegados en 96 comunidades

A la par de la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fracción panista en el Congreso local presentó una iniciativa para cambiar la Ley Orgánica Municipal.

El objetivo: obligar a los municipios donde hay comunidades indígenas, reconocidas así en el Padrón Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, a que elijan mediante sus usos y costumbres al delegado o la figura que sea el enlace con el gobierno municipal.

Descontento en San Luis de la Paz

La reforma a la Ley Orgánica Municipal que presentó el PAN para que los delegados sean electos por los usos y costumbres de cada comunidad indígena no fue aceptada por el gobierno de San Luis de la Paz, que encabeza el priista Luis Gerardo Sánchez Sánchez.

En un documento firmado por indígenas del municipio reprobaron la postura que asumió el ayuntamiento, al considerar que es una acción discriminatoria para los pueblos y comunidades que han luchado por sus derechos desde 2001, año en que se conformó el Consejo Estatal Indígena.

“Tal actitud es anticonstitucional, arcaica, retrograda y discriminatoria, ya que atenta con los derechos colectivos e individuales que como gente de un pueblo originario tenemos. Todo esto a pesar de que se ostentan de manera chocante como nación Chichimeca”.

San Luis de la Paz tiene registradas tres comunidades indígenas en el Padrón de la Sedeshu: Misión de Chichimecas, Paso Colorado y San Ignacio.

Desdeñados indígenas de León

Al menos son tres generaciones de indígenas provenientes de estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Querétaro, las que se han asentado en el municipio de León. Actualmente hay alrededor de 137 mil personas que ya residen en León; sin embargo no son reconocidas por el Gobierno de Guanajuato para beneficiarse de las reformas aprobadas y tener representatividad en cargos para la toma de decisiones.

Por autoadscripción, los indígenas que viven actualmente en el municipio más poblado de la entidad representan el 8.73 por ciento del total de habitantes; sin embargo, al no ser considerados pueblos nativos de Guanajuato no tendrán ningún tipo de beneficio con las reformas.

De acuerdo con académicas que se han dedicado a la investigación de las culturas indígenas que llegan a asentarse al municipio de León, desde hace más de 30 años comenzaron a llegar las primeras familias de mazahuas, mixtecos, purépechas, nahuas, entre otros grupos étnicos, en busca de oportunidades laborales y mejores condiciones de vida.

Aunque se les ha calificado como migrantes, hijos y nietos de esas primeras familias que llegaron a León nacieron en Guanajuato.

Ivy Jacaranda Jasso Martínez, investigadora de la UG, señaló que a los indígenas en León se les atiende como grupo vulnerable, sin tomar en cuenta que este sector necesita políticas públicas encaminadas a sus necesidades y no de asistencialismo.

El municipio de León cuenta con un Consejo Consultivo Indígena, que tiene la representación de dos personas por etnia, sin que las peticiones que ahí llegan tengan respuesta.

Cristina Magaña, académica de la UG e integrante del Centro Loyola, reconoció que existen "buenas intenciones" de las autoridades leonesas, pero sin que llegue a concretarse proyectos que ayuden las familias indígenas.

"Debe entenderse que para León no hay comunidades indígenas, si esto queda así todos los derechos colectivos que puedan tener los pueblos quedan nulos, todos los derechos colectivos que tienen que ver con la consulta, participación, con que se les otorgue información, con un interés sobre lo que puedan decir quedan de lado", manifestó.