* Con información de Edith Domínguez, imágenes: Juan José Plascencia

La primera marcha en León de colectivos de familias con personas desaparecidas no concluyó con saldo blanco, como se esperaba. Uno de los asesores, el activista José Gutiérrez, denunció que cuando circulaba de regreso a su casa en Irapuato, recibió una amenaza de muerte por teléfono y un vehículo lo persiguió por varios kilómetros. Tras presentar la denuncia, sufrió en carne propia los malos tratos de personal de la Fiscalía, algo que ya han acusado las víctimas y sus familias.

Organizaciones nacionales e internacionales como la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, FUNDAR y la titular de Amnistía Internacional en México, así como legisladores federales y activistas nacionales y locales se sumaron a la exigencia de protección a Gutiérrez, titular de los colectivos "Sembrando comunidad" y "A tu encuentro", así como las personas defensoras de derechos humanos que acompañan a las familias con desaparecidos en Guanajuato.

José Gutiérrez comentó que iba en compañía de Janet Miranda, otra activista de "Sembrando Comunidad" cuando recibió la llamada de un número con LADA de Irapuato; las amenazas fueron contra su vida y la de sus familias, instándoles a dejar de colaborar con el colectivo "A tu Encuentro", conformado ya por más de 100 familias de personas desaparecidas en Guanajuato.

Detalló también que el vehículo involucrado en la persecución fue una camioneta color azul cuatro puertas; esto fue aproximadamente a las 8 de la noche, ya en Irapuato, desde Cuarto Cinturón Vial hasta Plaza Jacaranda, un trayecto de aproximadamente 6 kilómetros, 20 minutos.

Posterior al incidente, el activista presentó la denuncia en la Subfiscalía en Irapuato, que quedó asentada bajo el número 18186/2020.

Por si fuera poco, a través de la cuenta del colectivo Sembrando Comunidad, José brindó más detalles sobre el posterior trato en la fiscalía:

"El policía (asignado a la custodia) se dirigió hacia nosotros para solicitar información, 'ustedes son a los que voy a llevar', su molestia era evidente, hasta parecía recalcar su fastidio por tener que llevarnos".

Esto solo reafirmaría el trato que ya han denunciado las familias de los colectivos que acompaña: "Vivimos en Guanajuato, defendemos a las víctimas de la @FGEGUANAJUATO de sus malos tratos, de su falta de protocolos, de su nula capacidad de atender de forma adecuada a las víctimas y a la violencia. Nos va a costar la vida evidenciar el pésimo desempeño y la corrupción", lamentó.

Se solidariza comunidad pro derechos humanos

En un comunicado firmado por varias organizaciones(*) como el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", Fundar Centro de Análisis e Investigación, Servicios y Asesoría para La Paz (SERAPAZ) y Artículo 19, se exigió:

1. Al gobierno federal, así como a los gobiernos estatales y municipales a que, en el ámbito de sus competencias, garanticen medidas de protección inmediatas para Gutiérrez y Miranda, sus familias y a quienes integran el colectivo. 2) Se realice una investigación diligente y expedita de las amenazas sufridas, y que generen condiciones propicias para la defensa de derechos humanos en el estado, especialmente para las y los familiares de personas desaparecidas, y de la persona que les acompaña en su lucha. 3) Se mantengan las búsquedas en terreno garantizando condiciones de seguridad para quienes participen en estas, como los primeros pasos para el establecimiento de una política pública en materia de investigación, identificación y búsqueda en la entidad.

También destacó que estas amenazas ocurren mientras en Guanajuato se sufre una escalada de violencia y desapariciones de personas, y que José y Janet "han sido de las voces mas visibles, señalando de manera constante las dilaciones y negligencias en las investigaciones y búsquedas" que realiza la Fiscalía General del Estado, además de denunciar el intento de aprobación de las leyes de desaparición y de víctimas sin la participación de familiares de las víctimas.

Otro de los asesores más visibles del movimiento de familias de desaparecidos en Guanajuato, el académico Raymundo Sandoval, también dio su postura: "Como asesor de las familias condeno cualquier agresión a quienes integran el Colectivo. Efectivamente el Gobernador del Estado es responsable de la amenaza."

Mientras que Marcela Villalobos, titular de Amnistía Internacional México, se refirió a declaraciones recientes del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que en Guanajuato las personas no se manifiestan por el miedo. Villalobos tuiteó: "... Hoy que colectivos de víctimas salieron a las calles a exigir respuestas ante la indolencia del fiscal Carlos Zamarripa, reciben amenazas de muerte". Y exigió medidas de protección para ellos al gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

Por su parte, Grace Fernández, consejera nacional del Sistema Nacional de Búsqueda, dirigió su petición, entre otros, a Diego Sinhue y a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, población y migración de la SEGOB: "Una amenaza a los representantes es una amenaza contra TODAS LAS VÍCTIMAS, en Guanajuato exigimos la protección de nuestros compañeros".

La activista ciudadana de larga trayectoria, María Elena Morera, recordó que "el gobernador y el fiscal son responsables de la seguridad" de los activistas amenazados, y agregó: "Pepe, #NoEstasSolo".

En tanto que la senadora Martha Lucía Mícher (Malu Micher) pidió la intervención del secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala, quien sin referirse directamente a la legisladora de Morena, contestó vía Twitter: "En Guanajuato tenemos la firme convicción de promover y respetar los DerechosHumanos. De ninguna forma toleramos situaciones que vulneren la dignidad de las personas". No agregó si el estado brindará protección adicional a Gutiérrez y Miranda.

Solicitan a la Subfiscalía en León acceso a las carpetas

En entrevista, Alfonso Ruis Chico, subsecretario de vinculación y desarrollo político del Estado, comentó que la petición específica del grupo de familias que atendieron este martes fue revisar los asuntos de León, la solicitud de acceso a sus carpetas, a lo que se comprometieron en la Subfiscalía de la región A. Reconoció que aunque hay asuntos pendientes, todavía habrá una mesa de trabajo con diputados y falta agendar una reunión operativa y de protocolos con la Comisión Nacional de Búsqueda.

A pregunta expresa sobre el número de casos de desaparecidos en León, Ruiz Chico confirmó que se investigan 5 casos.

Por su parte, Raymundo Sandoval, otro de los asesores del colectivo "A tu Encuentro", dijo que en esta reunión con personal de la fiscalía y de la secretaría de Gobierno, las familias, sobre todo las de León, tuvieron oportunidad de comentar su caso e hicieron peticiones concretas.

En su turno, Evelina, hermana de Samuel Guzmán Castañeda, comentó que están pidiendo sobre todo que los tomen en cuenta, "porque los que más aportamos (al caso) somos nosotros, como familia", más que la fiscalía. También dijo que la omisión y la criminalización de sus casos no es de ahora, lleva muchos años, pero que es tiempo de que las familias "vayan por delante" en la investigación de los casos.

Mientras que el académico Fabrizio Lorusso, otro de los asesores de los colectivos, se refirió a la petición explícita que le han hecho al fiscal general, Carlos Zamarripa, de considerar nuevamente los casos tipificados como "No localización" como "Personas desaparecidas" con su respectiva investigación de tipo penal, ya que después de tres días la propia ley mandata hacer el cambio, así como otros casos como los de secuestro, cuando se pierde comunicación y no hay rastro de la persona durante años y no se reclasifica como desaparición, cuando también lo mandata la ley. Esto, sin dejar de lado la búsqueda inmediata.

El estatus permanente de "no localización" es una de las "malas prácticas" que mantiene la Fiscalía, dijo Raymundo Sandoval, e incumple con dos leyes generales: la de Víctimas y la de Desaparición de Personas, práctica que debe corregirse de manera inmediata, algo que volverán a tratar en la próxima mesa de trabajo con legisladores, a realizarse el viernes 21 de febrero.

Y advirtió que aunque ya hay un diálogo con las autoridades "mientras no exista una política pública para investigar, identificar y atender a las víctimas de desaparición no vamos a dejar de protestar".

"La agenda va en el sentido de proponer, pero seguimos exigiendo justicia en los casos particulares", concluyó Sandoval.

Llaman a las familias de León y de la región a sumarse al colectivo

José Gutiérrez hizo un llamado a que aquellos con un familiar desaparecido en León o en municipios de la región se acerquen a estos colectivos ("A tu Encuentro", con sedes en las ciudades del corredor industrial o "Justicia y Esperanza", este, en San Luis de la Paz) para acompañarse en la búsqueda y recibir apoyos por parte de los tres órdenes de gobierno.

Entre estos apoyos están para alimentación, cuestiones de salud (citas médicas), apoyo psicológico y becas para hijos de desaparecidos y desaparecidas, "moverse en colectivo para exigir justicia e iniciar las búsquedas en el estado", dijo.

Abre PDHEG 26 quejas contra Fiscalía por falta de atención

En una jornada previa a la marcha de este martes por la tarde, familiares de las personas desaparecidas en Guanajuato del Colectivo “A Tu Encuentro”, pidieron a Raúl Montero de Alba, Procurador de los Derechos Humanos en el estado, acuda a la mesa técnica con diputados y haga suyas las propuestas que presentaron en materia de desaparición y atención a víctimas.

Además, pidieron se instale una oficina especializada en desaparición forzada de personas y el acompañamiento del personal de Derechos humanos en las gestiones que realizan, donde podría existir riesgo “como la Fiscalía General de Guanajuato”.

Durante el encuentro, realizado en la oficina de la procuraduría en Irapuato, José Gutiérrez, titular del colectivo, le hizo seis peticiones para que los acompañen en este proceso y lo avale; a pesar de la deuda añeja de justicia, es la oportunidad de la PDHEG para acercarse a la sociedad.

Montero firmó de recibido el documento. Por su parte, los integrantes del colectivo esperan tener pronta respuesta por escrito.

Peticiones a la PDHEG

1. Reconocer el Colectivo como interlocutor frente a la PDHEG, lo que permitirá agrupar las quejas iniciadas, con lo que se podrían hacer recomendaciones generales, tal como lo hace la CNDH.
2. Consideramos una buena práctica que la Procuraduría en algunos casos ha emitido recomendaciones en menos de 3 meses de investigación una vez iniciadas las quejas, por lo que esperamos que en los casos de desaparición, la investigación sea igual de expedita, con lo que se tendrían recomendaciones en caso de documentarse violaciones a derechos humanos en abril; sin que se excedan 6 meses tal como lo señala el artículo 56 de la Ley de la CNDH y el 61 de la Ley local.
3. Pedimos al Procurador que asista personalmente a la Mesa Técnica de este viernes 21 de febrero a las 09:30 hrs en el Congreso de Guanajuato y que haga suya la plataforma de estándares de derechos humanos y desaparición de personas que han presentado las familias ante las Comisiones que analizan 3 iniciativas relacionadas con la desaparición y atención a víctimas.
4. Solicitamos se emitan medidas cautelares para que la marcha que se realizará el día de hoy (martes 18 de febrero) del parque Juárez a la Fiscalía Regional A, debido a que la marcha realizada en agosto del 2019 por personas desaparecidas en Celaya tuvo momentos de tensión con autoridades y población civil.
5. El Colectivo ha sido incorporado al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos por lo que quisiéramos pedirle Señor Procurador que funcionarios de la Procuraduría acompañen a las familias en algunas gestiones en las que se pueda considerar exista algún tipo de riesgo, especialmente frente a la Fiscalía General del Estado.
6. Pedimos se abra una oficina especializada en desaparición forzada de personas, inicialmente en Irapuato, que es donde 70 de las 100 familias radican, pero que sea extensiva para todo el estado.

(*) Otras organizaciones firmantes del comunicado fueron la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural, Comité Cerezo México y Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense.