Pasaron más de dos años para que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato confirmara lo que quedó registrado en videos el 26 de julio de 2019: el panista Luis Alberto Villarreal García, entonces presidente municipal de San Miguel de Allende en funciones, confrontó y hostigó a las periodistas María Antonieta Herrera Rubio y Ana Luz Solís, violentando su derecho a la libertad de expresión.

Tras conocerse los términos de la recomendación -que incluye procedimientos administrativos y una disculpa pública como medida de satisfacción para ambas- la reacción virulenta de Villarreal García no se hizo esperar, y en sus redes sociales no solamente expresó su rechazo a la determinación del organismo, sino que arremetió de nuevo contra las reporteras, a las que literalmente acusó de extorsionadoras.

La PDHEG corroboró en su resolución lo ocurrido en julio de 2019, mientras ambas realizaban la cobertura periodística de una protesta pacífica de policías municipales que pretendían pedir mejores condiciones de trabajo, ante los homicidios de agentes desatados en el municipio, como en todo el estado, desde entonces.

Las reporteras fueron convocadas por algunos de los policías. Antonieta Herrera era en ese momento reportera del periódico El Sol del Bajío en San Miguel de Allende, pero por este incidente semanas después fue despedida y desde entonces continúa haciendo periodismo desde la precariedad del desempleo.

Herrera también interpuso una denuncia penal por esta agresión, misma que no ha sido resuelta por la Fiscalía general del estado.

Ana Luz Solís, directora del portal digital News San Miguel, ha sido obstinadamente bloqueada por el gobierno municipal de Villarreal, pero además, permanentemente hostigada en redes sociales -al igual que Antonieta-, a través de perfiles falsos que “casualmente” comparten al mismo tiempo elogios y likes al gobierno municipal sanmiguelense y sus funcionarios, lo mismo que desde esos perfiles se hizo también durante la campaña del propio Luis Alberto por un tercer periodo como alcalde y la de su hermano, el diputado federal Ricardo Villarreal.

El primero perdió estrepitosamente frente al priista Mauricio Trejo Pureco. El segundo se quedará otro periodo en el Congreso federal, donde ha pasado tres grises años.

El viernes 20 de agosto, casi por cumplirse dos años y un mes de aquel incidente, las dos periodistas fueron notificadas mediante un correo y por una funcionaria de la Procuraduría estatal de derechos humanos de los resolutivos de su expediente de queja, con el número 61/19-D.

Portada: Juan José Plascencia.

Al mismo tiempo, el propio Villarreal y el gobierno municipal sanmiguelense fueron notificados por el organismo, que extrañamente se ha mantenido en silencio y no emitió ni un comunicado, como lo ha hecho para difundir otras recomendaciones.

De entrada, para las reporteras el titular de la PDHEG Vicente Esqueda Méndez, incumplió con su palabra de dar celeridad a una recomendación que literalmente había encontrado en un cajón, abandonada por su predecesor Raúl Montero de Alba.

Esqueda hizo ese compromiso ante las reporteras en una reunión a principios del presente año, después de la cual llegaron las campañas, Villarreal pidió licencia y se convirtió en candidato del PAN. El panista perdió la elección y el silencio ominoso del organismo defensor de los derechos humanos frente a actos arbitrarios de autoridad prevaleció durante ese tiempo.

Luces y sombras de una recomendación

En la recomendación bajo el expediente 61/19-D que notificó a las dos reporteras el viernes, esto se concluyó:

“Esta Procuraduría resuelve que la conducta desplegada por el Presidente Municipal en funciones al realizar las acciones y señalamientos en agravio de las Quejosas, se tradujo en un impedimento al desarrollo del trabajo (periodístico), vulnerando el derecho a la libertad de expresión, no solo de las agraviadas, sino también el derecho de terceros a recibir información e ideas”.

Es decir, el daño o el impacto de los actos del actual alcalde de SMA con licencia, no solamente obstaculizaron la actividad de las dos periodistas, sino que afectaron el derecho de toda una sociedad a ser informada.

Además, tres policías municipales incurrieron en acciones similares, pues trataron de impedir la cobertura periodística de una reunión con autoridades en el patio de la sede administrativa de la Policía.

En el desahogo de los testimonios ante el organismo de DDHH, surgieron contradicciones entre los propios elementos policiacos y las autoridades de la Secretaría de Seguridad municipal, pues mientras unos aseguraron que en ese momento sólo se realizaba el cambio de turno, otros reconocieron que se trataba de una reunión solicitada por elementos para plantear sus inquietudes y demandas tras el asesinato de dos de sus compañeros el 23 de julio de ese año, cuando acudieron a atender un reporte de robo.

La PDHEG dio valor probatorio a los dos videos de la transmisión en vivo efectuada por las reporteras, que fueron entregados como elementos para su investigación.

Además, en el peritaje psicológico practicado a Antonieta Herrera, la especialista del organismo concluyó que “sí presenta indicadores de afectación emocional congruente con las personas en situaciones percibidas como amenazantes, toda vez que presenta indicadores de temor, tensión, intranquilidad, inseguridad y preocupación, así como una conducta evitativa con la persona denuncia, situación que merma la actividad laboral…”.

En la recomendación -notificada a ambas periodistas el viernes pasado- la Procuraduría resolvió que se inicie procedimiento administrativo a Luis Alberto Villarreal y a los servidores públicos adscritos a Seguridad Pública: Nancy Yadira Grimaldi Ugalde, Raquel Olivares Hernández y Jesús Eduardo Rodríguez Gallegos, por la violación al derecho a la libertad de expresión que cometieron contra las periodistas.

Además, la recomendación deberá incorporarse a los expedientes personales de los cuatro servidores públicos “a efecto de que obre constancia de las violaciones a los derechos humanos en las que participaron”; se debe ofrecer a las quejosas atención psicosocial y cualquier otra especializada, que deberán decidir libre y voluntariamente si aceptan, y la autoridad municipal deberá “implementar medidas para evitar la repetición de los hechos violatorios de derechos humanos como los descritos, contribuyendo con ello a su prevención”.

Pero las reporteras se encontraron con que su principal demanda no sería satisfecha.

La recomendación plantea que el presidente municipal interino, Jesús Gonzalo González Rodríguez, “deberá ofrecer una disculpa pública (a ambas) por los actos cometidos en su agravio por el entonces presidente municipal en funciones Luis Alberto Villarreal García, conforme a los señalado en las medidas de satisfacción”.

Además, el interino “deberá expresar un reconocimiento de responsabilidad institucional que garantice en todo momento el respeto a la integridad física de las víctimas, el ejercicio de su labor como (periodistas) en un ambiente seguro, y libre de cualquier circunstancia que conlleve a obstaculizar en lo sucesivo, su Derecho a la Libertad de Expresión”.

Para ello, se deberá recabar la manifestación de voluntad de las dos reporteras para que no exista duda sobre si desean aceptar o participar públicamente en el acto de ofrecimiento de la disculpa o no lo desean, o que ésta sea ofrecida de forma privada.

El lunes, a través de sus redes sociales, esto publicó Luis Alberto Villarreal como respuesta a la Procuraduría de los derechos humanos del estado: el rechazo y una nueva agresión a las reporteras.

La indignación entre integrantes del gremio periodístico no se hizo esperar, y varios encontraron y retomaron una publicación que el propio panista hizo en sus redes sociales en enero de 2011, cuando era vicecoordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, con el hashtag #Siemprehayuntuit:

Para la reportera Antonieta Herrera la recomendación “es una burla; pasaron dos años y resuelven que sea el alcalde interino el que ofrezca la disculpa mientras el alcalde con licencia Luis Alberto Villarreal se exhibe en eventos oficiales, el mismo gobierno municipal lo menciona como alcalde con licencia, lo invita hasta el gobierno del estado a actos oficiales, corta el listón junto con el gobernador”, como ocurrió recientemente en la inauguración del City Market en esa ciudad.

La periodista dijo que desde el día en que el alcalde la increpó, su vida cambió totalmente: fue despedida de El Sol del Bajío y hasta la fecha no tiene un empleo formal. Desde entonces está inscrita en el Mecanismo federal de protección de personas defensoras y periodistas, a pesar de lo cual “las agresiones han continuado y han querido demeritar el trabajo de mi colega Ana Luz y el mío”, mediante páginas y perfiles falsos en redes sociales que las atacan constantemente.

“Mi vida cambió y no se ha podido restaurar al día de hoy. Y que Luis Alberto Villarreal no se disculpe, me parece una burla”, dice.

Mientras que Ana Luz Solís, del portal digital San Miguel News, está conforme por el hecho de que la recomendación está reconociendo que hubo una agresión en su contra, a pesar de que la misma “llegó tarde”.

“Pero durante estos dos años nunca dejaron de agredirnos, de violentarnos… abrieron páginas para atacar, difamar”.

Por ello, coincidió con Antonieta Herrera en que “no estoy satisfecha de que sea una persona diferente al agresor quien ofrezca la disculpa, cuando nosotras lo que pedimos desde un principio fue que él (Villarreal) lo hiciera, porque fue él quien en su calidad de alcalde nos violentó; nosotras sólo estábamos cumpliendo con nuestro trabajo”.

Y anunció: “seguiré las instancias para que no sea un señor que no nos agredió quien nos ofrezca la disculpa sino quien, en su calidad de alcalde, nos violentó en su momento”.