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Casi novecientos funcionarios de todos los niveles dejan la administración en una feria de finiquitos, de junio a febrero
Ilustración: Pinche Einnar
El municipio de León, gobernado por el panista Héctor López Santillana gastó más de 47 millones de pesos en pago de liquidaciones y finiquitos a casi 900 trabajadores y funcionarios, durante la segunda mitad de 2018 y los dos primeros meses de 2019. Los pagos incluyen altas compensaciones a funcionarios que han presentado renuncias voluntarias (consulta en este enlace el documento completo).
De acuerdo a información de José Alberto Martínez Aguayo, titular de la Dirección de Desarrollo Institucional, al diario A.M. en octubre del año pasado, el tope para liquidaciones en el municipio asciende a 18 millones de pesos por año. En los nueve meses entre junio de 2018 y febrero de 2019, se habría erogado dos veces y media esa cantidad.
Aunque en octubre se informó grosso modo que 24 ex funcionarios y ediles serían liquidados con un monto de 8.4 millones de pesos, a lo largo de los meses se fueron conociendo historias particulares que generaron inconformidad entre los representantes de la oposición en el nuevo ayuntamiento, al presumirse excesiva discrecionalidad.
Sin embargo, un reporte de bajas obtenido a través de acceso a la información pública, evidencia que la cantidad de bajas y el monto erogado por el pago de indemnizaciones y finiquitos fue muy superior al que dio a conocer el municipio.
En el desglose de las liquidaciones destacan las columnas denominadas "Meses o días de sueldo" y "Prima de Antiguedad", que aplican como compensación extraordinaria regularmente por aplicación del artículo 8 de la Ley del Trabajo para los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato, señaló un especialista en el tema laboral quien agregó que este artículo constituye una normativa excepcional que no contemplan otras legislaciones en el país o a nivel federal.
En 2018 esos rubros ascienden a 17.4 millones de pesos, mientras que en 2019 suman 3.2 millones. De acuerdo con el especialista en el área de capital humano, que pidió reservar su identidad, se trata de conceptos legales no justificados que no deberían operar en el caso de las renuncias voluntarias o por término de encargo y que, incluso en los litigios por despido justificado, están sujetos a negociación.
Tan solo en esos dos conceptos se acumulan 20.6 millones de pesos, lo que representa un 44 por ciento del total de 47 millones erogados en los nueve meses sobre los que se realizó la consulta.
Los casos excepcionales
El primer caso que se detalló públicamente en febrero pasado fue el del extesorero Gilberto Enríquez, hoy director de Administración de la Secretaría de Gobierno del Estado, con un sueldo neto de 68 mil 649 pesos, quien por menos de tres años de trabajo en el municipio cobró una liquidación de 766 mil pesos, después de haber presentado una renuncia voluntaria.
Una semana después, a principios de marzo, la regidora de Morena en León, Gabriela Echeverría, denunció el caso del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa Eliverio García Monzón, quien renunció al cargo de juez municipal de forma voluntaria para asumir su nueva responsabilidad, pero fue liquidado con 658 mil pesos.
El exjuez no se fue solo. Su secretaria de estudio y cuenta, María Teresa Alférez Rodríguez, quien ocupó de forma provisional la titularidad del mismo juzgado municipal, fue liquidada generosamente en febrero sobre la base de un sueldo que solo devengó por dos meses y cobró una liquidación neta de 440 mil pesos. La abogada está por asumir un cargo de primer nivel en la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa encabezada por el propio García Monzón.
Otro caso destacado es el del exdirector de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública, Francisco Javier Zaragoza Cervantes, quien recibió un pago de marcha de 376 mil pesos. O el de Genaro Villalpando Hernández, exdirector de Servicios Generales, quien pese a verse involucrado en varios escándalos como el “olvido de cobrar una multa de 500 mil pesos a un proveedor” en julio de 2018, que motivó una investigación de la Contraloría Municipal, cobró una liquidación de 480 mil pesos.
El exdirector de Salud Municipal, Mario Sopeña Mata, se llevó 602 mil pesos de liquidación. De acuerdo al titular de Desarrollo institucional del municipio, en octubre del año pasado se liquidó a 24 directores, titulares de área de la administración y miembros del Cabildo, que acompañaron a López Santillana en su primer periodo, con una suma total de 8 millones 600 mil pesos.
En la misma entrevista con diarios locales, José Alberto Martínez Aguayo informó que el síndico Luis Ernesto Ayala, quien también ejerció de alcalde interino durante la campaña de reelección de López Santillana, recibió una liquidación de 433 mil pesos al separarse de la sindicatura para asumir la Secretaría de Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Sin embargo, en el reporte de bajas de la administración obtenido por este medio, solo aparece con un finiquito de 84 mil pesos al que no se le descontaron impuestos.
Los síndicos y regidores de la administración, incluso los suplentes, fueron liquidados con un fondo que alcanzó los 6 millones de pesos. En el listado aparecen con cobros promedio de 100 mil pesos, incluso aquellos que repiten en la nueva administración. La suma no llega al monto que manejó en octubre el director de Desarrollo Institucional.
En la lista entregada por el municipio al requerimiento de información tampoco aparece la licenciada María Teresa Alférez, liquidada en febrero. Esta omisión y la inconsistencia del pago reportado a Luis Ernesto Ayala, harían presumir que el total erogado es incluso superior a los 47 millones de pesos.
La justificación
En contra de lo ocurre con los trabajadores del sector privado en León, quienes difícilmente pueden obtener incluso los mínimos de ley al ser despedidos, el ayuntamiento del municipio de León y su alcalde, quienes han pasado parte de su carrera como directivos empresariales, no tienen empacho en mostrarse generosos con el dinero público.
Ante las primeras inconformidades de ediles de otras fuerzas políticas, la administración municipal justificó pagos como el del ex juez Eliverio García, señalando que se trata de una tabulación contemplada por una reglamentación municipal, las “Normas Políticas en Materia de Remuneración para los Servidores Públicos de la Administración Pública de León”.
En un comunicado publicado en medios, el municipio se refiere al artículo 33, correspondiente a la terminación de relación de trabajo de los trabajadores de confianza, el cual en su fracción III, dice: “se podrá aplicar de manera proporcional el pago de indemnización atendiendo al tiempo laborado, es decir, de un día a 12 meses laborados, un mes de salario; de 12 meses a 24 meses, dos meses de salario; y de 24 meses en adelante, tres meses de salario.”
La redacción del texto no aclara si ese tratamiento se aplica en despidos o en renuncias voluntarias. El tiempo verbal utilizado –“podrá”- deja abierta la aplicación del criterio y lo vuelve discrecional.
El boletín subraya que el ex funcionario “mantuvo un expediente limpio, y la relación terminó por mutuo acuerdo el 20 de diciembre de 2018 y para el 28 de febrero recibió su finiquito.”
La justicia no es justa con el dinero público
Además de la obtención de un retiro de 658 mil pesos, el caso del magistrado Eliverio García Monzón presenta otras aristas y deja en claro que la justicia no escapa al abuso del patrimonio público para beneficio personal.
Tras su designación, García Monzón, quien gana 186 mil pesos brutos y tiene asegurados 10 años en el puesto por prerrogativa de ley, pugnó por la salida del tribunal de la secretaria de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala, Teresa Solís Martínez, quien se encontraba a menos de un año de la jubilación y que prestó sus servicios a varios magistrados.
El Tribunal de Justicia Administrativa accedió a la presión y determinó concluir la relación laboral con Solís Martínez, lo que tendrá un costo millonario para el erario que aún se está negociando.
Para relevarla, el magistrado propuso a su secretaria de estudio y cuenta en el juzgado municipal de León, María Teresa Alferez Rodríguez, quien recibió una liquidación de 440 mil 200 pesos el mismo 28 de febrero en la JULCA de León.
La nueva secretaria recibirá un salario de 66 mil 896 pesos brutos, que significan un ingreso neto después de impuestos y prestaciones, de 48 mil 82 pesos.
25 de marzo de 2019, 16:03
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