Es la pregunta que continuamente me hacen sobre el caso Ciudad de los Niños de Salamanca. ¿Qué les sabe el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías que tienen miedo a actuar en su contra? Es la segunda. En estos dos años que he documentado el caso he llegado a la conclusión de que las autoridades no actúan porque se dispararían al pie, ya sea por acción u omisión: fueron los que permitieron la cadena de irregularidades en el albergue.

El ejemplo más claro de complicidad que se pudo documentar fue el frustrado plan para instalar en 2008 una planta empacadora de cacahuate que daría cierta independencia económica a los albergues y a los jóvenes los capacitaría en un oficio. El gobierno estatal donó 2.7 millones de pesos y el municipio de Salamanca apoyó con 1.2 millones de pesos. En ese momento, la actual presidenta municipal de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz era parte del consejo de la asociación Ciudad de los Niños, su hermano Ramón fue parte de los gestores para la compra de maquinaria. La planta no se echó a andar, pues las maquinas nunca funcionaron, por si fuera poco, no tenían proveedores, clientes, ni plan de negocios. Además de la amistad que han tenido por décadas los Hernández Cruz y Gutiérrez Farías, este “inconveniente” ha venido a estrechar la relación pues se protegen mutuamente para guardar ese secreto.

Este hecho, fácilmente comprobable, debería ser motivo suficiente para comenzar una investigación del papel del cura y de todos los involucrados en el desvío de recursos. Pero el actual gobierno no investigará, porque también significaría escupir para arriba: el entonces secretario de Desarrollo Social y ex gobernador, Miguel Márquez, avaló que Gutiérrez Farías no comprobara el uso del recurso y pidió que se cerrara el caso sin dar explicaciones del destino final del dinero público. El actual gobernador, Diego Sinhue Rodríguez de ninguna manera investigará a su padrino político por este hecho y porque cuando él mismo fue secretario de desarrollo social siguió realizando donativos pues confiaban en la “buena fe” del sacerdote.

El fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, tampoco lo hará, porque en el pasado ha actuado más como abogado del prelado que como procurador de justicia y tan es así, que pese a las abundantes pruebas presentadas por la juez federal Karla Macías Lovera no se ha iniciado ni una sola causa penal en contra de Gutiérrez Farías.

Desde el DIF estatal tampoco harán algo diferente a lo que han venido haciendo desde hace varios años, pues desde el primer momento en que se publicara el caso, el titular de la dependencia, José Alfonso Borja Pimentel ordenó que se limpiara y borrara toda huella de lo que ahí pasó.

Ahora, Borja Pimentel, que inexplicablemente repite como director general del DIF estatal, ha dicho que para que vuelva a funcionar la Ciudad de los Niños deberá de cumplir con los trámites municipales y estatales de Protección Civil y uso de suelo, como si lo único que en el albergue hubiera pasado fuera la falta de extintores o señaléctica. Y de los señalamientos en contra del sacerdote, Borja Pimentel dijo que eso “es un elemento aparte” y que “no tenemos una atención directa (pues) prácticamente estamos enfocados al cuidado, atención y restitución de derechos” de los menores, como si las violaciones a los derechos de los infantes no le compitieran.

Si la decisión de la apertura del albergue depende del municipio, esto prácticamente es un hecho, pues no sólo Beatriz Hernández se ha comprometido a lavar el nombre de Gutiérrez, sino que además incluyó en el consejo a cuatro cercanos al cura, entre ellos su chofer y la ex psicóloga del albergue (que nunca denunció los hechos) y otras dos personas que no cumplen el perfil para tomar decisiones sobre asistencia social.

Y es que “Bety” no sólo le debe el silencio sobre la empacadora, le debe todo el apoyo que el cura le dio durante la campaña y que haya movido a “sus hijos” para que promovieran el voto por Morena en Salamanca, pues eso garantizaría que se le haría “justicia”.

Durante estos años han sido varios los funcionarios y exfuncionarios, de todos los niveles que me han dicho: “siempre se supo que los maltrataba”; “había muchos rumores”; “todos lo sabíamos”… y, sin embargo, nadie lo investigó. Ahora, la única esperanza de que llegue la justicia a los niños y niñas está en que la Fiscalía General de la República realice una investigación a fondo, que haya castigo a los responsables directos de las violaciones a los derechos humanos así como la determinación de responsabilidades de los muchos cómplices que callaron y no actuaron.

Quizá sólo así sepamos qué tanto le deben al padre Pedro los políticos de Guanajuato.