(El 01 de abril un Tribunal de Justicia absolvió a Sergio Aguayo de una demanda por daño moral. El caso es relevante, dado que José Antonio Rodríguez Medrano, dueño de TV8, ha demandado a Roberto Saucedo y Arnoldo Cuéllar, defensor de derechos humanos y periodista, en una demanda ociosa para censurar voces críticas)

“Y Moreira es un político que desprende el hedor corrupto;
que en el mejor de los escenarios
fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Cohauila, (sic)
y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.
Sergio Aguayo, columna “Hay que esperar”, El Siglo de Torréon, 20/01/2016

El 20 de abril de 2016, el académico y defensor de derechos humanos Sergio Aguayo publicó una columna en el periódico Reforma que fue replicada por otros medios, incluido El Siglo de Torreón, en ésta, señala que el Gobierno de Enrique Peña Nieto fue omiso en investigar la corrupción cometida por Moreira durante su gobierno en Coahuila, incluso señaló que éste, fue responsable por el endeudamiento de la entidad por 36 mil millones de pesos.

Eso bastó para que Moreira demandara a Aguayo por daño moral, exigiendo al menos 10 millones de pesos, ello con base a la legislación civil de la Ciudad de México. Después de años de litigio, el asunto se resolvió por el Juez 16º de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, básicamente absolviendo a Aguayo ya que Moreira no probó que existiera daño moral.

¿Por qué es relevante el caso para Guanajuato?

Por varias razones:

PRIMERO. Porque Aguayo alertó de este tipo de demandas ociosas en Guanajuato en 2017

En el contexto de la eliminación de los delitos de difamación y calumnias en el estado, el doctor Sergio Aguayo envió un comentario al Congreso de Guanajuato alertando sobre la necesidad de hacer una buena regulación, incluso considerando un mecanismo de revisión previa de los casos que lleguen a tribunales.

“Váyanse con cuidado en Guanajuato”, dijo, en referencia a necesidad de evitar demandas ociosas y al equilibrio que debe guardarse entre cuidar el honor y la libertad de expresión.

SEGUNDO. Porque la configuración del daño moral en Guanajuato se hizo tomando el Código Civil de la CDMX

Cuando se propuso eliminar la difamación y las calumnias en el estado a iniciativa del PRI, fue el PAN y especialmente Libia Denisse García quien escuchó las propuestas de las organizaciones y activistas. Particularmente se recuperaron tres conceptos clave de la legislación de la Ciudad de México: el concepto de daño moral, la definición de qué es un asunto público y la redacción del sistema de protección dual (el funcionariado tiene que ser más tolerante a la crítica por dedicarse a asuntos públicos); este último ya se ha establecido por la Suprema Corte de Justicia y es el Código Civil en CDMX el que tiene una redacción equilibrada en la materia.

Aguayo fue demandado por una columna de opinión, en Guanajuato José Roberto Saucedo y Arnoldo Cuéllar fueron demandados por 84 millones por el empresario Jorge Rodríguez Medrano, dueño de TV Guanajuato, por haber publicado en sus cuentas de Facebook notas sobre la omisión del pago de uso del espacio público del cableado por la televisora al municipio de Guanajuato, así como por haber difundido las redes de nepotismo familiar.

La organización internacional Article 19 emitió en 2018 una alerta sobre el caso, señalando que es una demanda ociosa que busca limitar la libertad de expresión y censurar opiniones críticas.

Por eso el Juez encargado del caso debe desechar la demanda, no sólo siguiendo lo establecido en el caso de Aguayo, que valga decir, prácticamente tiene el mismo fundamento jurídico, sino para dar un mensaje ejemplar para Guanajuato: La libertad de expresión debe prevalecer sobre los intereses empresariales y las demandas judiciales no deben utilizarse para acallar voces críticas.

TERCERO. Porque el caso está por perderlo el empresario

Jorge Rodríguez Medrano ha emprendido campañas de desprestigio contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos (Verónica Espinosa corresponsal de Proceso, Verónica Cruz de Las Libres y Arnoldo Cuéllar) y ha sido un brazo golpeador del Gobierno estatal, que, a través de los contratos de publicidad, ha tratado de evitar la crítica de estos periodistas y estas personas defensoras (otros portales en Guanajuato capital y en Dolores Hidalgo también señalan prácticas monopólicas por parte del empresario).

Así que la estrategia de criminalizar y judicializar casos de supuesto daño moral por parte del personaje y su familia no va a prosperar.

Rodríguez Medrano, igual que Moreira, tendrá que aprender que, para exigir reparación del daño por afectación al honor, primero debe tenerlo.