El 05 de junio Reporte Índigo y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) hicieron público una investigación en la que revelan que en 2018 la entonces Procuraduría General de la República compró por más de 4 millones de dólares un software espía para la geolocalización de celulares. El municipio de León aprobó a finales de mayo una licitación para georreferenciación de smartphones.

El 05 de junio, Eduardo Buendía y Ernesto Santillán publicaron la investigación “Espionaje sin controles”, elaborada por Reporte Índigo y R3D; en ésta, afirman que en 2018 la PGR utilizó un software espía para la geolocalización de celulares además de haber utilizado otras herramientas para la intercepción de comunicaciones, que de manera arbitraria, ponen en riesgo el derecho a la privacidad.

El 28 de mayo, apenas hace poco más de una semana el Comité de Adquisiciones del Municipio de León aprobó la convocatoria de licitación nacional número DGRMYSG-LPN-010/2019 en la que se aprobó establecer una Red de Sensores, que según el sitio de noticias Soy Barrio, es “un ambicioso proyecto de monitoreo de datos para mejorar problemas de inseguridad, embotellamientos y calidad aérea”.

Paradójicamente, la única regidora que se opuso fue Vanessa Montes de Oca Mayagoitia, del PRI.

Pero, ¿Qué relación tiene esta convocatoria con el espionaje de PGR?

Lo primero que hay que señalar que estos programas son legales, pero pueden ser utilizados con fines arbitrarios, violando no sólo la privacidad, sino también el derecho a la información y la presunción de inocencia.

PGR utilizó el programa Geomatrix, además de otras plataformas como Tayopa, JCI, Trinity, GAXG y el GI2, algunos de ellos también han sido utilizados por gobiernos estatales como el de Quintana Roo, el de la Ciudad de México y el de Baja California.

Según la investigación de Reporte Índigo y de R3D, quienes obtuvieron información de fuentes reservadas de la SEIDO, Geomatrix se utilizó para espiar a todos los candidatos durante la elección de 2018. Este servicio de comunicación móvil asociado a una línea telefónica para 25 usuarios con acceso al servidor simultáneamente, con la capacidad para realizar 255 mil 500 búsquedas sin que exista un límite diario para teléfonos con tecnología 2G, 3G y 4G (LTE).

En el caso de León, las bases de la licitación establecen supuestamente el anonimato de la información. Como se ha dicho, que sea legal, no quiere decir que no se pueda utilizar con fines arbitrarios, ello está por verse dependiendo del tipo de programa que utilice el sistema propuesto.

El informe Espionaje sin controles señala que diariamente se realizan diariamente 3 mil intercepciones de manera exitosa. Según esos datos, en 2016 y 2017 sólo 1 de cada 100 veces que se ejerció la geolocalización en tiempo real se hizo con autorización judicial previa.

Como se decía, además de la PGR también algunos gobiernos estatales están en la lista de quiénes utilizan estas plataformas espías. ¿Será que al Gobierno de Guanajuato le interesa también entrar en ese listado?

Que sea legal, no quiere decir que no se pueda utilizar con fines arbitrarios. Foto: @CCV_GTO.

Controles necesarios

Además de la solicitud previa, también se establece que uno de los controles es el registro de las intervenciones, pero según 3RD en el 85% de los casos no queda ningún rastro de estas intervenciones, lo que incumple lo establecido en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Finalmente, es importante recordar que la organización internacional Article 19 recomendó en su informe de situación 2018, la integración de un panel de expertos independientes que participen en la investigación de los casos de vigilancia ejercida contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y activistas anticorrupción revelados en el informe “Gobierno espía”. Y ha reconocido que la PGR tiene comprometida la investigación, debido a que fue la misma institución la que adquirió el software para espiar periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Con la aprobación de las leyes secundarias de la Guardia Nacional existe el riesgo de que la protesta se criminalice a nivel nacional, ¿Cómo sabemos que el gobierno municipal de León no utilizará este monitoreo también para disuadir la protesta social?